Como parte de su compromiso indeclinable con la promoción de los derechos humanos, representantes del Estado mexicano participaron hoy en una serie de audiencias públicas y reuniones de trabajo en el marco del 157 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ocasión en la que se revisan casos y temas de 19 países del continente americano.
Los representantes del Estado mexicano participaron en cuatro audiencias públicas: situación general de derechos humanos en México; derechos de las personas privadas de libertad y privatización del sistema penitenciario en México; desapariciones de niños, niñas y adolescentes en México; y acceso a la información y restricciones indirectas a la libertad de expresión en México.
Al revisar con los peticionarios y los comisionados de la CIDH los distintos temas, los representantes del Estado mexicano destacaron, en concordancia con la opinión de los comisionados, que si bien existen retos en la protección de los derechos humanos en el país, México se encuentra ya implementando las recomendaciones del mismo y algunas otras ya están cumplidas. Al mismo tiempo, se subrayó la apertura que el Gobierno de la República ha tenido siempre para recibir y trabajar con los organismos internacionales de derechos humanos y, en particular, con la CIDH y con la sociedad civil.
En la audiencia sobre la situación general de derechos humanos en México, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruíz Cabañas Izquierdo, destacó la labor de las fuerzas federales de seguridad en contra del crimen organizado en México y los niveles de reconocimiento que el Ejército Mexicano y la Marina cuentan entre la población.
Por otra parte, reconoció públicamente la labor de los defensores de derechos humanos en el país como actores trascendentales en una sociedad democrática, y destacó el rol de la Comisión y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en México.
También se destacó la labor de la Procuraduría General de la Republica en la coordinación e inclusión de la sociedad civil en las consultas sobre las iniciativas de leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada, lo que fue reconocido por los peticionarios. En este sentido, se enfatizó que las iniciativas incorporan los más altos estándares internacionales en la materia.
Por su parte, en la audiencia relativa a las personas privadas de la libertad, el Comisionado del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Guerrero Durán, resaltó cómo la estrategia del Gobierno de la República para salvaguardar los derechos humanos de la población en reclusión se encuentra dando resultados con descensos significativos en número de inconformidades y el hacinamiento en penales federales.
En la audiencia sobre desaparición de niños, niñas y adolescentes, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio, y la Procuradora de Protección a la Infancia, Nelly Montealegre, describieron los avances en la implementación de la Ley General en la materia y las labores para prevenir e investigar la desaparición de Niños, Niñas y Adolescentes.
Además, Jaime Chávez Alor, Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la PGR, precisó que el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la investigación del Delito de Desaparición Forzada contempla el enfoque diferenciado de las víctimas, atendiendo su especial vulnerabilidad. Subrayó que dicho protocolo contempla acciones específicas de búsqueda desde que se toma conocimiento de la desaparición de la persona hasta las 24 horas, de las 24 hasta las 72 horas y posterior a la 72 horas.
Finalmente, en la audiencia sobre el derecho a la libertad de expresión los representantes del Estado destacaron el compromiso del Gobierno de la República con la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
En las audiencias, los Comisionados destacaron el nivel de interlocución con el Estado mexicano, además que se coincidió en la importancia del trabajo con los actores de la sociedad civil para la atención de los desafíos en los distintos temas.
Con su participación en las sesiones de la CIDH, el Gobierno de la República hace patente su compromiso absoluto con los mexicanos para consolidar el respeto de los derechos humanos en el país, al tiempo que reitera su política de apertura y compromiso de colaboración con los organismos internacionales que los promueven.