También al presidente municipal; gracias señor presidente municipal. Querido Alejandro Encinas, muchas gracias por tus palabras y por tu compromiso, sin tu intervención esto no hubiera sido posible. Muchas gracias.

Señores funcionarios federales y locales, gracias por su presencia, pero sobre todo gracias por la presencia de todas y todos ustedes. Y muchas gracias también a los medios de comunicación por estar aquí acompañándonos.

También hago un reconocimiento a sus abogadas y representantes que estuvieron con ellas acompañándolas en este largo camino.

Señoras y señores:

Hoy, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, asume la responsabilidad por un hecho que evoca dos exigencias pendientes: por un lado, la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas, a quienes reiteradamente hemos fallado en garantizar sus derechos individuales y colectivos.

Asimismo, reconocemos que este abandono institucional y la marginación social a las que han estado sometidas las comunidades y los pueblos indígenas por parte del Estado mexicano, ha colocado en una posición de extrema vulnerabilidad a las mujeres indígenas de este país.

Fueron estas condiciones de vulnerabilidad las que establecieron que se violaran impunemente los derechos humanos y la dignidad de Ana, de Beatriz, de Celia González Pérez y también a su madre Delia Pérez, este asunto conocido en materia de justicia internacional como “El caso de las hermanas González Pérez, número 11.565.

Ya lo relató el señor subsecretario, pero yo lo reitero, el 4 de junio de 1994 un grupo de militares detuvo en el estado de Chiapas, a las hermanas González Pérez y a su madre para interrogarlas.

Las tres hermanas, una de ellas menor de edad, fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en más de una ocasión.

El 30 de junio de 1994 se presentó una denuncia al Ministerio Público Federal con base en exámenes médicos, el cual fue corroborado y ratificado por la declaración de Ana y Beatriz, las dos hermanas mayores; pese a que las víctimas son civiles, el expediente fue trasladado a la jurisdicción militar en septiembre de 1994, y fue archivado.

Las hermanas no quisieron someterse a un proceso de revictimización y se negaron a volver a declarar y a someterse a nuevas pruebas periciales. Para las autoridades jurisdiccionales militares, esto fue suficiente para archivar el caso.

Este caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 16 de enero de 1996 y que emitió esta Comisión el Informe de Fondo No. 53/01 en 2001 declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a las garantías judiciales, la protección judicial efectiva en la investigación de los hechos de tortura.

Parte de la respuesta del Estado fue decir que, en su momento, las autoridades responsables no demostraron suficiente interés en el caso, por lo cual no se podía reiniciar la investigación militar; y que no se configuraban violaciones de los derechos humanos.

Desde hace 25 años, el caso se encontraba en total impunidad. El Estado mexicano no había cumplido con su deber de juzgar y sancionar a los responsables, ignorando por 18 años las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy y todas y todos los que estamos en este acto lo sabemos, inician tiempos de cambio, de un gran cambio.

Ana, Beatriz y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez, a nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por haber sido detenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente.

A la señora Delia Pérez le ofrezco una disculpa a nombre del Estado mexicano por su detención ilegal y por el agravio sufrido al tener que atestiguar los hechos cometidos en contra de sus hijas.

Hoy, a nombre del Estado mexicano ofrezco una disculpa por la falta de investigación y de búsqueda de justicia, así como por la falta de reparación a las víctimas.

Estos agravios suman la violación de los derechos a la integridad personal; a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la honra y de la dignidad, a los derechos del niño y la niña y a la protección judicial, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Hoy, a nombre del Estado mexicano ofrezco una disculpa por nuestra responsabilidad en la violación del artículo 8º de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

En particular, la tortura sexual como una de las formas más aberrantes de un sistema patriarcal que debe ser erradicado y que se vuelve aún más grave cuando deriva del ejercicio de funcionarios públicos.

Sumado a esto, es fundamental reconocer el impacto de la guerra en los cuerpos de las mujeres, agravios directos que atraviesan una triple violencia estructural en este caso: por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres.

La violencia de género y su expresión como violencia física, psicológica y sexual, se suma a las violencias estructurales reproducidas por la discriminación y la falta de desarrollo social y económico de las mujeres. Esto no puede ni debe continuar.

Es por ello, este reconocimiento y disculpa pública no pueden verse sin una perspectiva integral, por un lado, al reconocimiento de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas al pleno ejercicio de sus derechos.

Por otro lado, los derechos de las mujeres a erradicar la violación de derechos humanos por parte del Estado y además, la violencia hacia las mujeres como herramienta sistemática para el control de poblaciones. Es por ello que este gobierno se ha manifestado por la inclusión de los derechos humanos y la perspectiva de género en materia de seguridad y se está trabajando para que esto sea una realidad.

Con esto se buscará ir construyendo el principio de no repetición, sobre todo, de restaurar, en la medida de lo posible, lo que estos hechos lamentables han impactado en la vida de Ana, de Beatriz, de Celia y de su madre Delia, por medio de la justicia, que se les debe a ellas y a todas las mujeres indígenas de este país, hago un reconocimiento a la valentía que han afrontado por este hecho las hermanas González y su madre por estos hechos.

Por último, quiero expresar mi admiración por su incansable lucha por el reconocimiento de su dignidad, de su integridad como mujeres a través de procesos de verdad, justicia y no repetición, pues han tomado la voz de muchas mujeres indígenas que han vivido situaciones similares en contextos de conflictos armados a costa de la estigmatización, la pérdida de identidad y la expulsión de sus comunidades.

Ni una más, niña, mujer indígena violentado, violentada en sus derechos. Muchas gracias.

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EST No. 012/2019