Muy buenas tardes a todas y a todos. 

Para un evento tan significativo estar en este lugar histórico le da el marco perfecto y además por la calidad del auditorio que hoy tenemos para este evento. 

Permítanme saludar a los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 

A las presidentas de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de Cámara de Diputados. Es un gusto saludarle. 

Señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Señoras y señores subsecretarios. 

Y permítanme saludar a las y los legisladores del Congreso de la Unión. 

A los integrantes del Consejo Consultivo para la Implementación de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos. 

Agradecemos muchísimo el valor de la presencia de los presidentes, presidentas de las comisiones estatales de los Derechos Humanos. 

A los secretarios y secretarias de Gobierno de las entidades de la República. 

A los representantes de los cuerpos diplomáticos. 

A los representantes de organismos internacionales. 

A funcionarios federales. 

A representantes de la sociedad civil. 

A representantes de instituciones educativas. 

A integrantes de diferentes órganos del Estado mexicano.

A los medios de comunicación, muy buenas tardes: 

Hacer de los derechos humanos un ejercicio y una práctica cotidiana es una responsabilidad, pero sobre todo, es un compromiso del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. 

Desde el 2011 contamos con una norma constitucional que como se ha dicho aquí y se ha dicho muy bien, significó la transformación más relevante en la materia desde la promulgación de nuestra Carta Magna de 1917. 

Esta evolución dejó atrás la concepción de que el Estado otorga garantías y reconoció que la legitimidad del poder proviene del ejercicio efectivo de los derechos. 

Fundó un sistema en el que se incorpora el principio pro-persona, que obliga a las autoridades a actuar aplicando la norma que más favorezca al individuo. 

Hoy, el gran reto es que el contenido de la Reforma, este es nuestro gran reto, se refleje cotidianamente en la vida de todas y de todos los mexicanos. 

Ello ha requerido –aquí también se ha dicho- de un esfuerzo de Estado mexicano, pues todas las autoridades, sin excepción, tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y de garantizar los derechos humanos de conformidad a los principios de universalidad, interdependencia y progresividad. 

De ahí la importancia de que los tres Poderes de la Unión hayamos construido en plena coordinación, el diagnóstico que hoy presentamos. 

Se trata de un análisis para evaluar en dónde estamos y cómo mejorar nuestras acciones. Desde una visión compartida, dimensiona los retos, las necesidades y las estrategias para acelerar la aplicación de la reforma. 

El desafío que enfrentamos es equivalente a la profundidad del propio cambio constitucional. 

Es por ello, que el Presidente Enrique Peña Nieto impulsa acciones para cerrar la brecha entre la legislación y la realidad en el ejercicio de los derechos. Entre ellas, quisiera destacar algunas: 

Elaboramos ya el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 para evaluar el proceso de implementación, difundir sus alcances y asegurar que la planeación de la política pública integre la perspectiva de derechos. 

Reforzamos la cultura de los Derechos Humanos en la Administración Pública Federal para garantizar que la gestión se apegue a la Constitución, y creamos dos áreas enfocadas en la definición de Políticas Públicas y Estrategias de Atención en la materia. 

Instalamos el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y se creó la Comisión Ejecutiva para hacer exigible el derecho a la reparación integral del daño. 

Diseñamos el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación, que dentro de sus objetivos tiene el impulsar la coordinación entre Poderes, órdenes de gobierno y órganos autónomos, con miras a fortalecer la aplicación del nuevo marco jurídico. 

Cumplimos compromisos y dimos respuesta a demandas de los ciudadanos, que con justa razón exigían ejercer sus derechos en igualdad y sin discriminación. Por ejemplo, las uniones formadas por personas del mismo sexo ya son sujetos de afiliación a la seguridad social. 

Disminuyó sensiblemente el número de quejas contra la Administración Pública Federal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derivado del nuevo enfoque de la estrategia de seguridad y justicia que pone al centro la vida e integridad de las personas. 

Existen importantes avances en la materia. Así lo reconoció apenas hace unos días, esta misma semana, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Pero debemos multiplicar esfuerzos para asegurar que toda la población conozca el contenido y el alcance de la Reforma y pueda así exigir su cumplimiento estricto a las autoridades. 

Por eso, estamos capacitando a funcionarios de todos los órdenes de gobierno para explicar, para aterrizar las obligaciones que este cambio fundamental les genera en su actuar diario como servidores públicos. 

Asimismo, con la participación de los tres Poderes, hemos iniciado su difusión a través de sesiones itinerantes en cada una de las entidades federativas, dirigidas a académicos, organizaciones de la sociedad civil y público en general. 

Porque materializar la Reforma necesariamente requiere la participación de la ciudadanía, pues en la medida en que la ciudadanía vigile, evalúe y proponga, sus beneficios sin duda serán plenos. 

Por ello, la instalación del Consejo para su Implementación es sin duda, un paso decisivo, toda vez que es un órgano ciudadano, plural e incluyente. 

Estoy seguro que con su amplia experiencia, conocimiento y trayectoria, las 17 mujeres y hombres que lo integran, contribuirán al fortalecimiento de la política pública en la materia. A nombre de los tres Poderes, muchas gracias por haber aceptado ser parte de este órgano, de este Consejo, muchas gracias a todas y a todos ustedes. 

Reitero nuestro agradecimiento por formar parte de este Consejo a los rectores, a los académicos, investigadores, periodistas, defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil aquí presentes. 

La Reforma del 10 de junio de 2011 sentó las bases para construir una sociedad de derechos y plasmó con claridad nuestras aspiraciones como país. 

Sin embargo, no hay mandato constitucional que por sí solo pueda transformar la realidad y garantizar su vigencia en todo el territorio nacional. 

Por eso, es que ahora nos toca trabajar juntos a la sociedad y al gobierno, para que los mexicanos vivan en su día a día lo que la Ley prescribe. 

El diagnóstico que presentamos es claro. Nos indica que debemos acelerar el paso y ampliar en corresponsabilidad el alcance de las acciones locales y federales, y estoy seguro que en ése está el compromiso de todos los ámbitos de gobierno. 

Reforzar la capacitación, la difusión y su articulación para apuntalar el rumbo de la política de Estado en materia de Derechos Humanos. 

Para hacer de la actuación del poder público un medio que haga efectivos los derechos. Esa es la única vía para ejercer plenamente las libertades y alcanzar la igualdad, la justicia y el desarrollo de un Estado que se digne de ser democrático.

Discurso