Muy buenas tardes a todas, a todos, es un gran gusto nuevamente saludarles.
Saludar a la Procuradora General de la República.
Al señor Comisionado Nacional de Seguridad.
Al Procurador de Justicia Militar.
Al Coordinador Nacional Antisecuestro.
Al Procurador del Distrito Federal, anfitrión de esta Asamblea.
A los señores procuradores representantes de zona.
Saludar también con mucho gusto a todas las procuradoras, procuradores, y fiscales del país.
A todos los servidores públicos de las diferentes procuradurías del país, y por supuesto, de la Procuraduría General de la República.
Agradezco como siempre a la Procuradora y a todos ustedes, la invitación a estar aquí y acompañarlos en esta Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Porque sin duda, el trabajo de los integrantes de esta Conferencia ha sido clave para que, desde lo local, se puedan implementar estrategias de impacto nacional en la procuración de justicia.
Los felicito, sinceramente, por el ánimo colaborativo que han demostrado, y celebro los acuerdos que han alcanzado, porque sin duda, sin ninguna duda, estoy convencido que esta Asamblea ha sido una de las más exitosas en la historia de esta Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Los acuerdos a los que han llegado, sin duda, van a trascender en favor de la población de todo México. Muchas felicidades a todas y a todos ustedes.
Una procuración de justicia objetiva e imparcial, es fundamental para proteger la libertad y la seguridad de las personas.
Es indispensable para garantizar el cumplimiento de la ley, erradicar la impunidad y defender los intereses de la sociedad.
Y es también pieza clave para asegurar un acceso igualitario a la justicia, que esté fundamentalmente al alcance de todos.
Dicho de otro modo, las procuradurías y fiscalías tienen la misión de estar al servicio permanente del Estado de Derecho.
Y ustedes, como titulares, tienen la alta responsabilidad de velar porque las instituciones que dirigen, y las personas que las conforman, siempre actúen con eficacia, honestidad, y un gran sentido de servicio a la comunidad.
Porque procurar y administrar justicia, es comprometerse con la legalidad por encima de cualquier otro interés.
Porque procurar y administrar justicia, es defender con firmeza la dignidad y los derechos humanos.
Esa es la instrucción que nos ha dado el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que estos principios guíen nuestro actuar, y sobre todo, que se traduzcan en prácticas cotidianas y en realidades concretas que beneficien a las personas.
Y esa es también la invitación respetuosa que yo les hago el día de hoy.
Se trata de que ante un delito, siempre exista una investigación técnica y científica que permita esclarecer los hechos.
Se trata de seguir procedimientos que garanticen los derechos de víctimas e imputados.
Se trata de que la ciudadanía sepa que siempre puede contar con sus instituciones.
Por ello, tenemos que seguir avanzando en las transformaciones que hemos venido concretando a lo largo de estos últimos tres años.
Y tenemos que hacerlo de cara al momento en que vivimos, y a las circunstancias particulares que todos estamos enfrentando. Porque los retos cambian, y nosotros tenemos la obligación de estar preparados ante ello.
Y para asegurar que los esfuerzos sean en la dirección correcta y se den por igual en todo el país, no hay mejor ruta que el diálogo, y como hoy, el trabajo conjunto.
Esa ha sido la clave para llevar a cabo las reformas que este país necesitaba, y que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto.
Y esa es también la clave para seguir adelante y consolidar las transformaciones en materia de procuración de justicia, que juntos estamos llevando a cabo.
Los retos comunes, exigen soluciones articuladas. Exigen que trabajemos con unidad, pues es así como se fortalecen nuestras acciones y mejoran los resultados.
Y la unidad debe ser entre Poderes y órdenes de gobierno, pero sobre todo, debe ser entre gobierno y la sociedad a la que se sirve.
Porque los cambios de fondo como los que estamos impulsando, requieren de la participación activa de las y los ciudadanos de nuestro país.
Por eso celebro la decisión de implementar medidas que den respuesta y fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones.
En particular, reconozco los acuerdos que han alcanzado para contar con protocolos homologados para la investigación de los delitos de desaparición forzada y tortura.
Se trata de un tema en el que es necesario fortalecer el marco regulatorio que define las obligaciones, procedimientos y sanciones para la actuación efectiva de las instituciones ante estos delitos.
Por eso, siguiendo la instrucción del Presidente, del pasado 27 de noviembre, desde la Secretaría de Gobernación hemos venido trabajando en coordinación con la Procuraduría General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que muy pronto se pueda enviar al Congreso una iniciativa en la materia. De hecho, estamos trabajándolo también con algunos legisladores.
Destaco la importancia de que los estados se hayan sumado a este proceso, y que muchos de ustedes hayan participado en la reunión de la CONAGO y dependencias federales, que se llevó a cabo hace tan solo unos días.
Se trata de un tema prioritario para todos, para el Gobierno de la República, y por supuesto para la ciudadanía.
En este contexto, celebro que gracias al trabajo conjunto que hemos venido realizando, ya se cuente con la propuesta de Informe Policial Homologado, así como con el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, mismos que serán sometidos a la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Pública el día de mañana.
En particular, el protocolo de Primer Respondiente será clave para la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Pues permitirá que policías y ministerios públicos actúen de manera uniforme y de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por nuestra parte, desde el Gobierno de la República seguiremos brindando un apoyo decidido a todas las entidades federativas para que avancen en este proceso.
Ejemplo de esto, es que, como lo señaló el día de ayer el Presidente de la República, es que de 2013 a 2015, se destinaron casi 10 mil millones de pesos para impulsar la implementación del Sistema Acusatorio en los estados.
Y aunado a las acciones que hemos realizado entre poderes y órdenes de gobierno, ha permitido que el nuevo modelo ya opere en mil 450 municipios de 31 entidades federativas, donde habita el 61 por ciento de los ciudadanos de este país.
Ahora, debemos redoblar el paso, para que tal y como lo establece la Constitución, el 18 de junio de 2016, todos los mexicanos puedan acceder a una justicia penal más transparente y eficaz.
Se trata del cambio jurídico –como ayer lo comentaba también el señor Presidente- más profundo que nuestro país ha experimentado en los últimos 100 años, y es deber de todos nosotros estar a la altura de esta transformación.
Porque una justicia efectiva es la base para consolidar un México de seguridad y legalidad.
Una justicia efectiva es fortalecer el Estado de Derecho, para cerrarle el paso a la corrupción y a la impunidad.
Y sobre todo, es darle a la nación un mejor presente, fundado en la concordia, la convivencia armónica y el fortalecimiento del tejido social.
Seguiremos trabajando con visión de largo plazo, pero sin desatender la coyuntura.
Seguiremos sumando, nunca, nunca dividiendo.
Lo hacemos convencidos de que es la mejor ruta para entregar los resultados que la ciudadanía espera.
Un ejemplo claro es lo que hemos venido haciendo juntos en materia de combate al secuestro, a través de una mayor capacitación, recursos y tecnología a través de las unidades locales antisecuestro.
Gracias a lo anterior, durante los primeros seis meses de este año, el secuestro disminuyó 30 por ciento.
Lo mismo está sucediendo con la extorsión, que bajó un 20 por ciento en el mismo periodo.
O con el homicidio, que de acuerdo con el INEGI, disminuyó un 27 por ciento durante los primeros dos años de este gobierno.
Estos resultados nos señalan que la ruta del trabajo conjunto es la indicada. Que dejar atrás los esfuerzos aislados, y pasar a la acción coordinada, ha sido la decisión correcta.
Ahora, es el momento de no bajar la guardia. Es momento de seguir actuando con responsabilidad y con toda la determinación posible, porque si bien los números son alentadores, la tarea por supuesto, aún no está terminada. De todos, el trabajo debe seguir hacia adelante y debe ser siempre permanente.
Tenemos que seguir poniendo nuestro mejor empeño y todas nuestras capacidades, para garantizar que todos los mexicanos puedan gozar de la seguridad que merecen, sin importar en dónde residan.
En esta labor, reitero a todas y a todos ustedes, cuentan con el respaldo decidido del Gobierno del Presidente, Enrique Peña Nieto.
Porque fortalecer las procuradurías y fiscalías, es avanzar en el objetivo fundamental de garantizar la seguridad de las personas.
Porque solo dentro de la ley podemos construir soluciones viables y efectivas. Solo, siempre solo dentro de la ley, ejercemos a plenitud nuestros derechos sin vulnerar los de nadie más.
Y solo dentro de la ley se construye un verdadero Estado democrático, fincado en la tolerancia y en el respeto.
Sigamos trabajando para consolidar un México así, donde la justicia eficaz y las instituciones sólidas sean la mejor garantía de seguridad, y el cimiento para un presente y un futuro de desarrollo y oportunidades para todas y para todos los mexicanos, porque así lo deseamos todos.
Muchas felicidades y muchas gracias por la invitación.
Si me permiten hacer la declaratoria de clausura, hoy, 20 de agosto de 2015, declaro oficialmente clausurada la Trigésima Tercera Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Convencido de que el trabajo de esta Conferencia, y los grandes acuerdos a los que aquí han llegado, contribuirán a consolidar instituciones confiables y eficaces, que garanticen la procuración de justicia que los mexicanos esperan y desean.
Discurso