Muy buenas tardes a todas, a todos, desde el Gobierno de la República les agradecemos mucho su presencia a este muy importante evento para todos los mexicanos.

Saludo al señor Procurador General de la República, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los señores gobernadores de Puebla, de Chihuahua.

Mucho agradezco también no sólo la presencia aquí, sino su participación para la elaboración de este Plan, a la señora Isabel Miranda de Wallace, al licenciado Alejandro Martí García, a María Elena Morera Mitre, a la señora Josefina Ricaño de Nava.

Saludo al señor Comisionado Nacional de Seguridad, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Director General del CISEN; un saludo también al Coordinador Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia.

Mucho reconozco la presencia de procuradoras, procuradores de las entidades de la República, fiscales.

Agradezco también a los secretarios de Seguridad Pública del país, también a los que integran la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Agradezco también a quienes integran el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a sus consejeros ciudadanos.

A los funcionarios de nuestras Fuerzas Armadas, de la Procuraduría, de la Secretaría de Gobernación, de diferentes instituciones encargadas de la seguridad de nuestro país.

Un solo secuestro, uno solo, lastima no solamente a la familia donde sucede, lastima y agrede a toda la sociedad entera. El secuestro es el delito que más lastima a las familias y con ello a la sociedad, pues el daño a la integridad física, emocional y patrimonial de sus víctimas, en la gran mayoría de los casos, es irreparable.

El secuestro es un delito multicausal. Los diagnósticos indican que su incremento se debe, entre otros factores, a que no se contaba con los cuerpos de seguridad y procuración de justicia especializados para prevenirlo, perseguirlo y castigarlo, también a un patrón de diversificación y cambios en la estructura operativa de las organizaciones criminales.

Eso sucede al lograr la detención –como ha sucedido en el último año- de líderes de diferentes grupos organizados de la delincuencia y, por supuesto, al hacerlo, limitar su operación financiera, territorial y con ello económica. Y también se debe a que en muchos casos no se denuncia por desconfianza a la autoridad y por miedo a las represalias.

Las organizaciones delictivas también aprovecharon los flujos migratorios irregulares y la vulnerabilidad de los migrantes para expandir su ámbito de acción y, en ocasiones, vincularon su actividad criminal a otros ilícitos, como la trata de personas.

Conforme se desarrolló este fenómeno delictivo, se impulsaron distintos esfuerzos para disminuir su incidencia, aquí los ha comentado Alejandro Martí. Entre ellos, en el 2010 se promulgó la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la cual obliga al Gobierno de la República y a las entidades, en el ámbito de sus competencias, a coordinarse para su prevención, investigación y persecución. Sin embargo los esfuerzos fueron insuficientes.

Para hacer operativa la ley y enfrentar el secuestro con eficacia, se requiere de coordinación, capacitación, tecnología, acompañamiento y evaluación.

Nuestros objetivos son claros: reducir la violencia y combatir todos los delitos, sin hacer distinción entre lo federal y lo local. No se trata de señalar responsables; no importa a quien le corresponda, lo importante es resolverlo y dar los mejores resultados a los ciudadanos.

Por ello, el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, estableció la Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia. Una Política de Estado que previene y atiende las causas sociales del delito, fortalece las capacidades de las fuerzas de seguridad, y utiliza la inteligencia por encima de la fuerza, pero que fundamentalmente se sostiene en la coordinación y corresponsabilidad de todas las instancias y órdenes de gobierno.

Para enfrentar este delito es necesario consolidar nuestras acciones con mecanismos de coordinación más eficaz, con objetivos y metas medibles y sujetas a la participación ciudadana, apartir de una visión integral que asocie todas las actividades y fenómenos que inciden en éste.

Porque resolverun caso de secuestro no sólo es liberar a la víctima, también es castigar a los culpables. El secuestro no debe ser un delito rentable, de bajo riesgo para los criminales. Debemos prevenirlo, inhibirlo y castigarlo para desalentarlo con toda la fuerza del Estado.

Bajo estas premisas y conforme a la instrucción del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, diseñamos la Estrategia Nacional Antisecuestro que el día de hoy presentamos.

Una Estrategia que parte del marco normativo y los criterios operativos de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y el CISEN, que contempla las siguientes acciones:

Primera.- La coordinación, la confianza entre dependencias y órdenes de gobierno y el uso de la inteligencia por encima de la fuerza, serán base fundamental de la Estrategia Nacional Antisecuestro, pues esos principios ya han demostrado su eficacia durante el primer año de esta administración en el que los índices delictivos, particularmente de homicidios dolosos y robos en todas sus modalidades, han disminuido. 

Segunda.- Se fortalecerán y ampliarán las capacidades operativas de las Unidades Antisecuestro de todas las entidades y de manera particular, las Unidades de los 10 estados que en el 2013 concentraron el 74 por ciento de la incidencia de este delito.

Para ello, en acuerdo con los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, definimos las siguientes 5 prioridades:

Uno. Todas las Unidades Antisecuestro del país serán evaluadas, capacitadas y certificadas en  un proceso conjunto por la Procuraduría General de la Republica, la Policía Federal y el CISEN. Este proceso ya está en marcha y continuaremos impulsándolo decididamente junto con todas las entidades.

Adicionalmente, en el Centro Nacional de Formación de Mandos y Academias Regionales incorporaremos programas jurídicos, victimológicos, de investigación de campo y de inteligencia que nos permitan contar con elementos profesionales en el combate al secuestro.

De igual forma, promoveremos que en las entidades federativas se establezcan centros de formación especializados, con el apoyo de instituciones de educación superior locales, que brinden una preparación del más alto nivel para los cuerpos policiacos.

Dos. Para asegurar el debido proceso de la actuación policial, ministerial y pericial de las unidades estatales y del Distrito Federal, se homologarán sus protocolos con las Unidades Antisecuestro de la PGR y de la Comisión Nacional de Seguridad.

Tres. Derivado de la instrucción del Presidente de la República, iniciamos el proceso de adquisición de equipo tecnológico y de inteligencia necesaria para la correcta operación de las Unidades Antisecuestro de las entidades, el proceso está ya en marcha. Las características de estos equipos serán absolutamente compatibles con los que contamos hoy en las instancias de seguridad del Gobierno de la Republica.

Cuatro. En tanto se consolidan las capacidades de cada una de las Unidades locales y comienza a disminuir sostenidamente la incidencia de secuestros, las acompañaremos operativamente con Unidades de la Policía Federal y la PGR y daremos atención conjunta a este delito.

Cinco. En el proceso de concertación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con las entidades federativas, promoveremos que la programación y aplicación de recursos esté alineada con esta estrategia de prioridad nacional. Asimismo, buscaremos su máximo aprovechamiento, rendición de cuentas y transparencia en su ejercicio.

Como tercera acción de la Estrategia Nacional Antisecuestro, trabajaremos con los congresos locales, gobernadores y el Jefe de Gobierno, en el ámbito de nuestras responsabilidades, para ajustar el marco jurídico local a la legislación general en materia de secuestro, homologando criterios y conceptos que permitan combatir y perseguir este delito de manera más eficiente en todo el país.

Cuarta: conformaremos un Sistema Único de Análisis de Información que contenga la base nacional de datos criminales en materia de secuestro, ello, con el fin de aprovechar de manera eficiente la capacidad de los cinco centros regionales de fusión de inteligencia, con información generada por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, las unidades antisecuestro en las entidades, los grupos de coordinación y las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil, todas estarán concentradas.

Con esta información desarrollaremos indicadores y patrones de comportamiento criminal que nos permitan actuar con mayor eficacia y oportunidad, pero sobre todo, prevenir este delito.

Quinta. Iniciaremos una campaña en los medios de comunicación que oriente sobre las acciones de prevención y promueva la denuncia entre la ciudadanía.

Somos conscientes que recuperar la confianza en la denuncia y en las instituciones de seguridad pública, incrementará los reportes y con ello las estadísticas. Sin embargo, lo que nos interesa, es atender un mayor número de casos que antes no eran denunciados.

Por otra parte, en acuerdo con los gobiernos locales, definimos como sexta acción el diseño y la puesta en marcha, a más tardar en el mes de marzo, de un protocolo único de atención ciudadana para el secuestro.

Con él atenderemos las denuncias de manera conjunta y coordinada, brindaremos orientación especializada y canalizaremos reportes de la ciudadanía a través de las siguientes líneas de atención telefónica: 

El 088 del Centro de Atención del Comisionado Nacional de Seguridad. El 01-800-00-85-400 del Centro de atención ciudadana de la PGR y las líneas 066 y 089 en los estados y el Distrito Federal.

Junto con este protocolo, se acompañará un sistema de alerta temprana que nos permitirá conocer simultáneamente la información generada, misma que desde el primer momento será atendida y utilizada por las instancias especializadas de seguridad de todo el país.

Para reforzar la confianza ciudadana, como séptima acción, vigilaremos y evaluaremos permanentemente, el comportamiento y actuación de todos los elementos que conforman las unidades antisecuestro del país.

En el caso de las unidades que se encuentran en la Procuraduría General de la Republica y en la Policía Federal, fortaleceremos los mecanismos de control interno. En tanto, en las entidades federativas impulsaremos el desarrollo y ejecución de programas de verificación y supervisión de manera coordinada y con la colaboración de la sociedad civil para impedir, en todo momento, la participación del personal de las unidades en actos delictivos.

Queremos por un lado, que se reconozca como lo ha hecho hace un momento Alejandro Martí, a quienes han demostrado voluntad, servicio, entrega en favor de los ciudadanos y que entregan su propia vida, pero también habrá tolerancia cero ante cualquier funcionario de cualquier orden de gobierno que esté involucrado en secuestros o en cualquier otro delito.

Octava.- En nuestro sistema penitenciario y en acuerdo con los gobiernos de las entidades, impulsaremos un modelo de reclusión de secuestradores en módulos especiales en penales de alta seguridad. De esta forma, tendremos un mejor control de quienes cumplen una pena por este delito.

Asimismo estableceremos acciones operativas y tecnológicas para inhibir cualquier acción o comunicación desde el interior de un penal, promovida por algún interno que pretenda participar en la comisión de este delito.

Un caso de secuestro no acaba en la investigación y detención de los presuntos delincuentes. Es por ello que daremos seguimiento puntual a la situación legal de las personas procesadas, manteniendo un registro nacional sobre quienes cumplan una condena.

Novena.- Un plagio es más que una estadística. Se trata, como se ha dicho aquí, de una historia humana de sufrimiento personal y familiar, cuyos protagonistas tienen nombre y apellido y que requieren de una atención especializada. Por ello, se fortalecerán los programas de atención a víctimas del secuestro para ofrecer apoyo integral a ellos y a sus familias.

Este programa se consolidará en el marco de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro y la Ley General de Víctimas y estará dirigido a ofrecer apoyo y servicios profesionales para la ayuda, asistencia y reparación del daño.

En este sentido, trabajaremos de la mano con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuyos integrantes nos acompañan el día de hoy, para que esta estrategia dé resultados, muchas gracias por su presencia.

Décima.- Todas estas acciones estarán sujetas a un estricto programa de evaluación y seguimiento, que realizará la Coordinación Nacional Antisecuestro. Esta Coordinación, como se ha dado a conocer, estará a cargo del maestro Renato Sales Heredia, dependerá de la Secretaría de Gobernación y será responsable de la debida aplicación de esta estrategia.

La Coordinación tendrá entre sus funciones la operación, vinculación, gestión, evaluación y seguimiento coordinado, entre las dependencias del Gobierno de la República y los gobiernos locales. También, será responsable de facilitar el ejercicio de los recursos y promover las acciones necesarias para abatir este delito.

Destaco que el Coordinador Renato Sales tiene una amplia experiencia, particularmente en las áreas de procuración de justicia, en donde ha destacado por su eficiencia y compromiso. Se ha desempeñado como Procurador General de Campeche y como servidor público en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en la propia Procuraduría General de la República.

Su labor se fortalecerá con el apoyo del Comité Especial de Seguimiento y Evaluación, el cual revisará periódicamente las acciones correspondientes a esta estrategia.

Aunado a las tareas de seguimiento puntual que realizaremos de cada una de estas acciones desde la Secretaría de Gobernación, el Gabinete de Seguridad, los Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal evaluaremos las acciones en las reuniones regionales que realizamos de manera periódica, pero con los 10 gobiernos donde se da la mayor incidencia de este delito, hemos pactado con los gobernadores que lo haremos mensualmente aquí en la Secretaría de Gobernación para evaluar y darle seguimiento a cada una de las acciones.

Señoras y señores:

Vamos por los delincuentes para presentarlos ante la ley. El objetivo fundamental del esfuerzo del Gobierno de la República y todos los estados y del Distrito Federal, es incrementar las capacidades para prevenir este delito, capturar a los responsables y combatir a las bandas criminales.

El día de hoy, ponemos en marcha una estrategia contundente, transparente y con metas compartidas para enfocar y alinear todos los esfuerzos del Estado en contra del secuestro.

Quiero reconocer y agradecer la aportación de los representantes de la sociedad civil organizada y especialistas que participaron en diferentes foros, reuniones y mesas de trabajo para la conformación de esta estrategia. Sus voces han sido valoradas y sus propuestas, ustedes lo saben, contempladas.

Los convoco a ustedes y convoco a toda la sociedad a que sigamos sumando esfuerzos, porque la única ruta para lograr la implementación efectiva de la Estrategia Nacional Antisecuestro, es hacerlo todos juntos.

El compromiso del Estado mexicano es seguir trabajando de manera coordinada para prevenir, neutralizar y abatir en todo el territorio nacional el delito de secuestro que tanto lastima a nuestra sociedad, a las víctimas y a sus familiares.

Los ciudadanos exigen resultados sin distinción de quién es la responsabilidad. En esta materia hay un solo resultado aceptable: la disminución sistemática y sostenida de la incidencia del secuestro.

DISCURSO