A un año de que entre en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que este modelo permitirá ahorrar tiempo, recursos y desahogará la sobrepoblación penitenciaria, además de que logrará la reparación del daño y evitará el desgaste en el tejido social.
Al inaugurar el Encuentro Internacional sobre la Reforma al Sistema de Justicia Penal: Experiencias Comparadas, afirmó que la transformación de la justicia ya impacta positivamente la realidad de los mexicanos en donde opera este nuevo sistema. Ejemplo de ello, dijo, es que en las entidades donde ya entró en vigor, la duración promedio del proceso penal se redujo de 180 días a solo 34.
El responsable de la política interior del país destacó que una justicia eficaz brinda confianza a la inversión, certeza a las personas y tranquilidad a las familias. “Una justicia accesible afianza el ejercicio de los derechos y garantiza las libertades”, apuntó.
Asimismo, agregó, es fundamental que en las nueve entidades donde se renovaron las gubernaturas, la transición de gobierno no signifique un retraso en la implementación del nuevo sistema de justicia, porque este no admite ni banderas ni ideologías, está para servir a la gente y para construir un mejor país. Los colores, señaló, pueden cambiar y el impulso a la justicia pronta y expedita debe ser el mismo.
En el Salón José María Morelos y Pavón de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Secretario Osorio Chong hizo un llamado a cumplir con eficacia la meta del 18 de junio del 2016. “Hagámoslo usando las mejores herramientas que tenemos como Nación, con la fuerza que nos ha permitido avanzar juntos en esta labor: los acuerdos, la unidad y la corresponsabilidad”, puntualizó.
En el evento, en el que participaron implementadores del Sistema en diversos estados del país, apuntó que transitar al sistema acusatorio ha requerido la modificación de casi 500 leyes a nivel local y, a su vez, ha demandado un esfuerzo de coordinación permanente con los estados.
El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, subrayó que la reforma constitucional en materia de justicia penal estableció el tránsito a un mejor sistema. Complementa, agregó, las acciones emprendidas por nuestra nación para consolidar una política de promoción y protección de los derechos humanos, acorde con las obligaciones internacionales adquiridas en los tratados de los que México es parte.
Además, agregó, la transformación de los sistemas de justicia es fruto del diálogo y consenso entre las principales fuerzas políticas y de escuchar las recomendaciones en la materia de organismos y mecanismos internacionales. “La confianza en el sistema se deriva de la plena equidad en su aplicación”, destacó.
El embajador de los Estados Unidos en México, Anthony Wayne, indicó que la transición a un nuevo sistema de justicia penal no es tarea fácil, sin embrago, agregó, este modelo ofrece ventajas si se implementa correctamente e incluye mayor rendición de cuentas, transparencia y eficacia. Estos cambios se traducen en el mayor grado de confianza de los ciudadanos en su propio sistema de justicia penal, recalcó.
En su oportunidad, el gobernador del estado de Durango, Jorge Herrera Caldera, detalló que los gobiernos estatales han asumido el firme compromiso de garantizar la plena vigencia de este nuevo sistema. Por ello, refrendó, el compromiso es garantizar que en México la justicia sea para todos. “Un México con justicia, es un país en paz, próspero y de oportunidades para todos”, indicó.
Asistieron a este evento la titular de la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel; el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García; el Subprocurador de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, José Alberto Rodríguez Calderón; el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth; el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez; el Consejero del Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, así como el Embajador Plenipotenciario de Colombia en México, José Gabriel Ortiz Robledo.
Boletín No. 378/15