Buenos días a todas, a todos. Es un gusto poder estar aquí con quienes han asumido una alta, altísima responsabilidad en materia de seguridad y justicia para con las y los mexicanos.
Saludo al Ministro Luis María Aguilar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A William Duncan, muchísimas gracias por toda la coordinación, apoyo, respaldo que hemos recibido de los Estados Unidos.
Al Comisionado Nacional.
A todas y a todos los presentes.
Permítanme saludar a magistrados, jueces; a titulares de órganos implementadores; a ministerios públicos, a policías, a integrantes de los Mecanismos Alternativos de Solución, a las Unidades de Medidas Cautelares y a los representantes de las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas.
Así como a funcionarios públicos, representantes de la sociedad civil e invitados especiales.
A la y los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad, también gracias por estar aquí.
En los últimos 5 años, sin lugar a dudas se han dado pasos muy importantes para transformar el Sistema de Justicia Penal en México.
Actuando juntos, a partir de metas compartidas y con visión de Estado, hemos sentado bases sólidas para avanzar en una tarea fundamental: cambiar el rostro de la justicia en México.
Ello, para afianzar el Estado de Derecho, y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Para que nadie, ni el más vulnerable, esté desprotegido; y para que nadie, ni el más fuerte, pueda actuar al margen de la ley. De ese tamaño ha sido el reto, y de ese tamaño es también la oportunidad.
Estamos hablando de un mandato constitucional, pero también, de una sentida demanda social.
Por eso es que en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, concretar la implementación del modelo acusatorio fue, desde el comienzo, su prioridad.
Una prioridad que nos convocó y sigue convocando a sumar esfuerzos. Lo mismo entre Poderes y órdenes de gobierno, que con la academia, la sociedad civil o el sector empresarial.
Y los resultados están a la vista, aquí se han mencionado algunos. Lo que hace 5 años era solo una aspiración, hoy comienza a ser una realidad.
Poco a poco, las entidades al igual que la Federación, hemos ido desarrollando las condiciones de infraestructura, equipo, tecnología y capacitación para la operación del sistema acusatorio.
Y lo más importante, lo procesos comienzan a ser más transparentes y más ágiles. Comienzan a privilegiar los derechos de las víctimas, la reparación del daño y la conciliación.
Pero esto no significa que la tarea esté terminada, ni mucho menos que podamos bajar la guardia.
Por el contrario, hay que acelerar el paso para que esta transformación se refleje en mayores resultados.
Nos encontramos a poco más de un mes de que el nuevo Sistema Penal cumpla su primer aniversario, y durante este lapso hemos podido observar sus virtudes, pero también las áreas que se deben de corregir o que se deben de mejorar, porque toda política pública está en constante perfeccionamiento.
Por eso, de no atender los pendientes, se puede generar una percepción -y esto lo sentimos todos- de impunidad, lo mismo entre operadores que entre la ciudadanía.
Una percepción que a nadie nos conviene, y que va en detrimento de esta gran transformación que tiene como principal beneficiario a la sociedad.
Se trata de seguir perfeccionando la operación del nuevo modelo, y para lograrlo, desde el Gobierno de la República seguiremos impulsando el trabajo coordinado.
Lo haremos con las entidades federativas para consolidar sus sistemas locales.
Con el Poder Legislativo, para que no existan lagunas jurídicas y atender la miscelánea penal.
Como por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa para delitos de consecuencias graves, como lo son el robo de hidrocarburos o la portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército.
Y por supuesto con la sociedad para difundir, promover y capacitar.
Por eso es muy importante este Congreso, que permitirá no solo reflexionar, sino analizar y buscar soluciones, y lo más importante, hacerlo como estamos, hacerlo de manera conjunta.
Y en ese sentido, hay cuatro puntos que hoy me permito destacar.
Primero. El fortalecimiento de las policías locales. Porque si queremos que los procesos se desarrollen de manera efectiva, es necesario que los primeros cumplan la función que les toca.
Para lo cual se les debe capacitar y también dignificar en su labor; para que cuenten todas y todos ellos con las herramientas y habilidades que necesitan para su buen desempeño.
Es muy importante, por ejemplo, que conozcan y utilicen el Informe Policial Homologado. Porque es la primera fuente de información para analizar un caso, contrastar las pruebas y verificar los testimonios.
No obstante, aún son muy pocos los policías que lo entregan, lo cual, sin lugar a dudas, afecta la investigación y la persecución del delito.
Se está trabajando ya, y este Congreso es fundamental, para simplificarlo, con un formato accesible y sencillo.
Pero debemos impulsar desde ahora que se generalice su uso, como un instrumento indispensable del nuevo Sistema Penal.
Por ello, la capacitación debe ser permanente, tanto en éste, como en todos los temas, para que contemos en cada rincón del país con corporaciones policiales más efectivas, que ayuden a esclarecer los hechos, los hechos delictivos y garanticen un respeto pleno al debido proceso.
Segundo. Fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias. No olvidemos que en ellos está uno de los puntos medulares del nuevo sistema.
Porque contribuyen a despresurizarlo y a que las víctimas accedan a la reparación del daño, pero también y muy importante, porque nos permiten ir más allá de una justicia estrictamente punitiva, para instaurar un paradigma conciliatorio, que repare el tejido social.
Y al mismo tiempo, para liberar recursos para que los esfuerzos del Estado se concentren en los delitos de alto impacto.
Tercero. Consolidar la atención a víctimas. Para ello, ya está en este momento ejerciéndose una partida del FASP 2017, destinada a fortalecer la Figura de los Asesores Jurídicos en todo el país.
Pero a la par, es necesario robustecer los organismos locales, para brindar un acompañamiento y una atención especializada, que pugne por sus derechos, garantice una reparación efectiva y evite la re-victimización.
Y cuarto. La creación de las Unidades de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. Se trata de una pieza clave para evitar la saturación de los sistemas penitenciarios y para que la prisión preventiva solo se aplique en los casos que realmente lo ameritan.
Hoy ya se cuenta con un Modelo Homologado de Unidades Estatales elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo.
No obstante, su establecimiento exige un trabajo serio y a fondo, que además enfrenta el reto de, como en todo, un recorte presupuestal.
Por ello la invitación es a que abordemos este tema con perspectiva de Estado y avancemos de manera conjunta, para que las unidades que habremos de crear, tanto a nivel federal como local, tenga la solidez que amerita.
En todo lo anterior, es necesario tener presente la visión sistemática, es decir, la visión de conjunto.
Policías, peritos, mediadores, ministerios públicos, jueces y magistrados, están llamados a comunicarse, a sumar y coordinarse de manera efectiva, para que las investigaciones se desarrollen con prontitud y pulcritud, y para que la ley se cumpla y se aplique siempre, siempre en favor de la sociedad.
Esa es la justicia que México exige y por la que debemos de trabajar todos los días.
Los cambios en las leyes y los procesos, son necesarios pero no suficientes. Lo hemos visto a lo largo de este año.
Lo fundamental es que se vean reflejados en la vida cotidiana de las y los mexicanos; en espacios seguros para nuestras comunidades; en certeza jurídica para invertir y emprender, y en una tranquilidad duradera para todas y para todos.
Eso es lo que demanda la ciudadanía y esa es la razón por la que no podemos bajar el ritmo de nuestro quehacer y de nuestro trabajo.
Sigamos avanzando para consolidar a México como un país de leyes e instituciones sólidas y eficaces. De igualdad, justicia y sobre todo, de no impunidad.
Los retos no son menores, pero estoy seguro de que los superaremos trabajando, como hoy quiero insistirlo, juntos, en unidad, como lo merecen las y los mexicanos.
Muchas gracias por su atención.
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Ciudad de México, 11 de mayo de 2017
MENSAJE DEL TITULAR DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA, DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL: RETOS EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA.
Muy buenos días.
Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente del Consejo de la Judicatura Federal.
Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.
Señor William Duncan, Ministro Consejo de la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Maestro Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad.
Magistrado Juan José Olvera López, titular de la Unidad para la Consolidación del Sistema Acusatorio en el Poder Judicial de la Federación.
Titulares y representantes de los diferentes Poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobierno.
A los invitados permanentes de la sociedad civil, del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
A nuestros amigos de los medios.
A todos nuestros distinguidos asistentes que hoy nos acompañan, muy bienvenidos todos.
Con su permiso señores miembros del presídium, señor Secretario de Gobernación.
El día de hoy nos damos cita en este recinto, gracias al esfuerzo coordinado con uno de nuestros principales aliados estratégicos para la consolidación del Sistema de Justicia Penal, la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional, USAID, y desde luego, gracias al esfuerzo e interés de magistrados y jueces de los diferentes tribunales superiores de justicia de las entidades federativas y del Poder Judicial de la Federación, de fiscales y procuradores, de secretarios de seguridad pública, de representantes de las defensorías públicas estatales, de titulares de las comisiones estatales ejecutivas de atención a víctimas.
De titulares de los órganos implementadores del sistema, de los integrantes de las unidades de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso, de quienes son responsables de los mecanismos alternativos de solución de controversias, de especialistas en justicia penal para adolescentes.
De policías en funciones de seguridad procesal, de los responsables de las unidades de análisis, evaluación y monitoreo de la operación del sistema; de académicos y de distinguidos líderes de la sociedad civil que nos acompañan.
Todos ustedes son pieza angular en el diseño e implementación de políticas orientadas a la consolidación del Sistema de Justicia Penal en nuestro país.
Me honra poderles dar este breve mensaje de bienvenida al Primer Congreso Nacional de Operadores del Sistema de Justicia Penal, cuyo objetivo será durante dos días, intercambiar conocimientos, experiencias y casos de éxito que nos permitan evaluar y fortalecer la ruta crítica que hasta el momento hemos diseñado con el apoyo de muchos de ustedes para la adecuada consolidación del Sistema de Justicia Penal.
Y que, como toda política pública es perfectible en la medida en que se involucren todos los operadores del Sistema.
Como lo mandató el Consejo Nacional de Seguridad Pública, desde el 15 de octubre de 2016, por parte del Poder Ejecutivo Federal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asumió la responsabilidad de diseñar e impulsar en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial, las acciones que garanticen la consolidación del Sistema de Justicia Penal.
Desde entonces, y en cumplimiento a las instrucciones del señor Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nos hemos dado a la tarea de identificar aquellas acciones que de manera focalizada nos permitan hacer más eficaz y expedita la justicia mexicana.
Nuestro programa consta de 10 acciones que buscan entre otras cosas, homologar criterios de operación, adecuar la normatividad y brindar acompañamiento a unidades administrativas e instituciones de los tres órdenes de gobierno para su fortalecimiento y garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema de Justicia Penal, tal y como fue diseñado.
Uno de los principales retos en el proceso de consolidación, implica que los operadores crean en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y que transmitan esa confianza a los ciudadanos mediante un trabajo cada vez más profesional.
Durante estos dos días de trabajo llevaremos a cabo 11 mesas de análisis y 3 conferencias, en las cuales buscaremos compartir mejores prácticas y comunicar posibles soluciones a algunos de los temas que más preocupan respecto de la operación del Sistema de Justicia Penal.
Por citar solo algunos ejemplos, debemos tener muy presente y trabajar en el ámbito de nuestras respectivas competencias, en hacer más eficaz el trabajo de nuestros policías, con una mejor y mayor y más práctica profesionalización.
En cómo utilizar de manera más eficiente los mecanismos alternativos de solución de controversias, en cómo fortalecer la figura de los asesores jurídicos de víctimas para garantizar una mejor atención y acompañamiento, y en cómo hacer más eficiente y racional el uso de la prisión preventiva como medida cautelar.
Conscientes de las diversas necesidades y realidades en nuestro país para atender cada una de las 10 acciones focalizadas para la consolidación del sistema, me permito destacar que en el proceso de concertación de recursos federales 2017, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP, se destinaron entre la federación y las entidades federativas 554 millones de pesos, de cuales, 495 millones son recursos federales para cubrir necesidades de profesionalización, infraestructura, equipamiento, personal y otros servicios que coadyuvan al desarrollo del Sistema de Justicia Penal.
Por su parte, del Subsidio para el Fortalecimiento para la Seguridad Pública de los Municipios, el FORTASEG, mediante lineamientos, los 300 municipios beneficiarios destinarán al menos el 10 por ciento del recurso asignado para el presente ejercicio fiscal, por lo que tendremos una cifra similar de al menos 500 millones de pesos para fortalecer la capacitación y equipamiento que demanda la correcta operación del Sistema de Justicia Penal en el orden municipal.
En suma, el monto de los recursos federales para impulsar la consolidación del Sistema de Justicia Penal durante 2017, asciende a 995 millones de pesos, ya concertados y firmados en convenios y anexos técnicos.
En este sentido, al advertir que nuestros recursos humanos, materiales y económicos son limitados, debemos asumir de manera corresponsable el compromiso de planear con estrategia y operar con la mayor eficacia posible.
Lo anterior se deberá traducir en resultados favorables para la ciudadanía, por lo que implica un proceso de consolidación del sistema que debe sujetarse a un permanente mecanismo de evaluación y rendición de cuentas, basado en indicadores objetivos que a la fecha estamos construyendo con el INEGI.
Sin duda, el principal reto es generar la confianza que esperan los ciudadanos de todos y cada uno de nosotros como operadores del sistema.
Pero estoy seguro de que todos los aquí presentes compartimos el compromiso de garantizar en el ámbito de nuestras respectivas competencias la seguridad y la justicia que nuestra sociedad exige y merece para vivir en un México en paz.
Por su atención, muchas gracias, y sean nuevamente todos muy bienvenidos y bienvenidas.
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