Autoridades de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, se reunieron con el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), organismo internacional que colabora con el Gobierno de México, en materia de desplazamiento forzado interno (DFI), para sumarse al esfuerzo del Estado mexicano para detectar, prevenir y atender esta problemática.

En el encuentro realizado este jueves, estuvieron presentes la titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), Rocío González Higuera; el Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), Andrés Ramírez Silva y la Directora del IDMC, Alexandra Bilak, quien presentó el informe sobre su visita, ayer, a varias comunidades del estado de Chiapas, a fin de identificar las áreas de oportunidad para colaborar con el Estado mexicano.

Este trabajo está enmarcado en la pretensión del Gobierno de México, de reconocer realmente la problemática del DFI, y de ahí impulsar una Ley General que proporcione una base sólida para la planificación y priorización de actividades en apoyo de las personas, familias y comunidades víctimas de este fenómeno, además de la asignación apropiada de recursos.

Se visitó San Cristóbal de las Casas para escuchar a personas en situación de desplazamiento de las comunidades de Ejido Puebla Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama.

El encuentro realizado en el Salón Juárez de Gobernación, Alexandra Bilak, recomendó al Estado mexicano establecer un marco legal flexible, que permita atender el fenómeno del DFI, y que considere la problemática nacional.

Asimismo, indicó que es imperioso un mecanismo para la reparación del daño a las víctimas, el cual debe estar apegado a los derechos humanos y la justicia. Adicionalmente, la Directora del IDMC puntualizó la necesidad de presupuesto suficiente destinado a esta problemática.

Remarcó que si bien lo anterior lleva un proceso, por otro lado existen acciones inmediatas que pueden realizarse para ir atendiendo esta problemática, tales como la elaboración de un mapa estadístico nacional de DFI, el cual –consideró— no debe ser costoso ni involucrar demasiado tiempo, debido a que ya existen datos en algunas instancias de gobierno e incluso, de organismos de la sociedad civil.

En tanto, la titular de la UPMRIP, Rocío González, explicó que estas experiencias y exigencias no son propias de Chiapas, sino que se replican en, al menos, nueve estados de la República.

Reiteró que lo que se apreció durante la visita a las comunidades chiapanecas, “remueve la necesidad de ser congruentes con lo que hemos pensado, con lo que hemos planeado, pero con lo que también queremos transformar”.

Refrendó que este proyecto de ley deberá tener consideraciones en torno a una  restructuración interna y económica en la materia, “por instrucciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y atendiendo a la indicación ex profesa del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, tanto la UPMRIP, la COMAR, el Consejo Nacional de Población y otras instancias de la administración pública, hemos venido trabajando en esta materia”.

“El incorporar la opinión, desde las víctimas, desde la población indígena –que básicamente la mayoría de los desplazados son población indígena—, será de gran relevancia para la construcción, no solo del marco legal, sino de la operación de la misma”, refirió. 

Por su parte, el Coordinador General de la COMAR, Andrés Ramírez Silva, destacó la importancia de reunirse con las víctimas de DFI para desarrollar una mejor Ley que dé respuesta a esta problemática, “es también un punto de arranque para la discusión y consulta con otros sectores, en donde las víctimas tendrán que ser protagonistas”, subrayó.

Añadió que los DFI han llevado a personas indígenas a la pobreza extrema, la cual “no puede existir en un país con el Producto Interno Bruto que tiene México; tenemos esa deuda y tenemos que tomarla con toda seriedad, y esa ha sido justamente la posición muy clara del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”, finalizó.

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Boletín No. 175/2019