El Estado mexicano tiene la gran responsabilidad de garantizar que lo sucedido en Allende, Coahuila, no vuelva a repetirse en ningún otro rincón del país, afirmó la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante el acto de disculpa pública por parte del Estado mexicano por los hechos acontecidos en marzo de 2011, en ese municipio, donde se cometieron violaciones graves a los derechos humanos de habitantes de esta localidad ante la omisión y complicidad de autoridades ante los delitos cometidos por el crimen organizado.
En presencia del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, la encargada de la política interior del país dejó claro que no se trata solamente de un acto protocolario o el cumplimiento de la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es una convicción personal e institucional, aseguró.
“Porque para el Gobierno de la República, para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo ha dicho, ésta es la prioridad número uno de su gobierno. Hoy nos reúne la necesidad de enfrentar como país y como Estado mexicano uno de los sucesos más dolorosos en la historia”, refrendó.
Ante familiares de las víctimas, la Secretaria Olga Sánchez Cordero afirmó que el Presidente de la República les instruyó a ver a las víctimas a los ojos, “a no escondernos ante su justificado enojo, a pedir disculpas como Estado, y a realizar todo lo que esté en nuestras manos para reparar los agravios individuales y colectivos”.
En la plaza pública de Allende, la Secretaria de Gobernación se pronunció porque la voz de las víctimas haga eco, “y nos ayude a reconstruir el tejido social y a sanar juntos la fractura que creó la masacre de Allende y todo el país”.
Puntualizó que es necesario dar pasos firmes para alcanzar la justicia, la no repetición y seguir investigando en todos los niveles de gobierno para conocer quiénes participaron en esta masacre y en su caso, la responsabilidad de las mismas. “Hacemos un llamado para que el resto de las autoridades federales y locales hagan lo propio desde el ámbito de sus competencias”.
La Secretaria Olga Sánchez Cordero sostuvo que la dependencia a su cargo apoyará a las víctimas para garantizar sus derechos humanos y la reparación integral del daño.
Dicha disculpa pública se da en cumplimiento a la recomendación 10 VG/2018 de la CNDH, sobre los hechos acontecidos del 18 al 20 de marzo de 2011, en el municipio de Allende, así como por las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas con posterioridad a dicho evento.
Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, resaltó que el Gobierno de México ha reconocido la magnitud de la actual crisis ante los sistemas, nacional, interamericano y universal de protección de los derechos humanos.
“El Estado Mexicano tiene una nueva visión: la defensa de los derechos como primer deber constitucional para garantizar el desarrollo político, económico, social y cultural de nuestro país”, resaltó.
Con esta visión –agregó— la Secretaria de Gobernación asegura que la agenda de protección de los derechos de las víctimas de desaparición en Coahuila se va a fortalecer, “pero sobre todo, redimensionar con mayores y mejores garantías reales y efectivas que aseguren lo que les corresponde a las familias: Justicia, verdad, reparación y no repetición”, enfatizó.
En tanto, el presidente municipal de Allende, Antero Alvarado Saldívar, pidió no volver a esperar ocho años y medio para que el Gobierno Federal venga y pida una disculpa. “Hoy –aseveró— estamos a tiempo de corregir el rumbo”.
Igualmente, el Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, afirmó que la disculpa pública es muestra de que las autoridades asumen el compromiso de implementar las medidas necesarias y suficientes que faciliten el proceso de búsqueda de las víctimas, el establecimiento de las garantías de no repetición y un censo de las personas que fueron objeto de desplazamiento forzado. Reconoció que estas acciones “contribuyen a una cultura de la paz, que es lo que requiere nuestro país”, subrayó.
Estuvieron presentes, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna; el secretario de Gobierno de Coahuila, José María Fraustro Siller; el alcalde de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza; el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara; la presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila, Magdalena López Valdez y el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Ricardo Martínez Loyola. En representación de colectivos y familiares de las víctimas intervinieron Silvia Eugenia Garza Villarreal y Yolanda Morán Isais.
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Boletín No. 155/2019