En virtud de lo anterior, y por instrucción presidencial se informa lo siguiente:

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante el mecanismo), es una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Desde su creación y a lo largo de los años, esta política pública ha presentado una serie de retos que transitan, por ejemplo, en la idea de que la única forma de intervención efectiva como Estado es solo a través del mecanismo, olvidando así, la coparticipación que debe de existir de los tres órdenes de gobierno en la protección a quienes ejercen la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.

El mecanismo cuenta con mil 478 personas beneficiarias de la mayoría de las entidades federativas, mientras que solo seis estados del país cuentan con organismos locales de protección en esta materia, los cuales son: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

Desde la Secretaría de Gobernación, como institución operadora del mecanismo, se ha reconocido que un elemento que visibiliza la crisis de derechos humanos es el nivel de riesgo que sufren periodistas y personas defensoras de derechos humanos al realizar su labor a lo largo y ancho del país. Según cifras que se han generado desde el propio mecanismo, desde diciembre del año 2018 a la fecha, se han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 7 periodistas y 2 personas defensoras eran beneficiarios del mecanismo de protección.

Desde el inicio de esta administración el Gobierno de México ha fortalecido el mecanismo a fin de generar más cobertura y atención a esta problemática, puesto que, a partir de diciembre de 2018 a la fecha, ha incrementado el número de personas beneficiarias en más del 80 por ciento. En este sentido es que en los años 2019 y 2020 se destinaron 783 millones de pesos, mientras que en este año se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, lo cual daría un presupuesto total para 2021, de 416.6 millones de pesos.

Asimismo, existe una ruta muy clara para realizar acciones de fortalecimiento para el mecanismo, la cual se centra en los siguientes puntos: a) cumplimiento de la totalidad de las recomendaciones emitidas por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México dentro del Diagnóstico para el Fortalecimiento del Mecanismo; b) la revisión del marco normativo sobre la protección a periodistas, así como el establecimiento de mecanismos de coordinación entre la federación y los estados para la efectiva protección a periodistas; y c) la promoción de diagnósticos estatales de prevención para identificar las agresiones por municipios y anticipar los fenómenos que las detonen.

En la Secretaría de Gobernación asumimos nuestra obligación como institución operadora del mecanismo de protección frente a los derechos que tienen periodistas y personas defensoras para ejercer de forma libre y segura su labor, sin embargo, esta obligación requiere de una respuesta de Estado en la que entidades federativas y demás poderes públicos se involucren de forma más activa en esta materia.

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Comunicado No. 067/2021