Discurso de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Lic. José Alberto Rodríguez Calderón, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

Lic. José Ramón Amieva, Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México y representante personal del Jefe de Gobierno.

Lic. Jorge Márquez Montes, Oficial Mayor de la Secretaria de Gobernación.

Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaria de Gobernación.

Dra. Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Mtro. Alberto Begné Guerra, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. 

Lic. Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría. 

Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mtra. Patricia Bugarín Gutiérrez, Coordinadora Nacional Antisecuestros.

Mtro. Alfonso Ramón Bagur, Comisionado del Servicio de Protección Federal.

Lic. Lucio Hernández Gutiérrez, Coordinador General de Reinserción Social del estado de Morelos y Coordinador Regional de la Zona Centro.

Distinguidos directores de los Sistemas Penitenciarios, de los estados de la República, señores de los medios de comunicación, amigos todos.

Reciban un saludo, antes que nada muy afectuoso, del señor Secretario de Gobernación, del Lic. Miguel Ángel Osorio Chong.

Es un gusto, es un privilegio estar aquí el día de hoy,  para inaugurar esta XIV  Conferencia. Aprovecho para dar la más cordial bienvenida en ésta, su primera Conferencia Nacional a los nuevos titulares estatales de prevención y reinserción que se incorporan a sus labores, son nueve que se integran. El mayor de los éxitos para todos ustedes.

Hemos señalado en varias ocasiones; el sistema penitenciario es eslabón primordial, es eslabón fundamental en la cadena del sistema de justicia. Esto quiere decir que este eslabón debe ser tan sólido, tan importante como los restantes, como la procuración y la administración de justicia, como la prevención del delito, como su investigación.

Porque de esa solidez depende el que se pueda  brindar a las personas privadas de libertad las condiciones necesarias para un desarrollo personal adecuado, respetuosos de la dignidad.

El ejercicio de los derecho en prisión, todos lo sabemos, empero, no puede darse si un sistema penitenciario se encuentra en desorden, hacinado o bajo el control de delincuentes.

Los derechos no existen, ni son posibles, si no hay disciplina mínima para controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y para ello debemos trabajar en una estrategia penitenciaria integral, básicamente en los siguientes puntos:

Primero. Proporcionar a las personas privadas de la libertad las condiciones necesarias para un desarrollo personal adecuado conforme a su dignidad.

Y les recuerdo aquella frase de Luigi Ferrajoli, que nos decía que la pena “debe ser necesaria y la mínima de las posibles respecto al fin de la prevención. La ley no debe establecer más que penas estricta y evidentemente necesarias; y excluida cualquier finalidad de enmienda, lo único que se puede y se debe pretender de la pena es que no pervierta al reo, es decir, que no reeduque, pero tampoco deseduque; que no tenga una función correctiva, pero tampoco una función corruptora; que no pretenda hacer al reo mejor, pero que tampoco lo haga peor”.

Segundo. Lograr procesos sistemáticos de operación y protocolos de actuación, los cuales se deben homologarse a nivel nacional, para reducir la discrecionalidad.

Es necesario seguir trabajando en protocolos y reglamentos necesarios para la planeación, organización, funcionamiento y operación de la autoridad penitenciaria, conforme a lo que señale el artículo 33 de la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal.

Tercero. Un sistema civil de carrera que establezca criterios homologados de desarrollo, profesionalización y carrera para el personal penitenciario.

Una de nuestras tareas, importantísima creo yo, es dignificar al capital humano encargado de la labor penitenciaria, para que éste trabaje en condiciones adecuadas, una auténtica remuneración con oportunidades de desarrollo.

Respetar a nuestra gente. Tenemos que reconocer al personal penitenciario como servidores públicos que brindan un servicio esencial para la sociedad.

Este elemento de la colectividad abarca a profesionales que hacen efectiva la operación de los centros: guardas, custodios, médicos, abogados, psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales, administradores, maestros, técnicos, entre muchos otros.

Cuarto. Esquemas de seguridad en centros penitenciarios, con los más altos estándares, ampliando el espectro de actuación y mejorando relaciones interpersonales entre quienes integran esta comunidad de la que hablamos, la comunidad penitenciaria.

Quinto. Un Modelo de Certificación de Centros Penitenciarios, en el que esta Conferencia debe trabajar intensamente.

Sexto. Un sistema de evaluación penitenciaria, así como un Comité de Evaluación del Sistema Penitenciario, como órgano colegiado e interdisciplinario que observe el funcionamiento del sistema en su conjunto.

Hoy podemos saber de manera más precisa lo que se hace con el dinero destinado al sistema penitenciario en las entidades federativas y ante la restricción presupuestal que padecemos Federación, estados, municipios, tenemos que ser capaces de vincularnos en las distintas instancias, justamente en este tema; en el tema del presupuesto para racionalizar y redistribuir correctamente recursos.

Hay que orientarlos y canalizarlos de manera más eficiente para hacer mejor uso de ellos, hay que vincularlos entre las distintas dependencias y en cada orden de gobierno. Y así lo plantea la propia ley. Recordarán ustedes cuando habla de la “corresponsabilidad” y no de la cooperación ni la colaboración ni la coordinación; la corresponsabilidad de las distintas Secretarías de estado a nivel entidad federativa y a nivel federal, justamente en el tema penitenciario.

Y por último, la óptima aplicación y consolidación de nuestro recién modificado marco normativo, justamente la Ley Nacional de Ejecución Penal. La ley parte de un postulado esencial: la persona que ha perdido su libertad por la comisión de un delito, por grave que éste sea no pierde nunca, no ha perdido su dignidad. Ninguna persona se define por lo peor que hace, la dignidad es la fuente y razón de ser de todos los derechos y que en listado de los principios rectores del Sistema Penitenciario ocupa un primerísimo lugar, seguido por la igualdad, la legalidad, el debido proceso, la transparencia, la reinserción social.

Nuestro deber es impulsar desde el ámbito de nuestra competencia, que el respeto a los derechos humanos sea auténtico, sea efectivo. El principio de dignidad que rige el espíritu de esta ley se aplique en la práctica.

Esta ley está vigente en toda la República y está vigente ya, con la salvedad de algunos artículos que están condicionados a una vacatio legis para dotarla de operatividad tenemos que hacernos cargo de varias acciones que no escapan a ninguno de ustedes, pero que enumero muy brevemente:

  • La creación de Unidades para la Supervisión de la Libertad Condicionada,
  • Correcta clasificación en los Centros Penitenciarios conforme a criterios objetivos,
  • Consolidación de las Redes de Apoyo Postpenal para preliberados;
  • Y consolidación de las bases de datos en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria.

Señoras y señores:

La alta encomienda que tenemos de brindar tranquilidad a los mexicanos, requiere de un esfuerzo cotidiano, pero es un esfuerzo de todos. Requiere de trabajo permanente, el trabajo que debe manifestarse en el compromiso reiterado al frente de las instituciones penitenciarias de nuestro país.

Los mexicanos deben estar seguros de que seguiremos trabajando, de que seguiremos buscando corresponsabilizarlos en este tema que es esencial.

Yo quisiera terminar reiterando lo que he comentado en algunas conferencias regionales, citando a Bryan Stevenson, él decía: “Mi trabajo con los pobres y los encarcelados me ha persuadido a pensar que lo opuesto a la pobreza no es la riqueza, lo opuesto a la pobreza es la justicia. Finalmente he llegado a creer que la verdadera medida de nuestro compromiso con la justicia, el carácter de nuestra sociedad, nuestro compromiso con el Estado de Derecho, con la igualdad y la equidad, no es como tratamos a los ricos, a los poderosos, a los privilegiados y los respetados entre nosotros. La verdadera medida de nuestro carácter es cómo tratamos a los pobres, los desfavorecidos, los acusados, los encarcelados y los condenados.”

Muchas gracias.

Discurso de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad