El Presidente Enrique Peña Nieto está comprometido con la transformación de la procuración, impartición y administración de justicia. Por ello, instruyó a la Secretaría de Gobernación a acelerar los trabajos para la implementación del Sistema de Justicia Penal y apoyar su difusión para que la sociedad la haga suya, afirmó el titular de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.

Al atestiguar la firma de 12 convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil y la Declaratoria de Apoyo a la Reforma Penal, cuyo propósito es conjuntar esfuerzos ciudadanos para que, aunado a los que realiza el Gobierno de la República, coadyuven a la pronta implementación y debida operación del nuevo sistema de justicia penal en todo el país, destacó que “la transformación tiene que ser integral y para que esto suceda necesitamos reforzar sinergias, trabajar en equipo y sumar esfuerzos”.

En ese sentido, destacó que la voz y la participación de la sociedad civil ha sido y será pieza fundamental para orientar los cambios institucionales y de gobierno, lo cual ayudará a vencer las resistencias al cambio y permitirá identificar las áreas donde es necesario reforzar el trabajo que realiza la secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, que encabeza María de los Ángeles Fromow. 

La Secretaría de Gobernación, subrayó, quiere acercarse a las organizaciones de la sociedad civil, porque en ninguna parte del mundo un gobierno puede solo; necesita el apoyo de la ciudadanía organizada para dar mejores resultados a toda la población. Por eso, añadió, el Gobierno de la República alienta la participación de la sociedad civil, porque “queremos transparencia, queremos que se nos evalúe, rendir cuentas, porque queremos entregar resultados”.

El Secretario Osorio Chong destacó la necesidad de pasar de una lógica que sanciona para investigar a una donde se investiga para sancionar. “Consolidemos instituciones capaces de reparar los daños a las víctimas y procesos con penas que trasciendan la lógica de la prisión”, apuntó.

Aseguró que el Gobierno de la República está comprometido con que todos los mexicanos tengan una justicia eficaz, con equidad e inclusión, así como una policía profesional y un sistema penitenciario adecuado. Agregó que “una sociedad de derechos, en donde la ley se aplique con eficacia, es ruta para el desarrollo integral de todo país”.

En el Salón Juárez de esta dependencia, el encargado de la política interior del país subrayó que en la implementación del Sistema de Justicia Penal “no hay día que perder, ni decisión que postergar. Se trata de un esfuerzo de Estado, donde todos debemos llegar juntos y a tiempo”, puntualizó.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil, por su parte, destacaron el compromiso del Gobierno de la República por apoyar la reforma penal, la cual pone en el centro el respeto a los derechos humanos y constituye el camino idóneo para combatir la impunidad. Esta reforma, dijeron, “va a cambiar a México”.

Señalaron que la reforma es un hecho histórico para los mexicanos, porque cuida el debido proceso del acusado, pero también el de las víctimas

Se comprometieron a apoyar la pronta implementación y debida operación del sistema procesal penal acusatorio; brindar apoyo a las autoridades para que puedan cumplir debidamente su cometido, por lo que a partir esta firma llevarán a cabo actividades de difusión que apoyen al cambio cultural, mediante eventos de divulgación y sensibilización dirigidos al público y a sectores específicos sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal y la cultura de los procesos penales acusatorios y orales.

También coadyuvarán en actividades de capacitación auspiciadas o avaladas por la SETEC sobre el sistema de justicia penal acusatorio; participarán en estudios de campo que tengan como objetivo recabar información específica de usuarios del nuevo sistema de justicia penal o de percepción social acerca del mismo, y serán un canal de comunicación ciudadana con la SETEC.

Por las organizaciones firmaron Ernesto Canales Santos, presidente del patronato de RENACE ABP; Josefina Ricaño de Nava, presidenta del Consejo Consultivo de México Unido contra la Delincuencia, A.C.; Laura Elena Herrejón Baz, fundadora de Movimiento Pro-Vecino; Jorge Serrano Arenas, presidente del Consejo de Directores de Tendiendo Puentes, A.C.; Ángel Corona Rodríguez, presidente del Comité Nacional de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública, A.C.

Así como Francisco Sánchez Alfaro, presidente de INDERURAL, A.C.; Rosa María Navarro Álvarez, presidenta de Ya Basta de Inseguridad, A.C.; Alejandro Martí García, representante del Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, A.C.; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, A.C.; Mariana Cendejas Jáuregui, representante de Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, A.C.; Verónica Baz, presidenta del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., y Edna Jaime Treviño, directora general de México Evalúa, y Centro de Análisis de Políticas Pública, A.C.

BOLETÍN 488