El Estado Mexicano tiene la responsabilidad de implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal para hacer frente a la impunidad, atender los retos de seguridad y justicia, abonar a la transparencia y cumplir con los principios constitucionales, afirmó la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel.
En el marco de la clausura de la IX Reunión de Órganos Implementadores, celebrada en esta ciudad, Fromow Rangel llamó a fortalecer los mecanismos de colaboración, el intercambio de buenas prácticas de la implementación y la capacitación de los cuerpos policiacos.
Destacó que México ya forma parte del concierto de naciones con sistemas penales modernos, cuyas características son brindar justicia expedita, garantizar los derechos humanos, proteger a las víctimas del delito y brindar la defensa pública adecuada, elementos que marcan un momento histórico de transformación en la vida jurídica de nuestra nación.
A 14 meses de que se cumpla la implementación en todo el país, la funcionaria informó que el Sistema de Justicia Penal opera en treinta estados, cinco de ellos en su totalidad, mientras que el resto avanza de manera gradual según lo acordado con sus congresos estatales.
Durante la reunión de dos días se puso énfasis en el compromiso para cumplir la meta de la implementación del sistema en los tiempos que señala la ley, así como potencializar la voluntad política que existe en los poderes estatales para consolidar la Reforma Penal.
El programa de la IX Reunión de Órganos Implementadores incluyó el análisis de los planes emergentes para cumplir con la implementación a nivel nacional el 18 de junio de 2016, las mejores prácticas de implementación en el país, la cooperación internacional en materia de capacitación, la reingeniería de las instituciones públicas en el nuevo sistema, la operación del Fondo Nacional de Infraestructura y los mecanismos de acceso a recursos.
Boca del Río, Veracruz
Boletín No. 279/15