Presentación del libro "Colores de Libertad".

Fecha de publicación:

12 de marzo de 2019

Sinopsis

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Fue la experiencia de estas tres mujeres una muestra flagrante del abuso, la corrupción y la impunidad que se vive en nuestro país a manos de las autoridades.

Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes.

Para mí es un gran honor el presentar el día de hoy, esta tarde, Colores de Libertad, de nuestro autor Miguel Pulido Jiménez.

Quiero compartirles el por qué para mí es un honor y por qué estoy aquí gratamente impresionada, no solamente por el libro de Miguel Pulido, sino también por estar acompañada de Alberta y Teresa.

Cuando yo integraba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocimos del caso de estas dos mujeres indígenas privadas injustamente de su libertad, acusadas de secuestrar, imagínense ustedes, a los AFIS, a los agentes federales de investigación, y de también de poseer droga en sus lugares donde ya se vendían productos para poder tener un ingreso.

Fue un asunto interesante y difícil a la vez, porque la Constitución, en la reforma del artículo 105, establece además de la acción de inconstitucionalidad, establece un recurso de apelación extraordinaria que puede conocer la Suprema Corte.

Entonces resultó que solamente esta apelación extraordinaria que atrajo la Corte, habría sido antes de Alberta y Teresa, una apelación que conoció en relación a los hechos del 68.

Y esa sería la segunda, el segundo juicio de apelación extraordinaria que iba a conocer la primera sala de la Suprema Corte, y era difícil, inclusive la procedencia de la apelación ante la Corte.

¿Y por qué? bueno, porque como la Suprema Corte es la última instancia, el hecho de que conozca una apelación extraordinaria no permite, por ejemplo, interponer otros recursos adicionales a la apelación, por ejemplo, un juicio de amparo u otro mecanismo de defensa diferente, ya que la resolución de la Corte que tome en una apelación extraordinaria será definitiva.

Por eso es que la Suprema Corte normalmente, más bien, extraordinariamente atraer una apelación.

Pero este fue el caso de Alberta y Teresa, cuando la Suprema Corte atrajo esta apelación y en su momento decretó la libertad de Alberta y Teresa, realmente fue un asunto verdaderamente importante, no solamente desde el punto de vista jurídico, que ya de por sí era muy interesante, sino también desde el punto de vista de lo que significa estar procesando a dos mujeres indígenas por el secuestro de unos, imagínense, la estatura, aun así la estatura de estas dos mujeres y estos policías federales, muchos de ellos, algunos hasta casi de 1.90, 1.80, armados hasta los dientes, y ellas solamente como las ven ahorita con sus vestidos típicos y vendiendo sus productos en el mercado en esa ocasión.

Yo le comentaba a Miguel hace un momento, que tenía que, en su segunda edición, relatar un hecho muy singular que yo viví, porque además yo lo felicito, felicito mucho a Miguel Pulido por contribuir a una obra como ésta de reflexión sobre la impartición de justicia en nuestro país, y la manera en que esta impartición de justicia se vive, no solamente por la condición de mujer, sino además por la condición de indígena, porque ellas no hablaban español cuando fueron detenidas, y desde luego un habitante como ellas, de la zona rural.

Entonces la discriminación era terriblemente complicada, eran indígenas, mujeres, y no hablaban el español, solamente su lengua indígena y habitaban en la zona rural.

Pero le dije hace un momento y me da muchísimo gusto estar aquí, ustedes no tienen idea de lo que para mí significa estar esta tarde con ellas y con ustedes.

Le comentaba yo a Miguel que en esos años, cuando se atrajo el caso, llegó el subprocurador general de la República, uno de los subprocuradores generales de la República, a hacer su argumentación, obviamente en favor de la sentencia que había condenado a Alberta, Teresa y a Jacinta también, a no sé cuántos años de prisión, no los recuerdo, pero habrían sido muchísimos años de prisión.

Y entonces su argumento era que sí se había cometido, porque habían repiqueteado las campanas y entonces se había rodeado todo el pueblo a estos policías federales, y entonces no los habían podido, no habían podido abandonar el lugar y se sentían absolutamente cooptados por toda la población, etcétera.

Y también estaban acusadas de posesión de droga, porque ya saben que aquí en este país era la costumbre, ya no va a ser, era la costumbre sembrar evidencias por todos lados y a todos para poder inculpar a quienes se querían culpar, a veces adversarios políticos, y otras veces como en este caso, pues por una razón casi de revanchismo por haber ni siquiera privado de su libertad a estos AFIS, sino a lo mejor limitado por algunos momentos su acceso a otros lugares.

Y le decía yo a Miguel que en la próxima edición de Colores de Libertad, pusiera esta anécdota que yo les voy a platicar.

Resulta que fue este subprocurador a hacer su argumentación, y le digo, a ver señor subprocurador, es que se equivocaron de petate; ¿de petate? Sí, se equivocaron de petate; ¿cómo que nos equivocamos de petate?; Sí, mire usted, para poder ser inculpada una persona por posesión de droga debe de estar dentro de un radio de posesión donde está, o sea, simplemente no puede ser, no pueden acusar de posesión de droga si la droga está a un kilómetro de distancia de tu persona, pues tiene que haber un radio en donde puedas tener esta posesión de droga.

Le digo, pues fíjese que se equivocaron de petate, porque resulta que ustedes sembraron la droga en un petate como a unos 600 o 700 metros de su petate; ¿cómo?; sí, no estaba dentro del radio de su acción.

Porque ellas tenían un lugar, porque tradicionalmente, verdad Alberta y Teresa, tenían un lugar o tienen un lugar en donde se colocan y ahí es donde venden sus productos, no están de un lado a otro, sino que ahí están y ahí se quedan o ahí se quedaban, porque ahora ya son, ya tienen otra manera de ser empresarias, agroindustria tienen ya, fíjense nada más, pero ahora tienen agroindustria, pero antes tenían su petate.

Y le dije, y sabe, como se equivocaron de petate y sembraron la droga fuera de su radio de acción, pues simplemente ya no pueden estar siendo procesadas por posesión de droga.

Y la respuesta fue inmediata de él, bueno, mire, como la posesión de droga es de tantos a tantos años, y ellas llevan tantos años en la cárcel, pues désela por compurgada.

Le dije, no, no, el tema no es que ya llevan tantos años, y entonces ya podemos compurgar la sentencia correspondiente, a que no podían haber poseído la droga. El tema es que son inocentes de este delito.

Y así, en todo era sembrar evidencias, sembrar evidencias, sembrar. Algún otro día cuando tengan tiempo, les platicaré el tema de Florence Cassez.

Bueno, el tema es que es un placer para mí estar esta tarde con ustedes.

Agradezco también la presencia de Ale Haas, nuestra presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

De mi compañero el Subsecretario Alejandro Encinas, que es un Subsecretario de verdad impresionantemente comprometido con los derechos humanos, con el tema de migración, en el tema de población.

Y pues a Alberta y a Teresa, que están aquí junto a mí y que nos acompañan, y cuya historia merece ser escuchada y compartida, precisamente para recordarnos la persistencia sobre la discriminación en el acceso a la justicia en nuestro país, y sobre todo para que nunca más, nunca más se repita un caso como el que ellas vivieron.

Yo les quiero decir que, haciendo un pequeño resumen, en el año 2006, a estas tres mujeres, Jacinta, que no está presente, pero Teresa y Alberta, se les acusó sin prueba ni fundamento legal de secuestrar a 6 agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, imagínense, a 6 agentes.

Lo que para muchos podría parecer una historia por demás absurda e inverosímil, tuvo para ellas consecuencias desgarradoras.

Jacinta, Teresa y Alberta, pasaron entre 3 y 4 años en la cárcel. Aprendieron español.

Un periodo de sus vidas que representó un inmenso sufrimiento y un gran sentimiento de impotencia.

La privación de la libertad a la que se enfrentaron como consecuencia de una acusación falsa de la Procuraduría General de la República, quien nunca presentó evidencias y quien llevó un proceso plagado de irregularidades, en tanto sus familiares como sus abogados denunciaron la injusticia a la que fueron sometidos ante funcionarios que parecían, y yo también lo percibí así, no inmutarse ante la falta absoluta de las pruebas en su caso.

Pero aquí vale la pena decir que gracias a la presión ciudadana, así como a la labor de las organizaciones como por ejemplo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el centro famoso Pro; la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, se logró finalmente su liberación, primero de Jacinta en el año 2009, y más tarde de Alberta y Teresa en el año 2010.

Pero no fue sino hasta, y esto quiero decirlo, porque fue la primera vez que yo las vi, porque yo no las conocí en el proceso, fue el 21 de febrero del 2017, cuando el entonces titular de la PGR, Raúl Cervantes, acompañado de varios funcionarios públicos, incluida su servidora, ofrecimos disculpa pública por parte del Estado mexicano, junto con el reconocimiento de su inocencia.

Fíjense qué importante la sentencia que decretó la libertad por falta de pruebas y no como quería el subprocurador, que como ya habían compurgado la posesión pues ya, eso ya no tenía mayor relevancia.

Se trató desde luego este acto de la disculpa pública, de un acto de naturaleza realizado en acatamiento de una sentencia de la Suprema Corte, y actos similares que habían sido ordenados por organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también y yo creo que aquí están ellas, porque la dignidad de ellas, de las víctimas, porque fueron víctimas del sistema de justicia, fue centrar.

Pero aún cuando la disculpa pública se expresó y hubo una actitud diferente por parte de las autoridades de la Procuraduría General de la República, sabemos que se trató de un acto necesario, pero no suficiente.

Como bien señalaba Alberta, recuerdas, con la disculpa pública no me devuelven el tiempo perdido, mientras que Jacinta agregó que estaría realmente contenta el día en que se acabe la injusticia y cuando seamos respetados como indígenas.

Fue la experiencia de estas tres mujeres una muestra flagrante del abuso, la corrupción y la impunidad que se vive en nuestro país a manos de las autoridades.

Pero también es un caso paradigmático, por la persistencia de prácticas discriminatorias en la procuración de justicia y de la vulnerabilidad extrema de ciertos grupos frente al sistema, particularmente las personas indígenas, hablantes de lenguas nativas, de comunidades rurales, de escasos recursos, y mujeres, y mujeres.

El caso de Jacinta, Alberta y Teresa, revela la discriminación como un fenómeno de carácter estructura e interseccional.

En este mismo sentido, también se hace evidente el impacto que generan en el acceso a la justicia actos excluyentes como la falta de disponibilidad de abogados de oficio para personas de escasos recursos o la vulneración del derecho a contar con asistencia de un intérprete de lenguas indígenas en todas las etapas del procedimiento.

Lamentablemente y lo he vivido en forma personal, no se trata de un caso aislado.

La discriminación que enfrentaron Jacinta, Alberta y Teresa, es la misma a la que se enfrentan la mayoría de quienes comparten sus características en México.

Las situaciones descritas en el presente libro, pero ya te invité Miguel a que pusiera esta nueva anécdota en la siguiente edición, las circunstancias descritas en este libro, en el presente libro, coinciden con los resultados de otras investigaciones y estudios en la materia.

Y les doy solamente algunos ejemplos, en la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2017, se revela que la población indígena es nuestro país es una de las que enfrenta en mayor medida prejuicios, estereotipos, actitudes discriminatorias.

 

Los datos muestran que los problemas más frecuentes a los que se enfrentan son la falta de empleo, la falta de respeto a sus costumbres y tradiciones y la falta de acceso a programas gubernamentales.

Pero afortunadamente Alberta y Teresa que están aquí presentes, ya rompieron varios techos de cristal, y hoy tienen agroindustria.

Pero la persistencia en la discriminación se agrava más, además de la desigualdad, la pobreza y la impunidad a la que se enfrentan estos grupos.

De acuerdo con CONEVAL, en el 2017, casi 8 de cada 10 personas hablantes de lengua indígena viven en situación de pobreza, 77.6, y más de un tercio de entre ellos, en pobreza extrema, 34.8; 6 de cada 10 de ellas ocupa empleos de baja calificación, estas cifras mucho mayores al promedio nacional muestran una correlación entre la discriminación percibida por estos grupos y la realidad de su situación.

Así pues, este libro que hoy presentamos, no solo debe servir como testimonio de la injusticia a la que se enfrentan miles de mexicanas y mexicanos de manera cotidiana, sino que debe también ser un llamado a la acción tanto para la sociedad como para las instituciones del Estado mexicano, cuyas prácticas discriminatorias son las que deben de erradicarse con mayor urgencia, y al que se tienen las peores consecuencias.

Finalizo esta presentación, citando a Estela Hernández, hija de Jacinta, esta jornada del 22 de febrero, quien asegura que este caso transformó sus vidas, al hacerles ver, saber y sentir que las víctimas nos necesitamos, que lo que al otro le afecta tarde o temprano me afectará a mí.

Por eso mi más, mi más sincero reconocimiento al espíritu combativo de estas valientes mujeres quienes en su búsqueda incansable por la justicia, la reparación del daño y el reconocimiento público de su inocencia, encarnan la dignidad humana y sientan un precedente en favor de los grupos más vulnerables de nuestro país.

Felicidades y felicidades a Miguel por este gran libro que hoy presentamos.