Comparecencia del secretario Alfonso Navarrete Prida - Mensaje de apertura

Fecha de publicación:

16 de octubre de 2018

Sinopsis

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Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, señoras senadoras y senadores de la República.

 

Señor senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva del Honorable Senado de la República.

 

Muy respetables señoras y señores senadores.

 

En cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acudo al Senado de la República para ampliar la información sobre las políticas, acciones y resultados en materia de política interior, de los que se ha dado cuenta en el Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

 

Comparezco ante una Cámara de Senadores plural, producto de la elección más concurrida de la historia de nuestro país, con la participación de más de 56 millones de mexicanos.

 

Una elección que pese a su complejidad, con más de 18 mil cargos de elección en juego y cerca de 80 mil candidatos, transcurrió en paz y demostró la madurez y la fortaleza de nuestras instituciones democráticas.

 

La jornada electoral del pasado primero de julio, es resultado de una reforma política surgida del diálogo y consenso entre las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, en el marco del Pacto por México.

 

Reforma que permitió por primera vez en la historia de México, tengamos prácticamente paridad de género en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales, que favoreció la equidad en las contiendas mediante la regulación de la propaganda de los partidos políticos.

Que fortaleció a la autoridad electoral al transformar al Instituto Federal Electoral, en el Instituto Nacional Electoral, dotándole de mayores capacidades, y a los institutos estatales en organismos públicos locales electorales que podrán ser apoyados para el desarrollo de sus procesos electorales, el INE.

 

Es en ese marco, el trabajo efectivo de presidentes municipales y legisladores, que ahora puede ser evaluado, calificado y reconocido por la ciudadanía mediante la reelección.

 

La renovación de las Cámaras del Congreso de la Unión y de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal de forma ordenada, fue también posible gracias al intenso diálogo con dirigentes de partidos, gobernadores, candidatos, líderes sociales y autoridades electorales para garantizar las condiciones de gobernabilidad necesarias para que se llevara a cabo con paz y con certeza.

 

Ese ha sido un objetivo prioritario de la política interior que tengo el honor de encabezar: garantizar la gobernabilidad, la estabilidad política y paz social, tarea que corresponde a todos, a los Poderes de la Unión, a los órdenes de gobierno y a la sociedad en su conjunto.

 

Este Gobierno ha privilegiado ante todo la política, el diálogo y la construcción de acuerdos como la vía para la transformación del país.

 

Garantizar la gobernabilidad, la estabilidad política y la paz social, es un asunto del Estado mexicano en su conjunto.

 

Exige seguir trabajando en corresponsabilidad, haciendo del diálogo la mejor herramienta para alcanzar acuerdos y superar retos.

 

Por la vía de las instituciones, que con el trabajo de muchas generaciones nos hemos dado los mexicanos, es como hemos resuelto nuestros conflictos y nuestras diferencias.

 

Es a través de las instituciones que se han puesto en marcha políticas públicas que incluyen a la gente, que son transversales, que mejoran la vida de las familias mexicanas, y se ha trabajado para fortalecer el Estado de Derecho, aprovechando las capacidades y recursos a nuestro alcance, para hacer frente a diversos desafíos, uno de ellos de enorme complejidad que es la seguridad nacional y la seguridad pública.

 

Es de reconocer que a pesar de intensos esfuerzos, los problemas en materia de seguridad pública siguen siendo enormes y que los niveles de violencia alcanzados en algunas regiones del país, exigen reforzar acciones concretas para devolver niveles necesarios para la seguridad de las familias de nuestro país.

 

Se ha sido sensible al reclamo ciudadano de mayor seguridad y comprometidos a combatir la inseguridad que nos preocupa y que nos ofende a todos los mexicanos.

 

La violencia tiene causas multifactoriales, muchas de ellas asociadas con algunos factores externos, como la expansión de actividades ilícitas de los grupos delictivos vinculados con crimen transnacional, que aprovechan la porosidad de las fronteras y han sofisticado sus métodos sirviéndose de avances tecnológicos, lo que incrementa los retos.

 

Y otros de carácter interno, como son los procesos de urbanización del país, el cambio en su pirámide poblacional y la transición epidemiológica que experimenta nuestra sociedad desde hace ya algunas décadas.

Ante ello, esta administración emprendió un esfuerzo sin precedentes para fortalecer las instituciones de seguridad del Estado.

Se destinaron en esta administración, 82 mil millones de pesos, es decir, casi un 25 por ciento más recursos que la administración inmediata anterior, para las autoridades de seguridad locales, para el mejoramiento y modernización de instalaciones, además de la capacitación y dignificación de la Policía Federal.

Existe una enorme debilidad institucional que presentan algunas corporaciones de seguridad pública estatales y municipales, cuando uno de cada cuatro municipios del país no tiene capacidad de cumplir con la obligación constitucional de brindar seguridad pública, al carecer de un cuerpo de policía.

Las tareas de seguridad han sido asumidas de manera subsidiaria y temporal por nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Federal.

Soldados, marinos y policías federales, han hecho su mayor esfuerzo con valentía, con lealtad, arriesgando su vida en auxilio de comunidades afectadas por la delincuencia. Para ellos, el mayor reconocimiento del gobierno federal.

El profesionalismo, la dedicación de los integrantes de la Policía Federal, ha sido patente en todo momento en que se ha solicitado o requerido de su ayuda en cualquier rincón del país.

La participación de fuerzas federales en materia de seguridad pública, requiere no obstante, una definición del marco legal para resolver el reto que representa la convivencia de soldados y de civiles en tareas de seguridad en tiempos de paz, como lo establece la Constitución, siempre con irrestricto apego a los derechos humanos.

A nivel federal, se realizaron acciones significativas de fortalecimiento institucional a través de la capacitación y la profesionalización de las corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales.

Destaco, entre otras, la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro, y el fortalecimiento de las Unidades Especializadas en el combate a este delito en las entidades federativas, para coordinar y dar seguimiento a las acciones y para hacer frente a este grave delito.

Esto ha permitido, constatado, por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, reducir la incidencia del delito del secuestro en 54 por ciento, al comparar agosto del 2018 contra el mes de octubre del 2013, cuando este delito alcanzó su máximo histórico.

También se puso en operación el número único de atención a llamadas de emergencias, el 911, que hoy tiene cobertura en todo el país, significó pasar de 600 números de emergencia que existían en el país, a solo uno, lo que ha facilitado su identificación nacional y mejorado operación y eficacia.

Se creó el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia que concentra la información y define estrategias, así como cinco centros regionales para mejorar el intercambio de datos, la coordinación y la implementación de soluciones locales.

Por otro lado, la Comisión Intersecretarial para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, ha encabezado un esfuerzo nacional e internacional para construir una política intersectorial en la materia.

Se puso en marcha el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para complementar la estrategia de seguridad del gobierno federal.

Este es el primer programa transversal a nivel nacional en el que de manera coordinada las dependencias federales y los gobiernos estatales participan en la reducción de factores de riesgos, y a su vez, en la creación de factores de protección para la población más vulnerable, sea nivel primario o sea nivel secundario en prevención social.

Además, a través del Programa Nacional de Prevención del Delito, el PRONAPRED, se destinaron ocho mil 500 millones de pesos a 121 polígonos de atención prioritaria en todo el país, con lo que se desarrollaron 13 mil acciones en materia preventiva.

En materia de protección civil, se ha consolidado un gran sistema nacional donde hay protocolos, normas, sistemas de monitoreo y de comunicación de vanguardia, que es reconocido a nivel internacional como un modelo a seguir.

Este sistema se puso a prueba en varios momentos, con los huracanes Ingrid y Manuel en 2013; Odille en 2014, y Patricia en 2015, en 2017 con el mayor desafío que enfrentó esta administración, no solo como gobierno sino como país, fueron los sismos del 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca, y del 19 de septiembre en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México y nuevamente Oaxaca.

Frente a estos fenómenos de la naturaleza y sus consecuencias, especialmente en el caso de los sismos, el país pudo demostrar lo mucho que hemos avanzado en protección civil, en sistemas de monitoreo y de respuesta ante emergencias en más de 35 años.

Gracias a ello, y a pesar de la magnitud destructiva de estos fenómenos, la lamentable pérdida de vidas no se dio en la proporción que podría haber sucedido, sin el avance que como país hemos logrado en materia de protección civil.

Ante estos hechos, quedó demostrada nuevamente la unidad y solidaridad de los mexicanos, ya que juntos, sociedad y gobierno pudimos superar la emergencia.

Asimismo, hemos impulsado una política de derechos humanos integral.

Durante esta administración se amplió y fortaleció el entramado institucional para su protección, promoción y defensa.

Así lo acredita entre otras cosas, la política nacional de igualdad implementada por esta administración, que ha permitido avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres, particularmente en el derecho a vivir una vida libre de violencia y sin discriminación por razones de género.

También la construcción de más de 30 centros de justicia para las mujeres, casi la totalidad de los 40 centros de justicia que existen en operación el día de hoy se construyó en esa administración y se puso en operación.

Muy importante ha sido de igual manera, el avance en la atención y protección de los derechos de las víctimas.

Uno de los primeros compromisos cumplidos por el Presidente de la República, fue la emisión de la Ley General de Víctimas, que creó la Comisión Ejecutiva de Atención a las mismas.

Para mejorar la atención de las personas menores de edad, el Ejecutivo Federal presentó como iniciativa preferente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que fue aprobada por la Sexagésimo Segunda Legislatura, con lo que entró en operación todo un sistema nacional para su protección.

De especial relevancia fue la reforma al artículo constitucional al artículo 123, que prohíbe el trabajo a menores de 15 años, y que permitió que México ratificara uno de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

Asimismo, el año pasado con opinión y acompañamiento de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, se aprobó la Ley General en la Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que mandata la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual ya está en funcionamiento y dando resultados.

A este marco jurídico, se suma la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, aprobada el pasado mes de abril, la cual facilita gestiones y trámites diversos de familiares de personas desaparecidas a partir de una declaratoria que se hace en el nivel federal.

Se publicó en 2017 la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura, y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes para investigar y perseguir de oficio este grave delito.

Se fortaleció la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, a través de la coordinación y colaboración entre dependencias federales, los Poderes Legislativo y Judicial y los otros órdenes de gobierno, desde la cual se pusieron en marcha campañas para ser visible y concientizar el hacer frente a este flagelo.

Para atender problemas y demandas de los pueblos y comunidades originarias del país, en 2013, se crea la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, en ella se han celebrado más de mil 700 foros de consulta con comunidades indígenas de todo el país.

En esta administración se asumió la responsabilidad de concluir la fase de implementación y avanzar en la consolidación del Sistema Penal Acusatorio.

Para ello, este gobierno invirtió cerca de 18 mil millones de pesos, representó el 90 por ciento del total de los recursos federales asignados al proceso, desde su implementación que arrancó hace ya 10 años.

Mientras que en 2006 un procedimiento penal se resolvía en promedio en 263 días en el fuero federal y 185 días en el fuero común, actualmente el 77 por ciento de los procedimientos penales se resuelven en menos de 30 días, y van directamente ante un juez.

Además, este nuevo sistema da privilegio a la reparación del daño a las víctimas, la protección de los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia a las personas.

Sin embargo, este nuevo sistema de justicia presenta enormes desafíos en varios aspectos, con lo que se ha llamado la puerta giratoria, que debe, sin duda, atenderse a la brevedad.

A todo esto, se suma la reducción del número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la administración pública federal.

Se redujo en un 14 por ciento el número de recomendaciones respecto al sexenio pasado, menos del 1 por ciento de las quejas derivan en recomendaciones, y las que lo han hecho, se han aceptado en su totalidad, y se han atendido.

Tan solo este año, han sido atendidas más de 30 recomendaciones y se espera cerrar con otro buen número.

En materia de migración, se ha desplegado una estrategia integral desde un enfoque de derechos humanos.

Para proteger a los mexicanos que viven en el exterior y vuelven al país, se fortaleció el programa Paisano, y para facilitar la reinserción social y económica de los mexicanos que retornan en forma definitiva, se puso en marcha la estrategia Somos Mexicanos.

Con estas acciones se ha dado apoyo a cerca de un millón de mexicanos desde 2014.

De igual manera, para garantizar los derechos y la dignidad de los migrantes que ingresan al país por nuestra frontera sur, se puso en marcha en marcha el programa Frontera Sur, y se entregaron casi 90 mil tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo, y más de 500 mil tarjetas de Visitante Regional.

Esto permite a los migrantes, empoderarse frente a cualquier situación vejatoria que se les intente cometer, porque tienen un instrumento de identificación y de regularización, independientemente de su condición en su momento en que se están estando en el país. 

Desde el 20 de junio pasado, la Secretaría de Gobernación expidió cerca de 100 mil CURP a extranjeros solicitantes de residencia temporal, asilo o refugio humanitario, garantizando así su derecho a la identidad y el acceso a diversos trámites y servicios.

 

Por primera ocasión, contar con un documento de identificación que permite empoderar a esta población y evitar por sí mismo, que se puedan cometer abusos en su perjuicio.

 

En conjunto, con estas acciones se ha trabajado con Guatemala, El Salvador y Honduras, en la búsqueda de soluciones desde la óptica del desarrollo de oportunidades, de capacitación en materia laboral y de ingreso a sus países.

 

Se está convencido que tendiendo puentes y abriendo nuestras puertas a quienes enfrentan amenazas y se encuentran vulnerables, México fortalece internamente y sienta la pauta para que otros países sigan su ejemplo.

 

Es así, como en la administración del Presidente Enrique Peña, hemos trabajado en favor de México y los mexicanos.

 

El Gobierno de la República escuchó reclamos, reconoció pendientes, y ha aceptado errores. Sin embargo, es claro que los retos del país requieren corresponsabilidad y de un esfuerzo de Estado.

 

Reconocemos, reitero, que los retos son muchos e importantes. No obstante ello, este gobierno no deja ni crisis ni política, ni económica, ni social. Por el contrario, el Presidente de la República ha cumplido prácticamente con los compromisos que hizo a los mexicanos y con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

 

Se alcanzaron cifras récord de inversión extranjera directa, 182 mil millones de dólares que representan 50 por ciento más que en la pasada administración.

 

Se tendrá una cifra histórica de cuatro millones de empleos formales, adicionales, con seguridad social al concluir la administración.

Se lleva 22 trimestres consecutivos de crecimiento económico sostenido, acumulando así un crecimiento 13 por ciento mayor al registrado en la administración anterior, que fue de 6.8 por ciento, y la antepasada, que fue de 7.4 por ciento.

 

Pasamos por ello, del lugar 15 al 6, en visitantes extranjeros en solo seis años.

 

Se han otorgado más de 10 millones de créditos para la compra, construcción o mejora de vivienda, significa que 1 de cada 3 créditos en la historia del INFONAVIT se entregó en esta administración.

 

Más de 2.2 millones de mexicanos superaron la condición de pobreza extrema en los primeros cuatro años de la administración; 6.2 millones de mexicanos más obtuvieron acceso al sistema de salud pública, los datos son del INEGI y del CONEVAL.

 

Se amplió la cobertura de la educación media superior, de 66 a 84 por ciento, y la educación superior de 32 a 38 por ciento en estos seis años.

 

Se impulsó un desarrollo sostenible, promoviendo siete zonas económicas especiales para llevar inversión y empleo a comunidades con mayor rezago, y se han establecido reservas ecológicas, entre ellas, la del Parque Nacional de Revillagigedo y sus islas.

 

Todos estos y otros resultados son signos inequívocos que México ha avanzado con firmeza en seis años.

 

No se puede escatimar, como no se puede tampoco disimular los retos que quedan por venir.

 

A poco tiempo de que concluya el Gobierno del Presidente Peña Nieto, hoy tenemos un país con gobernabilidad democrática, con instituciones fuertes, con una imagen internacional sólida, con finanzas sanas y con una economía estable.

 

Ahí están resultados que permiten poner en perspectiva que México aún tiene retos formidables en una sociedad dinámica como la nuestra, pero cuenta, sin duda, con significativos avances que dan certidumbre, confianza y estabilidad para seguir construyendo un México que todos deseamos.

 

Quedo respetuosamente atento a sus preguntas y cuestionamientos.

 

Muchas gracias.