La decisión de lograr la efectiva implementación de la Reforma, se plasmó como el primer objetivo del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014 – 2018. El proceso de implementación se impulsó a través de tres ejes fundamentales: la capacitación a las y los servidores públicos, la difusión social y la armonización de la normatividad administrativa con los principios y contenidos constitucionales de derechos humanos.

Entre los logros del proceso de implementación se pueden mencionar la capacitación de más de 43 mil servidoras y servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno en todo el país sobre los contenidos y alcances de la Reforma; la revisión de la normatividad administrativa de las dependencias de la Administración Pública Federal para su armonización con los principios constitucionales en la materia, así como la difusión de los principios constitucionales entre la población a fin de fomentar su conocimiento y exigibilidad.

Una estrategia fundamental para avanzar en la implementación de la Reforma ha sido la articulación de esfuerzos con autoridades de los tres Poderes y órdenes de gobierno, así como la suscripción de convenios y bases de colaboración con instituciones clave en esta tarea como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A. C., con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de Desarrollo Social.

A siete años de la promulgación de la Reforma es preciso hacer un justo balance de los avances logrados en su implementación pero particularmente, en los retos pendientes para lograr la plena vigencia de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución.