Informe Anual de la Comisión Intersecretarial Contra la Trata de Personas

El Gobierno de la República ha asumido con responsabilidad el reto del combate a la trata de personas. Conscientes de que México figura como país de origen, tránsito y destino de posibles víctimas de este delito, en las diversas finalidades de explotación previstas por la Ley de la materia, las acciones que refleja el presente informe dan cuenta de ello.

Secretaría de Gobernación | 25 de octubre de 2018

Por quinto año consecutivo la Secretaría de Gobernación, que preside la Comisión Intersecretarial, ha impulsado las acciones de coordinación en la estrategia integral que para la erradicación de este flagelo han sido instrumentadas por las instancias y dependencias que participan en ella, contando con la participación decidida y activa de la sociedad civil. 

El presente documento refleja los efectos de las sinergias y esfuerzos coordinados de los integrantes y participantes de la Comisión Intersecretarial, quienes, desde sus responsabilidades institucionales contribuyen a la visibilización y contención de estos delitos, así como a la protección y atención de las víctimas. 

Sabemos que aún falta mucho por hacer. El camino que trazamos, al inicio de esta administración, para el combate a la trata de personas se ha andado, a pesar de los múltiples obstáculos y complejidades propias de un fenómeno multidimensional como éste. 

“La complejidad del problema de la trata de personas deriva no sólo de diversas conductas, medios y fines de su comisión, sino muy especialmente del entramado de condiciones que ponen en riesgo a un número considerable de la población de un país que, como México, está abriéndose paso hacia el desarrollo y el progreso humano, y a pesar de que se han realizado esfuerzos sustanciales, aún son insuficientes para estabilizar y extender su desarrollo financiero, lo que le impide elevar la calidad de vida de mayores sectores de su población”.

El Estado Mexicano reconoce la importancia de las labores que se realizan a través del diálogo abierto con la sociedad civil, funcionarios públicos, organismos, instituciones y dependencias, para abordar la protección de personas, como una prioridad en esta materia. 

Este informe ratifica la voluntad de hacer públicos los resultados de esta interacción, para que el diálogo constructivo tenga como base información sistemática, comparable y evaluable. 

En los siguientes seis capítulos el lector encontrará información de los resultados en materia de coordinación interinstitucional; panorama legislativo; identificación y atención 

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