La justicia es un principio fundamental para garantizar que los derechos y libertades de toda persona sean respetados.

Un principio que en todo país democrático debe guiar siempre el quehacer de la autoridad.

Y un principio que para hacerse realidad, requiere de instituciones imparciales, que actúen con objetividad, profesionalismo y transparencia.

En ello, las y los procuradores y fiscales, son claves, porque son ustedes la primera puerta para que víctimas y ofendidos reciban un trato digno y sin discriminación.

En ustedes está la responsabilidad de garantizar investigaciones sólidas, con sustento científico y apego al debido proceso.

Está la responsabilidad de conducir el esclarecimiento de los hechos delictivos, así como la identificación y sanción de quien sea culpable.

En suma, se trata de que la justicia funcione, ofrezca resultados y sea siempre confiable.

Ese es el objetivo de la transformación que ha impulsado el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, en materia penal, y que juntos estamos llevando a cabo.

Se trata, como aquí se ha dicho, de una transformación que ha requerido de todas y de todos los mexicanos, y por supuesto de las instituciones que ustedes presiden.

Y aquí les extiendo un reconocimiento por la intensa labor que han realizado para modernizar y actualizar estructuras y procesos internos en las procuradurías del país de cara al nuevo sistema.

Y muy importante, adaptándose con apertura a nuevas formas de trabajar y de pensar.

Debemos seguir avanzando día a día, con esa misma determinación, porque la entrada en vigor del Sistema Acusatorio, es tan solo un primer paso.

El reto ahora, es que el Sistema funcione bajo las condiciones óptimas que la ciudadanía merece, porque poner la justicia al alcance de todas y todos, no es asunto de fechas, sino una labor permanente.

Por eso no podemos ni debemos bajar la guardia. Hay que seguir trabajando en cada frente, incluyendo, por supuesto, la forma de procurar justicia.

Se trata de evaluar resultados a partir de indicadores puntuales que permitan mejorar la operación de sus instituciones.

Se trata de que sin importar condición social o lugar de origen, quienquiera que sea víctima de un delito, tenga la certeza de que las procuradurías y fiscalías siempre estarán ahí para protegerle y defenderle.

En suma, se trata de poner fin a la impunidad transformando los procesos, y con ello, transformando a la justicia.

Sé que estos días serán importantes para reflexionar acerca de este tema, y que habrán de abordar distintos puntos que son importantes para la labor y responsabilidad que tienen.

Permítanme referir a dos que considero deben ser revisados de manera prioritaria, y sé que está en la agenda de trabajo.

Primero, la conformación del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes que mandata la nueva ley.

Hay que llevar a cabo los cambios para que las y los jóvenes que cometan un delito, encuentren siempre una alternativa para reinsertarse en la sociedad.

Que sepan que tienen futuro, y que si lo construyen en la legalidad, cuentan con todo el respaldo de las instituciones.

Para ello es fundamental que los ministerios públicos reciban la capacitación necesaria para transitar, en la práctica, de una visión tutelar a una garantista.

Y en segundo lugar, me refiero al tema que está en la agenda y que es prioritario, las estadísticas y las circunstancias merecen atender de mejor manera este tema. Me refiero a la violencia contra las mujeres.

Se trata de un problema que exige, sin duda, una respuesta de la sociedad, pero también, una acción contundente y comprometida de las instituciones.

Por eso celebro, como lo ha referido la Procuradora, que se esté trabajando en la Norma de Calidad para la Atención Ministerial, que será clave para brindar a las víctimas el apoyo que merecen.

Por nuestra parte, y junto con otras dependencias, hemos desplegado una intensa estrategia para prevenir, sancionar y erradicar este flagelo.

Y como Secretario de Gobernación, pero sobre todo como mexicanas y mexicano, no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para exhortarlos a redoblar esfuerzos.

Porque como país, hay una deuda pendiente con las mujeres que tenemos que saldar, y eso comienza por garantizar el acceso a la justicia de quienes han sido víctimas de la violencia de género, y por castigar a quienes la cometen.

Para avanzar en ello, hay pasos concretos que las procuradurías y fiscalías pueden dar:

Primero, investigar como feminicidio cualquier muerte de mujeres que no sea accidental.

Segundo, que las medidas de protección a mujeres víctimas de violencia surtan efecto sin necesidad de que se levante una denuncia.

Tercero, que los Centros de Justicia para Mujeres cuenten con el presupuesto necesario.

Cuarto, y muy importante, porque eso lo provoca la autoridad, que no se utilice la mediación para casos de violencia de género.

Quiero insistirlo, cuando una autoridad provoca mediación y un acuerdo, lo único que está provocando es que mañana una víctima de violencia no regrese lastimada, que sería lo menos, regrese como parte de una estadística de feminicidio.

Por eso, no provoquemos mediación, que se haga justicia y que se dé a quien ha afectado a las mujeres, ha lastimado, el castigo que merece. Eso tenemos que pensar las y los mexicanos.

Quinto, que se consideren los delitos contra las mujeres como delitos de alto impacto y no como asuntos privados.

Sexto, que todas las procuradurías y fiscalías atiendan las alertas de violencia de género de manera prioritaria.

Y por último, y también muy importante, se debe garantizar que ninguna mujer tenga miedo de acercarse a las instituciones para denunciar.

Es decir, se debe hacer realidad el derecho de acceder a la justicia en igualdad, porque para ser plena, la justicia tiene que estar al alcance de todas y de todos.

Y permítanme en este caso, sí poner prioridad, al alcance de ellas, de las mujeres, de las grandes mujeres que tiene este país.

El respeto a la ley y a la dignidad de las personas son obligaciones que la autoridad debe asumir a cabalidad, porque ambos son pilares para mantener la concordia, la tranquilidad y la convivencia social.

Ello nos llama a seguir trabajando en unidad y corresponsabilidad, ante las tareas que faltan por cumplir, consolidando la justicia cercana, expedita e imparcial que nuestro país merece.

Refrendando al Estado de Derecho como el mejor garante de bienestar, seguridad y desarrollo de la nación.

Así lo exige la ciudadanía, y así lo exige México.

Tenemos mucho por hacer, y en estas reuniones seguramente van a dar un paso fundamental para darle justicia y para acabar con la impunidad en este país.