La Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011 ha puesto a México a la vanguardia en el reconocimiento jurídicamente exigible de los derechos, que está dirigido a mejorar las condiciones de vida de cada persona. El reto que enfrentamos es difundir y hacerla aplicable en cada rincón del país, es una tarea que nos involucra a todas las autoridades y a las instituciones sociales.
Desde el Gobierno de la República se elaboró el Programa Nacional de Derechos Humanos que marca la ruta a seguir para consolidar una política de Estado en la materia y revertir las inercias estructurales y culturales que aún propician graves afectaciones a los Derechos Humanos en nuestro país.
Los programas estatales son un instrumento básico para la promoción y defensa de los Derechos Humanos, a través de ellos se pueden articular políticas públicas que busquen:
- Materializar los derechos, no sólo como aspiración o como bien jurídico reconocido.
- Incluir la participación efectiva de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil.
- Atender a grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación.
- Fomentar la rendición de cuentas y la transparencia.
- Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de derechos humanos: respetar, promover, garantizar y proteger.
- Transformar las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales.
- Atender de manera directa las necesidades más inmediatas en materia de derechos humanos
- Ayudar a consolidar una sociedad de derechos, en la que las personas gocen de las condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, que les permitan desarrollarse libremente.
- Ayudar a consolidar una sociedad de derechos donde las personas tengan igualdad de oportunidades económicas y sociales.
- Articular acciones para evitar las violaciones a derechos humanos y prevenir la impunidad.