Discurso No. 073

Palabras del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, durante la Reunión de Evaluación preliminar y de acciones de trabajo inmediatas por el huracán ‘Ingrid’ y la tormenta tropical ‘Manuel’

México, D.F., 25 de septiembre de 2013.

Muchas gracias señor Presidente.

Con su permiso, no quisiera iniciar sin destacar la presencia -ordenada por usted- en el Estado de Colima para trabajar de la mano y en coordinación con el gobierno del estado, lo cual se hizo durante el periodo más álgido de la emergencia, constatando no solamente la efectiva coordinación de las acciones de prevención tomadas por el gobierno del estado, sino auxiliando en determinadas labores a la población que se encontraba en riesgo en esos momentos.

Como ya se ha dicho aquí, las atribuciones de la SEDATU comprenden ahora diseñar la estrategia de operación para la instrumentación de las acciones de vivienda en casos de desastres naturales; es también responsable de administrar los recursos del FONDEN, de aplicar la metodología diseñada para captar y procesar la información socioeconómica y daños de la familia; coadyuvar con la entidades federativas para la instalación de atención social; vigilar que se apliquen correctamente los recursos, y para ello requiere participar en las brigadas técnicas de verificación de las obras y brindar asesoría a los ejecutores de la instrumentación. Estas son atribuciones que en las modificaciones a la Ley Orgánica propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso pasaron a formar parte de esta Secretaría.

A partir del 17 de septiembre, y demostrando las bondades de esta modificación, cuatro dependencias: la SEDATU, el Registro Agrario, la Procuraduría Agraria y la CORETT, trabajan en estas acciones de evaluación de daños, sobre todo en el tema de vivienda y de infraestructura urbana. Ante estas contingencias están presentes equipos de estas brigadas en más de 300 municipios, destacando particularmente los 133 que cuentan con la declaratoria de FONDEN.

A las cero horas del día de ayer, es decir, al último corte diario, la suma de daños evaluados arrojaba 26 mil 009 afectaciones a vivienda, de las cuales 3 mil 850 acreditan una reconstrucción total. Si bien es cierto que el avance del 29% de este censo, hay que señalar que prácticamente ocupa ya la totalidad de Acapulco y Chilpancingo, este es un número importante a considerar.

¿Cuáles son las principales afectaciones que registra el sector por estos fenómenos inéditos? En primer lugar, si consideramos que Veracruz, Guerrero y Chiapas concentran el 31% de los beneficiarios de los programas agrarios, encontramos un severo retraso en su aplicación cuando no la pérdida de algunos cultivos y de algunos animales. Es evidente que quienes más sufren estos fenómenos son las áreas rurales, particularmente los que viven en núcleos agrarios, hay un mayor deterioro en las condiciones de vida, un posible incremente en la incidencia de conflictos agrarios, la pérdida de sus documentos que acreditan tanto su propiedad como su personalidad, y sobretodo en retraso de la tramitación de juicios de deslinde que implican, retrasos en beneficios económicos para ellos.

En materia de ordenamiento territorial, se paralizan todos estos estados que son a su vez, Chiapas, Tabasco, Veracruz, los que tienen mayor incidencia de conflictos agrarios, los trabajos de medición, los trabajos de modernización de catastro, se afecta la movilidad a las zonas metropolitanas, se ponen en riesgo asentamientos humanos sobre todo las irregulares, por supuesto se incrementan las zonas de riesgo.

El más visible de los daños que producen estos fenómenos en el sector está sin duda en el tema de la vivienda; esto va a obligar a que la Secretaría haga ajustes presupuestales en materia de infraestructura, sobre todo en los programas los programas que se dedican a esta vertiente, como son Hábitat y Rescate de Espacios Públicos, ante la disminución de las capacidades de los municipios a cumplir con la aportación de los recursos en los programas que coordinamos. Otro dato importante es la afectación a unidades habitacionales, disminuye el valor de la vivienda, se incrementa la cartera vencida, se incrementa el número de viviendas abandonadas y se deteriora la accesibilidad de espacios públicos.

En materia de vivienda rural sucede exactamente lo mismo que en los programas sociales, el 32 % de la vivienda rural, de los beneficiarios de vivienda rural, se concentran en Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán, esto implica retrasos en la construcción con el consecuente costo financiero para quienes están desarrollando las obras.

¿Cuáles son las acciones a seguir? Por supuesto se continúa aceleradamente el levantamiento de este censo, pero al mismo tiempo se desarrolla ya un programa de construcción de vivienda para aquellas que tengan que ser reconstruidas, involucrando activamente a la iniciativa privada, a organizaciones de asistencia social y a los organismos nacionales de vivienda.

Estamos revisando las reglas de operación de los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos, para bien flexibilizar montos y plazos de aportación de los recursos municipales para aquellos municipios de la zona afectada así como, para permitirles priorizar nuevas obras en función de las necesidades más urgentes derivadas de esta emergencia. A través del Programa Hábitat y en coordinación con la SEDESOL, se implementa el programa de apoyo a hogares en las zonas más afectadas, principalmente en el estado de Guerrero con un monto de 300 millones de pesos.

El INFONAVIT desarrolla un programa de rehabilitación y acciones de mejora en las unidades habitacionales de esta dependencia, vigila la aplicación del seguro contra daños en las viviendas de las unidades habitacionales con créditos vigentes, y en coordinación con Sociedad Hipotecaria Federal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público establece un fideicomiso de hasta 250 millones de pesos para que esta cobertura alcance también, a aquellos beneficiarios cuyo crédito ha sido saldado y ya no está vigente.

En total, el INFONAVIT si ha cerrado ya su evaluación de los daños, se presentan seis unidades que presentan daños severos, dos de ellas en Guerrero, en el municipio de Acapulco; y 4 de ellas en Sinaloa, haciendo un total de seis mil 876 viviendas con daños importantes, de las cuales cuatro mil 541 se encuentran en el municipio de Acapulco. La reparación de daños que aplica el seguro del INFONAVIT oscila entre los 40 y los 11 mil pesos y está ejecutándose en este momento.

Igualmente el INFONAVIT, por instrucciones del Presidente de la República, otorga un periodo de gracia de seis meses en el pago de las hipotecas de los derechohabientes de las zonas afectadas; igualmente se otorga este mismo plazo a los empleadores en los municipios o estados declarados en zona de desastre para el pago de las aportaciones al Instituto. Por lo que respecta al FOVISSSTE, en el municipio de Acapulco se hace cargo de la rehabilitación total de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero y mantiene la presencia de módulos para la aplicación del seguro de daño en todo el municipio.

Estamos pasando a la etapa de las siguientes acciones. Es indispensable impulsar la autoconstrucción regulada a través de programas de subsidio y mantener una política coordinada con los estados y municipios ante la presencia de asentamientos irregulares.

Incrementaremos el número de municipios que realizan sus Atlas de Riesgo, creando una vertiente adicional que es la actualización de los Atlas de Riesgo toda vez que muchos de los que efectivamente cuentan con estos atlas hoy se encuentran fuera de orden, vinculados por supuesto a los programas de desarrollo urbano.

De manera muy importante se completa la información del Registro Nacional de Reservas de tierra. Este instrumento, que no existía y se ha creado en esta administración, asegura la inclusión de las capas relativas a las zonas de riesgo, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil dentro del Registro Único de Vivienda, es decir, que puede existir al momento de registrar los proyectos para la realización de obras, fraccionamientos o desarrollos habitacionales, una visión exacta de en qué situación se encuentran.

Desarrollar un programa especial para la ubicación de polígonos donde deben ser reinstaladas las personas cuyas viviendas han sufrido afectaciones, y establecer a través de la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el FIFONAFE, módulos de información para la reposición de documentos agrarios de propiedad o de sucesión en las comunidades afectadas.

Se desarrolla a partir del programa subsidios 2014, programas específicos para la autoconstrucción y especialmente para la reubicación de asentamientos humanos en zonas de riesgo ya existentes.

Mediante los convenios de desarrollo urbano, instruidos por el Presidente de la República en el mes de febrero con los 90 municipios de mayor tamaño del país, se acelera el proceso de integración de reglamentos municipales, de legislaciones locales a la política de desarrollo urbano del Gobierno de la República con énfasis en la protección civil.

Es cuanto señor Presidente.