Boletín No.054 

• La titular de la SEDATU afirma que por primera vez hay una responsabilidad legal de las empresas mineras, ya que por cada peso que pagarán por la explotación, 50% se destinará a los municipios
• “Esto es un cambio radical en la política fiscal del Gobierno de la República”, sostuvo
• Rosario Robles instruyó al Comité a que sesione cuanto antes, a fin de que a la mayor brevedad se destinen los recursos a obras sociales

Oaxaca de Juárez, Oax.- La reforma fiscal del Presidente Enrique Peña Nieto hace justicia social para municipios y comunidades a través del Fondo Minero, porque se va a notar cómo se eleva la calidad de vida de quienes viven de esta actividad económica, dijo la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, al instalar el Comité para el Desarrollo Regional de Zonas Mineras en esta entidad.

Este Comité es un órgano colegiado integrado por representantes de los tres órdenes de Gobierno, comunidades agrarias y empresas mineras, y tendrá entre sus atribuciones definir la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

La secretaria dijo que por primera vez hay una responsabilidad legal de las empresas mineras de favorecer a las comunidades donde están asentadas.

La Reforma a la Ley Federal de Derechos hace justicia a los municipios mineros, “porque por primera vez un recurso que capta la Federación se va de manera mayoritaria a los municipios; de cada peso que pagarán las empresas mineras, 20 por ciento se queda en la Federación, 30 por ciento en los estados y el 50 por ciento en los municipios”, dijo.

Rosario Robles insistió en que cada peso minero va sobre todo dirigido a los municipios mineros, “y esto es un cambio radical en la política fiscal del Gobierno de la República”, que permitirá seguir impulsando el desarrollo de los pueblos y comunidades de Oaxaca, a través del aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

En el caso de Oaxaca, la titular de la SEDATU confió en que se genere la esperanza y la ambición para ampliar su capacidad de exploración y producción de la actividad minera.

La secretaria Rosario Robles instruyó al Comité para el Desarrollo Regional de las Zonas Mineras en el Estado a que sesione cuanto antes, para aprobar los proyectos que sean viables de la carpeta que recibió de manos del gobierno estatal de Oaxaca, a fin de que a la mayor brevedad se destinen los recursos a obras sociales.

El fondo minero –dijo– habla de la visión de desarrollo para los estados del sur del país, a fin de revertir esa imagen de que pareciera que hay dos Méxicos: el del norte, próspero, y el del sur, el rezagado.

Agregó que es una paradoja porque teniendo tantos recursos, tantas posibilidades, hace falta impulsar el desarrollo, por eso de la mano con los gobernadores y los presidentes municipales vamos a promover diversos proyectos de desarrollo regional que puedan detonar todavía más la actividad económica y generar mayores oportunidades de empleo y de ingreso.

El Presidente Peña Nieto ha señalado que la mejor manera de generar bienestar, prosperidad es generando empleos e ingresos que sean sustentables y que permitan mejorar la calidad de vida de las familias oaxaqueñas, destacó la titular de SEDATU.

En este contexto, dijo, se envió por parte del Presidente Peña Nieto, la iniciativa de zonas económicas especiales, y en el caso de Oaxaca se hablaría del corredor transísmico, que va de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, Veracruz, que conectará al Pacífico con el Golfo de México, y que de aprobarse en el Congreso de la Unión, permitirá detonar el desarrollo económico y social de Oaxaca.

De la misma manera se inscribe el Fondo Minero, que es producto de la Reforma Fiscal del Presidente Enrique Peña Nieto, donde se hacen los cambios a la Ley Federal de Derechos para que las empresas mineras aporten un porcentaje de la extracción de metales para que se traduzca en obras y bienestar de se lleva a cabo esta labor económica.

Así, por primera vez, de manera legal, existe esta obligación de las empresas de traducir su intervención en beneficio de los municipios, porque tenemos la paradoja de que tenemos una industria que es muy potente, poderosa en municipios muy pobres, que no ven el reflejo en su territorio.

Hay empresas mineras responsables que venían realizando labores de bienestar y apoyo a las comunidades , sin embargo esta decisión ya no será discrecional, ahora es una obligación establecida por la ley, además la manera en que se distribuyen los recursos son en función de la discusión colegiada que tenga este comité en el que están representadas todas las partes involucradas.

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