Boletín No. 106
  • Al tercer trimestre de este año, la SEDATU y el FONHAPO otorgaron 60 mil 574 subsidios en beneficio de 240 mil personas de escasos recursos
  • Se informó de la operación del naciente Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV)

En la recta final de 2015, el Gobierno de la República a través de la  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) destinó 1 mil 820.1 millones de pesos en 60 mil 574 subsidios para casas nuevas, ampliaciones y mejoramientos en los programas Vivienda Digna y Vivienda Rural, mismos que con esta gestión terminan su operación para dar paso al nuevo Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV).

Al presentarse el informe de autoevaluación de la gestión administrativa correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, mismo que fue aprobado por unanimidad en el marco de la CLXXVII Sesión Ordinaria del Comité Técnico y de Distribución del FONHAPO, presidida por el subsecretario de Desarrollo Agrario de la SEDATU, Gustavo Cárdenas Monroy, en representación de Rosario Robles, el titular de FONHAPO, Ángel Islava Tamayo, hizo un desglose de las actividades del Fideicomiso en este lapso.

Informó que al tercer trimestre de este año del total de los subsidios otorgados, 10 mil 450 fueron para vivienda nueva y 50 mil 124 para mejoramientos y ampliaciones.

Precisó que para las zonas rurales se focalizaron 1 mil 185.2 millones de pesos, igual a 65.1% del recurso ejercido, al otorgar 41 mil 111 subsidios en beneficio de 160 mil 333 personas.

Otros logros importantes de lo realizado al tercer trimestre-2015 de los Programas Vivienda Digna y Vivienda Rural, para los municipios clasificados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como de “Muy Alto” y “Alto” Índice de Rezago Social se ejercieron, con recursos de ambos programas, 542.4 millones de pesos, y se otorgaron 10 mil 714 subsidios en 204 municipios con esta clasificación.

De la inversión total, 68.1% se destinó a 452 municipios catalogados como indígenas, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), otorgando 34 mil 432 subsidios.

Agregó que 51.8% de la inversión, se destinó a subsidios para mujeres jefas de familia, con 33 mil 841 subsidios en beneficio de igual número de familias; 27.4% del recurso fue en subsidios para jóvenes jefes de familia entre los 15 y 29 años de edad, y 13.4% para adultos mayores.

“Dentro de este tema de transversalidad, se otorgaron 288 subsidios a hogares en donde el jefe de familia o alguno de sus integrantes cuenta con alguna discapacidad”, enfatizó Islava Tamayo.

Explicó que al cierre del tercer trimestre de 2015, con los subsidios ejercidos, FONHAPO atendió a 6 mil 187 localidades de 991 municipios del país, beneficiando a 236 mil 239 personas; lo anterior representa haber otorgado subsidios en 40.3% de los municipios establecidos en el país.

Asimismo, puntualizó que en continua atención a la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, de atender la Cruzada Nacional Contra el Hambre, en los 1,012 municipios que formaron parte de la CNCH-2015, se destinaron 1 mil 376.3 millones de pesos para otorgar 42 mil 164 subsidios: 8 mil 152 para vivienda nueva y 34 mil 012 para mejoramientos y ampliaciones, en beneficio de 164 mil 440 habitantes de 3 mil 938 localidades en 518 municipios.

“De esta manera, del monto de inversión federal de ambos programas, destinamos 75.6%  a municipios que forman parte de la Cruzada”, indicó Islava Tamayo.

Respecto al Programa Nacional para la Prevención Social de la Delincuencia y la Violencia, el monto de inversión federal a través de FONHAPO fue de 283.9 millones de pesos, para otorgar 12,346 subsidios, de los cuales 1,686 fueron para vivienda nueva y 10,660 para mejoramientos y ampliaciones, lo cual redundó en un beneficio para 48,149 habitantes, aproximadamente.

En referencia al Fondo Nacional de Garantías de Apoyo a la Vivienda Popular (FONAGAVIP), al 30 de septiembre 2015 se formalizaron 46 contratos de adhesión al Servicio de Garantía del programa, recibidas de intermediarios financieros privados que equivalen a 3 mil 951 millones de pesos en fondeo federal destinado a financiamiento de vivienda en las modalidades de autoproducción y mejoramiento, en el caso de “Jefas de Familia” para adquisición de vivienda.

En el tema de recuperación crediticia, el monto captado fue de 74.78 millones de pesos, logrando un cumplimiento de meta de 123.6%, y subrayó que en este contexto más de 6 mil 600 beneficiarios cuentan con algún esquema de reestructura en sus adeudos.

En el apartado de las gestiones realizadas para la recuperación de la cartera, a septiembre 59.2% de la cartera crediticia se encontraba en trámite de cobranza administrativa y 40.8% en cobranza judicial.

En su último apunte a manera de balance del año, Islava Tamayo indicó que con el ejercicio fiscal de 2015 el FONHAPO ha puesto en perspectiva de cierre definitivo, el ciclo de los dos programas Vivienda Digna y Vivienda Rural “que durante estos tres años, han sido los vehículos de la política de subsidios de nuestra institución”.

“Como es de su conocimiento –dijo Islava Tamayo a los Consejeros- entre los resultados de la evaluación que realizara el CONEVAL este año y en los criterios de la política presupuestal de la Secretaría de Hacienda, se determinó la compactación de los dos programas referidos para dar lugar a uno solo, denominado Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV).

“En ese sentido y sin ánimo triunfalista, es importante subrayar que en la vida útil de esos dos programas se logró que la política de subsidios de FONHAPO no sólo respondiera a los criterios y orientaciones de la política sectorial y de vivienda, sino también a los que conciernen a la política social, específicamente con la Cruzada Nacional Contra el Hambre y con otras líneas de transversalidad de las que informamos oportunamente hasta el día de hoy”.

Y subrayó: “Se trata sobre todo de avanzar en la multiplicación de las acciones de vivienda para abatir el hacinamiento; que la vivienda popular forme parte del esfuerzo sectorial por redensificar las ciudades y reorientar el desarrollo urbano; para construir ciudades más seguras y resilientes, entre otros propósitos que han cobrado la más alta prioridad en la política del Gobierno de la República”.

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