Boletín No.040

• El compromiso incluye que los desarrolladores construyan con visión de futuro, así como que subsidios y financiamientos a vivienda contemplen espacios accesibles.

La misión del Gobierno de la República es que florezcan espacios accesibles e incluyentes para las y los mexicanos. En esta tarea, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, se comprometió -ante representantes de la sociedad civil- a construir un Plan Nacional de Accesibilidad, que propicie políticas públicas en la planeación de metrópolis incluyentes, seguras, resilientes y sustentables.

En el primer -”de muchos que hay por venir”- encuentro “Diálogos por el Derecho a la Ciudad”, con diversas asociaciones civiles de personas con discapacidad, la secretaria Rosario Robles Berlanga, dijo que para cumplir este compromiso, incluso podría darse una reforma Constitucional, a fin de que los municipios participen como primera instancia en la transformación de las ciudades en espacios incluyentes.

“Diálogos por el Derecho a la Ciudad “, funcionará como instancia de consulta pública -explicó- para tejer una retroalimentación permanente con la sociedad, a fin de fortalecer el tejido social e impulsar los procesos de organización civil.

Este primer encuentro de la responsable de la política pública en materia de ordenamiento y desarrollo urbano y territorial, fue con asociaciones civiles que atienden la problemática de personas con discapacidad. Estos espacios de diálogo se extenderán a todos los grupos de la sociedad civil involucrados en la construcción y planeación de ciudades, manifestó la funcionaria.

Luego de escuchar los planteamientos, comentarios, sugerencias, peticiones, quejas, experiencias y demás, la secretaria Rosario Robles asumió los primeros compromisos que incluyen propuestas como: la redacción, con el aval de la sociedad, de este Plan Nacional de Accesibilidad; el vigilar e incentivar que los desarrolladores construyan vivienda con visión de futuro, es decir que atienda a personas de edad avanzada o con alguna discapacidad; y que los subsidios y financiamiento en el sector de desarrolladores de vivienda, premien a quienes faciliten la movilidad y la accesibilidad.

La funcionaria admitió que hacen falta reformas legales y dijo que no se descartaría una actualización al Artículo 115 Constitucional que refiere las facultades de los municipios, a fin de incorporarlos al trabajo de planeación y a la construcción de espacios incluyentes, accesibles y ordenados.

Los representantes de las organizaciones civiles pidieron que la inclusión y la accesibilidad se vean desde el Gobierno Federal, con una visión transversal, porque “si no hay accesibilidad, no se puede ejercer ningún otro derecho, como la educación, la salud, la cultura”, comentó, en su oportunidad, Tayde Buenfil, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

Se recordó que el acceso no sólo es infraestructura física, sino también a la información y, por supuesto, a la educación y la concientización de nuestra sociedad estándar, es decir, los que no presentan una discapacidad, “pero que algún día nos volveremos viejos, con necesidades de accesibilidad”, dijo la periodista y activista por los derechos de las personas con discapacidad, Katia D’Artigues.

D’Artigues, de la organización Comunicación para la Inclusión, dijo que existen recomendaciones universales de Naciones Unidas y, tomando en cuenta que los presupuestos del gobierno son cada vez menores, existe la posibilidad de empezar a trabajar con compromisos y con fechas límites, que nos den un parámetro de que se avanza.

Recordó que es una medida inteligente comenzar a trabajar en viviendas accesibles, porque “la población tiende a envejecer y todos vamos a la discapacidad, así que lo viable, es construir en base a un Plan Nacional de Accesibilidad y Diseño Universal, pues los parches son más costosos que contemplar las necesidades desde un inicio”, agregó.

Lo ideal insistió, es hacer vivienda nueva accesible pero como los presupuestos son escasos, se puede empezar con la vivienda adaptable, por ejemplo, construir un baño en planta baja, o instalar barras o rampas, lo que hará la diferencia en la calidad de vida de las personas que tienen alguna discapacidad

Guillermo Hernández, de la Coalición México por los Derechos de las Personas, coincidió en que las políticas públicas deben ser transversales, pues está probado que cuando se atiende a una persona con discapacidad, el impacto social abarca a cinco personas que son las que están involucradas en el cuidado de quién tiene la limitación física o intelectual.

Laura Bermejo, de la Asociación de Libre Acceso, refirió que el buen juez por su casa empieza y el gobierno federal requiere construir rutas accesibles para que los ciudadanos puedan llegar a las oficinas de los secretarios de estado o funcionarios públicos responsables de los programas sociales.

En México, de acuerdo a los números que manejan las organizaciones civiles, existen 15 millones de personas con una discapacidad física o intelectual.

Los representantes del sector académico representados por la antes mencionada Tayde Buenfil y Deidre Cárdenas, ambas de la Facultad de Arquitectura, de la Universidad Nacional Autónoma de México, recalcaron que en el diseño de las ciudades no sólo debemos pensar en las rampas o la señalización táctil, sino en la educación de la sociedad en su conjunto.

Las dos académicas insistieron en que “un ciego siempre estará atento a la ruta y las instrucciones en lenguaje Braille, pero un automovilista, un ciclista no siempre toma en cuenta las necesidades de quienes tienen una discapacidad y por eso ocurren los accidentes”. Propusieron una armonización en los ordenamientos de la ley y trabajar en la concientización ciudadana.

Karina Tapia de la asociación Vida Independiente, celebró que se abran estos diálogos, por vez primera en la SEDATU, porque -apuntó- “nos permite tener una retroalimentación para elaborar planes funcionales, que reintegrar a las personas con discapacidad, a las personas diferentes, a la vida productiva de este país”.

La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, al escuchar las demandas de las organizaciones, asumió el compromiso para que desde la SEDATU, se acelere el trabajo de esa visión transversal, que implica atender el desarrollo urbano, las comunicaciones, el hábitat como un todo.

Informó que la primera instrucción que dio al asumir la titularidad de la dependencia es contar con todas las Reglas de Operación accesibles en Braille y en 14 lenguas indígenas, como parte de esta política de inclusión.

Rosario Robles asumió el reto que implica trabajar en el plan de accesibilidad en la parte que le compete, con la construcción de vivienda y el rescate de los espacios públicos. Dijo: así como vamos a premiar el acceso a los subsidios de los cuartos adicionales, también habrá incentivos a los desarrolladores que construyan vivienda y su entorno con accesibilidad.

El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU, Juan Carlos Lastiri Quirós, en su intervención, dijo que el intercambio de experiencias con los académicos, con las organizaciones sociales y con los organismos de vivienda, “nos permite ahondar en la visión transversal de atender las necesidades los ciudadanos para que ejerzan a plenitud su derecho a la ciudad”.

Informó que se trabaja con el Poder Legislativo para tener leyes precisas y actuales, que permitan ejercer facultades reales como el poner en marcha los planes de desarrollo para las zonas metropolitanas a fin de generar la accesibilidad plena.

El director general de FONHAPO, Ángel Islava Tamayo, informó que este año ha trabajado en acciones de vivienda accesible para dar calidad d vida a 3 mil familias donde uno de sus miembros tiene un miembro con alguna discapacidad.

Precisó que las viviendas tienen mejoras como puertas más anchas, texturas en la pared y barras para una movilidad óptima dentro de la casa habitación.

El Director General de Espacios Públicos, Edgar Olaiz Ortiz, reconoció que mucho se ha avanzado en la recuperación de espacios públicos pero no se ha privilegiado el acceso para personas con discapacidad, por lo que se tiene que hacer un rediseño para garantizar su movilidad, ” un espacio público no sólo es la plaza, las áreas verdes sino las banquetas, los corredores recreativos y de servicios estratégicos”.

Agregó que la propuesta es certificar los espacios accesibles, porque esto permitirá tener parques, corredores, edificios accesibles y quien no tenga esta calificación tendrá que valorar sus espacios hasta tener ese reconocimiento de accesibilidad y movilidad

Este encuentro -aclaró Rosario Robles- es el primero de muchos que tendremos, a partir de este momento, para que florezcan mil espacios accesibles, que es para lo que trabaja el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.