México, es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, y en consecuencia, es también uno de los países con mayor diversidad pluriétnica, contando con 70 pueblos indígenas y 68 lenguas indígenas.
Paradójicamente, es en estos territorios mayoritariamente rurales de propiedad social, ejidos comunidades agrarias, dónde se encuentra la mayor riqueza natural y también las mayores condiciones de pobreza, injusticia, desigualdad y exclusión, particularmente para las mujeres, quienes durante siglos no han sido reconocidas como lo que son: portadoras de una gran herencia biocultural, conocedoras de sus territorios, de los recursos, de su manejo, conservación y uso, protectoras del patrimonio familiar y muchas veces sostén de sus familias.
Gran parte de ellas, si bien trabajan y participan en la producción, no cuentan con el reconocimiento legítimo que lo acredite, incluso en los casos donde son esposas o concubinas de ejidatarios o comuneros que han fallecido y donde no existe un testamento agrario, y que de acuerdo con lo establecido en la Ley Agraria les correspondería heredar en orden de preferencia, los derechos no se les transfieren.
El Gobierno de la Cuarta Transformación, tiene como prioridad la atención de los grupos más vulnerables y desprotegidos, donde se encuentran las mujeres rurales. Las mexicanas y mexicanos en conjunto, tenemos el enorme reto de generar mejores oportunidades y condiciones de vida para ellas, que se traduzcan en conductas y acciones contundentes de bienestar. Si reconocemos la importancia que representan las mujeres rurales e indígenas, en la vida del resto de las y los mexicanos, estaremos contribuyendo también a la protección de los intereses comunes.
En el actual gobierno, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano promueve el proyecto Mujeres por el acceso a la tierra, en el cual se promueven acciones de coordinación entre la Procuraduría Agraria y otras instituciones y organismos, para impulsar el reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres. Lo anterior, cuando se trata de esposas o concubinas de ejidatarios o comuneros finados, que no designaron sucesores; y donde a través de jurisdicciones voluntarias, particularmente juicios sucesorios intestamentarios, mediante Jornadas de Justicia Itinerantes, y en las cuales se beneficia de forma gratuita y expedita, a un gran número de mujeres, para que se les reconozca la titularidad de sus derechos agrarios.
Como parte inicial y previa al desarrollo de las Jornadas de Justicia itinerante, se lleva a cabo un estudio integral a cargo del área de género de la Sedatu, el cual genera un diagnóstico de las condiciones de las mujeres rurales y su titularidad de derechos, y en general respecto a las condiciones de desigualdad y dificultades que viven en los núcleos agrarios. El estudio “Aproximaciones a los retos que enfrentan en el ejercicio pleno de sus derechos agrarios” es una muestra evidente de tales condiciones, donde además se sugieren temas de atención prioritaria que contribuyan a disminuir la gran brecha de desigualdad en los territorios rurales, así como para el fortalecimiento de la participación de las mujeres en los núcleos agrarios.
Yolanda Beatriz Vera Castillo
Directora General de Apoyo a la Propiedad Rural