A partir del 2019, las acciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se centraron en orientar la Política Nacional de Vivienda en un decálogo de acciones que se basan en algunas premisas como: la vivienda es un derecho y no una mercancía; la focalización de atención a la vivienda en condición de rezago habitacional a nivel nacional; y, el fomento a los mecanismos de atención a la demanda con una oferta flexible y asequible para atención a las diferentes formas de producción de vivienda, entre ellas la autoproducción, todo esto con el principio de un Estado rector en materia de vivienda.
Al inicio de la administración, alrededor de 9,409,845 viviendas se encontraban en condición de rezago habitacional, en tanto la oferta de programas de vivienda no estaba orientada prioritariamente a la necesidad de garantizar el acceso al derecho humano a la vivienda adecuada, lo que identificó la necesidad de ampliar la visión aislacionista de la vivienda a una integral como parte de un ecosistema en la cual converge el suelo, el ordenamiento territorial, la asistencia técnica, el financiamiento y los mecanismos de comunicación y participación para fortalecer el proceso de toma de decisiones de las familias, logrando ponerlas al centro.
En este marco, la Sedatu en estrecha coordinación con los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS) y el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), han impulsado acciones a fin de concertar una Política de Vivienda focalizada en brindar atención a la población históricamente discriminada y a ofertar esquemas de subsidio y financiamiento más flexibles e inclusivos para atender necesidades de mejoramiento, ampliación, o ambas, y así como procesos de regularización, mejoramiento urbano y proyectos emergentes que contribuyan a construir ciudades más equitativas y en favor de los sectores más vulnerables como instrumento de justicia social para garantizar el derecho humano a la vivienda adecuada, fortaleciendo el papel del Estado como rector de la planeación.
De 2018 a 2022, de acuerdo al cálculo de rezago habitacional, se redujo el porcentaje de viviendas en condición de rezago en 3.3 puntos porcentuales; esta disminución impactó a nivel nacional en beneficio de todas las comunidades y con mayor énfasis en las poblaciones con menores recursos, concentrando el 40.7% del total de las 3,769,078 acciones de vivienda que se han realizado durante esta administración, en la región Sur-Sureste del país, de las cuales, 12.2% corresponden a subsidios para población no derechohabiente y de menos de 2.6 veces salarios mínimos.
Siendo el propósito fundamental de la Política Nacional de Vivienda garantizar el derecho humano a la vivienda adecuada y abatir el rezago, el presente documento evidencia los principales avances, logros y retos para orientar las decisiones en materia de política pública. Este primer ejercicio pretende contribuir a la transparencia y a la rendición de cuentas al informar sobre los resultados de las diferentes acciones de la política habitacional.
A partir de un diagnóstico certero y recomendaciones por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)1, resultado de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, se diseñaron y orientaron intervenciones para concertar una política habitacional en el territorio con el objeto de brindar atención prioritaria a población vulnerable e históricamente discriminada que habita en las diez entidades con mayor rezago habitacional a nivel nacional.
El inicio de la administración actual supuso cambios en la lógica en la toma de decisiones que permitieron una reconfiguración interinstitucional que contribuye a la atención de la población objetivo, aspecto que lleva al desarrollo de nuevos programas y estrategias para brindar atención a la población de bajos recursos y con carencias habitacionales.
Este cambio de paradigma, en el que se procura promover la vivienda adecuada como materialización del mandato constitucional de otorgar vivienda digna y decorosa, ha llevado a cambios pertinentes del sector vivienda que han logrado concretarse en los últimos tres años, de conformidad con los objetivos y prioridades que establece el PND 2019-2024.
La Conducción e Implementación de la Política Nacional de Vivienda, atribución actual de esta Secretaría, es un proceso complejo que se ve influido por una serie de componentes interrelacionados. Estos abarcan aspectos demográficos y económicos, consideraciones sociales y la necesaria coordinación con los diferentes niveles de gobierno y sectores en materia de vivienda, dando forma a las estrategias y decisiones que buscan abordar las necesidades de una vivienda adecuada para las comunidades de nuestro país.