• Entre los retos se encuentran consolidar la instrumentación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; que se apruebe la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros y tener lista la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral
     
  • “Son los componentes que queremos dejar amarrados con esta nueva perspectiva de desarrollo urbano, de edificar viviendas para construir ciudades en un entorno diferente y que estas leyes nos lo permiten para consolidar una nueva gestión del territorio”, afirmó el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Enrique González Tiburcio

Este año dejará huella en la historia nacional. Los sismos ocurridos en septiembre pasado provocaron que se reorientaran recursos humanos y materiales para asistir la emergencia y posteriormente iniciar la reconstrucción en los estados afectados por los sismos.

Sin embargo, el compromiso de trabajar día a día, en conjunto con organizaciones campesinas, organizaciones civiles, con la ciudadanía, con los distintos niveles de gobierno y refrendado por la secretaria Rosario Robles, ha dado lugar a resultados sustantivos en las políticas y acciones de gobierno en materia de desarrollo agrario y urbano, vivienda y ordenamiento territorial.

Lo anterior lo expone el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Enrique González Tiburcio, al hacer un balance de la gestión de la SEDATU en 2017.

A partir de su creación, el 2 de enero de 2013, mediante reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la SEDATU se convirtió en la instancia del Gobierno de la República encargada de atender los temas agrarios, urbanos, de vivienda y, que estableciera una política en materia de desarrollo de ciudades. Más aún, se crea como una secretaría del territorio al tener, como una de sus principales misiones la de articular lo agrario y lo urbano.

El desarrollo urbano está fincado sobre la parte rural. En la actualidad, ocho de cada 10 mexicanos viven en ciudades y cuatro de cada seis lo hacen en grandes metrópolis; mucha gente vive en lo rural y trabaja en lo urbano, por lo que no puede haber espacios vacíos entre uno y otro.

Esta articulación institucional ha sido la función primordial de la SEDATU que, de la mano con el soporte jurídico, permite al país tener una perspectiva de mediano y largo de plazo sobre cómo ordenarnos, cómo asentarnos, cómo organizarnos, cómo movernos, cómo desarrollarnos en el territorio.

“A nosotros nos toca llegar –destaca González Tiburcio- en el tercer año de gobierno y le encargan a la secretaria Rosario Robles que avance con esta ley –a la postre la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano- en un periodo complicado, complicado porque ya en el último tercio de gobierno sacar una reforma constitucional y generar un consenso entre los diferentes partidos no es nada sencillo a nivel nacional; sin embargo, nos dimos a la construcción de esta tarea política que, a fin de cuentas emerge de todo el proceso legislativo con 88, 90% de votación favorable.”

El subsecretario de Ordenamiento Territorial afirma: “Era una ley necesaria, le urgía al país, la anterior tenía 40 años de haberse creado y se requería una dimensión diferente en términos de cómo manejar la parte territorial”.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es un instrumento jurídico de vital importancia para el futuro de México, destaca.

Entre sus numerosos alcances, actualiza los lineamientos en materia de construcción, de desarrollo urbano y de actividades de corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno, con una gobernanza metropolitana que no la atendía, con un capítulo de resiliencia y prevención de riesgos, una guía específica de resiliencia de enorme utilidad para aplicarla en cada uno de los más de 700 municipios afectados por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre.

Contempla también la creación y funcionamiento de Consejos Estatales, de los cuales ya hay 27, 28 en plena actividad –proceso interrumpido por los acontecimientos de septiembre- además del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial que el pasado 30 de noviembre tuvo su más reciente reunión, la tercera del año.

Precisamente, durante este encuentro se presentó el eje conceptual de la Estrategia Nacional de Ordenamiento del Territorio, que implica una visión a 20 años.

Esta -añade- es la primera vez que una ley plantea cómo nos tenemos que asentar en el territorio con una estrategia macro a dos décadas y allí se establece dónde se puede o no construir, criterios sobre las zonas de áreas naturales protegidas o cuáles son zonas susceptibles de asentamientos humanos; además, se introduce el concepto de seguridad humana, que no se limita a los derechos humanos ni a los derechos sociales, sino que lo engloba como un problema de seguridad humana, es decir, un concepto de estrategia nacional en un país en donde 64% del territorio puede verse afectado por sismos, lluvias, explosiones de volcanes, etcétera. Esto es: asumir una cultura de la seguridad humana y de la protección civil.

“¿Qué nos falta? –se pregunta González Tiburcio-, nos falta generar una cultura que destaque la importancia de una ley como ésta, nos falta que tanto a nivel del gobierno federal, de los estados y de los municipios esto se conciba como una forma de trabajo y una forma de vida, que entendamos que vivimos en un territorio complicado y tenemos que atender esas lógicas de este territorio y debemos aplicar los instrumentos y los mecanismos necesarios para poder hacer realidad una ley como ésta, esos son los retos que tenemos hoy en la práctica”.

Reconstrucción, una tarea descomunal

En cuanto a la atención a los daños provocados por los sismos, más allá de la inmediata presencia gubernamental para garantizar la vida y salvaguarda de los damnificados, fueron 183 mil las viviendas dañadas en las entidades afectadas, un reto descomunal que se enfrenta, a nivel de recursos financieros con 48 mil millones de pesos.

“Yo señalaría tres cosas sobre las acciones que hemos emprendido respecto a los sismos –detalla González Tiburcio-: la primera, ya limpiamos, levantamos escombros prácticamente en todos lados, en Oaxaca, en Chiapas… la segunda, en cuanto a la entrega de tarjetas de apoyo, prácticamente terminamos Oaxaca, Chiapas y estamos avanzando en los otros estados como Morelos, Puebla, Estado de México, etcétera, y la tercera, en el caso tanto de Oaxaca como en Chiapas iniciamos la asistencia técnica y la reconstrucción de viviendas”.

“No hemos tenido problemas de gobernabilidad en zonas que son históricamente muy complicadas... Para fin de año –advierte el subsecretario- la idea es construir por lo menos 10 mil casas, tal vez podamos llegar a más porque el proceso de autoconstrucción va muy rápido con la gran participación de la gente, pero seguro nos estaremos yendo hasta el próximo año, sobre todo la primera parte del próximo año”.

Estos son los grandes datos, pero se han dado también otras acciones muy importantes.

Informa que se creó la Red de Ciudades Resilientes, se entregaron alrededor de nueve Atlas de Riesgos y Guías de Resiliencia en la zona norte del país.

En cuanto a las Zonas Económicas Especiales, añade, todo el componente de tierra, todo el componente de zonas especiales que anunció el Presidente Enrique Peña Nieto, pasó por el trabajo de la SEDATU, ya que se entregaron los expedientes regularizados y normalizados para que se pudieran establecer varias Zonas Económicas Especiales en el país y se dieron nuevos criterios para conformar las zonas metropolitanas de la nación.

Del mismo modo, se colaboró con el grupo aeroportuario para la titulación y la regularización de los terrenos que va a ocupar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Para el año próximo es fundamental transformar la Procuraduría Agraria en una “Procuraduría del Territorio”, una procuraduría de los derechos de la gente asociados al territorio. “Es necesario exigir al Poder Legislativo que cumpla con ese compromiso”, afirma.

Los retos que vienen

Para 2018, ¿cuáles son los retos a enfrentar, considerando que hay procesos electorales, por ejemplo?

“Creo que nuestro basamento legal –afirma González Tiburcio- tuvo la gran ventaja de hacer un planteamiento no sexenal, una ley que pensó en una perspectiva de Estado y de largo plazo. El Poder Legislativo, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores fueron más allá de una lógica partidaria y de una lógica transexenal… Tenemos que pensar en el territorio de este país, que es el único que tenemos, 20 años para adelante, 20 años implica tres sexenios por lo menos, y que se le dé continuidad a una perspectiva de uso y de asentamiento de movilidad y de desarrollo del territorio mexicano… Tenemos que hacer realidad esa gran perspectiva que nuestros legisladores plantearon en la ley. En 2018 lo que tenemos que hacer es consolidar”.