México considera que las medidas impuestas por EE.UU. al amparo de la Sección 232 de su legislación, argumentando amenazas a su seguridad nacional, violan el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC al no haberse adoptado conforme a los procedimientos previstos, además de que violan el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 1994).
El gobierno de México refrenda que sus acciones continuarán apegándose al estado de derecho comercial internacional y serán proporcionales al daño que México lamentablemente reciba.