El Financiero Opinión – Gerardo Ruiz Esparza

Secretario de Comunicaciones y Transportes

24 de noviembre de 2015

La inversión en infraestructura es un factor central en el desarrollo económico y social de cada nación, toda vez que potencia la eficiencia de la inversión privada en la economía, facilita el funcionamiento eficaz de los mercados y apoya el crecimiento equilibrado de sus distintas regiones.

Donde se construye una carretera, una vía férrea, se instala una torre de telecomunicaciones o se edifica un puerto se está abriendo una puerta al progreso y a la inclusión social. Por ello a nadie sorprende que países con alto crecimiento económico y nivel de competitividad cuenten con infraestructura moderna y eficiente, desarrollada con visión logística.

En su plan de acción sobre infraestructura el Banco Interamericano de Desarrollo considera que mejorar la infraestructura en los países en desarrollo es de suma importancia para reducir la pobreza y aumentar el crecimiento. La infraestructura, señala el organismo internacional, actúa como eje básico de integración del territorio nacional, permite la inserción de las economías en el comercio internacional, minimizando el costo y tiempo de transporte, y promueve la circulación de bienes y servicios, información y conocimiento. Corea del Sur es un claro ejemplo del desarrollo logístico y su impacto económico.

De la infraestructura sudcoreana, la economía número 11 en el mundo, destacan dos modernos puertos, Busan e Incheon, que atienden a más del 60% del PIB; el de Busan es el 5º puerto mundial de carga, planeado desde 1995. El aeropuerto internacional de Incheon (Seúl) es considerado entre los más modernos y concurridos del mundo.

Corea del Sur descifró los retos de la globalización, entendida ésta como tendencia de los mercados y las empresas a extenderse hasta alcanzar una dimensión mundial más allá de las fronteras nacionales, y los del vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Ambas tendencias han llevado a que el desplazamiento de personas, la distribución de bienes, así como la transmisión de información y conocimiento se realicen con una visión logística: con mayor rapidez, agilidad, conectividad y menor costo. Lograrlo contribuye a potenciar la competitividad de la planta productiva y comercial de cualquier nación.

Este es el enfoque y la relevancia del Programa Nacional de Infraestructura 2012-2018 que desarrolla la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El Programa está dirigido a transformar a México en una plataforma logística global de alto valor agregado.

Su principal objetivo es articular las cadenas productivas y comerciales a través de corredores logísticos que interconecten las distintas modalidades de transporte para el traslado de personas y bienes de manera ágil, segura y a menor costo para abonar al desarrollo económico del país.

El gran propósito es conectar, a través de los distintos sistemas de comunicación y transporte, a los nodos logísticos de producción con los principales mercados nacionales e internacionales, a fin de reducir costos y elevar la competitividad.

El PNI integra una visión logística con la finalidad de aprovechar las ventajas competitivas con las que cuenta México, como lo son su ubicación geográfica, al encontrarse entre el mercado más grande del mundo, EUA, y los de Europa y Asia; sus más de 11 mil kilómetros de litorales; su actual bono demográfico y su especializada mano de obra; su participación en 11 tratados comerciales que lo conectan con 46 naciones, además de la reciente conclusión de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, integrado por 12 países. Como lo ha expresado el señor Presidente de la República en su última gira internacional: "México no está aislado del mundo, es un actor global y tiene claro que su desarrollo hacia el interior y para su sociedad derivará de la relación que construya con otras naciones".

La SCT, a través del PNI, aprovecha estas ventajas mediante la construcción de 52 nuevas autopistas, con más de tres mil kilómetros de extensión, para agilizar el traslado de la producción a los principales mercados nacionales e internacionales; la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la obra de infraestructura más importante en las últimas décadas; la duplicación de la capacidad de carga de nuestros puertos, así como la modernización del sector telecomunicaciones, entre otras acciones y obras también en marcha.

Se trata sin duda de un reto mayúsculo. México requiere actuar con rapidez, como ya se está haciendo desde el inicio de esta Administración, para así dar salida al acelerado crecimiento que experimentan algunos sectores de nuestra economía.

Por ejemplo, el comercio total entre México y EUA se ha incrementado cerca de 500% desde 1993. México es ya el cuarto lugar mundial en la producción de vehículos automotores y antes del 2020 seremos el segundo. Además, la implementación de las reformas estructurales como la energética, demanda más y mejor infraestructura en materia de puertos en zonas petroleras y la de telecomunicaciones demanda más competencia, mayor cobertura, mejores precios y calidad de los servicios, que en una medida importante se empieza a lograr.

En este marco, sería deseable que la Ley de Planeación y el sistema presupuestario del Gobierno Federal incorporen, cuanto antes, el enfoque de desarrollo logístico a mediano y largo plazo. Ello permitirá contar con una normatividad moderna y en sintonía con las exigencias de la globalización de los mercados y del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero sobre todo con una legislación que fije criterios para la formulación de programas y metas transexenales, asegurando la continuidad de las grandes obras destinadas a convertirse en motores clave en el desarrollo del país.

De esta manera, el Gobierno de la República construye, de cara a la sociedad, las grandes obras de infraestructura sobre las que México, con altura de miras, transita hacia la modernidad y hacia un desarrollo incluyente y próspero en el que la ciudadanía puede acceder a condiciones que potencien la generación de empleos, una mejor calidad de vida y por lo tanto a un mejor México.