El Gobierno de México ha iniciado la actual administración bajo los principios rectores de austeridad, eficiencia y ahorro. El SAT, como parte de esta reorganización no resulta ajeno a ese compromiso.
Derivado de un análisis organizacional y con la finalidad de evitar duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia, las Administraciones Generales del SAT propusieron reajustar sus unidades administrativas, determinando las áreas y plazas que se podrían compactar, previendo no impactar la calidad de los servicios ni los procesos recaudatorios.
Aunado a ello también se eliminarán los privilegios y altos sueldos a funcionarios públicos de nivel directivo; se ejerceran recursos en forma racional y se combatirá frontalmente la corrupción.
Estas medidas se empezaron a implementar esta semana en distintas oficinas de la Ciudad de México y, a partir de este jueves, en el resto del país, abarcando en ciertos casos la supresión total de nuestras administraciones desconcentradas.
A este momento hemos recibido quejas sobre la forma en que la medida de austeridad está siendo aplicada. En este sentido, se le ha solicitado a la Administración General de Recursos y Servicios que, en los términos de la normatividad aplicable, revise que la acciones sean realizadas en estricto apego a la ley.
La atención a los procesos de recaudación, fiscalización, jurídicos, así como, la atención a los contribuyentes para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones fiscales están garantizados.
En el SAT refrendamos el compromiso con la política de austeridad en beneficio de los mexicanos, convencidos de que la eficiencia y el ahorro permitirán que los recursos públicos se optimicen en beneficio de las y los contribuyentes.