Señoras y señores diputadas y diputados.
Público que nos acompaña en este parlamento abierto.

Todo modelo de atención a la salud tiene objetivos a cumplir, se sustenta en un esquema de financiamiento acorde a dichos objetivos, y la evaluación positiva de sus resultados debería sustentarse en evidencias de mejora de la salud de la población.


Resulta pues, que la Reforma a la Ley General de Salud aprobada en 2003 y que le dio vida al Sistema de Protección Social en Salud conocido como el Seguro Popular, que concretó un modelo de atención y de financiamiento con un esquema de aseguradora pública, para supuestamente universalizar el derecho a la salud de la población sin seguridad social, no ha mostrado evidencia de que haya mejorado la salud de esa población en su concepción integral que desde hace décadas definió la OMS, ni tampoco de que haya cumplido la promesa de universalización en el acceso a ese derecho humano, ofrecida en la exposición de motivos de dicha reforma.


Contrario a ese ofrecimiento, no encontramos evidencia de que durante estos 15 años se haya mejorado la salud de las poblaciones indígenas y rurales, es más, en el modelo de atención y en el catálogo de servicios que ofrece el Seguro Popular ni siquiera están incorporados sus saberes.


Tampoco hay evidencia de que se hayan mejorado un conjunto de padecimientos prevenibles como lo es la diabetes, los accidentes y muchos otros más. Para quienes defienden con tanta vehemencia el Seguro Popular considero respetuosamente que deberían estar mucho más preocupados por el incremento de la tasa de mortalidad por diabetes que pasó de 46.7 en 2003 a 93.8 en 2018. Resulta, por cierto, interesante observar, que cuando se pretenden impulsar medidas que detengan algunos de los factores de riesgo asociados a padecimientos como éste, son generalmente los mismos actores o sus asociaciones los que se oponen a las iniciativas, como ha pasado recientemente con el tema de la mejora en el etiquetado de alimentos.


Esto es así porque la Reforma de 2003 que le dio vida al actual sistema para población sin seguridad social, se sustentó en un modelo de salud de mercado, que promueve la compra/venta de servicios de salud con presupuesto público para curar la enfermedad, solo de algunos (es decir de los que el presupuesto logra afiliar) y solo de algunas enfermedades, es decir, las que el presupuesto logra pagar). Por tanto, todos los excluidos y todo lo excluido, debe correr por cuenta y riego de cada persona enferma y su familia, desatendiéndose así, el Estado, de la obligación de garantizar el derecho constitucional a la salud.


El nuevo modelo, que hoy debatimos, rompe con ese esquema de mercado excluyente creado como parte de la agenda de reformas estructurales de México, que concretó la reforma neoliberal en salud, para darle vida a un sistema de derechos, que elimine toda desigualdad en salud y que se sustente en un financiamiento solidario.


Considero, por tanto, muy importante resumir, ¿qué es el Seguro Popular?, a efecto de que la población que nos escucha, tenga mayor claridad sobre lo que se propone derogar.


Estamos pues proponiendo derogar el Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, creado en 2003 para brindar algunos servicios de salud a la población sin seguridad social, el cual se constituye por: a) las familias y personas que deciden afiliarse al mismo, de acuerdo a los espacios disponibles, lo que le da derecho a una póliza denominada Seguro Popular, que le cubre determinados padecimientos y sus medicamentos asociados. Como regla de la afiliación se establece que las personas deben pagar cuotas, a excepción de quiénes se encuentran ubicados en los menores deciles de ingresos, -situación que por cierto se incumple de manera general, sin que los órganos fiscalizadores hayan hecho observaciones sustantivas al respecto- b) los prestadores de servicios que pueden ser públicos o privados, c) la Secretaría de Salud que es la instancia reguladora de dicho Sistema, d) la Comisión Nacional de Protección Social en Salud encargada de establecer la cartera de servicios y de coordinar el financiamiento del Sistema, e) Las entidades federativas como receptoras del financiamiento y prestadoras públicas de servicios de salud y f) los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) como las instancias que administran el presupuesto federal transferido para financiar las acciones de salud en su estado, comprar servicios a prestadores de servicios públicos y privados, afiliar a las personas sin seguridad social y tutelar sus derechos en coordinación con la CNPSS. Este Sistema tiene una lógica de aseguramiento que se centra en atender y reparar la enfermedad y no en garantizar la salud de las personas, es de resaltar que el componente de salud a la comunidad está desarticulado de dicho Sistema.


Como todo sistema de aseguramiento, uno de los indicadores principales, es el número de asegurados, y es la base para el financiamiento a las entidades federativas, convirtiéndose en un elemento perverso ya que la motivación en la afiliación no siempre se encuentra en función de ampliar el acceso efectivo y de calidad a los servicios, sino en mantener o ampliar el financiamiento, lo que además ha conllevado a que el indicador de acceso sea el número de afiliados y no el número de mexicanos sin seguridad social que tuvieron acceso efectivo a los servicios de salud individuales y colectivos.


Aunado a lo anterior, este Sistema creado en 2003 y que hoy proponemos derogar, legalizó la inequidad en salud al establecer un catálogo de servicios que en los hechos implica que los mexicanos sin seguridad social solo tengan derecho a recibir atención sin desembolso al momento de recibir los servicios, exclusivamente por los padecimientos que están establecidos en dicho Catálogo, legalizando la diferencia con la población que si goza de seguridad social y que tiene acceso a todos los servicios de salud de acuerdo a su necesidad. Esa inequidad se hace más evidente con la creación del Fondo de Gatos Catastróficos que al día de hoy permite solo atender a las personas por 66 tipos de intervenciones catalogados como tal, excluyéndose por tanto muchos padecimientos entre los que se encuentran diversos tumores, fracturas o ciertas afecciones renales. Es de resaltar que de las 12,643 enfermedades contenidas en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), el Seguro Popular solo cubre 2,102, la diferencia en las atenciones por cubrir, es decir, 10,541, y representa el 83.3% del total de claves CIE-10


Finalmente, es de resaltar que la complejidad administrativa y financiera del Sistema que se propone derogar, lo hace oneroso ya que se eroga anualmente al menos 3,250 millones de pesos en gastos administrativos de los REPSS y 650 millones en la CNPS, montos que podrían dedicarse a la atención directa a la salud. Aunado a ello, el sistema de financiamiento sustentado en transferencias federales hacia los estados ha propiciado un cúmulo de irregularidades y desviaciones de recursos que las instancias administrativas de control y las fiscalizadoras no han logrado detener.


Por todo lo anterior, como titular del Sistema de Protección Social en Salud y luchadora social por el derecho universal y efectivo a la salud, coincido con la iniciativa presentada por el Diputado Mario Delgado, ya que es momento de hacer realidad el derecho constitucional al acceso a la salud, por lo que es necesario y conveniente derogar el Sistema de Protección Social en Salud, por inequitativo, excluyente, limitativo, oneroso administrativamente, opaco y sobre todo, porque no ha contribuido ni a mejorar la calidad de los servicios estatales de salud, ni a mejorar muchos de los indicadores de salud de la población, a efecto, de darle paso a un nuevo sistema que garantice el acceso efectivo de la población a los servicios de salud y a los medicamentos de acuerdo a la necesidad de las personas, bajo una política única nacional que tienda a eliminar las diferencias en salud injustas y evitables entre la población con seguridad social laboral y la que no tiene esa circunstancia.


Esta política única nacional estará sustentada en un financiamiento solidario, con incrementos progresivos durante el sexenio cuya fuente será el crecimiento económico que resultará de la nueva política económica impulsada por el Presidente de México y el buen uso del recurso disponible; estará conducida por la Secretaría de Salud con apoyo del Instituto de Salud Para el Bienestar que será paulatinamente, la instancia prestadora de servicios a nivel nacional y asumirá -en un proceso progresivo y gradual- los servicios de salud de las entidades federativas, a la vez que administrará los recursos que esta Cámara de Diputados designe para atender a la población sin seguridad social, evitando así la separación de funciones entre financiador y prestador de servicios, lo que coadyuvará al fortalecimiento de lo público y a la creación de un sistema de salud de calidad que tenga como eje rector la salud y no la enfermedad, la prevención, la promoción de la salud, a educación para la salud y la seguridad de los pacientes.

Durante el sexenio, atenderá y resolverá el mejoramiento y la ampliación de las instalaciones públicas, su equipamiento, el abasto de medicamentos e insumos, el ordenamiento de las plantillas y la regularización del personal. Todo ello sustentado en un modelo de Atención Primaria a la Salud Integral e Integrada y en la implementación de las Redes de Servicios de Salud que determine la Secretaría de Salud.

Este sistema ya no requerirá de Catálogo de Servicios pues cubrirá todos los padecimientos que tenga la población y contará con todos los medicamentos necesarios, su uso racional y el fortalecimiento de la farmacovigilancia.

Aclaro y preciso a toda la población, todos los padecimientos que hoy se atienden sin costo alguno por estar en los catálogos del actual Seguro Popular incluyendo las 66 intervenciones de gastos catastróficos se seguirán atendiendo, la buena noticia, es que si los Diputados tienen a bien aprobar esta propuesta de Reforma, estaremos creando el Sistema de Servicios de Salud y Medicamentos Gratuitos que será coordinado por una nueva y gran Institución, es decir el INSABI, el cual intervendrá de manera seria en las comunidades indígenas, rurales y urbanas de alta marginación para atender sus necesidades de salud, sin criterios de exclusión y con su participación y la riqueza de sus saberes, y que además, se incrementará gradualmente el acceso a los servicios de salud de toda la población sin seguridad social de acuerdo a la necesidad de las personas, que se articularán armónicamente las acciones de salud colectiva, que se impulsará la salud en todas las políticas fortaleciendo las acciones intersectoriales, la calidad de la atención, la profesionalización y la estabilidad del personal de salud, la participación ciudadana, y los procesos de rendición de cuentas.

La Cuarta Transformación es la expresión de sed de justicia de millones de mexicanos, con la ayuda del poder legislativo habrá justicia en salud.

MUCHAS GRACIAS.

Mtra. Angélica Ivonne Cisneros Luján.
Comisionada Nacional de Protección Social en Salud.

Ciudad de México, 8 de agosto de 2019.