El Sistema de Justicia Mexicano incorporará gradualmente Tribunales de Tratamiento para las Adicciones (TTA), que tendrán como propósito reintegrar socialmente a las personas que incurrieron por primera vez en algún delito no grave relacionado con las drogas, siempre y cuando se sujeten a una atención médica para prevenir y combatir el consumo de sustancias ilegales.
Berenice Santamaría González, directora de Vinculación Operativa, y Mario González Zavala, Subdirector de Operaciones Intersectoriales en Salud Pública, de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), dijeron que con esta medida no se busca la criminalización de los primo-delincuentes, pero tampoco eximirlos de su responsabilidad jurídica.
Con ello la CONADIC, a través de la Secretaría de Salud que encabeza la doctora Mercedes Juan, pretende brindar a estas personas tratamientos integrales para resolver los factores que se asocian a la comisión de delitos menores, con énfasis en el consumo problemático de sustancias.
Los tribunales de tratamiento para las adicciones, dijo Santamaría, están en proceso de implementación en México y están dirigidos a personas que “tienen problemas con el consumo de sustancias ilegales y/o alcohol, llámese abuso o dependencia, y que esta condición (reconocida por la OMS como una enfermedad) guarda una estrecha relación causal con la comisión de un delito menor”.
Hizo notar que lo anterior no incluye únicamente el encontrarse bajo el influjo de una sustancia, sino también por el síndrome de abstinencia a la misma o por presentar alteraciones en la conducta y/o las emociones provocadas por su consumo.
Agregó que también se enfocan en los “primo-delincuentes, es decir, que no cuentan con antecedentes de conductas criminales, y que no cumplen con un patrón repetitivo de conductas delictivas”.
Es importante subrayar –dijo Santamaría– que estos tribunales no están enfocados a reducir la población penitenciaria, debido a la condición legal de las personas que se plantean ingresar a los mismos.
“Estas personas en la mayoría de los casos no ingresarían al Sistema Penitenciario sino que podrían beneficiarse de la ‘Suspensión del Proceso a Prueba’, lo que implica que en lugar de continuar en un proceso judicial, son canalizados a medidas alternas”, explicó González Zavala.
Y puso como ejemplo el asistir a firmar al tribunal cada determinado tiempo y mantenerse en un proceso de supervisión y vigilancia, enfocados a no reincidir en conductas delictivas.
Ambos especialistas coincidieron en señalar que los principales beneficios a corto plazo de este tipo de tribunales son: otorgar servicios de tratamiento integrales; favorecer, mediante la salud integral, que las personas que participan en los tribunales se integren a la sociedad de acuerdo a sus valores e intereses.
También estarán en condiciones de maximizar los resultados de las acciones jurídicas y de reinserción social, mediante la colaboración del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo aseguraron que estos tribunales en México integran las acciones de los sectores de salud, de seguridad pública, jurídicos y de reinserción social en la búsqueda de un objetivo en común, de tal forma que con el paso de los años y la diseminación de estos modelos de justicia alternativa, se reduzcan los índices de criminalidad y los costos a los sistemas de salid, penitenciarios y principalmente jurídicos asociados a la comisión de delitos que se relacionan con el consumo problemático de drogas.
Los estados que contarán con este tipo de justicia alternativa serán el Estado de México, Durango, Baja California, Morelos, el Distrito Federal, Nuevo León, Hidalgo, Puebla, Sonora, Chihuahua, y Guanajuato.
