La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de la Secretaría de Salud informa que el Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, impuso una inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por 10 años y una sanción económica por más de 800 mil pesos a una funcionaria adscrita al área de adquisiciones.
La servidora pública, cuya identidad se reserva debido a que continúa abierta la denuncia penal en su contra que presentó la COFEPRIS ante la PGR el año pasado, está implicada en la compra de insumos de cómputo.
La Contraloría Interna en la COFEPRIS resolvió inhabilitarla y sancionarla administrativamente, una vez que se acreditó que recibió de un proveedor de insumos de cómputo una cantidad aproximada al 20% del monto total de una adquisición con valor superior a los 4 millones de pesos; irregularidad que es considerada grave por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Lo anterior es resultado de la “Estrategia para Fortalecer la Transparencia” implementada de manera permanente por la COFEPRIS y la Secretaría de la Función Pública desde junio de 2013, cuando el Comisionado Federal, Mikel Arriola, instruyó a los titulares de las diversas áreas que conforman dicha dependencia a otorgar todas las facilidades al Órgano Interno de Control, que encabeza Marco Antonio Andrade, para usar las figuras de usuario simulado, informática forense, evolución patrimonial e investigaciones estructurales en la persecución de cualquier acto de corrupción.
Bajo este contexto, el Órgano Interno de Control efectuó una investigación en torno a diversos hechos que le fueron denunciados y gracias a la práctica de informática forense al equipo de cómputo de la servidora pública denunciada, se detectó que la funcionaria recibió una cantidad mayor a 800 mil pesos por parte de un proveedor de la COFEPRIS, obteniendo un beneficio adicional a las contraprestaciones que esa Comisión Federal le otorgaba por el desempeño de sus funciones.
La COFEPRIS da seguimiento a la averiguación penal en contra de esta ex funcionaria federal y reitera su compromiso con la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en todos sus procedimientos administrativos.
