Los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para la salud integral de las personas; inciden en el bienestar individual, en el desarrollo social y económico de las comunidades y de las naciones. Para garantizar estos derechos se requieren políticas públicas progresistas que garanticen a todas las personas el acceso a servicios de salud que respeten la toma decisiones informadas y autónomas sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción.

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