La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), presentaron el Informe 2020. A través de una conferencia virtual, el pasado 25 de marzo, se dio a conocer que debido a la pandemia, el consumo de sustancias por parte de los adultos mayores va en aumento y de manera acelerada, aunado a los problemas que esto implica, pues son más vulnerables a desarrollar dependencia de las drogas.

El maestro Kristian Hölge, representante de la UNODC en México, afirmó que este año la labor de la JIFE es más relevante, ya que los efectos económicos, sociales y psicológicos de la pandemia agudizaron los factores de riesgo asociados con el uso problemático de drogas. También, reconoció el trabajo del gobierno mexicano para reorientar la política de drogas hacia la prevención y el tratamiento de sustancias, con base en evidencia científica y un enfoque de reducción de daños y de salud pública. Comentó que este mismo contribuye a los tres pilares fundamentales de la UNODC, que son: paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo.

En ese sentido, comentó que el crimen organizado, la corrupción y otros mercados ilegales representan grandes obstáculos para la construcción de la paz y la consolidación de la seguridad. Por ello, recalcó que la UNODC trabaja “codo a codo con México” para combatir estos elementos y fortalecer el estado de derecho.

Informó que, en el último año, en un esfuerzo por realizar y anticipar los efectos de la pandemia, se han publicado reseñas e investigaciones, como “El informe COVID-19 y la cadena de suministro de drogas de la producción y el tráfico, hasta el consumo”, también dijo que en el mes de junio se presentará el Informe Mundial sobre las Drogas, con datos y evidencia que aportará información a las discusiones y políticas de control de drogas en el mundo.

Explicó que la UNODC en México, con el apoyo de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), han impulsado las normas internacionales para el tratamiento de trastornos por el uso de drogas y los estándares internacionales para la prevención. Comentó que la UNODC realizará un programa intensivo de capacitación para la toma de decisiones, a nivel estatal, a fin de potenciar la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones.

También, comentó que gracias al respaldo de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presentarán en las próximas semanas los resultados del monitoreo de cultivo de amapola en México 2018-2019, el cual contiene datos que nutrirán las decisiones de política pública de las instituciones de seguridad del país.

Por su parte, el maestro Raúl Martín del Campo Sánchez, miembro de la JIFE, reseñó el primer capítulo del informe, titulado “Una epidemia oculta: el consumo de drogas entre las personas de edad”. El experto explicó que no se ha visibilizado lo suficiente el consumo de sustancias entre los adultos mayores, comentó que en algunos países de ingresos altos existe más población de 65 años, que están teniendo problemas por el uso de drogas. “Está aumentando en mayor medida el consumo entre las personas de tercera edad que en los jóvenes. En países como Estados Unidos, donde hace 10 años se estimaba que tenían 900 mil usuarios de drogas entre adultos mayores, ahora tienen 11 millones”, recalcó.

Señaló que aún existe falta de información en las encuestas, pues en muchos de los estudios los cortes llegan hasta los 60 años y no se permite conocer el fenómeno entre las personas adultas mayores. Por otra parte, también existe el problema de la polifarmacia, donde se suman a los problemas de salud física, problemas de salud mental, lo cual provoca que las personas mayores abusen de medicamentos de prescripción médica, requeridos para el dolor o para algunas afecciones mentales.

Ante este panorama, afirmó que la JIFE está elaborando una serie de recomendaciones para que los países puedan mejorar sus servicios de prevención y tratamiento para los adultos mayores. Consideró que es muy importante atender tres ámbitos: la investigación, luchar contra el estigma y mejorar y adaptar los servicios de atención para la población adulta.

En el capítulo dos del Informe “Funcionamiento del sistema de fiscalización internacional de drogas”, los temas de interés son: la promoción de la aplicación sistemática de los tratados de fiscalización internacional de drogas; las medidas para garantizar la disponibilidad de sustancias sometidas a fiscalización internacional para fines médicos y científicos; el cumplimiento de los tratados en general; y las medidas adoptadas por la Junta para garantizar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas.

Del Campo Sánchez habló sobre la disponibilidad de las sustancias para fines médicos y declaró que sigue habiendo una brecha importante entre la necesidad de atención de cuidados paliativos, manejo de dolor, manejo de trastornos mentales y la disponibilidad de este tipo de medicamentos en el mundo. “La JIFE hace un exhorto a los países a que mejoren los sistemas que tienen para ofrecer atención médica con este tipo de sustancias controladas” comentó.

Con respecto a la cannabis medicinal, dijo que existe un anexo en el informe que explica que el cultivo y la difusión del cannabis con fines médicos y científicos ha ido en aumento en los últimos cinco años, “desde el 2015, un número mayor de países empezó a usar cannabis y extracto de cannabis con fines médicos y de investigación científica y ha autorizado el cultivo de la planta. Para el 2019, se notificaron 468 toneladas de producción ilícita de cannabis con fines médicos. Sin embargo, los procesos de fabricación y rendimiento no están totalmente normalizados, por ello la JIFE ha realizado talleres con la industria y autoridades gubernamentales para confirmar cómo se están produciendo las materias primas y que se fabriquen medicamentos que contengan moléculas extraídas de la cannabis”, explicó.

Para ayudar a los gobiernos a que cumplan sus tratados, se distribuyeron 11 alertas globales confidenciales y avisos especiales entre los puntos focales del Programa Grids. Se impartieron 50 sesiones de capacitación a mil 108 funcionarios de 104 gobiernos, donde se han convocado a grupos de expertos. También la JIFE publicó una lista de 144 sustancias relacionadas con el fentanilo que se están traficando en el mundo.

Referente al capítulo tercero, “Análisis de la situación mundial”, Raúl Martín del Campo indicó que la disponibilidad de atención a las adicciones y la pandemia por COVID-19 ha sido un problema de alcance mundial desde febrero de 2020. “Los confinamientos, los cierres de fronteras, las medidas de distanciamiento físico adaptadas por la mayoría de los países para contener la propagación del virus, han alterado la cadena mundial de suministros de medicamentos”.

Comentó que la Organización Mundial de la Salud reportó que en más de 40 países hubo cierres de servicios de tratamiento, de reducción de daños y de terapia de sustitución con metadona. Explicó que la JIFE llamó a los países a considerar los tratamientos de adicciones como servicios de primera necesidad, de manera que continúen operando con las medidas sanitarias necesarias. También, señaló que algunos usuarios de drogas que ya tenían problemas de dependencia, cambiaron al consumo de otras sustancias, como al alcohol o benzodiacepinas, para poder manejar el síndrome de abstinencia.

Con respecto al capítulo cuatro, “Recomendaciones dirigidas a los gobiernos, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y nacionales competentes”, el miembro de la JIFE añadió que se hicieron recomendaciones acerca de la problemática del consumo de drogas entre las personas de la tercera edad; el uso de cannabis para fines médicos u otros; los derechos humanos; el objetivo del desarrollo sustentable sobre paz y seguridad; la importancia de que continúen los servicios de prevención y tratamiento incluso durante la pandemia de COVID-19; las nuevas sustancias psicoactivas y los nuevos opioides sintéticos.

Para finalizar, el doctor comentó que en el marco del 60 Aniversario de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y el 50 Aniversario del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, algunos desafíos que aún se tienen son la importancia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la firma de estos convenios; además, la disponibilidad y accesibilidad de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con fines médicos todavía no son satisfactorios a nivel mundial. Agregó que aproximadamente cuatro de cada cinco personas que requieren tratamiento psiquiátrico o por adicciones no recibe atención. Finalmente, puntualizó que la mejor manera de prevenir el narcotráfico en cualquier país es previniendo el consumo de las sustancias.

El doctor Eduardo Jaramillo Navarrete, director general para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en representación de la maestra Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, subrayó que “sin bienestar no es posible garantizar las condiciones necesarias para una vida digna, por eso no sólo es importante darle visibilidad a las tendencias y desafíos sobre el control internacional de sustancias, sino a la problemática completa que pueden llegar a enfrentar grupos específicos con realidades complejas”.

La política internacional de drogas debe centrarse no sólo en las sustancias, sino en los individuos, para pasar a una visión integral del ser humano, comentó el experto. Mencionó que el contenido del Informe 2020 hace referencia positiva a México y agradeció que se reconozcan las políticas públicas que se desarrollan en el país para hacer frente al problema de las drogas, en relación al reglamento del uso y la visibilidad de la cannabis, así como al proceso legislativo que regulará el uso de éste en personas mayores de 18 años de edad, la posesión del cannabis con fines médicos, la adopción de un enfoque preventivo, las necesidades de las poblaciones vulnerables, así como a la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para fortalecer la seguridad entre ambos y combatir el crimen organizado, entre otros.

Por su parte, el doctor Gady Zabicky Sirot, comisionado nacional contra las adicciones, expresó que se cuenta con muy poca información sobre el tema del consumo de drogas por parte de personas de la tercera edad. El doctor expresó que en las investigaciones, por ejemplo de ludopatía, los estudios sólo llegan hasta los 60 años, descartando a la población de mayor edad. Hablando del consumo de sustancias, consideró que los adultos mayores tienen un problema importante y al mismo tiempo, son los pacientes perfectos para usar cannabis medicinal, sobre todo si es una mujer de más de 65 años, “con problema de osteopenia, de dolor articular, de principios de demencia y baja de ánimo”. Para finalizar, agradeció a la JIFE por mantener a todos los países al tanto del fenómeno mundial.

En su participación, la doctora Carmen Fernández Cáceres, directora general de Centros de Integración Juvenil, coincidió en que las personas mayores son una población muchas veces no visible en los servicios básicos o necesarios. La doctora comentó que existen 15 millones de adultos mayores en el país y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) considera que para 2030 serán más de 20 millones.

También comentó el problema de la escasez de datos, sobre todo en las encuestas, que refleje la situación de esta población, más en los temas relacionados con la perspectiva de género, pues existe un rechazo y estigma a los hombres y mujeres adultos mayores. “Se considera que a un hombre jubilado se le acabó su rol productivo y a las mujeres su rol reproductivo, nuevamente se estigmatiza los roles asignados por la sociedad. Por ello se debe combatir la exclusión como el Informe lo recomienda”, explicó la directora de CIJ.

Informó que una de las drogas que más consumen los adultos mayores y que va en aumento, hasta más de 300 veces en el mundo, es la cannabis. Explicó que en CIJ se ha visto un incremento en los pacientes mayores, pero ha sido moderado, pues por cada tres hombres que llegan hay una mujer, pues lamentablemente existe un triple estigma en ellas.

Además, indicó que existe un consumo excesivo de tabaco, alcohol, seguido por la mariguana, la cocaína y las benzodiacepinas y explicó que es un gran desafío el tema de la combinación de drogas y en la población más vulnerable se ven consecuencias de mayor riesgo.

La especialista comentó que hay que atender las recomendaciones del Informe 2020, hacer más visible lo que le pasa a esta población, incluirlas en las investigaciones y en los servicios de atención, en las investigaciones epidemiológicas, psicosociales y clínicas, reforzar la parte preventiva en el tratamiento y la rehabilitación, específicamente con metodologías de tratamientos dirigidas a esa población y con perspectiva de género, atendiendo la comorbilidad médica y su patología dual. Asimismo, ampliar las redes sociales de apoyo, tanto familiar, social e institucional, donde se hagan servicios, específicamente para esta población, finalizó.

La doctora Evalinda Barrón Vázquez, directora de Vinculación y Coordinación Operativa de la Comisión Nacional contra las Adicciones, dijo que en México hay 15 millones de adultos mayores, de ellos 14 por ciento son dependientes, pero no existe una adecuada formulación de las políticas públicas, aun cuando México está en un proceso de transformación y de inversión en la pirámide poblacional.

Las investigaciones del Observatorio Mexicano de Salud Mental, arrojaron que 54 por ciento de los adultos mayores consumía alcohol, 31 por ciento tabaco, y 4 por ciento metanfetaminas. Por otra parte, la doctora explicó que existe el estigma en la atención a estas personas mayores al normalizar su situación. Es importante ver cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección que llevan al consumo de sustancias a estas personas, “pues el mundo está viviendo una pandemia y sabe que el grupo vulnerable son los adultos mayores, ellos han visto recrudecidos estos factores”, recalcó.

El maestro Óscar Santiago Quintos, titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, dijo que la FGR vive en un momento de transformación, por ejemplo, el plan de persecución penal, va orientado a comprender el fenómeno desde todas sus variantes, “no sólo la parte punitiva o persecutoria, sino entender y atender ciertas acciones de política pública, a partir de la generación de evidencia científica”, explicó.

Mencionó que desde hace unos años la FGR ha desarrollado el programa de perfilamiento de sustancias y sus resultados son compartidos con las áreas de prevención y de salud para conocer las sustancias que se están comercializando. “Con ello la FGR quiere aportar datos que permitan enriquecer los esquemas de tratamiento y de abordaje hacia los usuarios y atender la demanda de salud.”

Junto con la UNODC, continuó, se generan estudios de manera sistemática y a partir de ello tener datos disponibles para la generación de políticas y cumplir con los objetivos de la agenda 2030. Explicó que se buscan soluciones integrales para que, por un lado se permita y se tenga la disponibilidad de medicamentos para quien así lo requiere y que los esquemas que facilitan el comercio internacional no se vean invadidos por organizaciones o grupos de la delincuencia organizada trasnacional.

El doctor Eduardo Madrigal De León, director general del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM), enfatizó las consecuencias negativas de la contingencia por COVID-19, pues el confinamiento y las problemáticas derivadas del mismo ha tenido un efecto devastador en la sociedad y en la economía mundial. Comentó que, de acuerdo con el Informe de la JIFE 2020, ha aumentado la demanda de medicamentos sujetos a fiscalización necesarios para el tratamiento de COVID-19 y ha interrumpido la prestación de tratamientos y servicios sanitarios para personas con problemas de salud mental y trastornos por consumo de sustancias.

Para concluir, declaró que la pandemia ha tenido un efecto desproporcionado en las personas de la tercera edad, una especie de epidemia oculta en el consumo de drogas. “Los adultos mayores muestran un creciente consumo de sustancias y muertes asociadas, que a su vez genera un aumento de demanda de servicios de salud y costos para su atención médica y psicológica.”