Servidores públicos del Registro Agrario Nacional (RAN) reciben capacitación sobre la Estrategia de Protección de Recursos en Época Electoral (EPREE 2018), de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), donde a través de acciones preventivas se busca garantizar que los programas institucionales no sean utilizados con fines políticos-electorales.

En dicho curso, el Director General Adjunto B de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDATU, Oscar Ernie Orozco Perea, señaló que los servidores públicos del RAN deben guardar irrestricto apego a la ley y un compromiso permanente con la transparencia, la imparcialidad, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción de cara al proceso electoral del 1º de julio.

Orozco Perea transmitió el mensaje de la Titular de la SEDATU, Rosario Robles, donde señala que “habrá cero tolerancia para aquellos servidores públicos que infrinjan la normatividad”, al tiempo que explicó cuáles son las sanciones administrativas y penales por incumplir la ley, los criterios de las autoridades electorales competentes y las disposiciones de la EPREE 2018.

“Sepan muy bien que nadie puede coaccionar o amenazar a subordinados para participar en eventos proselitistas, para votar o dejar de hacerlo por un candidato o partido; nadie puede condicionar la prestación de un servicio público o el cumplimiento de un programa, o utilizar fondos públicos para apoyar a candidatos”, advirtió Orozco Perea.

La EPREE 2018, de la SEDATU, considera también la suspensión de entrega de apoyos en todos los estados a partir del inicio de campañas electorales (del 30 de marzo al 1 de julio); la suspensión de la difusión de propaganda gubernamental en medios de comunicación, y  resguardo del parque vehicular e inmuebles de la SEDATU y organismos sectorizados 48 horas antes de los comicios.

Con estas acciones, servidores públicos del RAN se suman a las acciones preventivas de la SEDATU, para garantizar a la sociedad mexicana que los recursos y programas institucionales no sean utilizados con fines político-electorales, y refrendan su compromiso con la transparencia, objetividad, imparcialidad, rendición de cuentas y combate a la corrupción que rigen el servicio público.

De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Penales (LGIPE), la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LEGMDE ) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), un servidor público que cometa delito electoral podría hacerse acreedor desde multa o inhabilitación de su cargo público, hasta prisión por 20 años, dependiendo de la gravedad de la falta.

Cualquier denuncia ciudadana se puede presentar en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales o agencias del Ministerio Público

Tel. 01 800 833 72 33  Mail: fepadenet@pgr.gob.mx