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Un gobierno democrático, convencido de transitar hacia una sociedad armónica y justa, debe sustentarse en políticas sectoriales inspiradas en el bienestar. Esta política no puede ser solo un conjunto de acciones aisladas, debe ser el eje del quehacer gubernamental, una auténtica política pública integral que priorice el bienestar de la ciudadanía y garantice sus derechos.

Toda acción gubernamental debe partir de un proceso para identificar cuáles son las principales limitantes del desarrollo de la sociedad, principalmente en el ejercicio de sus derechos sociales. En este sentido, para entender las necesidades de México, es pertinente partir de la información existente en materia de pobreza a nivel regional, las regiones con mayor población indígena y zonas con altos índices de violencia.

De acuerdo al INEGI, México tiene 119 millones de habitantes. De este total, y de conformidad con la medición de la pobreza realizada en 2016 por el CONEVAL3 , México se encontraba en la siguiente situación:

• 43.6% (53.4 millones) de mexicanos viven en condición de pobreza.

           o 35.9% (44.0 millones) viven en pobreza moderada.

           o 7.6% (9.4 millones) viven en pobreza extrema.

• 26.8% (32.9 millones) de personas son vulnerables por carencias sociales.

• 7.0% (8.6 millones) de personas son vulnerables por ingresos.

• 22.6% (27.8 millones) de la población no son pobres ni vulnerables.

Por otra parte, las condiciones precarias en las que se encuentra la población indígena en México son resultado no solamente del rezago económico y social de sus comunidades, sino también de una clara y sistemática discriminación y segregación, que limita su capacidad como grupo social.

Al respecto, 623 municipios tenían una población indígena igual o mayor al 50%, es decir uno de cada cuatro municipios en el país contiene en su mayoría a personas pertenecientes a los pueblos indígenas, donde se concentran las raíces de los 68 pueblos indígenas que han sobrevivido al olvido y la marginación. Esto nos obliga a colocarlos como una prioridad para este nuevo gobierno.

Desde otros ángulos, la distribución social y territorial de la pobreza muestra un patrón que tiende a reforzar las condiciones de desigualdad prevalecientes entre regiones y grupos sociales. En la escala territorial se siguen observando brechas profundas entre las entidades más urbanizadas e industrializadas del país, y las que cuentan con una población en su mayoría rural y dedicada a las actividades primarias. Entre este último subconjunto destacan 20 los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, por ser los más pobres y con la mayor proporción de habitantes rurales e indígenas.

Finalmente, no se puede negar que el factor violencia es un determinante en el bienestar de la población ya que, derivado de dinámicas sociales, existen zonas que son más vulnerables a la pobreza. La violencia en el país representa una amenaza para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

 

La información relacionada con el Censo del Bienestar, obra en la Secretaría de Bienestar, con la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales, en términos de lo previsto en los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Único del Acuerdo por el que se delegan en la Titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales, las Atribuciones que a continuación se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2019; 12 y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo social (ahora Bienestar).

 

 

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