​​​​Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL), que agrupa a empresas que representan cerca del 60% del volumen de venta de estas bebidas en México, acordaron establecer mecanismos de intercambio y coordinación para salvaguardar la salud de los consumidores.

En una reunión de trabajo encabezada por Rafael Ochoa Morales, titular de la Profeco en funciones, y Gerardo Ancira, Director General de CIVyL  se acordaron acciones conjuntas para evitar que se ofrezcan al público bebidas irregulares en diversos establecimientos como restaurantes, bares y hoteles.

Para tal efecto, la Profeco recibirá información para focalizar sus verificaciones y evitar la venta de productos que no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas o representen riesgos para la salud de la población, fundamentalmente en las llamadas “barras libres” o conceptos “todo incluido”.

La Procuraduría participará en acciones conjuntas con otras dependencias para detectar bebidas provenientes del mercado informal, adulteradas o que no cumplen con las reglas de etiquetado y que al comercializarse constituyen un riesgo potencial para quienes las consumen.

La Comisión para la Industria de Vinos y Licores informó que estiman que en nuestro país existen cerca de 153 millones de litros de bebidas alcohólicas destiladas en el mercado informal.

El Procurador en funciones informó que se establecerá un programa de verificaciones aleatorias en todas las entidades del país para combatir la venta de alcohol a menores de edad, así como la venta de bebidas irregulares y adulteradas en establecimientos.