MODERADOR: Preside esta ceremonia Informe de Trabajo al Sistema Nacional de Búsqueda el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Lo acompañan, la secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero Dávila.
El secretario de Seguridad Pública, doctor Alfonso Durazo Montaño.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, licenciado Alejandro Encinas.
La subprocuradora de Derechos Humos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República, maestra Sara Irene Herrerías Guerra.
La comisionada nacional de Búsqueda de Personas, la doctora Karla Quintana Osuna.
El titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, doctor Luis García López.
El gobernador de Coahuila, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago, ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís.
Miembro y representante del Consejo Ciudadano, el maestro Santiago Corcuera Cabezut.
El representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, doctor Jan Jarab.
Asimismo, damos la bienvenida a los gobernadores que nos acompañan, autoridades federales, estatales, sociedad civil, así como a los representantes de los medios de comunicación.
Señoras y señores, todos ustedes bienvenidos.
Para dar inicio a este evento, escuchemos el licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN: Con su autorización, señor presidente de la República.
Damos la bienvenida a los familiares de las personas desaparecidas en nuestro país a esta primera reunión donde se dará cuenta de los avances que en los últimos tres meses a raíz de la constitución del Sistema Nacional de Búsqueda se han venido logrando.
Agradezco la presencia de los señores gobernadores de los estados.
Nuestros compañeros del gabinete del gobierno federal, de todas y de todos ustedes.
A reserva de lo que presentará en unos momentos más la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, respecto a las actividades puntuales que se han desarrollado, yo quisiera aprovechar la oportunidad para informar del cumplimiento de la instrucción que el presidente de la República nos dio para enfrentar la muy severa emergencia forense que vive nuestro país.
A partir de la reunión celebrada hace tres meses, el 24 de marzo, el día 29 de marzo iniciamos en coordinación con la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y de Servicios Periciales, un diagnóstico de la situación de los servicios forenses en el país, donde hemos obtenido resultados que deben atenderse de inmediato y que lamentablemente durante mucho tiempo se mantuvieron en el ocultamiento y en indiferencia por parte del gobierno.
Como es evidencial en los últimos años, no solamente se incrementó el número de personas desaparecidas y personas fallecidas, sino que el incremento significativo de los homicidios en el país a partir del año 2007 superó con mucho la capacidad de los servicios forenses para atender la magnitud y la complejidad para garantizar la identificación y el trato digno de los cuerpos que se encontraron.
Al mismo tiempo, junto con el incremento del número de homicidios y personas desaparecidas, también se alentó una práctica deleznable en nuestro país, donde a un gran número de cuerpos no se les practicó la necropsia y fueron inhumados indebidamente en distintas fosas comunes bajo el argumento de que existía una sobrecarga de los servicios forenses a nivel nacional.
Esto ha conducido a una muy profunda crisis forense que requerimos enfrentar con toda firmeza en estos momentos.
De los resultados que hemos obtenido en el estudio celebrado en los últimos tres meses se destacan seis aspectos fundamentales.
En primer lugar. La falta de infraestructura adecuada, suficiente y óptima para el desarrollo de las pruebas periciales que permitan la identificación de las personas.
En segundo lugar. La escasez de personal especializado y suficiente en todos los servicios forenses de las entidades del país.
La falta de recursos, son recursos limitados que impiden la operatividad efectiva de todas las especialidades forenses.
La falta de criterios homologados para la conservación y tratamiento de los cadáveres.
El desconocimiento de la normatividad en la materia y la insuficiencia de cementerios forenses en todo el país.
Hay que replantear el rumbo y hay que hacer una política que nos garantice el trato digno y la identificación de los cuerpos que en estos momentos se encuentran en los servicios forenses del país, en fosas comunes e incluso en las fosas clandestinas que se están ubicando en estos momentos en distintos estados de la República.
Y el objetivo no solamente es evitar que se siga acumulando este rezago, sino resolver la atención de los casos del día a día, los casos en espera y la atención de las fosas clandestinas, con lo cual tiene que haber una reorientación del trabajo forense con protocolos homologados para el análisis, para que la práctica forense privilegie, le dé prioridad a la identificación contando con los equipos multidisciplinarios y con el material que permita tanto la identificación dactilar, como la identificación biométrica y genética.
Para eso, en una primera etapa, cumpliendo con las instrucciones del señor presidente, vamos a alentar 10 acciones de inmediato.
En primer lugar. El acuerdo ya con los gobernadores de algunas de las entidades. Procederemos a instalar cinco institutos regionales forenses que estarán ubicados en los estados de Coahuila para atender las entidades de Chihuahua, Durango y San Luis Potosí; en Nuevo León, para atender la problemática de ese estado junto con Tamaulipas; en Sonora, para atender la problemática de Baja California, Baja California Sur y Sinaloa; en Veracruz, para atender los problemas de Puebla, Oaxaca y Chiapas; y en la Ciudad de México, para compartir esta responsabilidad con los estados de Morelos y de Guerrero.
Estos cinco institutos regionales forenses contarán una inversión de 230 millones de pesos para su construcción e instalación.
Un segundo aspecto que es muy importante destacar es la construcción de por lo menos 15 cementerios forenses en distintas entidades: tres en el estado de Veracruz, tres en Sinaloa, dos en Jalisco, dos en Guerrero y uno en cada de las siguientes entidades: Michoacán, Baja California, Colima, Nayarit y Tamaulipas.
Al mismo tiempo se contará con recursos para la contratación de expertos de un equipo especialista en materia forense, con lo cual la Comisión Nacional de Búsqueda contará con expertos nacionales e internacionales, como son antropólogos y arqueólogos forenses para atender la demanda en la intervención de inhumaciones clandestinas por la escasez del personal especializado.
Un apoyo en particular se otorgará a los estados de Nayarit, Sinaloa y Colima para fortalecer sus trabajos de identificación forense.
Se trata de atender necesidades básicas de todos los sistemas forenses en el país para garantizar la identificación dactilar en los servicios médicos que requieren desde lectores de huellas digitales y sistemas automatizados de identificación de huellas dactilares, infraestructura y soporte de base de datos, así como homologar en las 32 entidades federativas los identificadores genéticos para que se pueda garantizar la existencia de laboratorios certificados para eficientar la identificación forense en todos las entidades de la República.
Así se van adquirir sistemas AFIS de huellas digitales y el sistema Codex de identificación genética para que se fortalezca la capacidad que hoy está prácticamente disminuida o es inexistente en algunos estados de la República.
De la misma manera, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana suscribiremos un convenio de colaboración para que a través de la División Científica de la Policía Federal contemos con la asistencia técnica y pericial y se integre una base de datos única en materia genética.
Ese será un esfuerzo fundamental que va a requerir también de la información de las fiscalías de los estados para que podamos integrar sólo una base de datos genética que nos permita la identificación.
Junto con ello, estamos ya garantizando con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que la Unidad Especializada de Búsqueda de la misma sea el apoyo y soporte fundamental de la Comisión Nacional de Búsqueda para garantizar el acompañamiento en las tareas de búsqueda y exhumación en el país.
Finalmente, derivado de la reunión que sostuvimos hace unos días con los servicios periciales de todo el país, procederemos no solamente a homologar los protocolos que están pendientes de exhumación, de identificación, sino a elaborar una ley en materia forense que nos permita crear la ley de identificación humana con la participación de expertos de servicios periciales del registro nacional de población, entre otras instituciones.
Estas acciones representan en esta primera etapa -porque por supuesto habrá etapas subsiguientes- una inversión de 410 millones de pesos, los cuales provendrán 120 millones de la Comisión Nacional de Búsqueda, 290 millones de pesos de recursos federales.
Pero también buscaremos una nueva orientación de los recursos que se encuentran ubicados en el Plan Mérida, para que todo lo que son sistemas para detectar la huella genética, así como la identificación de huellas dactilares podamos tenerlos a la brevedad posible en cumplimiento de este enorme reto.
No solamente hay que acompañar, hay que garantizar una búsqueda adecuada que permita ubicar a muchas de las personas desaparecidas, sino lo fundamental es garantizar su identificación.
Queremos un trato digno a los cuerpos, garantizar su derecho a la identidad, garantizar el derecho de las familias, a que aquellas personas que lamentablemente desaparecieron y fallecieron puedan regresar al seno de su familia, al seno de sus hogares y que tengan una sepultura digna y un descanso en paz.
Así, estamos avanzando, señor presidente. Esperemos la colaboración de todos los colectivos para concretar estas acciones a la brevedad posible.
Muchas gracias.
INTERVENCIÓN: Alejandro Encinas, estás hablando de fosas y de cuerpos que están buscando cuerpos y ¿qué pasa cuando yo te señalo dónde está mi hija? No contestan (inaudible) desapareció, se la llevaron el 11 de abril.
Les he señalado, ya hace más de dos meses, señor presidente, en dónde se encuentra y lo único que les interesa es preguntarme: ‘¿Quién te dijo?’
Que no te importe quién te dijo, sálvenla.
Señor presidente, se lo suplico, está en sus manos.
Por eso vengo desde La Paz, Baja California, porque sé que usted la va a salvar; y no va a salvar únicamente a mi hija, puede haber ahí 20 gentes más que están vivas y que muchas de estas madres están esperando encontrar. Se encuentra en Michoacán, en Turicato, en un lugar que se llama El Perdido.
Por favor, haga algo, no nada más se concentren en fosas, por favor.
¿Cuántas de ustedes piensan que están sus hijos enterrados y no están enterrados, están vivos? Están vivos.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Quiero aprovechar para dar respuesta a este planteamiento. Efectivamente, tuvimos conocimiento de esta situación no hace dos meses, nos notificó usted personalmente en la reunión que sostuvimos en la ciudad de La Paz la semana pasada.
Estamos en coordinación no solamente con el gobierno de Baja California Sur, sino también con las autoridades de la fiscalía para hacer la búsqueda en esta región de Turicato, en el estado de Michoacán; y por supuesto esperemos que las diligencias que se estén, que están desarrollando, puedan llegar a buen término.
Se está atendiendo y, por supuesto, con la autoridad de la Fiscalía General que es quien nos va a auxiliar en esta tarea.
MODERADOR: Enseguida, señoras y señores, escucharemos por parte del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago, su mensaje.
MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, GOBERNADOR DE COAHUILA, COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CONAGO: Con su permiso, señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Con respeto saludo a las familias representantes de los colectivos en el país y a todos quienes hoy están presentes aquí, en Palacio Nacional.
La búsqueda de las personas desaparecidas es la agenda prioritaria que el Estado mexicano debe enfrentar con toda la fuerza del pacto federal. Es la demanda principal de las familias que exige justicia, verdad, reparación y no repetición.
Sin duda, la desaparición de miles de personas es un grave problema nacional, que desde el gobierno de la República debe ser resuelto con el apoyo y colaboración de todas las entidades federativas.
La participación activa de los diferentes colectivos de familiares de las víctimas es fundamental para construir la política pública que debemos instrumentar en toda la Federación.
En mi carácter de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago, destacamos la voluntad presidencial de esta convocatoria de rendición de cuentas para reinstalar y darle seguimiento al Sistema Nacional de Búsqueda.
Igualmente, para generar este espacio de encuentro nacional que establezca la agenda y las prioridades de trabajo que debemos impulsar en casa entidad, me gustaría compartir de manera muy rápida tanto la visión, como la experiencia que desde lo local es importante resaltar.
En primer lugar. Desde la comisión de Conago que me honro en presidir reitero el atento llamado a las entidades federativas que les falta constituir su Comisión Estatal de Búsqueda.
Reconocemos los avances que ha hecho la Comisión Nacional en la conformación de 24 comisiones locales, de las cuales 18 al día de hoy ya tienen designado su titular y han empezado a suscribir el convenio del subsidio federal para poder empezar a funcionar.
Esto fue un compromiso presidencial que en lo que respecta al ámbito local los estados debemos coadyuvar por la obligación que adquirimos a partir de la Ley General de Desapariciones en México.
Por tanto, desde Conago plantearemos un exhorto puntual y urgente a las entidades federativas que están pendientes. No debemos demorar más la instalación de todo el sistema nacional.
En segundo lugar. La emergencia forense es una grave situación que demanda una permanente coordinación nacional interinstitucional. Durante este año en Coahuila estamos en proceso de construcción del Centro de Identificación Humana.
Como ya lo comentó Alejandro Encinas, un logro de los diversos colectivos en el estado han sido las familias las que con la ayuda de expertos y la comunidad internacional han planteado la necesidad de contar con una infraestructura sólida que permita darle cumplimiento al derecho de las personas, a ser localizadas e identificadas con procedimientos científicos y confiables.
Igualmente, tenemos la responsabilidad de dialogar con el gobierno federal, las familias y los expertos para atender la urgencia forense, además de construir las instituciones forenses que hoy no tenemos.
Debemos impulsar un amplio esfuerzo para plantear la necesidad de la cooperación internacional que desde el Estado mexicano pueda trasladar a las entidades federativas para resolver esta crisis.
Desde Coahuila apoyaremos el Plan Nacional Forense, que mejore nuestras capacidades locales y garantice una atención urgente de los cuerpos sin identificar y que hoy requieren un mecanismo extraordinario de apoyo internacional.
No es justo ni humano que por las limitaciones de las instituciones del Estado los familiares tengan que esperar más de una década para identificar a los miles de cuerpos que no han sido exhumados.
En tercer lugar, nos sumamos a la propuesta de la Comisión Nacional de Búsqueda de los planes regionales. Hemos acordado iniciar en la región noroeste del país que comprende, también como ya lo comentaron, Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Coahuila.
Esta política regional a fin de llevar a cabo acciones coordinadas y mucho más efectivas.
La adecuada estrategia regional puede ser un gran paso para desarrollar diagnósticos y medidas que ofrezcan patrones e informes pertinentes de los procesos de localización de las personas.
Cuentan con Coahuila para facilitar este ejercicio regional en el que por supuesto contemplamos sin lugar a dudas la participación de las familias.
En cuarto lugar, resaltamos el interés de la comisión nacional por desarrollar los diferentes registros en materia de desapariciones que deben ser implementados por la ley general.
De parte de las entidades federativas estaremos muy atentos para uniformar los criterios, pero sobre todo tenemos que seguir sistematizando nuestra información, a fin de que los registros cuenten de manera confiable, las personas desaparecidas y aporten datos relevantes para la toma de decisiones.
Esta es una agenda mínima e imprescindible que debemos impulsar; desde luego que el movimiento nacional de personas desaparecidas es fundamental para orientar las acciones de gobierno.
Reitero nuestra firme voluntad estatal de coadyuvar desde la esfera desde nuestra competencia en los trabajos que la federación instrumentara para garantizar el derecho de las personas a ser localizadas y encontradas.
El regreso a casa de todos los hoy ausentes debe ser nuestra prioridad.
Señoras y señores:
La agenda de búsqueda de personas no es la única obligación de las autoridades, el Estado mexicano tiene una gran deuda en justicia, verdad, reparación y no repetición.
Por tal razón, sugerimos respetuosamente al gobierno federal la posibilidad de detonar, tanto en cada estado como a nivel nacional, el sistema de víctimas de desaparición, que genere un espacio de diálogo permanente, donde se definan las tareas y prioridades que debemos instrumentar todos, tanto Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los ámbitos federal y local, en los distintos organismos autónomos encargados del tema, como en las comisiones ejecutivas de atención a víctimas y de derechos humanos.
Esta crisis exige la unión de todos los que tenemos una responsabilidad en el servicio público y de la sociedad en general en nuestro país.
Todos debemos impulsar una sola política que erradique la impunidad, que enjuicie y que sancione, previo debido proceso a los responsables de las desapariciones y garantice, por supuesto, los derechos de las víctimas en forma integral.
Desde Coahuila seguiremos desarrollando de manera puntual nuestra agenda de trabajo con las familias de las personas desaparecidas, continuaremos escuchando su voz para traducirla en garantías de sus derechos, sostendremos también nuestra colaboración y apoyo al gobierno que encabeza el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para desarrollar desde lo local y regional las tareas que nos corresponden conforme a principio de lealtad federal, es decir, de unión como Estado mexicano para atender y resolver los problemas más graves que enfrenta nuestra nación.
Por su atención, muchas gracias.
MODERADOR: Muchas gracias, señor gobernador.
Agradecemos su amable participación.
Y solicitamos de la manera más atenta y respetuosa al maestro Santiago Corcuera Cabezut, miembro y representante del Consejo Ciudadano, nos dirija su mensaje.
(CONVERSACIÓN DE UNA PERSONA CON EL PRESIDENTE SIN MICRÓFONO)
MODERADOR: Muchísimas gracias.
Para da continuidad a este evento, reiteramos la invitación a ser el uso de la palabra al al maestro Santiago Corcuera Cabezut, miembro y representante del Consejo Nacional Ciudadano.
SANTIAGO CORCUERA CABEZUT, MIEMBRO Y REPRESENTANTE DEL CONSEJO NACIONAL CIUDADANO DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA: Muchas gracias.
Con su permiso, señor presidente.
Saludo a las familias de las personas desaparecidas aquí presentes, a las demás personas que integran el presídium.
El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda se dirige a ustedes respetuosamente.
El consejo tiene su base legal en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y es un órgano de consulta del sistema nacional integrado por personas, familiares de personas desaparecidas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y de la academia que actuamos a título personal, de manera honorífica, al máximo de nuestras capacidades y prácticamente con nuestros propios recursos en la causa que nos une, que es el hallazgo de las personas desaparecidas con perseverancia y esperanza.
Nos congratulamos por el hecho de que en esta ocasión, lo mismo que en el relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda, se encuentre presente el señor presidente de la República. Su presencia ilustra un compromiso que todas las disposiciones de la ley general mencionada alcancen una plena aplicación en la realidad.
Del mismo modo, saludamos a todas las autoridades presentes, en especial a la secretaria de Gobernación, al subsecretario Alejandro Encinas, a la comisionada Karla Quintana y a Félix Santana, quienes han abierto todos los espacios a su alcance para que las demandas de las familias sean escuchadas y atendidas, y que son ejemplo de paciencia y responsabilidad a pesar de todos los obstáculos y retos que enfrentan.
También vemos con esperanza algunas acciones emprendidas por el gobierno federal, como la instalación de la Comisión para la Verdad para el Caso de los Estudiantes de Ayotzinapa.
Por lo paradigmático del caso resulta indispensable que todo lo que rodeó la desaparición de esos estudiantes pueda esclarecerse debidamente, porque puede ser una muestra contundente de la voluntad y el compromiso del Estado para generar respuestas tangibles en materia de búsqueda e investigación en beneficio de muchos otros casos.
En especial esperamos que sea plenamente esclarecido lo ocurrido alrededor de la información que aparece en un video publicado recientemente, donde aparece confirmarse una vez más el uso de la tortura en la investigación y el ocultamiento de información que podría ser fundamental para encontrar a los estudiantes.
El adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda es indispensable para atender la situación que enfrentan las familias de las personas desaparecidas.
Los casos de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares son elemento constitutivo de la actual crisis humanitaria en la que se encuentra sumido el país.
Por desgracia, según cifras oficiales, actualmente existen en México por lo menos 40 mil personas desaparecidas y las tendencias continúan en aumento.
A estas desapariciones se suman las ocurridas en contra de migrantes centroamericanos y de otros países ocurridas en su paso por territorio mexicano.
No podemos hablar de un problema que se haya resuelto ni algo que haya quedado en el pasado. Las desapariciones actualmente empiezan a presentarse en lugares en los que no sucedían con anterioridad e incluso donde habían dejado de suceder por algún breve lapso.
Por ello, consideramos indispensable reconocer la dimensión del problema y no subestimarlo, pues no se tratan de casos aislados o esporádicos, sino que como lo ha indicado el Comité contra las Desapariciones Forzadas en la ONU, en México se presenta un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio nacional, algunas de las cuales son desapariciones forzadas propiamente dichas.
La única manera y el primer paso dar solución a un problema es reconocerlo en su total dimensión.
En este sentido, vemos con preocupación que en algunas partes del país persisten prácticas que minimizan las desapariciones o niegan su gravedad y retrasan las acciones de búsqueda inmediata.
La primera recomendación que el Grupo del Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU le hizo al Estado mexicano el 31 de marzo del 2011, tras su visita oficial a México, fue precisamente que el gobierno debía reconocer la dimensión del problema; y esto pasa por evitar que las prácticas continúen, garantías de no repetición, pues sólo mediante acciones concretas, coordinadas y contundentes de prevención y búsqueda inmediata en vida evitaremos que la cifra de personas desaparecidas continúe a la alza.
No obstante, los avances en la instalación de comisiones de búsqueda locales gracias al impulso efectuado desde la Presidencia.
Al Consejo Nacional Ciudadano le parece injustificable el hecho de que aún existan entidades que no han puesto en marcha su comisión y también en los casos en que ya han sido creadas legalmente carezcan de titular, incluso algunas de ellas que ya tienen titular carecen de los más mínimos recursos materiales y de personal para desempeñar sus funciones.
En nuestra opinión, incluso la Comisión Nacional de Búsqueda, comandada por una persona titular altamente capacitada, aún carece de los suficientes recursos económicos materiales y de personal multidisciplinario que le permita realizar cabalmente y con eficiencia sus funciones.
Por ejemplo, el hecho que la contratación del personal de la comisión nacional sea temporal y esté por vencerse el próximo 30 de junio resulta inaceptable, dicha situación produce incertidumbre. La Comisión Nacional de Búsqueda tendría que tener la certeza de continuidad necesaria y de estabilidad en el empleo para poder brindar resultados.
Del mismo modo, al Consejo Nacional Ciudadano le resulta preocupante el hecho que varios estados de la República no tengan designado los fiscales especiales en materia de desapariciones que la ley ordena tener, y también que muchas de las fiscalías se nieguen actualmente a desplegar acciones de búsqueda por considerar que les competen a las comisiones.
Las fiscalías tienen a su cargo por mandato constitucional y legal diversas diligencias fundamentales para lograr la localización de personas que no se anulan o excluyan con las facultades otorgadas a las comisiones. Además, muchos estados de la República no cuentan con el Consejo Ciudadano correspondiente que coadyuve con las funciones del sistema a nivel local.
Las legislaturas de los estados en su inmensa mayoría también se encuentran en falta, dado que no han expedido la legislación en materia de declaración de ausencia por desaparición. Todas estas carencias y retrasos son motivo de alerta para el Consejo Ciudadano dado que, mientras que prevalezcan, el sistema se encontrará vigente en la ley, pero no en pleno funcionamiento, y las acciones coordinadas requeridas para la localización y restitución de las personas desaparecidas que se enfrentan, pues son serios retos.
Los miles y miles de casos de personas desaparecidas, el alarmante número de fosas clandestinas que ya se conocen y que siguen apareciendo en el territorio nacional, el desproporcionado número de cuerpos sin vida que se encuentran en los servicios médicos forenses sin que hayan sido aún identificados, son los elementos que nos conducen a insistir respetuosamente en nuestras demandas de cumplimiento de la ley general, pues los familiares de las personas desaparecidas no han recibido los resultados que en justicia merecen y los casos nuevos que suceden todos los días apelan a dar mayor sentido de urgencia a la implementación de acciones eficientes en la materia.
Las víctimas y sus familiares no merecen nuestra compasión y nuestra lastima, sino que merecen justicia, verdad, reparación integral y no repetición. Sólo con un sistema completamente consolidado se podrán ver resultados.
Las víctimas no desean ver algunos resultados aislados, sino que exigen con toda razón que el sistema funcione plenamente y que los resultados se den de manera consistente, ordenada, ininterrumpida hasta que el sistema deje de ser necesario por haber cumplido su cometido, que es el hallazgo de las personas desaparecidas y la detención, procesamiento y sanción, en su caso, a los responsables.
En suma, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Las víctimas reclaman justicia, no solamente a nivel doméstico, sino también a nivel internacional.
Funcionarios federales del Estado mexicano durante esta administración han expresado el compromiso de que se reconocería la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Lo mismo hizo el gobierno del presidente Peña Nieto en la línea 3.3.3 del programa de derechos humanos de aquella administración; es la fecha que las víctimas siguen esperando el cumplimiento de dichos compromisos expresados por el Estado mexicano.
La justicia internacional es complementaria de la doméstica, por lo que sería una muestra del compromiso hacia la justicia el que el Estado mexicano por fin reconozca la competencia del comité.
En conclusión, el Consejo Nacional Ciudadano está convencido de que es obligación del Estado mexicano darle resultados a las víctimas que reclaman justicia, verdad, reparación integral y no repetición.
La ley general es un logro que se debe a ellas, es una ley única en el mundo, pero no debe de quedarse en un ordenamiento vigente, sino que debe convertirse en un ordenamiento viviente, que brinde solución plena a la problemática de las desapariciones en México.
La crisis de derechos humanos que vive el país, señalada por organismos internacionales de derechos humanos tiene en una de sus más crudas expresiones en la epidemia de desapariciones en todo el territorio nacional.
Lo más importante no solamente es esclarecer los casos que ya se han presentado, sino que dejen de presentarse casos adicionales de desapariciones en México; para ello es necesario replantear la política de seguridad y la política de persecución de delitos.
El Consejo Ciudadano recibió con beneplácito las diferentes expresiones del gobierno actual en el sentido de que se replantearía la política de drogas, redireccionar los recursos que actualmente se destina a la persecución del narcotráfico causaría grandes beneficios para la pacificación del país; no obstante, queda mucho por hacer para prevenir las desapariciones y esto exige pensar, repensar, las causas de éstas que parecen complejizarse cada vez más.
De manera por demás destacable está el incremento de mujeres adolescentes desaparecidas, además de niños y niñas. De acuerdo con los últimos datos públicos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, cada día desaparecen cuatro niñas, niños y sobre todo mujeres adolescentes.
Las acciones de búsqueda de los colectivos de familiares de varios puntos del país continúan en un contexto cada vez más riesgoso ante repuntes de violencia que se presentan en varios puntos del país y sin que se disponga de medidas de protección adecuada.
Tampoco existen condiciones de seguridad idóneas para policías, fiscales y personas defensoras de derechos humanos que acompañan estas labores de prevención del delito en contra de migrantes.
Señor presidente:
Son muchos e inmensos los retos que tenemos por delante. El Consejo Ciudadano reitera su compromiso con esta administración para enfrentarlos.
El Consejo Ciudadano reitera su agradecimiento, señor presidente de la República, por su presencia y su compromiso para dar solución a estos gravísimos problemas que aquejan a nuestro México.
Muchas gracias.
Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
MODERADOR: Muchas gracias al maestro Santiago Corcuera.
A continuación, toma la palabra la doctora Karla Quintana Osuna, comisionada nacional de Búsqueda de Personas.
KARLA QUINTANA OSUNA, COMISIONADA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS: Señor presidente, con su permiso.
A las familias de las personas desaparecidas, a la sociedad civil, a la academia, a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y a todas las autoridades aquí presentes.
México tiene una deuda histórica en materia de desaparición de personas. Cuando alguien desparece, mejor dicho, cuando una persona es desaparecida y el Estado no responde como un todo, desaparece también la verdad y la justicia.
Este gobierno ha reconocido por primera vez que existe una crisis en materia de desaparición.
El día de hoy estamos dando cuenta de los pasos que se han dado en estos tres meses en la construcción del Sistema Nacional de Búsqueda creado por las familias, tal como lo acaba de decir Santiago Corcuera.
En primer lugar, queremos hablar sobre las comisiones estatales de Búsqueda ya creadas.
La vez pasada que nos reunimos había 13 comisiones de búsqueda, no todas con titular.
Al día de hoy contamos con 24 comisiones de búsqueda, 18 de ellas con titular.
De las comisiones de los estados que todavía hacen falta de crear comisión local de búsqueda, quiero decir que al menos dos, que es Sonora y Baja California Sur, ya están dando pasos concretos para la creación en las próximas semanas.
De los subsidios que tenemos autorizados desde la Comisión Nacional de Búsqueda, que son aproximadamente 200 millones de pesos dirigidos directamente para las comisiones estatales de Búsqueda, se han autorizado al día de hoy: Coahuila con 11 millones, Jalisco, con 11 millones; Nayarit, con 11 millones; Nuevo León, con 11 millones; San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, con 11 millones; Estado de México, con dos millones y medio.
De los subsidios pendientes de las comisiones locales de búsqueda que ya existen, ya están en proceso de solicitud: Colima, Durango, Guerrero, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Tlaxcala.
Y aún no han sido solicitados Baja California, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Campeche, Chihuahua, Morelos y Tabasco; sin embargo, los que tienen un asterisco es que ya están en comunicación con la Comisión Nacional de Búsqueda para empezar con el proceso.
En relación con las acciones de búsqueda, por supuesto que el principio número uno de los principios de Naciones Unidas, del Comité Contra la Desaparición Forzada es búsqueda en vida.
En estos tres meses se han abierto 494 expedientes de búsqueda, 379 de ellos con anterioridad a enero de este año y 115 de enero de este año a la fecha actual.
También se ha gestionado el ingreso a diversos penales en el país, se han hecho operativos de búsqueda en vida de migrantes, se han tenido reuniones en diferentes estados del país, junto con las familias y diferentes autoridades locales, incluso municipales y federales para realizar y planear acciones de búsqueda en vida y también de búsqueda jurídica.
En relación con la búsqueda judicial, que es a través de amparos buscadores, también se han presentado varios de ellos ante juzgados federales.
Y como lo decía el subsecretario Alejandro Encinas, en relación con la búsqueda de identificación humana se ha destinado, se realizó en primer lugar un primer diagnóstico nacional donde se han destinado, por instrucción del presidente, los recursos que se han referido.
Asimismo, se ha creado una unidad de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada durante la llamada guerra sucia, se han tenido diversas reuniones con familias, también se ha creado un grupo de trabajo y se están revisando la totalidad de expedientes, que son 431 expedientes que tenía la FEMOSPP abiertos y cerrados.
Se ha tenido presencia en 22 estados del país, tanto para las acciones de búsqueda, como para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda.
En relación con el plan regional y el Programa Nacional de Búsqueda, queremos reiterar, tal como lo dijo el gobernador Riquelme, que estamos accionando el primer plan regional de búsqueda en el país, en el noreste, en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango.
Esto no quiere decir, por supuesto, que no sigamos actuando en los diversos estados donde seguimos haciendo acciones de búsqueda y teniendo contacto directo con las familias y con las diferentes autoridades.
En relación con el Plan Regional del Noreste que será el piloto, estamos contemplando tres etapas. El mes pasado y en este mes hemos estado laborando el diseño y la elaboración del plan, junto con diversas organizaciones a quien quiero agradecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional, y por supuesto a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas.
En un segundo momento, ya tendremos reuniones y ya hemos conversado con las familias, pero tendremos reuniones en los meses de julio y agosto para presentar y planear el plan junto con ellas. Ellas son y ustedes son quienes tienen la mayor información y quienes han exigido por años búsquedas regionales.
Ustedes tienen muchos puntos, y por supuesto que el próximo mes vamos a estar en julio y agosto trabajando con ustedes para diseñar estas acciones de búsqueda muy concretas. Y esperamos, señor presidente, empezar a implementar este plan regional de Búsqueda a partir de septiembre.
En relación con el Programa Nacional de Búsqueda de Personas, el cual es una obligación de la Comisión Nacional de Búsqueda implementar, será emitido con posterioridad que se emita el Plan Nacional de Derechos Humanos y tiene que tomar en consideración, al menos, esto no es limitativo, la elaboración de diagnósticos sobre la situación de desaparición y las diferentes instituciones que conformamos el sistema.
La recolección, procesamiento y sistematización de la información, el análisis de contexto y las estrategias concretas de búsqueda de personas desaparecidas y esto no puede llevarse a cabo, por supuesto, sin la participación y búsqueda de la mano de familias de personas desaparecidas, sociedad civil y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
A continuación, voy a tocar dos temas que son datos del terror que traen detrás una narrativa de profundo dolor y que hay muchas familias detrás, y lo quiero hacer con todo el respeto.
En primer lugar, dar una cifra actualizada del conteo y la sistematización de las fosas encontradas, señor presidente, desde el 1º de diciembre hasta la semana pasada.
En sitios de inhumación clandestina, tenemos un total de 207 sitios de inhumaciones clandestinas donde están, en primer lugar, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Colima y Zacatecas.
En relación con el número de fosas clandestinas a la semana pasada tenemos un total de 426 fosas clandestinas, siendo los primeros lugares Veracruz, Colima, Sinaloa, Sonora, Guerrero y Chihuahua.
En relación con cuerpos encontrados en fosas clandestinas, tenemos un total de 551 cuerpos, estando en primer lugar en orden consecutivo: Colima, Sinaloa, Jalisco, Nayarit y Chihuahua.
Además, también llevamos un conteo de las partes del cuerpo que no cuentan como cuerpos completos.
Esta es la gráfica que tenemos al día. Los estados con mayor índice de inhumación clandestina, de fosas clandestinas, los estados con mayores cuerpos, que son los que mencioné.
Los municipios con mayor índice de sitios de inhumación clandestina son: Mazatlán, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero; Tecomán, Colima; y Río Blanco, Veracruz.
Los municipios con mayor índice de fosas clandestinas son: Úrsulo Galván, Veracruz; Tecomán, Colima; Cajeme, Sonora; Mazatlán, Sinaloa; Acapulco de Juárez, Guerrero.
No tenemos el número de municipios con mayor cuerpo, porque estas fosas, muchas de ellas aún están en procesamiento.
Este es el mapeo de las fosas encontradas a partir del 1º de diciembre de este año. Tenemos muy claro desde la Comisión Nacional de Búsqueda que tenemos que hacer una revisión del conteo histórico de fosas clandestinas en este país.
Como ustedes saben, ya varias organizaciones y universidades han llevado a cabo este conteo y nosotros estamos corroborando también esta información.
Un segundo registro, hablando de los datos del terror, es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
El día de hoy existe una lista y es eso, una lista de personas desaparecidas que habla de más de 40 mil personas desaparecidas que fue actualizada hasta abril del año pasado, abril del 2018, es decir, llevamos más de un año sin actualizar ese registro.
Desde la Comisión Nacional de Búsqueda estamos realizando una sistematización, un sistema, mejor dicho, no un simple registro, no queremos tener una lista de personas desaparecidas, queremos tener toda la información de todas las personas desaparecidas.
Y en los próximos dos meses estaremos emitiendo una convocatoria para el llenado de este sistema que contenga toda la información de las personas desaparecidas.
Este registro no será llenado únicamente por las fiscalías, tiene que ser llenado por cualquier persona que tenga información, no se necesita una denuncia.
Entonces, vamos a armar una campaña nacional de registro.
Por un lado, por parte de las fiscalías, por supuesto que vamos a pedir la información que tengan las fiscalías, y aquí quiero recordar y pedir la colaboración de los señores y las señoras fiscales, que cuando nos den la información no sólo nos den las denuncias por desaparición forzada o por desaparición por particulares; necesitamos tener todas las denuncias por cualquier otro tipo de delito en que la persona esté desaparecida, por ejemplo, trata de personas o secuestro.
Insisto, no se necesita una denuncia, por lo tanto, cualquier persona desde cualquier parte del mundo va a poder llenar este registro y tendrá por supuesto la confidencialidad debida, incluso aquí tengo que decir que si la persona que quiere registrar no desea dar su nombre podrá hacerlo de manera anónima.
Lo que necesitamos tener como Sistema Nacional de Búsqueda, tanto para buscar como para investigar es tener la mayor cantidad de información posible para tener las líneas de búsqueda, insisto, en primer lugar, en vida y también de investigación.
También este registro tiene que actualizarse. Tener este sistema nos permitirá actualizar en tiempo real, no podemos estar haciendo actualizaciones cada tres o seis meses, la actualización tiene que ser diaria, en el momento en que esté sucediendo.
Estos son algunos de los puntos que se tomarán en cuenta, pero por supuesto que serán puestos a consideración, tanto de las familias, como de las autoridades involucradas para recibir la retroalimentación.
También la ley en materia de desaparición obliga a todas las comisiones y a las personas que trabajamos en las comisiones locales de búsqueda a tener una certificación, tal como ustedes lo solicitaron y lo pelearon en la ley en materia de desaparición.
También quiero decir que estamos avanzando en crear la certificación en la materia.
En relación con la estructura, ya estamos completos en la Comisión Nacional de Búsqueda y tal como lo dijo el subsecretario Encinas, el presidente ha autorizado que nos den un grupo de expertos en diferentes tipos de búsqueda.
Tenemos un número nacional, un 01800 nacional y también internacional para el registro de cualquier reporte en materia de desaparición.
Los retos a corto y mediano plazo.
Por supuesto que tenemos que seguir fortaleciendo al Sistema Nacional de Búsqueda, y tal como lo decía la representación del Consejo Ciudadano, no sólo necesitamos tener la totalidad de las comisiones locales de búsqueda formadas, que sí ha habido un avance importante y lo reconocemos, sino también que se prevea si inmediatamente que estas comisiones tengan personal y tengan recursos propios, además, del subsidio que se está dando a nivel federal.
Por supuesto, que las comisiones locales y la nacional necesitamos, como ya se ha dicho, mayor personal para poder cumplir con la encomienda y la obligación que tenemos frente a las familias de las personas desaparecidas.
Tenemos, como ya decía, el reto de tener un registro real de las personas que se encuentran desaparecidas. Tenemos pendiente la creación del protocolo homologado. Tenemos que crear más planes estatales y regionales. Y tenemos que crear el Programa Nacional de Búsqueda de Personas.
También, ya como lo ha explicado el subsecretario, tenemos que fortalecer y ya lo estamos haciendo, junto con diversas instituciones como la Fiscalía General de la República, los servicios médicos forenses.
También, daremos acompañamiento al Programa Nacional de Exhumaciones; y tal como se comprometió el gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguiremos impulsando el mecanismo extraordinario forense.
También es importante dar pasos firmes y fortalecer el mecanismo de apoyo al exterior para todas las personas y familias migrantes que buscan a una persona desaparecida.
Finalmente, el mayor y principal reto y obligación tenemos es que todas estas medidas que estamos haciendo lleven, finalmente, a encontrarles. El mayor éxito de esta Comisión Nacional sería dejar de existir.
Es justo decir que se están forjando pasos firmes en el Sistema Nacional de Búsqueda y que se trabaja sin descanso para brindar, finalmente, una respuesta digna a aquellas quienes han enfrentado el sistema por sí solas durante años.
Los retos son titánicos, como lo es la dimensión del problema. Tomar las medidas para encontrar a los miles de personas desaparecidas en México es nuestra obligación, pero sobre todo nuestra profunda convicción de respeto y garantía de los derechos humanos en búsqueda de verdad y de justicia.
MODERADOR: Muchas gracias.
Enseguida, queremos solicitar respetuosamente a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación tenga a bien dirigir su mensaje.
INTERVENCIÓN: … en Jalisco hay cuerpos incinerados…
Yo busco a mi hijo, Óscar (inaudible) querían obligarme a que yo aceptara (inaudible) que supuestamente a mi hijo lo incineraron, pero también que sepan que mil 561 cuerpos se incineraron sin dejar ninguna prueba genética.
No sé si usted tiene conocimiento de ello. Me quitaron el derecho a saber la verdad.
¿Cómo voy a saber yo qué pasó con mi hijo, si lo incineraron?
Quiero saber la verdad, quiero que ustedes (inaudible)
INTERVENCIÓN: Maestra Karla Quintana, usted menciona: ‘Tenemos los cuerpos, tenemos los resultados de ADN’, pero ¿contra qué están haciendo (inaudible)’
No existen las bases de datos ¿contra qué (inaudible).
Maestra, no me queda claro qué (inaudible) cosa que usted no señaló, donde tenemos intimidad (inaudible) Tamaulipas es un estado y el más violento (inaudible) y solamente de San Fernando hay 10 mil (inaudible)
INTERVENCIÓN: Señor presidente.
Quiero comentarle que el representante del Consejo Ciudadano no hizo mención también los problemas que tenemos como víctimas.
Uno de los problemas que (inaudible) es la falta de empleo (inaudible) nos han corrido como vil basura y nos hemos quedado sin trabajo (inaudible) mi pequeño hijo que ya a va a tener ocho años que está desaparecido…(inaudible)
MODERADOR: Muchísimas gracias.
Señoras y señores, permítanos por favor.
Hace uso de la palabra la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.
OLGA SÁNCHEZ CORDERO, SECRETARIA DE GOBERNACIÓN: Muy buenas tardes.
Con su venia, señor presidente.
Estimados integrantes del presídium, familiares de los desaparecidos, madres de las personas desaparecidas, señores gobernadores, señores legisladores:
Muchas gracias a todos y a todas por su presencia.
Desde el 1º de diciembre del año 2018 la administración que preside el licenciado Andrés Manuel López Obrador emprendió la tarea de atender las crisis que vive el país en materia de derechos humanos, en especial en el tema de las desapariciones.
Una de las primeras instrucciones del señor presidente a su gabinete fue la de actuar de forma inmediata para responder a las familias de las desaparecidas y de las y los desaparecidos.
Por ello, el 24 de marzo el presidente reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda de personas en el que subrayó de manera directa y sincera que el gobierno federal brindará todo su apoyo para sus tareas.
Hoy estamos aquí, tal como nos comprometimos ese día, escuchando los avances que hemos tenido en la construcción del andamiaje constitucional para fortalecer las tareas de búsqueda.
Hoy tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda activa, con presencia en todo el territorio nacional, que trabaja de la mano de las familias a fin de trazar estrategias para lograr mecanismos de coordinación eficaces con las autoridades.
Señor presidente:
Hace unas horas llevamos a cabo en la Secretaría de Gobernación la primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, donde se dio seguimiento a la instalación de las comisiones estatales, se analizaron las herramientas tecnológicas y los protocolos que se podrán a disposición del sistema.
La comisión de búsqueda ha emprendido una titánica labor para localizar principalmente con vida a las y los desaparecidos, para recorrer fosas junto con las familias y para darle nombre a los cuerpos que permanecen en los servicios forenses del país.
Sólo en este trimestre servidores públicos de nuestra secretaría han estado presentes en fosas de Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
La Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República realizaron el primer diagnóstico nacional forense que comprobó la existencia de miles de cuerpos sin identificar y confirmó la falta de apoyo institucional que habían tenido los servicios médicos forenses del país.
Este estudio nos permite tener un panorama muy claro para tomar medidas firmes y combatir esta emergencia.
Por primera vez el gobierno federal ha hecho público desde el 1º de diciembre pasado el número de fosas clandestinas descubiertas. Y lo hemos hecho así ya que la sociedad mexicana tiene el pleno derecho de conocer esta triste verdad.
En el último año de la administración anterior se desatendió el registro de personas desaparecidas, ya que sólo se actualizó hasta abril del 2018. Hoy se trabaja seriamente en la optimización de las bases de datos a fin de tener cifras más confiables.
La sistematización es una labor inmensa que debe combatir las inercias institucionales para compartir y homologar la información.
Hoy tenemos un Sistema Nacional de Búsqueda en construcción. En tres meses hemos logrado instalar 13 comisiones estatales de Búsqueda y al día de hoy contamos con 24 comisiones en la República Mexicana.
Y quiero hacer un profundo reconocimiento a los señores gobernadores, a la gobernadora de Sonora y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México por su compromiso personal para estar a la altura y responder con oportunidad para atender esta crisis nacional.
Agradezco a los secretarios generales de gobierno por su presencia y apoyo en este proceso.
Debemos trabajar de forma coordinada para acompañar con toda la fuerza del Estado mexicano la búsqueda de nuestros seres queridos que han desaparecido.
En el resto de las entidades que faltan, hemos acompañado los trabajos para lograr que se concrete al 100 por ciento la instalación de las comisiones estatales de Búsqueda para que en septiembre de este año, tal como lo sugirió el presidente de la República y como se comprometieron los gobernadores, tener todos, todos los sistemas y las Comisiones de Búsqueda en los estados.
Es un mandato que por ley y yo añadiría, por humanidad nos corresponde cumplir.
Con las comisiones instaladas comenzamos los trabajos para la entrega de apoyos de la Federación.
Estos subsidios están siendo ya canalizados a algunas de ellas.
Señoras y señores:
Las familias de los desaparecidos han vivido la violencia en carne propia, han sufrido el inmenso dolor de la incertidumbre y han vivido la indiferencia institucional.
Durante años, principalmente las mujeres, en su mayoría madres, han caminado solas buscando respuestas sin encontrar justicia.
Reconozco de manera sincera y comprende su dolor y su desesperación. Sé muy bien lo que significa el amor por los hijos, por los nietos.
Hoy las familias no están solas, cuentan con el apoyo total del señor presidente Andrés Manuel López Obrador y tienen el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación, de la subsecretaria de Derechos Humanos, a cargo de don Alejandro Encinas; de la Comisión Nacional de Búsqueda, a cargo de Karla Quintana, y de las comisiones estatales de búsqueda.
Es nuestra obligación y nuestra convicción buscar a las personas desaparecidas, y tomar todas las medidas necesarias para lograrlo. Los pasos que hemos dado son firmes y comprometidos, seguiremos caminando en la búsqueda de las y los desaparecidos, en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda de la justicia.
Muchas gracias.
MODERADOR: Agradecemos el mensaje de la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.
Damas y caballeros:
Escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
INTERVENCIÓN: … tenemos más de ocho días aquí afuera de (inaudible) aquí presente nos comentó que nos iba a recibir el martes a las 8:30, es hora que estamos esperando, queremos seriedad en todos los casos, queremos seriedad para cada una de las familias.
Yo sé que tienen mucho trabajo, pero ustedes también que dicen entender nuestro dolor, queremos que lo demuestren con hechos, queremos hechos, estamos aquí.
INTERLOCUTOR: Lo que queremos es una reunión donde podamos hacerles las propuestas para que puedan combatir el tema de los huérfanos, que ningún sexenio ha querido tocar y hay miles de huérfanos, que las madres tienen que enfrentar solas.
Ahora también vienen y nos dicen que tienen la orden del presidente con el tema de austeridad que se van a reducir las medidas de seguridad para las víctimas, cuando usted mismo (inaudible) nosotros estamos…por favor, recíbanos, escúchenos.
(Inaudible)
MODERADOR: Escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Familiares de víctimas de la violencia.
Vamos, y así inicio mi intervención, vamos a seguir teniendo estas reuniones periódicamente, cada tres meses nos vamos a reunir aquí para que, entre todas, entre todos avancemos en el propósito de encontrar a los desaparecidos por la violencia.
No voy a ocultarme, voy a dar la cara siempre. Por difícil que sea, por doloroso que sea, por incómodo que sea, voy a estar siempre dando la cara y tratando con ustedes este lamentable asunto.
Quiero decirles que es la peor herencia que nos dejaron los gobiernos anteriores, la peor herencia. Y vaya que nos dejaron muchos pendientes.
Se robaron miles de millones de pesos, pero eso tiene remedio, porque ya se va a terminar por completo, ya no hay corrupción tolerada en el gobierno. Eso se los puedo garantizar, eso tiene solución pronta y expedita.
También nos dejaron una enorme deuda pública, eso también tiene solución, porque no vamos a endeudar más al país.
También nos dejaron un pueblo empobrecido, con hambre y sed de justicia.
Tengo la convicción de que vamos a saciar esa hambre y esa sed de justicia de nuestro pueblo y ya lo estamos haciendo con programas de bienestar que nunca en la historia de México se habían aplicado en beneficio del pueblo, sobre todo, en beneficio de la gente humilde, de la gente pobre.
No importa que griten, tienen todo el derecho, es legítimo.
Quiero decirles que puedo enfrentar esta situación lamentable, grave, porque no tengo problema de conciencia.
Cuando fui opositor siempre me opuse a la política que aplicaron los gobiernos neoliberales y di la cara y protesté en todas las plazas públicas. Por eso, puedo enfrentar cualquier circunstancia por difícil que sea.
Y también, como aquí se ha dicho, por convicción, este lamentable asunto es el que estamos atendiendo con prioridad en el gobierno.
Deben ustedes saber que hay 72 asuntos prioritarios en el gobierno y el número uno es el problema de la inseguridad y el de la violencia y, sobre todo el de los desaparecidos.
Por eso vamos…
INTERVENCIÓN: … a los presos, delincuentes y asesinos de (inaudible) de Cacahuatepec (inaudible)
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cada quien tiene su derecho a expresarse, siempre vamos a garantizar las libertades y el derecho a disentir.
Quiero decirles que se está trabajando, se está avanzando.
La Subsecretaría de Gobernación de Derechos Humanos tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo.
Ahora se me acercó una señora diciendo que había la instrucción del presidente de recortar los recursos para la búsqueda de desaparecidos. Eso es una vil calumnia, eso es una mentira, no se están escatimando recursos, no hay límite porque no es un asunto que tenga que ver con lo material. Es algo que tiene que ver con lo humano y eso no tiene ninguna limitación.
Hay todo el apoyo, todos los recursos para atender esta demanda. También se está llevando a cabo este trabajo de manera coordinada con los gobiernos de los estados, estamos atendiéndolo.
Miren, yo estoy aquí desde antes de las seis de la mañana, de lunes a viernes, y de seis a siete me dedico a atender personalmente el grave problema de la inseguridad y de la violencia con todos los miembros del gabinete de seguridad, no he delegado este asunto a las secretarías, lo atiendo de manera personal y así lo voy a seguir haciendo.
También quiero decirles que reitero el compromiso que el Estado mexicano que represento nunca va a utilizar el uso de la fuerza para resolver un problema que se ha originado por la falta de atención al pueblo, por la pobreza, por la falta de empleos, por la falta de bienestar.
El Estado no va a reprimir al pueblo de México, antes el violador por excelencia de los derechos humanos era el Estado. Eso ya no sucede en esta nueva etapa de gobierno. Nunca voy a dar la orden de que se masacre al pueblo. Esto que les quede muy claro.
Sin embargo, lo dije y lo repito, hemos heredado esta violencia, las bandas de delincuentes que actúan en distintas regiones, distintos estados del país.
Estamos enfrentando el problema, todavía no podemos decir que está resuelto porque, reitero, es una herencia grave, una mala herencia, pero estamos trabajando.
¿Qué estamos haciendo?
Primero, ofreciendo opciones para que la gente, sobre todo los jóvenes, no tomen el camino de las conductas antisociales, no queremos que los jóvenes de México sean presa fácil y los enganchen para tomar el camino de la delincuencia.
Estamos atendiendo a los jóvenes, abrazando a los jóvenes, rescatando a los jóvenes, no dándoles la espalda a los jóvenes como sucedía.
¿Qué hicieron los anteriores gobiernos?
Nada más etiquetar a los jóvenes y llamarles ninis de manera despectiva, que ni estudiaban, ni trabajaban y nunca se hizo nada para atender a los jóvenes. Ahora hay el programa de becas más importante en la historia de México para que los jóvenes estudien y el programa de trabajo.
Hoy, apenas estamos cumpliendo siete meses o vamos a cumplir siete meses de gobierno y hay 600 mil jóvenes que tienen trabajo, 600 mil jóvenes que están trabajando.
Así vamos a ir avanzando, creando mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo.
La paz y la tranquilidad son frutos de la violencia y poco a poco vamos a ir resolviendo este problema.
Y, repito, aquí nos vamos a estar encontrando y les vamos a estar informando y ustedes con toda libertad se van a seguir manifestando. Y vamos entre todas y entre todos a dar atención a este grave problema. Vamos siempre a estarnos encontrando.
Les pido que nos tengan confianza. No nos confundan, no somos iguales, no somos corruptos, no permitirnos la impunidad, no somos encubridores.
Nosotros queremos que se haga realidad la justicia en México y estamos por una transformación. Llegamos aquí no para detentar el poder, no para tener un cargo; estamos aquí, porque vamos a transformar la vida pública de México.
Vamos a hacerlo, aunque tengamos la resistencia de los causantes de la crisis de México, de la desgracia de México.
Vamos a sacar adelante a nuestro país y vamos a sacar del atraso, del sufrimiento, de la marginación, de la pobreza a nuestro pueblo.
Y lo puedo decir, lo puedo gritar a los cuatro vientos, va a haber justicia en México.
Muchas gracias.
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