ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS POBLACIÓN Y MIGRACIÓN, SEGOB: Con su autorización señor presidente de la República.
Saludo y agradezco la presencia de todas y de todos los familiares de las personas desaparecidas en el país, así como la presencia de mis compañeros del gobierno federal, los señores gobernadores de los estados que nos acompañan, los representantes de distintas organizaciones internacionales y el Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para Derechos Humanos, la Agencia de Naciones Unidas para la Droga y el Delito y, por supuesto, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la subprocuradora de Derechos Humanos de la Fiscalía General, y a todas y a todos ustedes.
El pasado 4 de febrero dimos a conocer, en este mismo espacio, el plan de implementación de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, una ley que ha resultado de la lucha de las familias de las personas desaparecidas y la sociedad civil, que se publicó oficialmente en noviembre de 2017.
A 47 días de haber anunciado este plan, hoy cumplimos con el compromiso de reinstalar el Sistema Nacional de Búsqueda, en el cual participarán las víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, la academia y autoridades de diversos órdenes de gobierno.
Hablamos de reinstalar el Sistema Nacional de Búsqueda, porque si bien hubo una instalación oficial el pasado 9 de octubre de 2018, ésta no tuvo ningún efecto y no tuvo ningún resultado. Yo afirmo que fue una gran simulación.
Ahora este sistema deberá cumplir con la disposición de la ley, así como los objetivos que se le plantean, particularmente el de diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado mexicano para establecer las políticas y procedimientos entre todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, la localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de estos delitos.
A partir de hoy el Sistema Nacional deberá garantizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas, el Registro Administrativo de Detenciones, el mejoramiento de las alertas Ámber y Alba, y establecer, para todo el país, un protocolo homologado de búsqueda.
Al mismo tiempo, este sistema deberá de expedir en los próximos meses los lineamientos para la coordinación entre autoridades en materia de búsqueda de personas, así como su investigación. Deberá establecer la coordinación con autoridades para el funcionamiento del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática para el tratamiento y uso de toda la información para la búsqueda.
Deberá evaluar la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda y las políticas públicas implementadas, así como el Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumación e Identificación Forense, y deberá dictar los lineamientos para la participación de los familiares.
Sin embargo, aunque la ruta es muy intensa para los próximos meses, no estamos partiendo de cero.
A partir del plan de implementación de la ley y en coordinación con las víctimas, emitimos, en primer lugar, la convocatoria para designar a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda a partir de un proceso abierto, público y transparente que no registró ninguna impugnación, de la cual resultó electa la doctora Karla Quintana, quien asume la responsabilidad de encabezar la Comisión Nacional de Víctimas.
En este proceso promovimos la integración de las comisiones locales de búsqueda ya que, si bien en el mes en que anunciamos, en febrero, cuando anunciamos el plan para la implementación de esta ley, solamente tenemos ocho comisiones locales de búsqueda integradas, ya en la actualidad contamos con 13, considerando que el estado de Durango ha concluido su proceso de selección y la próxima semana hará el nombramiento del titular, y considerando que en el estado de Chihuahua la comisión se ha adscrito a la fiscalía local.
Sin embargo, no basta con contar con una comisión local, es necesario dotarlas de recursos, instalaciones y del respaldo político de los gobernadores para que éstas se conviertan en piezas clave para resolver de manera progresiva la crisis de derechos humanos por la que atravesamos.
Aunque debo reconocer los avances que en particular hemos tenido en distintas entidades de la República, por ejemplo, en el estado de Veracruz con la declaratoria de crisis humanitaria, las acciones de cero tolerancia contra el feminicidio y otras acciones que de ellas se desprenden vamos dando pasos importantes.
En el estado de Coahuila, con el programa local de búsqueda y los avances en materia forense que puede ser un referente importante a nivel nacional o en el caso del estado de Jalisco, donde esta semana se puso en marcha una estrategia integral para enfrentar el delito de desaparición y la emergencia forense que se vive en esa entidad.
Lamentablemente en 19 entidades no hay avances legislativos ni decreto para la designación del comisionado local, por lo que urge crear el marco jurídico local, donde es necesario dar el primer paso reconociendo la gravedad del problema en cada uno de los estados de la República.
Hemos avanzado, a la vez, en la definición de un presupuesto suficiente para el desempeño de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Para este año el Presupuesto de Egresos de la Federación ha asignado 400 millones 791 pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda, de los cuales el 50 por ciento se destinará a las labores de búsqueda en los estados de la República que cuenten con la comisión local de búsqueda donde ya estén integrados.
Ese es un avance muy importante, toda vez que el año pasado solamente la Comisión Nacional de Búsqueda ejerció seis millones de pesos.
Sin embargo, no son los únicos recursos a los que se va a tener acceso, ahí habrá que sumar 58 millones 424 mil pesos que las distintas entidades aportaron del Fondo para la Seguridad Pública, dentro del programa de especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas desaparecidas.
Si bien es una cifra importante, mayor a la de los años anteriores, también hay que señalar que estos 58 millones representan sólo el 0.77 por ciento del total de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y, lamentablemente, también tengo que decirlo, cinco entidades no solicitaron ningún recurso de este fondo para las tareas de búsqueda o para enfrentar las tareas, los retos de la emergencia forense.
Yo espero que haya una mayor conciencia en todas las entidades para que estos recursos puedan disponerse en los protocolos de atención a víctimas, en la coordinación y cédulas de búsqueda en vida, la respuesta a la desaparición o secuestro de migrantes, la atención a víctimas, como un centro fundamental entre las prioridades.
Hemos señalado que nuestro país enfrenta una emergencia forense y es necesario crear un sistema y un Instituto de Nacional de Identificación Forense.
Aquí debo informar que desde el proceso de transición hemos venido trabajando con el equipo argentino de antropología forense, con la Universidad Iberoamericana, de manera muy destacada con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la Oficina del Alto Comisionado en Naciones Unidas, con la Escuela Nacional de Antropología y otras instituciones. Ahora estamos, incluso, teniendo acercamientos con Data Cívica y Enfoque DH para concretar el plan de exhumaciones e identificación forense que se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la República, a fin de iniciar la implementación de un mecanismo extraordinario para responder al estado de emergencia que representa la existencia de más de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses de nuestro país.
En materia de asistencia técnica estamos por suscribir un convenio de cooperación con el Sistema Internacional de la Cruz Roja, a quien agradecemos su apoyo y las aportaciones que nos ha dado y hemos iniciado los trabajos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Materia de Derechos Humanos, así como con la agencia de cooperación de Alemania y varias embajadas que han mostrado su interés para ayudarnos a combatir este flagelo, entre otras, la Unión Europea, que está su representante aquí, que también está en la disposición de cooperar con nosotros.
En los primeros 100 días de gobierno he de señalar que también hemos dado algunos resultados.
En primer lugar, en coordinación con los familiares de las víctimas de desaparición forzada se han implementado mesas de diálogo y trabajo en diversas partes del país que han cristalizado en compromisos y propuestas puntuales que estamos siguiendo puntualmente.
Se ha participado en las brigadas de búsqueda en los estados de Colima, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, así como en la inauguración del Panteón Forense en el Estado de México.
Se habilitó una línea telefónica de emergencia en la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyo número es el 55-1309-9024, lo repito porque tenemos que divulgarlo de manera muy intensa.
Y se instaló, para atender otra de las caras de este problema, dentro del área de búsqueda de la Comisión Nacional, una unidad para atender los asuntos vinculados con la guerra sucia en nuestro país.
Señor presidente.
Amigas y amigos todos:
Este gobierno hereda una deuda histórica de más de 40 mil personas desaparecidas, 26 mil cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar y cientos de fosas clandestinas.
El gobierno federal ha asumido su responsabilidad reconociendo la crisis humanitaria y en materia de derechos humanos y desaparición que vive nuestro país.
Hoy, con la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, damos un paso importante para responder con responsabilidad al reclamo de las familias para atender su demanda de verdad y de justicia, mas debemos asumir que falta un largo trecho por recorrer, por lo que convocamos a familiares de las víctimas, a organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a agencias internacionales, a conjuntar esfuerzos para combatir esta desgracia.
Partimos de la convicción de que enfrentar este profundo agravio a las familias de las víctimas y a la sociedad mexicana, es una responsabilidad del Estado, pero también de que sólo con el trabajo en conjunto y articulado con las familias, los colectivos y las organizaciones civiles que nos acompañan, se puede encarar y superar esta tragedia para garantizar verdad, justicia, reparación de daño y la no repetición de estos lamentables hechos en nuestro país.
Muchísimas gracias.
MODERADOR: Toma la palabra el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, GOBERNADOR DE COAHUILA: Muy buenos días a todas y a todos.
Saludo al presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador; a la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; al maestro Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; a Karla Quinta Osuna, comisionada Nacional de Búsqueda; a Edna Rosas, representante del Consejo Ciudadano, y a Luis Raúl González Pérez, presidente Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Con ello saludo al resto del presídium, a los funcionarios federales, a los familiares de desaparecidos, que hoy se encuentran en este recinto, y a mi compañera y compañeros gobernadores. En México la desaparición de personas constituye uno de los más graves problemas de violación de derechos humanos.
Los organismos nacionales e internacionales, tanto del sistema universal, como del interamericano, consideran que la desaparición arbitraria de personas, practicada en el contexto de violencia de la última década, implica una violación grave y generalizada en diferentes partes del país.
La visualización mayor de este crimen se centra en las miles de personas ausentes y familias hoy afectadas. La desaparición de personas lastima el corazón del Estado de derecho, además, la desaparición de personas impone una serie de deberes del Estado que ha incumplido, de manera sistemática por la falta de garantías adecuadas que aseguren a las familias de las personas desaparecidas sus derechos.
Es claro que el rostro de la injusticia e impunidad expresa la lucha digna de las víctimas. En los últimos años, por tanto, lo más relevante es la lucha de los derechos por parte de diferentes colectivos de familias de personas desaparecidas en todo el país.
Ellas han hecho hasta lo imposible para poder encontrar a sus seres queridos sin obtener una respuesta adecuada de las autoridades. Ellas, principalmente madres, esposas e hijas buscadoras, son las que hasta ahora han dado una mayor respuesta a la búsqueda de sus seres queridos.
La impunidad, la falta de castigo a los responsables, la falta de acceso a la justicia, a la verdad y a sus derechos, es la regla que se perpetua en una situación grave en la que México tiene un saldo desfavorable.
Las historias son de injusticia e impunidad, muchas víctimas han visto cómo las autoridades se han negado a recibir sus denuncias o cómo se les ha desanimado a denunciar, diciendo que se ponen en riesgo.
Se les ha dicho que sus hijas e hijos, hermanas o hermanos, se habían ido con sus parejas o estarían metidos en malos pasos, que sólo levantaran actas administrativas en lugar de iniciar investigaciones penales y búsquedas efectivas de los desaparecidos, incluso, cuando finalmente lograban denunciar también han atestiguado la ausencia de acciones efectivas y reales de investigación y búsqueda.
Buscan a las personas desparecida únicamente girando oficios, buscan a los responsables únicamente girando oficios, en este largo y terrible caminar las familias han visto negligencias, complicidades, falta de profesionalismo y capacidad a través de las desapariciones.
Por ende, se ha desnudado la incompetencia de las autoridades mexicanas, tanto federales como estatales, sin importar los colores políticos. Esta violación a los derechos humanos por desaparición de personas es de carácter múltiple, continua y pluriofensiva.
Las familias que resienten esta grave situación saben que la desaparición de sus seres queridos no sólo exige como principal demanda garantías reales y efectivas de búsqueda, justicia y verdad para encontrar a los familiares, sino castigar también a los responsables.
Tiene también que tener el diseño e implementación de una adecuada política de Estado mexicano para atender, ayudar y reparar en forma integral los múltiples daños continuos y permanentes que se causan a la esfera de sus derechos humanos.
Las familias saben que las heridas de la desaparición de sus seres queridos difícilmente cerrarán en un contexto de injusticia e impunidad, por el contrario, el tiempo que avanza las aumenta, su falta de atención adecuada las vulnera de manera más grave y cada día que pasa es más complejo y costoso atender el caso y, por ende, resolverlo.
Las desapariciones arbitrarias ponen en crisis el núcleo básico de cada sociedad: la familia. El no saber por qué desapareció el ser querido, el no encontrarlo, el no hallar y sancionar a los responsables y el mantener siempre la esperanza de hallarlo, genera para sus familiares un dolor, desgaste y zozobra por el ser querido, que van afectando de manera permanente el derecho a la vida digna de todas las familias.
La desaparición forzada en México, por tanto, es el tema de mayor gravedad en la agenda violación de los derechos humanos en nuestro país.
No tener acceso a la búsqueda efectiva, a la identificación forense, a la verdad, a la justicia, a la atención adecuada, a la reparación integral, a la memoria, significa para los fines de una sociedad democrática un fallo estructural en el pacto social.
Frente a este grave problema hoy es un día relevante para el Estado mexicano, la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda significa el cumplimiento del deber de implementar de manera adecuada la Ley General de Desapariciones, que las familias construyeron con su participación activa en los últimos años.
En la ley general las familias delinearon un compromiso estatal, que es de suma importancia para las autoridades.
Una cosa es buscar a los perpetradores de estos crímenes que exigen justicia, verdad y sanción, y otra buscar a sus seres queridos con todas las garantías reales y eficaces para encontrarlos a través de este Sistema Nacional.
Por todo ello, desde la nueva concepción de la gobernabilidad de la República, la Secretaría de Gobernación ha reconocido la magnitud del problema, ha entendido que el deber de buscar no es de las familias, es del Estado mexicano, y, por tanto, toda la federación tiene el deber de establecer las garantías necesarias y adecuadas para implementar el Sistema Nacional como el primer paso firme para desarrollar una agenda de trabajo en todo el territorio nacional.
En mi carácter de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago y desde la visión estatal que Coahuila ha emprendido como modelo de trabajo de las familias, expreso sin reserva ni condiciones, el deber de convocar a todas las entidades federativas para fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de desarrollar de manera conjunta diversas tareas que la ley general y las familias han venido concretando para garantizar este derecho fundamental a la búsqueda de los hoy ausentes.
En el centro de nuestros esfuerzos están y estarán siempre las familias y su lucha digna para encontrar a las personas hoy ausentes.
En el Estado mexicano debemos hacerlo siempre desde, para y con la participación de las familias, sin familias no. Es un mandato de ellas que todas las autoridades debemos tomar en serio para implementar las acciones en defensa y protección de sus derechos.
No haremos nada sin las familias, por el contrario, todo con el apoyo y consenso de ellas, pero el Estado mexicano no debe esperar más para cumplir con lo que a cada quien nos corresponde en esta tarea fundamental.
Hace algunos días el constituyente permanente de la República declaró aprobadas la reforma constitucional de la Guardia Nacional. Ese ha sido un paso muy relevante para constituir una garantía fundamental para la paz y la seguridad que hoy tanto necesita el país.
En ella incorporaron los legisladores de la República los mejores estándares de los derechos humanos que van a limitar el ejercicio de la fuerza del Estado para evitar abusos, detenciones ilegales, torturas, desapariciones o ejecuciones extrajudiciales.
Bajo esta nueva visión de los derechos humanos que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación, estamos comprometidos con las familias para colaborar y coordinar todos nuestros esfuerzos para que la búsqueda de las personas desaparecidas sean una prioridad del Estado mexicano.
El reto no es fácil, las tareas son muy complejas, los resultados hasta ahora insuficientes, pero estoy seguro que si las entidades federativas sumamos nuestros esfuerzos con la Comisión Nacional podemos encontrar una ruta de política de Estado que nos permita dar cumplimiento a nuestros deberes que la ley general nos impone a las autoridades para garantizar a las familias: verdad, justicia, reparación y no repetición.
Qua así sea para bien de todos. Que así sea para bien de la República y también para nuestro pacto federal que hoy refrendamos con la nueva transformación del país. Muchas gracias por su atención.
INTERVENCIÓN DEL AUDITORIO: Coahuila es una gran fosa de personas desaparecidas, de jóvenes inocentes, Coahuila es una gran fosa. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos.
MODERADOR: Hace uso de la palabra la ciudadana Edna Dolores Rosas Huerta, familiar de persona desaparecida y representante del Consejo Ciudadano.
EDNA DOLORES ROSAS HUERTA, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CIUDADANO: Muy buenos días tengan todos ustedes.
Se ha dicho muchas veces, pero debemos recordar constantemente que México vive una crisis de desapariciones de dimensiones incalculables que ha generado una deuda de verdad y justicia con las víctimas, que se remonta a las desapariciones de la mal llamada guerra sucia. Hay más de 40 mil personas desparecidas en dos administraciones, según cifras oficiales, pero seguramente son muchas más.
Ante esta crisis, en nuestro México celebramos, con enorme esperanza, la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Gobiernos anteriores han respondido con indolencia, por lo que reconocemos hoy el valor y la importancia de que usted el día de hoy esté aquí, señor Andrés Manuel López Obrador, señor presidente.
Reconocemos también estar al frente nosotros para reconocer esta crisis y escucharnos.
Reconocemos también la disposición al diálogo y el compromiso de su equipo de trabajo, de la secretaria Olga Sánchez Cordero, del subsecretario Alejandro Encinas y de la comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, quienes ya han interactuado con múltiples grupos de víctimas y organizaciones civiles de ayuda.
Hemos visto la disposición de su gobierno de implementar medidas novedosas de verdad y justicia, como la Comisión Presidencial del Caso Ayotzinapa, cuyo ejemplo, esperamos, inspire medidas que lleven verdad y justicia a los 43 por miles de casos más.
Esperamos que esta acción forme parte de múltiples acciones que nos lleven al alivio de nuestro padecer, aunque ya nunca será completo, pues miles de ciudadanos mexicanos en este camino han perdido la vida y nada los regresará ya.
Sabemos que todo esto ocurre a respuesta de los reclamos, el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de las familias de desaparecidos en México, que en medio del dolor hemos tenido que cimentar el camino y este evento es parte de este gran esfuerzo.
El Consejo Nacional Ciudadano al cual pertenezco como familiar de personas desaparecidas, no es un órgano de gobierno, es un órgano de consulta y seguimiento, y tenemos la encomienda de elaborar propuestas y recomendaciones.
El consejo está integrado por familias de personas desaparecidas, especialistas en derechos humanos y representantes de organizaciones de derechos humanos, y este cargo lo desempeñamos en adición a nuestras labores diarias en colectivos, organizaciones, universidades y otras labores correspondientes a nuestra profesión.
La voz del Consejo Ciudadano es valiosa, no sólo por lo que dice la ley, sino porque en él están representados los tres sectores que hicieron posible que México cuente con una de las leyes más avanzadas en materia de desaparición de personas.
Es muy importante mencionar que el Consejo Ciudadano no sustituye a las familias o agrupaciones de familias y colectivos, cuyas voces, desde diferentes horizontes y puntos de vista, deben de ser escuchadas y atendidas, y siempre deben de formar parte de este Sistema Nacional de Búsqueda.
La situación de dolor que embarga a las familias es el motivo de las diferentes expresiones que deben de ser comprendidas, respetadas y atendidas sin distinción alguna. Dicho dolor es lo que ha fortalecido y al mismo tiempo especializado ya a muchas familias dentro de la República Mexicana, contando con valiosas experiencias que compartir para construir soluciones.
Es la misión del Consejo Ciudadano promover la participación de las familias de víctimas de desaparecidos en todo momento. Dentro del reconocimiento de esta tragedia es imperativo que todos los acuerdos con los diferentes grupos sean cumplidos.
También somos conscientes de que por la magnitud de la crisis los cambios no ocurrirán de la noche a la mañana. Sin embargo, su gobierno, presidente Andrés Manuel López Obrador, puede ser recordado por sentar las bases de un cambio firme y una nueva esperanza.
Para ello el Consejo considera imperativo, prioritario, atender los siguientes puntos en el relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda.
En cuanto a la investigación y fiscalía México vive la transición de su modelo de procuración de justicia. Ahora tenemos una Fiscalía General de la República que tiene carácter de autónoma, la cual deberá contar con una Fiscalía de Derechos Humanos. Será ahí donde se investiguen muchos de nuestros casos y los delitos que más han lastimado la confianza en las instituciones, por lo que para las familias es fundamental que el fiscal general nos tome en cuenta en cuenta en el proceso de designación de quien ocupará un puesto tan importante para recuperar el Estado de derecho.
Por todo lo anterior, es urgente que el fiscal se reúna con las familias para dialogar sobre el proceso de cambio y que las escuche sobre cuál deberá de ser el perfil del futuro fiscal de derechos humanos. Sobre el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, sin duda, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda fue la apuesta y un logro de las familias.
Esperamos que en esta nueva etapa la comisión sea la punta de lanza y piedra angular de todo el Sistema Nacional de Búsqueda, pero para ello se necesita ser una institución fuerte, con los recursos, herramientas y respaldo político necesarios para llevar a cabo una tarea monumental.
Es de nuestro conocimiento que la Comisión ha enfrentado dificultades y retrasos para acceder a sus recursos en el contexto de la transición. Entendemos que cualquier cambio de gobierno implica reajustes administrativos, pero la búsqueda de personas es una tarea y una deuda que ya no puede esperar más.
Por lo que esperamos que a partir de esta reinstalación del Sistema usted, señor presidente, gire todas las instrucciones necesarias para que la Comisión cuente con los recursos que se le asignaron ya para cumplir con su mandato y su estructura orgánica cuente con los perfiles idóneos para que los procedimientos sean efectivos, logrando la localización de las personas desaparecidas. Cabe señalar que dichos recursos son insuficientes y desde ahora hacemos un llamado para que en el 2010 su presupuesto pueda crecer de manera significativa.
Sobre la vinculación y fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda, la Comisión Nacional es, sin duda, central para la búsqueda. Debe contar, además, con el apoyo y coordinación de las entidades federativas para llevar a cabo búsquedas rápidas y efectivas, por lo que hacemos un llamado a la Conferencia Nacional de Gobernadores y a las entidades federativas, en lo particular, para adoptar las medidas necesarias para crear lo más pronto posible las comisiones locales de búsqueda que faltan aún y dotarlas de los recursos suficientes para su funcionamiento.
Asimismo, en cuanto a las comisiones de búsqueda ya creadas, recordar que existen los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación a los cuales pueden acceder.
Sobre el mecanismo extraordinario de identificación forense, para cualquier familiar la presentación en vida de nuestros seres queridos es una demanda irrenunciable. Vivos se los y vivos los queremos, por lo que celebramos que para este gobierno la búsqueda en vida sea una prioridad.
Sin embargo, es inevitable hacer frente a una realidad muy dolorosa.
Hoy en día atravesamos una crisis de identificación forense, donde existen al menos 26 mil personas fallecidas sin identificar, según las cifras oficiales. Cada uno de ellas seguramente es una hija, hijo, hermano, hermana, padre o madre, que está siendo buscada y debemos ayudarles a regresar a casa.
Se trata de una tarea dura, pero en la cual se pueden dar pasos concretos con la voluntad política necesaria. Para responder a esta crisis es urgente echar a andar un mecanismo extraordinario de identificación forense que se aboque a darle nombres a esos cuerpos que hoy en día están ya en resguardo del Estado.
Las familias, de nueva cuenta, tienen propuestas técnicas y concretas sobre este tema. Sabemos que hay voluntad de escucharlas, así que sólo falta poner tiempos claros para empezar a construir este mecanismo.
Sobre la asistencia técnica internacional, celebramos la nueva relación de colaboración que ha empezado el Estado mexicano con los organismos internacionales de protección a los derechos humanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja y la representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, han sido fundamentales para las familias de personas desaparecidas.
Nos han ayudado a mantener nuestra lucha en un contexto hostil donde nos ignoraban y nos criminalizaban. Nos permitieron resistir.
Mantener su colaboración será fundamental en esta transformación del Estado mexicano. Para seguir avanzando en la consolidación de esa relación de colaboración, invitamos al gobierno mexicano a reconocer la competencia para reconocer las denuncias individuales del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y a instalar una ruta de trabajo para el cumplimiento de las recomendaciones en materia de desapariciones del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Asimismo, hacemos un llamado a incorporar estos organismos internacionales y otros, con el Equipo Argentino de Antropología Forense, para que brinden su asistencia técnica en el proceso de construcción del mecanismo extraordinario de identificación forense que señalamos anteriormente.
Hay que estar conscientes, en todo momento, que no hemos frenado la ola de violencia en México, cada día se incrementan más las cifras mencionadas, pero es momento de trabajar todos juntos.
Debemos devolver la dignidad a los individuos, la paz a nuestras familias, debemos ser testigos de la aceptación y reparación de las violaciones a los derechos humanos, debemos construir un México distinto de ahora en adelante.
Muchas gracias.
MODERADOR: Hace uso de la palabra la doctora Karla Quintana Osuna, comisionada Nacional de Búsqueda de Personas.
KARLA QUINTANA OSUNA, COMISIONADA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS: Buenos días a todas, a todos.
Señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
A las familias de personas desaparecidas aquí presentes, al presídium, a las autoridades federales y locales que nos acompañan, organizaciones nacionales e internacionales y a todos los invitados.
La realidad en materia de desaparición de personas en México supera cualquier cosa imaginable, mujeres abriendo el suelo con varillas, descubriendo las mayores fosas de las Américas. Mujeres, niños y niñas desaparecidas en contexto de trata, adolescentes levantados en la calle frente a sus familiares, migrantes desapareciendo en el paso por nuestro país en una situación de doble vulnerabilidad, decenas de miles de personas desaparecidas.
Más de mil 300 fosas clandestinas encontradas, casi en su totalidad por mujeres buscadoras. Morgues e institutos forenses colapsados.
Según la última información pública, son más de 26 mil cuerpos sin identificar y cientos de miles de restos óseos en la misma situación. Cuando una persona desaparece, desaparece también, entre otras muchas cosas, la armonía familiar y social.
Mientras no se sepa el paradero de la persona desaparecida y no se sepa la verdad de los hechos y no se juzgue a los responsables, desaparece también la justicia.
El hecho que hoy nos encontremos aquí tiene su raíz, sin duda alguna, en la lucha de las familias por impulsar y crear una Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares donde crea tanto la Comisión Nacional de Búsqueda como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, compuesta por diferentes instituciones del gobierno federal y los locales, así como el Consejo Ciudadano.
Es obligación constitucional del Estado mexicano enfrentar, como un solo ente, la crisis en materia de desaparición. Corresponde al Estado mexicano la búsqueda de las decenas de miles de personas desaparecidas y la identificación de los cuerpos que han pasado ya por las instituciones de gobierno.
Para cumplir con esa obligación se necesitan instituciones fuertes, sensibles, legitimadas y plenamente coordinadas entre sí.
La Comisión Nacional de Búsqueda es la piedra angular del Sistema Nacional y la encargada, entre otras funciones, de articular a las diferentes autoridades para responder con todos los medios el Estado mexicano a esta crisis.
Sin embargo, al día de hoy el Sistema Nacional de Búsqueda se encuentra incompleto y en muchos casos falta la articulación con las diferentes autoridades. Esta es una de las fuertes razones que nos reúnen el día de hoy.
A diferencia de la mayoría de las comisiones en la región y, por lo tanto, de los sistemas de búsqueda, el mandato de la Comisión Nacional de Búsqueda se expande no sólo a la búsqueda de personas desaparecidas en el pasado reciente y remoto, sino también de las personas desaparecidas en el presente, cada día.
Debemos conceptualizar la búsqueda desde los diferentes puntos de vista.
En primer lugar, como ya se ha mencionado, es imprescindible priorizar la búsqueda en vida. Es sabido que entre más rápido se responda a la búsqueda de una persona más probabilidades hay de encontrarla con vida.
Aquí es importante recordar que la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales de búsqueda tienen la obligación de actuar inmediatamente ante un reporte o noticia de desaparición y que no es necesaria una denuncia ante las fiscalías.
Esta búsqueda en vida no se limita, sin embargo, a las desapariciones del día a día, sino también se tiene que aplicar a los casos de larga data, donde se tienen que abrir las líneas de búsqueda en vida.
En segundo lugar, se deben realizar búsquedas en terreno, para hacer búsqueda tanto en vida como, lamentablemente, en fosas clandestinas, ya lo decía el señor subsecretario hemos estado presente en varias búsquedas en terreno.
Desde la Comisión Nacional de Búsqueda reconocemos y respetamos profundamente la labor que han hecho las familias en el terreno, prácticamente solas durante años. Nunca más solas.
En tercer lugar, se debe coordinar la retroalimentación de las diferentes bases de datos, al respecto, en la Comisión Nacional, nos encontramos en un proceso de revisión, integración y homologación de la información, así como el desarrollo de los lineamientos generales que serán compartidos con las fiscalías.
Tener información sistematizada permitirá, en un mediano plazo analizar, los contextos, no sólo para perfeccionar las búsquedas, sino también para generar políticas públicas de prevención.
En cuarto lugar, debemos realizar búsquedas jurídicas y búsquedas históricas. Es sabido que los expedientes contienen -y las personas tienen- información que puede orientar las búsquedas, sobre todo en casos de larga data o pasado remoto como la Guerra Sucia y, tal como lo anunciaron previamente, se creó una Unidad Especializada para la Búsqueda de las Personas de la Guerra Sucia.
En quinto lugar, existen también las búsquedas judiciales, que son aquellas a través de las cuales con un amparo buscador permitirá a la Comisión Nacional de Búsqueda a través de las familias buscar inmediatamente, en vida, en instituciones cuando las personas alegadamente involucradas en la desaparición sean autoridades.
En sexto lugar, tenemos las búsquedas relacionadas con la identificación humana de los cuerpos y restos óseos que ya han pasado por diferentes instituciones y se encuentran en poder del Estado, generando, y hay que subrayar, una obligación reforzada de procesos para resguardarlos dignamente, identificarlos y regresarlos con sus familias.
Al respecto hay que señalar también que falta información completa y homologada sobre el paradero e información de los cuerpos que han pasado por dichas instituciones. Cada una de las autoridades que componemos el Sistema Nacional de Búsqueda tenemos incidencia en las diferentes formas de búsqueda.
Articular nuestras competencias permitirá, sin duda alguna, responder de mejor manera a esta crisis, tomando en cuenta las particularidades y los enfoques diferenciados de los casos. Esto será reforzado además con el impulso del protocolo homologado de búsqueda.
El reto del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es titánico y las diferentes autoridades lo debemos enfrentar asumiendo nuestra responsabilidad, empezando por ser un sistema completo, coordinado y fuerte.
Debemos continuar construyendo juntos, con los diferentes actores, familias, autoridades, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, sociedad civil y academia.
Además, es importante destacar el acercamiento de diferentes instituciones nacionales, extranjeras e internacionales para ofrecer la colaboración y cooperación para atender las diferentes necesidades imperiosas del sistema en diferentes áreas, como la forense, la ciencia de datos, la búsqueda en vida, entre otros.
Las obligaciones constitucionales y convencionales de las autoridades son claras en materia de prevención e investigación de la desaparición de personas. Como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas reconozco profundamente el hecho que el día de hoy se encuentren las más altas autoridades del Estado mexicano, así como las diferentes autoridades que integramos el sistema, frente a las familias con la firme intención de cumplir con nuestras obligaciones.
Primero, creando las comisiones estatales de búsqueda y fortaleciendo las que ya existen.
Segundo, trabajando de la mano con las fiscalías federal y locales, y aquí hay que subrayar, no sólo las fiscalías especializadas en materia de desaparición, sino también con las encargas del delito de secuestro y de trata de personas.
Tercero, creando las fiscalías especializadas en materia de desaparición que aún no se han creado.
Cuarto, impulsando la creación de las leyes locales en materia de desaparición.
Y, quinto, fortaleciendo e impulsando los sistemas forenses.
Buscar significa hacer todo lo necesario para encontrar a alguien. El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas tiene la obligación de tomar todas las medidas para responder a las justas exigencias de las familias de las personas desaparecidas y, como consecuencia, les permita ellas, a ustedes, a la sociedad y al Estado mexicano acercarnos a la verdad y a la justicia.
Muchas gracias.
MODERADOR: A continuación, toma la palabra la doctora Olga Sánchez Cordero Dávila, secretaria de Gobernación.
OLGA SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA, SECRETARIA DE GOBERNACIÓN: Con su venia, señor presidente.
Hoy es un día histórico. Se encuentran aquí representantes de la sociedad civil, de la academia, de organizaciones internacionales y de órganos autónomos.
Le acompañan también, señor presidente, los señores gobernadores, secretarios generales de gobierno, fiscales y estatales, pero también, sobre todo, nos hacen el favor de estar presentes cientos de familiares de víctimas de desaparición.
Usted, señor presidente, nos ha instruido elevar los casos de comunicación entre las familias de las personas desaparecidas y los gobiernos, por eso estamos aquí reunidos. Y también estamos reunidos por motivo, por un motivo en común: insistir en la importancia de hacer visible esta violación cotidiana de derechos humanos, que es la desaparición de personas en nuestro país y de ayudar con una base humanitaria a todas las familias que hoy sufren por estar separados de sus seres queridos.
El nuevo gobierno ha aceptado públicamente a nivel nacional e internacional la crisis en derechos humanos y, en particular, en materia de desaparición de personas que existe en nuestro país. Reconocemos que hay decenas de miles de personas desaparecidas. Reconocemos que son sus propias familias quienes los han buscado desde hace años. Reconocemos también que las investigaciones avanzan lento, que son prácticamente inexistentes las sentencias por desaparición, que existe una crisis forense.
Reconocemos también, que durante años ha habido un olvido institucional, es innegable la deuda que tiene el Estado mexicano ante esta terrible situación.
Hace más de un año que entró en vigor la ley en la materia, en materia de desaparición, gracias a la interminable lucha de las familias de las personas desparecidas y de la sociedad civil. Sin embargo, hay que decirlo, hasta ahora hemos visto pocos resultados.
Si bien esta ley prevé la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que funcione como un todo para encontrar a quienes nos faltan, este mecanismo no ha operado eficazmente, pues aún le faltan componentes esenciales, como nos lo ha dicho aquí la señora comisionada.
En este sentido, hace apenas algunos meses, la Comisión Nacional de Búsqueda no había tenido el papel central ni el apoyo institucional que requeriría de acuerdo con la misma ley. Si bien se prevé, si bien esta ley prevé la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que funcione como un todo para encontrar a quienes nos faltan a este mecanismo, todavía le faltan componentes importantes.
Hoy, señor presidente, la presencia de los gobernadores o de los secretarios generales de las diversas entidades federativas son una muestra clara que están comprometidos con las familias de las víctimas y que esta situación es un reconocimiento y es de reconocérseles.
Estamos aquí todas y todos con la convicción de que juntos podemos lograr que México cuente con un Sistema Nacional de Búsqueda que verdaderamente responda a las familias de nuestros desaparecidos.
Para lograr este objetivo, en el gobierno federal nos hemos concentrado principalmente en el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y al respecto se han asignado recursos necesarios para mejorar el desempeño operativo de la comisión. Además, el señor presidente nombró a una nueva titular de la Comisión Nacional, cuya importante trayectoria destaca por el compromiso con esta causa.
Dentro de la comisión se están generando los procesos de homologación y se está trabajando en la normativa correspondiente y desde el gobierno federal hemos acompañado la búsqueda de personas desaparecidas y las diferentes diligencias ministeriales de aquellos casos relacionados con el lamentable hallazgo de las fosas clandestinas.
Considero que el Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos es un instrumento de verdad y de justicia. Por ello, invito a todos nuestros amigos, a los señores gobernadores, a que activemos su presencia en cada entidad, que iniciemos con la creación y fortalecimiento de las comisiones locales.
Estas desapariciones no sólo deben ser motivo de indignación para los gobiernos, deben ser también motivo para que juntos llevemos a cabo acciones organizadas y se investigue de manera exhaustiva e imparcial todos los casos de desaparición llevando a los responsables ante la justicia.
Amigas y amigos todos:
Hermanémonos con esta causa, porque es, además, otra herramienta para pacificar a nuestro país. Hagamos un compromiso humanitario.
De manera respetuosa hago este llamado para que fijemos el compromiso de que para el tercer trimestre del año todos los estados de la República cuenten con una Comisión de Búsqueda funcional y efectiva que esté cerca de las familias.
Ustedes saben que es de fundamental importancia que se legisle en la materia a nivel local y que todos los estados cuenten con fiscalías especializadas.
Tenemos que realizar esfuerzos, tanto dentro, como fuera del país, para enfrentar esta crisis forense.
Que no le quede duda a la sociedad, le mostraremos que podemos cerrar filas y construir un frente común para lograr salir de esta crisis por la que atraviesa México en materia de desapariciones.
Es imprescindible implementar la Ley General en Materia de Desaparición para que el Sistema Nacional de Búsqueda sea una realidad.
Es vital para todos los familiares aquí presentes que busquemos y encontremos a sus seres queridos, no solo porque es una obligación como autoridades, sino porque es un derecho de todas las personas desaparecidas y de sus familiares de vivir con seguridad, con paz, ellos no deben vivir con angustia, ellos no deben vivir con zozobra.
A lo largo de los meses me he reunido con varias familias aquí presentes y he escuchado con atención lo que les ha sucedido; su dolor es inimaginable y es ese dolor lo que les ha llevado a una incansable búsqueda y a una exigencia de justicia.
Quiero dirigirme a todos los miembros de las familias que nos hacen el favor de acompañarnos hoy para decirles que, para el gobierno de nuestro presidente, así como para todos los gobernadores de las entidades federativas, la búsqueda de sus seres queridos es absolutamente prioritaria, que nuestro gobierno no es un gobierno indiferente, que mientras nos sigan faltando las y los desaparecidos, México seguirá incompleto y nuestra sociedad seguirá lejos de la justicia y la verdad que tanto merece.
El reto es monumental y lo enfrentaremos con todas las medidas que tiene a su alcance el Estado.
Empezamos juntos a construir horizontes de esperanza para estar en posibilidades de reconstruir el tejido social. Sin las familias nunca.
Muchas gracias señor presidente.