IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL: Bueno, muchas gracias, señor presidente.

Me voy a permitir leer el informe que le presentamos esta mañana al presidente de la República al respecto de los convenios suscritos por servidores públicos de Pemex relacionados con La estafa maestra.

Previo a ello quiero agradecer públicamente toda la información que tuvo a bien poner a disposición de la Secretaría de la Función Pública el propio director general de Pemex, el ingeniero Octavio.

Y al mismo tiempo agradecer la participación que vía el convenio de colaboración que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública establecimos.

Y, desde luego, agradecer también la colaboración del doctor Santiago Nieto para este inicial dictamen, este inicial análisis.

En cumplimiento de las instrucciones presidenciales me permito sintetizar los principales hallazgos del análisis que nos permitirá establecer acciones para investigar la presunta comisión de irregularidades administrativas, normativas, incluso penales, y continuar con el combate a la corrupción en la vida pública del país y en el caso concreto de las empresas productivas del Estado, como es Pemex, en la celebración de convenios de prestación de servicios.

Primero. Se confirma que los tres servidores públicos que fueron señalados en la investigación conocida como La estafa maestra, el ingeniero Miguel Ángel Lozada Aguilar, entre 2013 y 2014 administrador del activo de producción Cantarell y actual director de Pemex Producción y Exploración; el ingeniero Héctor Salvador Salgado Castro, en 2013 y 2014, gerente del Proyecto de Desarrollo Ayatsil-Tekel y actual subdirector y coordinador operativo y comercial de Pemex| Producción y Exploración, y el contador público Luis Galván Arcos, entre 2013 y 2014 gerente de suministros y servicios administrativos de regiones marinas y actual gerente de operación y control financiero de procesos industriales y logística, participaron como firmantes responsables no solo de seis, sino de 25 convenios de Pemex con instituciones públicas de educación superior durante el periodo de 2012 y 2018.

El convenio específico para la prestación de servicios que celebró Pemex Exploración y Producción por medio del ingeniero Lozada Aguilar con la Universidad Popular de la Chontalpa tuvo por objeto realizar servicios de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para la Subdirección de Producción Región Marina Noreste y por lo mismo revisamos tres cajas con 15 tomos que constan de ocho mil 825 fojas para analizar las órdenes de servicio, mediante las cuales se materializaron los conceptos específicos requeridos por Pemex Exploración y Producción para fijar los alcances, términos y condiciones de para el desarrollo de los trabajos.

Como está establecido también en la investigación, el monto máximo que Pemex estaba autorizado a ejercer era de 140 millones de pesos y el mínimo de 91 millones 956 mil 885 pesos en un plazo de ejecución de mil tres días durante el periodo comprendido entre el 3 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2014.

El costo real de este contrato, sin embargo, rebasó el límite permitido y equivalió a un total de 145 millones 841 mil 041 pesos.

Ha sido comprobado también por la Auditoría Superior de la Federación que esta Universidad Popular de Chontalpa no contaba con capacidad técnico, material y humana para prestar los servicios establecidos en el convenio y, precisamente, por ello procedió a subcontratar a terceros quienes a su vez tampoco contaban con la capacidad técnica requerida y también contrataron o subcontrataron otros servicios.

Tres. El convenio de prestación de servicios que celebró Pemex Exploración y Producción por medio del ingeniero Salgado Castro con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco tuvo por objeto genérico realizar servicios técnicos especializados para los proyectos de desarrollo de campos de exploración y producción.

También se estableció un monto máximo de 80 millones y un monto mínimo de 32 millones para un periodo comprendido entre el 22 de abril al 17 de diciembre, todo en 2013.

Sin embargo, el costo real de este convenio también rebasó el límite máximo y equivalió a un total de 99 millones 935 mil 551 pesos pagados en 20 órdenes de servicios.

Este segundo convenio quedó expresamente pactado, en este segundo…

En este segundo convenio quedó expresamente pactado que el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco contaba con la capacidad legal y técnica suficiente para proporcionar estos servicios genéricos y se comprometió a no subcontratar los mismos por parte de esta institución.

Sin embargo, para cumplir con los objetivos el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco subcontrató a diversas empresas con las que celebró contratos para estos convenios suscritos con Pemex Exploración y Producción, y el porcentaje global de la subcontratación realizada correspondió al 93 por ciento de los servicios.

La violación a la cláusula correspondiente a la subcontratación era una causal de recisión de los convenios, el firmante responsable del convenio referido por parte de Pemex Exploración y Producción abdicó el ejercicio de estos derechos estipulados en los contratos.

Adicionalmente, se observó que los cheques emitidos por cuatro empresas subcontratadas fueron cobrados por una misma persona física sin que se acreditara cuál era la participación dentro de estas mismas empresas. A uno de los subcontratados no les fue posible localizarlo en el domicilio manifestado, entre otras muchas irregularidades.

Este modus operandi de convenios celebrados al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dispersaba los recursos recibidos a través de subcontrataciones, de las subcontrataciones más allá de los límites establecidos, lo cual era contrario no sólo a la normativa contractual de los convenios de referencia, sino, en primer lugar, a lo establecido en el artículo 134 constitucional que señala a la letra:

‘Cuando las licitaciones a que haga referencia el párrafo anterior no sean idóneas, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado’, se cierra la cita constitucional.

Por lo que los convenios firmados por los ingenieros, los Aguilar, Salgado Castro y Galván Arcos con la Universidad Popular de la Chontalpa, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, al permitir la subcontratación, elevar precios y no asegurar las mejores condiciones para el Estado, contravinieron lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Petróleos Mexicanos y, desde luego, lo dispuesto en el artículo 134 de la propia Constitución.

En la revisión de las cuentas de 2013 y 2014, la Auditoría Superior de la Federación, como es de todos conocido, señaló en su muestra de 73 convenios con ocho instituciones públicas de educación superior, que hubo un desvío por siete mil 667 millones de pesos, por lo que se presume que el daño al patrimonio público y el cargo al erario puede ser muchísimo más importante dado que la revisión se concentró simplemente en el 6.4 del monto posible a ser fiscalizado en los convenios entre Pemex y las instituciones de educación pública.

Entre las empresas que se beneficiaron de estos cuantiosos recursos están algunas donde los propios servidores públicos o personas cercanos a ellos eran socios directos, se localizaron también empresas fantasma o que simularon la realización de los trabajos.

La estafa fue maestra porque el entramado a partir del cual se operó, pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad. Sin embargo, el Talón de Aquiles de esta estrategia fue el control y los servidores públicos que tenían responsabilidad en verificar que se cumplieran las condiciones de ley y los términos convenidos abdicaron su responsabilidad y los auditores que debieron monitorear el desempeño de los responsables administrativos fueron limitados en el alcance de sus revisiones y omisos para fincar responsabilidades.

Ninguna de las seis escuetas auditorías que fueron relacionadas con Pemex exploración y producción concluyeron con promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para los servidores públicos de esta institución Pemex y para, tampoco, los servidores públicos bajo escrutinio y ellos fueron exonerados por la anterior Secretaría de la Función Pública.

La Auditoría Superior de la Federación notificó al entonces Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción las irregularidades detectas, pero la Secretaría de la Función Pública no dio el seguimiento que en su momento debió haber ofrecido el Órgano Interno de Control a estos relevantes casos.

Desde el relanzamiento de la Secretaría de la Función Pública del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador y después de haber revisado los libros blancos, las propuestas técnicas, los entregables de estimación, las órdenes de servicio y, en general, los papeles de trabajo de estos tres convenios específicos referidos, consideramos que hay indicios que pudieron haber llevado a fincar responsabilidades para los servidores públicos bajo su escrutinio, en razón de lo anterior y dado que la Secretaría de la Función Pública no está limitada por el principio de anualidad para la realización de auditorías, he instruido las siguientes cinco acciones que a continuación les detallo.

Primero. Con base en los potenciales riesgos que se han identificado en el manejo de los cuantiosos recursos públicos por parte de los tres servidores señalados, servidores públicos señalados, la Secretaría de la Función Pública ha iniciado ya tres investigaciones en materia de evolución patrimonial para detectar y documentar probables inconsistencias en el patrimonio de los aludidos que pudieran resultar de conductas irregulares, tales como enriquecimiento ilícito.

Confío en que cada uno de los investigados tendrá la sensibilidad necesaria para poner de su parte y facilitar las investigaciones.

A partir de los resultados que estas investigaciones patrimoniales arrojen se iniciarán los procedimientos de responsabilidad administrativa que en su caso correspondan.

Segundo. Existen cuatro investigaciones en la Unidad de Responsabilidades de Pemex Exploración y Producción que fueron archivadas por falta de elementos en 2014, 2015 y 2016 en las que pudieron existir irregularidades y omisiones por parte de la autoridad investigadora.

Por lo anterior, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública ha iniciado ya investigaciones de posibles omisiones de funcionarios de la Unidad de Responsabilidades en Pemex Exploración y Producción, que en su momento condujeron las indagaciones para detectar y sancionar negligencias y conductas irregulares en las que, de ser el caso, dichos funcionarios hubieran incurrido.

Tercero. La Secretaría de la Función Pública auditará al Órgano Interno de Control o la Unidad de Responsabilidades Administrativas de Pemex Exploración y Producción, para determinar si la autoridad fiscalizadora llevó a cabo las diligencias correspondientes para detectar posibles irregularidades o si hubo omisión o negligencia de su parte.

Asimismo, se exhorta al Comité de Auditoria de Pemex para que actúe en consecuencia y llegue al fondo de este asunto y otros que pudieran estar relacionados.

Cuatro. He instruido que la Secretaría de la Función Pública realice auditorías a los convenios posteriores a 2013 celebrados por Pemex Exploración y Producción, y que fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación como parte del esquema de La estafa maestra, con la finalidad de identificar posibles personas adicionales involucradas en conductas irregulares.

Asimismo, la Secretaría de la Función Pública realizará auditorías aleatorias sobre otros convenios con características similares en el periodo de estudio dentro de Pemex Exploración y Producción y, en su caso, de otras filiales de Pemex para identificar posibles casos adicionales de corrupción.

Quinto. La Secretaría de la Función Pública presentará ante la Fiscalía General de la República las denuncias correspondientes que en su caso surjan por hechos constitutivos de probables delitos y que resulten de las investigaciones y procedimientos que la secretaría ha iniciado ya y que continuará llevando a cabo.

En caso de detectarse que los probables hechos irregulares, derivados de estas revisiones, pudieran estar prescritos en el ámbito administrativo, eso no sería así en la esfera penal, en cuyo caso los resultados se harán del conocimiento de las autoridades competentes.

Coadyuvaremos de manera plena con aquellas investigaciones que la Fiscalía General de la República tenga abiertas contra los citados funcionarios, así como con las nuevas investigaciones que, en su caso, se abran y fortaleceremos los mecanismos de coordinación e intercambio de información con la Fiscalía General de la República para asegurar que las autoridades del ámbito administrativo y penal cuenten con todos los elementos para la correcta integración de las investigaciones, así como con el combate de la impunidad.

Muchas gracias.

PREGUNTA: ¿Qué sanciones, qué penalidades se aplican, si nos da el nombre exacto, digamos, del delito en el que pudieron haber incurrido y qué penalidades se podrían aplicar?

Eso, por un lado.

¿Estas personas ya dejaron estos cargos y están localizables, están presentadas o en qué situación jurídica, podríamos decir, se encuentran esos tres funcionarios?

Y, por otro lado, adicionalmente, yo sé que esto es un dictamen sobre Pemex y sobre estas tres personas, pero quisiera saber si otras personas relacionadas con La estafa maestra, otros funcionarios en otras dependencias están siendo investigadas, si existen indagatorias.

Gracias.

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Sí. Como refiero en el reporte que le presento al señor presidente de la República, las investigaciones están abiertas, en particular para los convenios citados en donde intervienen los funcionarios públicos en específico, cuyo estatus legal y administrativo corresponderá a la propia empresa productiva del Estado y al director general de Pemex.

Pero estas investigaciones, como estoy anunciando, sí generarán un estudio a profundidad de todo el entramado que tiene que ver con esta llamada operación ‘La Estafa Maestra’ y entonces, evidentemente, muy probablemente pudieran surgir otros servidores públicos que tengan también que estar sujetos a investigaciones de evolución patrimonial.

Los delitos son diversos y las sanciones son desde las inhabilitaciones hasta evidentemente el cese y el dar vista a la Fiscalía General para que actúe la justicia penal.

PREGUNTA: ¿Tiene referencia de otras áreas y qué otras dependencias podrían estar siendo investigadas independientemente de Pemex?

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Vamos a hacer la investigación en Pemex en este caso y de lo que se desprenda de la investigación a profundidad que vamos a concluir, en primer lugar, podremos estar informando sobre otras dependencias.

PREGUNTA:  Secretaría, cómo está, buen día. Alejandro Lelo de Larrea, Diario Basta Grupo Cantón.

Preguntarle: En la revisión, además de lo que decía la colega, sobre qué no se presentó la declaración patrimonial, bueno, no se hizo pública la parte de los cónyuges, esposa, esposo, dependientes económicos, prácticamente todos los secretarios, salvo dos o tres excepciones.

Y también veo yo que en la parte de la forma se cumple con hacer público ciertos casos de propiedades, bienes inmuebles, menaje de casa, vehículos, cuentas bancarias, pero también prácticamente en todos los casos se incumple en el fondo porque no ponen los montos, no se hace público el monto del valor de adquisición de un vehículo, de la casa, el menaje de casa.

¿Esto lo tienen que hacer público los secretarios conforme a lo que dijo el presidente?

Esa sería la primera pregunta.

Y la segunda que le quiero hacer es, antes el gobierno, bueno más el gobierno nunca ha querido dar información sobre los funcionarios sancionados, sobre todo los casos que ya están concluidos, porque finalmente pueden servir como un referente para que no sean contratados en otro lado.

Yo he ganado varios de esos procesos en el INAI pidiendo la información, pero siempre es complicado, porque hay que recurrir al INAI.

¿Usted va a cambiar esa política, esa decisión y transparentar, abrir los casos de funcionarios que han sido sancionados?

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Respecto de las declaraciones patrimoniales y la información de terceros, el Sistema Declaranet, la plataforma, está sujeta, está diseñada precisamente para no transgredir la Ley de Protección de Datos Personales y para hacer pública información que no tiene que ver directamente con el funcionario público que está obligado a presentar su declaración.

Por eso es que cierra, digamos, la información que está en copropiedad o que no tiene vínculo directo con el funcionario que tiene la obligación de hacer la declaración.

INTERLOCUTOR: Pero se puede hacer una nota aclaratoria como lo hizo usted sobre el valor de los inmuebles, por ejemplo.

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Como usted sabe y tiene presente, en mi caso muy personal así actué, yo hice una nota aclaratoria dando a conocer información que estaba, tenía la prerrogativa de estar reservada por la propia metodología del sistema y por la Ley de Protección de Datos Personales.

Y la invitación que hace el presidente, es decir, los estándares éticos más allá de la norma, más allá de la Ley de Protección de Datos Personales que el propio presidente de la República nos está dando a todos los que lo acompañamos en el gabinete, es precisamente tener esa proactividad.

Yo no dudo que vamos a como gabinete a hacer eco de este llamado que el presidente de la República y a pesar, repito, de la posibilidad de reservar la información de terceros o partes de la propia declaración, la mayor del parte del gabinete vamos a abrir al 100 por ciento nuestras declaraciones.

INTERLOCUTOR: Lo que le preguntaba de los funcionarios públicos que han sido sancionados, si esto lo van a abrir, a lo mejor no al público en una página web abierta, pero sí por lo menos en las solicitudes de información.

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Ahí es más complicado, como usted sabe, porque eso son datos de terceros, absolutamente de terceros, y tenemos que respetar todos los derechos que los involucrados en investigaciones tienen.

De hecho, este mismo informe, esta misma generosidad me parece del propio presidente de la República en este dictamen de la investigación de estos tres funcionarios públicos es una muestra de que sí vamos a andar en la medida de nuestras posibilidades en la transparencia proactiva en esta situación de investigaciones.

INTERLOCUTOR: Perdone la repregunta, no me refería en particular a estos tres casos, me refería al global, un poco en el sentido de que un funcionario que fue sancionado a nivel federal inhabilitado 10 años, por ejemplo, no pueda mañana estar laborando en el gobierno estatal o en un gobierno municipal, etcétera.

¿Esta información ha sido reservada por la Secretaría, ahora va a ser pública?

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Es la misma respuesta.

Eso es muy aventurado hacerlo y mucho menos declararlo sin un marco legal que lo permita, el marco legal hoy protege los derechos de los funcionarios.

PREGUNTA: Secretaria, Carlos Pozos de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía.

Secretaria, me podría decir si fue renuncia, se la pidió el presidente a estas personas o si fue el director de Petróleos Mexicanos. Eso, por una parte.

Que me dijera ¿cuál es el monto, el quebranto hacia Pemex?

En este caso los rectores de estas dos instituciones si son privadas, obviamente, que no pueden tener cargo, pero este mal ha cundido en todas las universidades dedicadas a la ingeniería petrolera y hay en todo el país, parece, nosotros tenemos investigaciones que eso se replicó en todas instituciones.

¿Hay algo que nos pueda adelantar?

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Sí, estamos, perdón, pensando en las reformas legales, las reformas incluso de transformaciones a las leyes de adquisiciones, a la Ley de Arrendamiento y Adquisiciones y Servicios del Sector Público para cerrarle el paso a este tipo de esquemas, de esquemas de mucha complicidad, de colusiones y donde, precisamente, lamentablemente se ha abusado de algunas instituciones de educación superior.

Está la voluntad de este gobierno, la voluntad de la Secretaría de la Función Pública y de todos los miembros del gobierno para presentar posibilidades legislativas, incluso para transformar las cuestiones legales que hoy están siendo o que en el anterior gobierno, en los anteriores gobiernos pudieron haber sido objeto de abuso por parte de las autoridades.

En el caso de los funcionarios actuales de Pemex, eso está totalmente en manos de la empresa productiva del Estado.

INTERLOCUTOR: (Inaudible)

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: El presidente de la República.

PREGUNTA: Qué tal, Alberto Rodríguez, de SDP Noticias.

Sobre esto que usted está hablando de legislación, ¿ya tienen algo avanzado y tendrán una fecha para presentar estas propuestas de ley? Esto, por un lado.

Y, por otro, si la Secretaría de la Función Pública o la Presidencia o alguna instancia en el gobierno federal tiene ahorita la atribución de hacer cambios en este tipo de regulaciones para evitar que esto siga sucediendo.

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Sí tenemos la posibilidad de emitir normas y vamos a hacerlo a la brevedad para tener muchísimos más controles en términos de la fiscalización, en términos de que nuestros contralores, nuestros titulares de órganos internos de control que están obligados a vigilar, a auspiciar la legalidad, tengan la responsabilidad de que si hacen un trabajo superficial o permiten omisiones en las responsabilidades administrativas, sean también corresponsables de los daños al erario.

Entonces vamos a emitir las normas respectivas y las nuevas directrices están dadas.

Estamos trabajando en propuestas de ley, como ha anunciado el presidente de la República, está en ciernes la aprobación, por ejemplo, la Ley de Austeridad Republicana que está muy en vínculo con las políticas y las directrices centrales de esta nueva Secretaría de la Función Pública.

Y les pido unas poquitas más porque tengo reunión con el propio presidente.

Sí, aquí atrás.

PREGUNTA: Usted comentaba que sólo se auditó el 6.2 por ciento y que el daño al erario pudiera ser mucho mayor.

Entonces, mi pregunta sería, esto usted decía que era por el marco legal que sólo permitía auditar cierto porcentaje, o algo así, de los convenios de Pemex.

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: No. Fue por, no sé si está…

PREGUNTA: Mi pregunta sería: ¿En cuánto estiman que podría escalar el daño al erario por este mecanismo que releva la investigación de La estafa maestra?

Y la otra pregunta, es insistir en lo que decían mis compañeros, los rectores y las autoridades de las universidades que firmaron estos convenios y que podrían tener alguna responsabilidad por decir o expresar que tenían capacidades técnicas cuando no las tenían. Entiendo que algunas que dependen de los gobiernos estatales, pero ahí se está trabajando en coordinación con los órganos de control de los gobiernos y/o qué pasaría con las universidades que tienen autonomía.

¿Qué pasó con el marco legal, secretaria?

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Sí, ese es precisamente el tema. Tenemos que transformar el esquema normativo para que nos permita que las instituciones de educación superior y, sobre todo, evidentemente, sus directivos, desde los rectores y los directores generales de estas instituciones, tengan mayores responsabilidades, estén sujetos a mayor control.

En la actualidad se ha aprovechado de estos huecos y de esta utilización de ciertas universidades, de hecho, han sido muy contadas, creo que son 11 universidades que fueron partícipes, no más, y como ustedes saben nuestro universo de educación superior es infinitamente superior.

Entonces, sí es factible hacer investigaciones una vez que se hagan las transformaciones legales correspondientes que nos obliguen a mayor control, fiscalización y rendición de cuentas por parte de quienes las dirigen.

El monto fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación, que es quien puso las auditorías iniciales en 2014, fue nada más de 6.4 por ciento.

Les voy a enviar en mi boletín de prensa, que los coordinadores de prensa me están preparando, la gráfica que muestra cómo realmente La estafa maestra en Pemex Exploración Producción, por parte de lo fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación fue ínfimo, fue seis por ciento.

Y estos seis contratos en donde intervienen estas tres personas son solamente una ínfima parte de los 329 convenios de Pemex Exploración Producción que incluyeron 26 mil millones de pesos con 762 millones de pesos.

Y la última, me están diciendo.

PREGUNTA: Gracias, secretaria.

Nayeli Roldán, de Animal Político.

Nada más para precisar, de acuerdo a lo que han investigado en esta semana es, hasta el día de hoy, ¿se ha dado vista ya a la fiscalía para poder investigar un presunto delito?

La segunda es ¿cuándo concluirá esta investigación que ha emprendido solamente en el caso de estos tres funcionarios?

Y la última, sabemos que los convenios no los firman los titulares de las dependencias, sin embargo, ¿esta investigación los podría alcanzar? ¿De qué manera sí se podría llegar justamente a la responsabilidad desde quienes encabezan cada una de estas 11 dependencias implicadas en La estafa maestra?

Gracias.

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Sí, gracias.

Como anuncié, nosotros, la Función Pública, presentaremos en breve lo que surja de la investigación de evolución patrimonial, donde ya tenemos avances importantes, y donde sí ha habido intercambio de información con el propio nuevo Fiscal General de la República.

Entonces, el intercambio, la interacción interinstitucional está dada, y, evidentemente, el dar vista ya formalmente para el inicio de una investigación penal en los casos concretos, va a tener su curso normativo en una ruta crítica y normativa más específica.

Pero sí vamos a coadyuvar plenamente con todas las investigaciones que la Fiscalía General de la República tenga a bien dar en los casos y en otros casos que surjan de la investigación, porque evidentemente sí es una trama muy compleja y creo que es una gran muestra de voluntad del nuevo gobierno de que no vamos a cejar con el combate a la corrupción.

Muchísimas gracias.

Vamos a dar un boletín de prensa.

PREGUNTA: (Inaudible)

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Lo mismo, es un asunto de obligación moral, pero por nosotros no va a quedar la posibilidad.

Gracias.