MODERADOR: Damas y caballeros, se encuentra con nosotros el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien se dirige a saludar a nuestro lábaro patrio, que custodia la guardia de cadetes del Heroico Colegio Militar.

MODERADOR: Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

(HONORES)

MODERADOR: Preside esta ceremonia conmemorativa al 106 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador.

MODERADORA: Integran el presídium:

El licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

MODERADOR: Licenciado Mauricio Kuri González, gobernador constitucional del estado de Querétaro.

MODERADORA: Ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

MODERADOR: Senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

MODERADORA: Diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

MODERADOR: Licenciada Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública.

MODERADORA: General Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional.

MODERADOR: Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.

MODERADORA: Licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

MODERADOR: Doctor Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público.

MODERADORA: También contamos con la presencia de integrantes del Gabinete Ampliado del Gobierno de México.

MODERADOR: Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y gobernadores de las diferentes entidades federativas de la nación.

MODERADORA: Diputados federales y senadores de la República.

MODERADOR: Invitados especiales y representantes de medios de comunicación.

Reciban todos la más cordial bienvenida.

MODERADORA: El licenciado Mauricio Kuri González, gobernador constitucional del estado de Querétaro, hará uso de la palabra.

MAURICIO KURI GONZÁLEZ, GOBERNADOR DE QUERÉTARO: Muchas gracias. Muy buenos días.

Saludo con mucho gusto y le damos la bienvenida a Querétaro al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Al senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Al diputado federal Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Mesa Directiva.

A la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al gobernador del estado de Oaxaca, al ingeniero Salomón Jara Cruz, presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores.

A la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como a las y a los gobernadores que nos acompañan el día de hoy.

A las y los senadores de la República.

Diputadas y diputados federales que nos acompañan.

Por supuesto, a mi esposa Car, presidenta del patronato del Sistema Estatal DIF; a mis hijas, Car y Sabi, y a mi hijo Mau Kuri. Gracias, por estar acá el día de hoy.

Al licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

Al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.

Al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.

A la licenciada Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública.

Y a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Al doctor Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público.

A los integrantes del gabinete del Gobierno de México.

Exgobernadores del estado de Querétaro.

A la doctora Mariela Pons Sevilla, magistrada presidente del Poder Judicial en este estado.

A la diputada Liz Selene Salazar Pérez, presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura del estado.

Magistradas, magistrados.

Diputadas y diputados locales.

Presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero.

A las y los presidentes municipales de Querétaro, muchas gracias.

Al maestro Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general del estado.

Presidentas y presidentes de cámaras, colegios, organismos autónomos, asociaciones civiles y medios de comunicación.

Integrantes de mi gabinete.

Por supuesto, a quienes nos acompañan también de manera virtual.

Señoras y señores:

El día de hoy celebramos el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 que funda al México moderno. Su redacción es el acto previo, formal e indispensable que encuentran los diversos grupos para cesar las hostilidades y la guerra. Para ello, adoptan un acuerdo explícito: someterse al Estado de derecho.

Quienes entonces pactan la paz no son solamente adversarios, son auténticos enemigos que se han enfrentado hasta la muerte. La lección central es: cuando la política falla la violencia estalla. Los mexicanos de hace un siglo olvidan su hermandad, su origen común, dejan de escucharse y pierden la sensatez, la solidaridad y la vida.

En el constituyente esgrimen sus argumentos, confrontan sus visiones de país y desahogan sus agravios. En este histórico Teatro de la República, tras intensos debates los mexicanos llegamos a acuerdos y superamos posiciones extremas, logrando un consenso toral: todos por igual habremos que someternos a la ley.

No hay momento ni lugar más oportuno que este para hacer una reflexión del espíritu que anima la Constitución, de su carácter supremo, de su vocación democrática y de su celo por la justicia social y la defensa de las libertades.

Hace más de un siglo en este recinto se acuerda algo central: la Constitución será el espacio donde se resuman las visiones plurales y ricas, por diversas, del porvenir mexicano.

La Constitución es un documento con memoria histórica, pero también con visión de futuro. Es un texto revolucionario. Y lo es paradójicamente porque, además de introducir transformaciones radicales, no avasalla; concilia, retoma el espíritu soberano y libertario de los sentimientos de la nación, que es el Estado federal, y el disfrute de libertades de la Constitución de 1824, y el carácter laico del Estado y el reconocimiento de los derechos del hombre como base de las instituciones sociales de la Constitución del 57.

Por ello, sobre el acuerdo hecho Constitución en 1917, descansa la fundación del Estado, cuyo poder público se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cuyas independencias garantizan la estabilidad y la gobernabilidad.

La federación se integra por estados libres y soberanos y, no menos importante, se consagra al municipio libre como la célula fundamental del Estado mexicano. 

Pero toda esta construcción sólo tiene sentido si se respeta la democracia, porque la esencia del Plan del San Luis es la transferencia ordenada, pacífica y periódica del poder por medio del voto libre.

Todos son avances esenciales para la vida de México. La supremacía de la Constitución se afirma sobre el poder de los ejércitos revolucionarios y de sus caudillos. Nunca, salvo el breve periodo de la República Restaurada, había México logrado librarse del poder de un solo hombre.

El principio del fin de esa realidad se da aquí, cuando se acuerda que no habrá nadie por encima de la Constitución; tampoco admite, ni entonces ni hoy, atajos, planes o procedimientos legislativos para violentarla.

La ley suprema lo es a pesar de la voluntad de quienes mandan, de los anhelos de las facciones o de las añoranzas de los poderes facticos. El blindaje de la supremacía constitucional reside en la soberanía popular, los poderes eligen y al hacerlo responden a quienes votaron libremente. Todos los servidores públicos somos mandatarios, quien manda es el ciudadano y expresa su voluntad en elecciones auténticas, libre y periódicas.

La democracia es la columna vertebral del México moderno, es el motor del sistema político y es la vida de las instituciones republicanas. La democracia es el sistema más elevado de expresión de las libertades políticas.

No hay libertad sin democracia. Libertad y democracia han sido las más caras aspiraciones políticas de la sociedad mexicana. Por eso las y los ciudadanos demandaron protegerlas con una fórmula impecable, tenerlas bajo su custodia. Son las y los ciudadanos quienes organizan, operan y legitiman los procesos electorales.

La otra poderosa vertiente de la Constitución es la aspiración por la justicia social. En 1910 México desfallecía de pobreza, al hambre alimentaria se sumaba el hambre de libertad, de acceso a la tierra, de oportunidades de trabajo y de educación pública.

Por eso, el texto de 1917 es una valiosa aportación innovadora y creativa de los derechos sociales. La distribución de oportunidades se da otorgándole a las y a los mexicanos la posibilidad de alimentarse, de trabajar y tener un patrimonio, pero también de estudiar, de organizarse gremial y políticamente, de vivir con seguridad y con pleno acceso a la justicia.

Es verdad que tenemos rezagos históricos vergonzosos y muy lamentables, que no hemos sido capaces de resolver integralmente, que nos comprometen a trabajar por los más pobres con honradez y con eficiencia. En los años recientes se ha realizado un esfuerzo sin precedente para distribuir apoyos a los más necesitados, con ello pretendemos cumplir el otro anhelo que tutela nuestra Constitución: alcanzar un México más justo, igualitario y solidario. Eso debemos reconocérselo, señor presidente.

Profundizar, ensanchar y apresurar el disfrute de la igualdad y la justicia en todos los hogares mexicanos requiere de la concordia nacional y una creciente participación ciudadana, un país que se construya de abajo hacia arriba.

Debemos trabajar por alcanzar mayores espacios de igualdad material sin sacrificar en lo más mínimo las libertades políticas y respetando siempre la dignidad humana.

No ha habido, no hay y no habrá igualdad social sin libertad y pluralismo político. La democracia que no es libre se marchita. La libertad que no se ejerce se pierde. 

Celebrar la Constitución demanda principalmente respetarla. Hoy es un muy buen día para hacer un ejercicio de memoria, pero también de imaginación colectiva; de reflexión, pero también de determinación y de compromiso.

La memoria nos demanda recordar que la injusticia que imperaba en el México de 1910 no daba espacio para la oposición política ni para la renovación pacífica de los poderes. Esto se traduce en la proclama democrática ‘sufragio efectivo, no relección’.

Los días que vivimos nos urgen a restablecer la convivencia pacífica y respetuosa como método para lograr el consenso, y el consenso como medio para la concordia y la armonía social, y la unidad de os mexicanos nos van a permitir conseguir mayores niveles de libertad, igualdad y justicia.

Es momento de poner énfasis en todo aquello que nos une y nos hermana, que no es poco y no es menor. 

Señor presidente.

Señoras y señores:

Sean ustedes bienvenidos a Querétaro. Hoy que se dan cita los poderes constituidos del Estado mexicano, deseo reiterar ante la nación nuestro compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fortalecer el Estado de derecho.

Muchas gracias.

MODERADOR: Hace uso de la palabra la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN):Distinguidos miembros del presídium.

Ministras y ministros aquí presentes.

Consejeras y consejeros de la Judicatura Federal, también aquí presentes.

Señoras y señores:

Nos reúne uno de los actos de mayor relevancia y significado de las efemérides nacionales.

Hoy tengo el enorme orgullo de pronunciar estas palabras en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el orgullo, pero, sobre todo, la responsabilidad, se potencian por un hecho: por primera ocasión en nuestra historia una mujer preside el Poder Judicial de la Federación.

No es un logro personal, es un indicativo de avance social. Sepan todas y todos que trabajaré porque esta representación en el Poder Judicial Federal se traduzca en una auténtica reducción de las brechas de género y consecuentemente en una sociedad más justa e igualitaria.

Hace 106 años, en esta ciudad, encabezados por Venustiano Carranza, 218 diputados provenientes de toda la República, con muy distintas profesiones y oficios, abogados, pensadores, maestros, militares, ferrocarrileros, topógrafos, telegrafistas, integrantes de todo el abanico social de nuestro país se reunieron para reformar, en principio, la Constitución de 1857, pero fueron mucho más allá, encauzaron las reivindicaciones sociales emanadas de la Revolución mexicana dando luz en el mundo a un pionero constitucionalismo social.

Repito las palabras de Donato Bravo Izquierdo, diputado constituyente: 

‘Jamás he pretendido que el Congreso Constituyente de 1917 esté verificando una labor de perfecta sabiduría, pero sí creo que su obra es de evolución social, que hace conmover el cerebro y el alma del pueblo mexicano, ya que la Revolución le ofreció un horizonte de nueva vida que desconocía y que se ha debido estudiar para obtener un progreso verdadero. Así, la sangre derramada en nuestras luchas intestinas no será estéril’. Cierro comillas.

Las injusticias generan inconformidad, descontento, enojo, violencia, pero para encontrar una verdadera solución a ellas, de largo plazo, se necesita crear conceptos, ideales, convicciones de lucha política, de fortalecimiento institucional. Así ha sido en la búsqueda de igualdad entre las personas, con independencia de credos, de nacionalidades, de condición económica, de origen étnico diferente o de género. Enfrentar estas injusticias ha sido el mejor motor de las causas de toda la humanidad. 

Quienes se reunieron en este gran recinto supieron hace suyas esas causas, plasmarlas en leyes, en instituciones, para salir de la guerra fratricida y construir la gran nación que hoy conformamos. Esa es la lección que imponen estos muros y que no debemos olvidar ni menospreciar.

Hoy, nuestra Constitución, con centenares de reformas, contiene los fines, los objetivos, las grandes metas del proyecto nacional y reconoce los derechos inherentes de todas las personas; sin embargo, la deuda histórica con sujetos en particular y con enormes sectores de la sociedad persiste. Mujeres, personas en situación de pobreza y discriminación, la infancia, las personas con discapacidad, las y los migrantes, los individuos, personas, comunidades y pueblos indígenas, todos ellos nos exigen, recordando a Donato Bravo y a sus colegas diputados constituyentes que nos dieron una nación, seguir preparándonos para obtener un verdadero progreso. Sólo el conocimiento y la convicción en nuestros valores procuran la libertad y la igualdad.

Evitemos encuentros estériles, reuniones con bellos ejercicios de oratoria para, tras ello, volver al escritorio con la falsa sensación del deber cumplido. Lo cierto es que tenemos que esforzarnos más, cuestionar y cuestionarnos, replantearnos cómo lograr un cumplimiento cabal de nuestra Constitución.

La ley suprema tiene que ser una realidad en aras de la dignidad de cada persona, en aras, precisamente, de la consecución de los fines del proyecto nacional.

La dignidad se construye día a día con respeto entre los individuos, entre los poderes e incluso entre las naciones. Para hacer frente a esta enorme deuda histórica el rol de quienes impartimos justicia, resulta crucial. Así lo asumo, así lo asumimos.

Nuestra principal responsabilidad es garantizar el acceso a la justicia viendo por la dignidad humana a través de la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución.

Conforme al paradigma de la centralidad de los derechos humanos. el Poder Judicial, guiado por la Constitución, no sólo resuelve las controversias, no sólo pacífica los conflictos, sino que también promueve y cataliza el cambio social.

No es accidental que en el vestíbulo principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté grabado el apotegma: ‘Somos siervos de la ley suprema para poder ser libres’.

Nuestro actuar debe estar apegado al derecho para evitar arbitrariedades y para, de cara a la sociedad, rendir cuentas en el ejercicio de nuestra función. Los juzgadores estamos siempre sujetos al imperio de la ley, pero nuestra función no se limita a una aplicación formal, por mandato constitucional la impartición de justicia exige también interpretar la ley, atendiendo a los valores y principios inmersos en las normas para así decidir cada caso concreto.

Esta importantísima labor la realizamos como seres sociales insertos en una cultura política, con diversos perfiles éticos que se proyectan inevitablemente en nuestra labor.

La diversidad entre quien impartimos justicia no sólo es inevitable, es deseable. Es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten y nunca, nunca, perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y de la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia, es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla; de lo contrario, corremos el riesgo de mermar esta garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia.

La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial siempre en beneficio de la sociedad.

Señoras y señores:

Como ley suprema, la Constitución es un inmenso y muy poderoso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y, sobre todo, de unión entre las y los mexicanos. Nos obliga a todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y, muy destacadamente, progresividad.

Hoy les invito a que trabajemos hombro con hombro por el bien nuestro país, para dar ejemplo de que en la unidad nacional somos dignos herederos de nuestra historia.

La Constitución es el pacto federal que nos permite superar nuestras diferencias y estar de acuerdo en lo fundamental, como lo expresara Mariano Otero. Es el centro de gravedad donde convergen los fines y los entramados institucionales para llegar a ser el México que podemos y debemos ser.

De la Constitución emanan todas las leyes, en ella están plasmados nuestros derechos y nuestras libertades. En la Constitución está la organización y el funcionamiento de nuestra República. Nuestro compromiso con México es cumplirla y velar por su cumplimiento, hagamos lo posible. Les aseguro a todos que cuentan con el Poder Judicial Federal.

Muchas gracias.

MODERADORA: El diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hará uso de la palabra.

SANTIAGO CREEL MIRANDA, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Presidente del Senado de la República.

Secretario de Gobernación.

Gobernador constitucional del estado de Querétaro.

Integrantes del presídium.

Señoras y señores.

El México independiente nace de un diálogo entre dos personas muy distintas: Guerrero e Iturbide. Sus orígenes, formación y temperamentos en nada se parecen; aun así, el diálogo prosperó, sus diferencias se superaron, la independencia se logró, pero no la paz. El fallido intento de imperio de Iturbide rompe ese diálogo. Apenas hubo tiempo para recomponerlo y acordar el Acta Constitutiva y la Constitución de 1824.

Tampoco la paz se aseguró. Federalistas y centralistas prefirieron el diálogo y los acuerdos con potencias extranjeras antes de dialogar y acordar entre mexicanos. 

La revolución de Ayutla termina con la infausta dictadura de Santa Anna y apenas el diálogo alcanza para acordar la Constitución del 57, y con ella simultáneamente empieza la guerra de Reforma. 

Cuando concluye, la paz tampoco se sostiene, la lucha continúa para combatir la intervención francesa y el imperio usurpador.

Durante la accidenta vigencia de la Constitución del 57 surgen los excesos reeleccionistas, primero con Juárez, justificados por la intervención extranjera, aunque luego volvió a reelegirse en 1871.

Díaz hace de la reelección una forma de gobierno, su régimen se transforma en una dictadura que no dialoga, no acuerda y provoca la revolución maderista. Y esa revolución con Madero asesinado da origen a otras muchas revoluciones: primero justificadamente en contra de Huerta, después entre los mismos revolucionarios, lo que deriva en una guerra fratricida.

En la Convención de Aguascalientes los revolucionarios buscan un nuevo entendimiento, pero el diálogo y los acuerdos tampoco fructificaron.

Finalmente, la revolución constitucionalista triunfa con Venustiano Carranza, quien convoca a un nuevo constituyente. Después de un intenso debate entre moderados y radicales, se acuerda, finalmente la Constitución de 1917, la cual inaugura una nueva época en la historia de nuestro derecho constitucional, pero también en la historia del mundo.

Los constituyentes superaron sus intereses de facción, tuvieron la inteligencia y el carácter para pasar de los adjetivos hirientes a los sustantivos catalizadores de acuerdos, transitaron de la diatriba al argumento y de las armas a la Constitución. El diálogo triunfó sobre la división y eso es precisamente lo que hoy celebramos.

La Constitución de 1917 fue la primera del siglo XX en incluir los derechos sociales, una educación pública obligatoria, gratuita, laica; la subordinación de la propiedad privada al interés general y el sometimiento del capital a los derechos de los trabajadores.

Al poco tiempo de su promulgación, los revolucionarios volvieron a desdeñar el diálogo, sus causas se frustraron y la disputa por el poder se encarnizó. La violencia cobró la vida de casi todos los liderazgos revolucionarios, además de las de Madero y Pino Suárez al inicio de la lucha; cegó las vidas de Zapata, Ángeles, Carranza, Villa, Obregón y muchos más.

Concluida la Revolución, la paz se volvió a quebrar. La falta de diálogo de Calles con la Iglesia provocó la guerra cristera, que pudo haberse evitado y con ello la pérdida de más de 250 mil vidas.

Terminado el conflicto religioso, el país se pacifica, pero no a través de la visión maderista, sino mediante la imposición de una nueva hegemonía. Al instalarse, se rompen los acuerdos democráticos que se habían logrado en la Constitución de 1917.

La nueva hegemonía no dialoga; impone, simula, se arropa en el principio de la no reelección, crea un partido que dura en el poder más del doble del tiempo que el de la dictadura de Díaz. Su mérito es que logra, eso sí, un periodo de crecimiento, aunque gobierna sin diálogo, sin diálogo plural e incluyente.

Emerge la guerra sucia, el conflicto estudiantil de 1968 que acaba en una masacre, se repite el Jueves de Corpus de 1971. El 2 de octubre no se olvida y nosotros nunca, nunca debemos de olvidar que fue la falta de diálogo del régimen lo que provocó esas matanzas. La violencia política alcanza igualmente a la oposición, los conflictos poselectorales de los años 70 y 80 también cobraron muchas vidas.

El partido hegemónico acabó por escuchar, por dialogar y por lograr, junto con la oposición, su apertura democrática. Sin esa voluntad, que hoy debemos de reconocer, difícilmente se hubiera dado un cambio político en paz y por la vía de las instituciones. Eso fue lo que a nuestra generación nos tocó atestiguar, pero también participar y a muchos de los integrantes de este presídium, que empujamos el proceso de transición democrática del país.

La cuestión electoral monopolizó el diálogo de la transición, y no era para menos, prácticamente todo el siglo XIX y el siglo XX las elecciones fueron lo que dominó el debate. Y el siglo XX, cuando hubo elecciones, fueron casi todas ellas, en sus muchos años antes de que empezara el proceso de transición democrática, fueron meramente nominales.

Hoy, después de dos alternancias federales incuestionables, era de esperarse que hubiéramos arribado a un amplio consenso en torno a las instituciones y a las reglas electorales. Esto no es así. Nuevamente los acuerdos se frustran. Lo que debe resolver la política y el diálogo, eso nos toca a nosotros, incompresiblemente el tribunal constitucional lo tendrá que dirimir.

Rectifiquemos, aún estamos a tiempo, no tenemos por qué repetir los errores del pasado. La política es también conciliación de intereses encontrados. Todos, absolutamente todos, tenemos el derecho de defender nuestras creencias, nuestras ideologías y nuestras posiciones política, el límite es la Constitución, los tratados internacionales que también son ley de la nación y, por supuesto, el respeto a la visa institucional.

No hay más moral política que la Constitución, esa es la moral de todos quienes somos servidores públicos. Con eso en mente, desterremos de una vez por todas nuestras diferencias y confrontaciones, particularmente las que hubiese habido en el pasado. Ahora son tiempos de coincidir, son tiempos de reconciliación; después, después vendrán tiempos para competir en la arena política electoral.

La falta de diálogo también se extiende a los asuntos fundamentales para el bienestar de la nación. Existe desacuerdos sobre el combate a la violencia, la seguridad pública, la cuestión social, la económica, la impunidad y la corrupción. A pesar y muy a pesar de que estos asuntos están acordados en la Constitución, algunos de ellos inclusive desde 1917 y, sin embargo, el desacuerdo prevalece no en los fines que persiguen nuestras normas constitucionales, sino en los medios para darles cumplimiento. Ahí es donde está el gran reto que tenemos como mexicanas y mexicanos.

Es un gran equívoco pensar que los programas del país pueden resolverse con ordenamientos constitucionales que no se cumplen o, peor, con cambios a la Constitución o a las leyes, como si por el mero hecho de reformar una norma la realidad automáticamente cambia.

Cada administración busca dar solución a los problemas que enfrenta mediante la realización de su propio proyecto de gobierno, ese es el sentido de la alternancia, para eso sirven las elecciones, pero ese proyecto invariablemente debe estar contenido dentro de nuestra Constitución.

El pueblo es y siempre ha sido muchos Méxicos, no sólo uno y menos uno homogéneo. El principio democrático es que la mayoría decide, de eso no hay duda y no hay debate, la cuestión es cómo decide, se incluye o no a quienes piensan distinto. Al excluirlos, se deja fuera parte del pueblo, se mancilla la soberanía.

El reto de nuestra generación, el gran reto, es encontrar a través del diálogo, del diálogo político, la unidad dentro de esta vasta pluralidad y diversidad que es México, no a través de una visión única, eso contradice la esencia de nuestra democracia.

Quienes nos precedieron hicieron constituciones innovadoras, no hay duda, la primera de dimensión social, nadie, absolutamente nadie debate ello, todo esto es cierto, pero —y este ‘pero’ es exacto porque su cumplimiento cabal ha sido el meollo de nuestra historia constitucional— José María Lafragua, un gran liberal del siglo XIX ya advertía este problema cuando afirmó: 

‘Si la Constitución ha de ser una verdad, es preciso que no contenga promesas, sino preceptos; no una esperanza en el porvenir, sino una realidad para el presente; no principios puramente teóricos, sino disposiciones que puedan realizarse. De lo contrario haremos un hermoso libro de derecho político, pero no una carta fundamental de la República’. Cierro la cita.

Hoy más que nunca es hora de dialogar, es hora de dialogar para hacer realidad nuestra Constitución, para aplicarla, para ejecutarla, para que en esos medios podamos convenir los grandes acuerdos de la nación, y esos grandes acuerdos de la nación que se traduzcan en el bienestar social del pueblo de México. Esa es la mejor manera de honrar nuestra Constitución de 1917 promulgada un día como hoy hace 106 años.

Muchas gracias.

MODERADOR: Hace uso de la palabra el senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

ALEJANDRO ARMENTA MIER, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA: Ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador.

Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ciudadano presidente de la Cámara de Diputados.

Señor gobernador del estado de Querétaro.

Señoras y apreciables gobernadoras, gobernadores.

Jefa de Gobierno.

Señor secretario de Gobernación.

Señor secretario de Marina.

Señor secretario de la Defensa.

Amigas, amigos secretarios.

Alcaldes.

Diputadas, diputados.

Senadores, senadoras.

A 106 años de la promulgación de nuestra Constitución, esta, esta Constitución del 17 se consolida como la base de la estructura, organización y funcionamiento de la República, y expresión de los derechos fundamentales de las y los mexicanos.

Este proceso ha tenido varias etapas innegables históricamente. Durante la Independencia y la etapa de Reforma, muchos hombres y mujeres, que no describe la historia, que están en el anonimato, nacionalistas y liberales, materializaron los sentimientos de una sociedad que luchó por su independencia y soberanía.

La separación del Estado y la Iglesia fue tan importante como lo es hoy y será en el futuro la separación del poder económico y del poder político para el beneficio de las y los mexicanos.

La Constitución del 17 sí incluyó por primera vez en su texto el derecho a la educación, al trabajo, a la seguridad social, a la tierra.

Los movimientos sociales de esa etapa revolucionaria quedaron plasmados en ese año en la Constitución. En este mismo recinto donde hoy nos encontramos se protestó firmó la Constitución que inscribió garantías y derechos humanos, y proclamó la soberanía. 

En ese entonces todos los constituyentes eran hombres; hoy, es una realidad, hay paridad de género y estamos avanzando.

A partir del 2018, por mandato soberano de más de 30 millones de mexicanos, ha iniciado la cuarta etapa de la transformación de México. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador encabeza, acompañado del Poder Legislativo y sin menoscabo de la independencia entre los poderes públicos, esta fase histórica de nuestra nación.

Las siguientes reformas constitucionales son el reflejo del humanismo mexicano que caracteriza esta cuarta etapa transformadora.:

Aprobamos en el Congreso la Ley de Austeridad Republicana, reclamo de los mexicanos.

Aprobamos una nueva reforma educativa.

Creamos la Ley de Economía Circular, para proteger la vida del planeta.

Creamos la Ley de la Guardia Nacional.

Reformamos la Ley General de Salud respecto al etiquetado nutricional. Somos el primer país en el mundo en obesidad infantil, el segundo lugar en obesidad en adultos mayores y la segunda causa de muerte en México es la diabetes mellitus.

Reformamos el artículo 108 y 111 para la revocación del mandato. El pueblo pone y el pueblo quita.

Reformamos el artículo 4º, para convertir las dadivas en derechos a favor de los adultos mayores, las personas con discapacidad y los jóvenes.

Reformamos en materia de salario mínimo y dimos vacaciones dignas.

Reformamos los derechos en materia de mujeres y de niños.

Las reformas que hemos construido con el presidente de la República buscan eliminar el presidencialismo abusivo y materializar la separación del poder económico del poder político. Por eso aprobamos el artículo 19 de la Constitución en su reforma, para declarar como delito grave el fraude electoral, la corrupción y el robo de hidrocarburos, sinónimo de la corrupción del régimen presidencial.

Logramos la Ley de Extinción de Dominio. 

Se creó la ley contra empresas fantasmas y facturación falsa, base del saqueo fiscal a la patria que tanto llena de indignación a la población.

Creamos la Ley del Juicio Político.

Y reformamos el artículo 28 de la Constitución, para eliminar la condonación de impuestos, que sólo beneficiaba a las empresas e intereses extranjeros.

Estas reformas, todas estas reformas, sin un constituyente, son el resultado del movimiento social que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso afirmo categóricamente como presidente del Senado, que el Humanismo Mexicano expresado por el Ejecutivo federal es un concepto válido, sustentado en la razón jurídica y en la esencia de todas estas modificaciones que hemos hecho a favor de las y los mexicanos, quienes nos exigen, ellos y ellas, legítimamente a todas y todos nosotros, autoridades, instituciones, representantes, entes autónomos del Estado, nos exigen los mexicanos sensatez e institucionalidad para hacer posible recuperar la nación y lograr una justa distribución de su riqueza y bienestar, porque eso no se habló en los discursos de hace un momento.

Es posible hacer patria, sí, sí es posible, hacer patria y hacer el bien en México si nos conducimos con estricto sentido a la aplicación del artículo 1º de la Constitución, que señala: ‘Todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con esos principios de universalidad, independencia y progresividad’.

Las reformas constitucionales que hemos hecho para honrar el 106 aniversario de nuestra Constitución le otorgan a México motores jurídicos de prosperidad para México.

Pasamos ya, ya pasamos del 17 al 2018 de instituciones políticas extractivas, que entregaron la riqueza nacional y nuestros recursos naturales al exterior, a la consolidación de las instituciones políticas inclusivas que permitirán el desarrollo de México para las próximas generaciones.

En breve, muy en breve, alcanzaremos la soberanía energética para poder aspirar a la soberanía financiera, para que el sueño mexicano de lograr la distribución justa de la riqueza se perciba en los hogares del país.

Esa, esa, señoras y señores, es la esencia concreta que inspiró a los fundadores de nuestra patria y a los reformadores de nuestras instituciones que hoy nos convocan a compartir el 106 aniversario de la Constitución Mexicana de 1917.

Muchas gracias.

MODERADORA: Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:Ciudadano gobernador Mauricio Kuri González.

Representantes de los poderes Judicial y Legislativo.

Gobernadoras, jefa de Gobierno, gobernadores.

Servidores públicos federales, estatales.

Amigas, amigos todos:

La Constitución de 1917 se inspira, como sabemos, en los principios de libertad de consciencia y manifestación de ideas, democracia, legalidad, división de poderes, Estado laico, protección a la dignidad e integridad de las personas, que hoy conocemos como derechos humanos, y en otros postulados enarbolados desde 1814 en Apatzingán y en las constitucionales federales de 1824 y 1857. Sin embargo, lo verdaderamente original de la Constitución del 17 dimana de los anhelos de libertad, justicia y soberanía del pueblo que luchó en la Revolución de 1910 contra la dictadura porfirista 

Así, en su espíritu original, la Constitución de 1917 da fundamento a una profunda transformación: establece el derecho a la educación gratuita, la igualdad, la democracia; la defensa de los trabajadores del campo y la ciudad; el derecho de los campesinos a la tierra, el dominio directo de la nación sobre el subsuelo y el predominio del interés público.

Los 200 constituyentes que, durante 70 días intensos y apasionantes, redactaron nuestra actual carta magna aquí, en este Teatro de la República en Querétaro, actuaron con estricto apego al sentir de los revolucionarios que, todavía levantados en armas, exigían el cumplimiento de sus demandas. Si de algo sirvió la división entre los revolucionarios tal vez fue que la oposición de Francisco Villa y Emiliano Zapata obligó al moderado bando carrancista a tomar decisiones más radicales, de mayor profundidad. Recordemos que cuando Villa y Zapata llegan a la Ciudad de México y Venustiano Carranza traslada la jefatura del gobierno constitucionalista a Veracruz, los gobernadores que le respaldaban comenzaron a expedir bajo su orientación decretos para abolir, hasta entonces, después de más de 100 años, la esclavitud de los peones de las haciendas, y el 6 de enero de 1915 se proclamó en ese puerto la ley agraria para entregar la tierra a los campesinos.

De modo que, cuando este hombre de Estado, Venustiano Carranza, convocó a los revolucionarios a elaborar una nueva Constitución, ya había antecedentes para legislar en beneficio del pueblo.

Una vez aprobados los 136 artículos y promulgada la Constitución un día como hoy, 5 de febrero de 1917, este documento no sólo se convirtió en la ley suprema del país, sino que llegó a ser, por mucho tiempo, el programa de acción más popular, nacionalista y progresista de nuestra historia.

Aunque durante la elaboración de la Constitución los debates fueron prolongados y a veces fuertes, no hubo entre los diputados, en lo esencial, diferencias de fondo. Nadie, por ejemplo, se opuso a la forma en que fueron redactados los artículos 27 y 123, que resultaban fundamentales para tratar la cuestión agraria y laboral. Es más, estos artículos se aprobaron por unanimidad.

Desde luego, la promulgación de la nueva Constitución causó molestias y oposición de los políticos e ideólogos del antiguo régimen, incluidos grandes latifundistas y, sobre todo, dueños y representantes en el país de las compañías petroleras, porque en este texto jurídico, fundacional del nuevo Estado, se estableció el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales del subsuelo en nuestro territorio.

Pero, amparados por la Constitución de 1917, México y su pueblo resistieron el embate del conservadurismo y la presión extranjera, y se pudo avanzar aplicando uno de los planes sociales más importantes del mundo, incluso antes de las políticas populares de la Revolución rusa y del establecimiento del Estado de bienestar en los países europeos.

Es decir, la Revolución no se había olvidado, seguía siendo enseñanza y continuaba como guía y orientación en el quehacer social; sólo la demanda de democracia había quedado como asignatura pendiente, pero, insisto, en el terreno de la justicia el contraste con la opresión y el clasismo porfirista era verdaderamente notable.

Todavía en 1970, don Jesús Silva-Herzog sostenía, lo cito textualmente:

‘Los reaccionarios, ignorantes y obstinados, siguen pensando que aquel tiempo que en gobernó al país el general Díaz fue de lo mejor de México en toda su historia. Hay insensatos, parece mentira, que niegan el desarrollo de la nación alcanzado en los últimos lustros; mas, para un hombre progresista de nuestros días, a la distancia de ya muy cerca de 60 años, el balance del porfirismo arroja números rojos. Si no hubiera sido así, no habría estallado la Revolución’. Termina la cita.

Sin embargo, con el paso del tiempo, y de manera especial durante el periodo neoliberal de 1983 a 2018, los retrocesos en materia de defensa de la soberanía y del bienestar de nuestro pueblo se fueron haciendo cada vez más evidentes, hasta llegar a casi resucitar la política económica y social porfirista; por eso decimos que neoliberalismo en México es neoporfirismo.

Es indudable que esta regresión tuvo como acicate el predominio, por más de tres décadas, del imperio de la corrupción. En consecuencia, este afán de lucro desmedido condujo a modificar los principios y las normas de la carta magna hasta casi despojarla de su letra y espíritu original, y los dogmas neoliberales y los intereses oligárquicos fueron introducidos en el texto constitucional, a fin de prevenir y obstaculizar cualquier transformación en sentido nacional, democrático y popular.

En los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público. Por ejemplo:

Se modificaron artículos esenciales para legalizar la venta de empresas públicas, bancos, tierras ejidales, minas.

Se otorgaron concesiones y contratos en materia de petróleo, electricidad, telecomunicaciones.

Se privatizaron los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y hasta las cárceles.

Se limitó la gratuidad de la educación pública.

Se aumentaron impuestos para la mayoría de los consumidores, mientras se condonaban pagos a grandes contribuyentes.

Se aprobaron leyes para convertir deudas privadas en deuda pública.

Se entregó a particulares el manejo de las pensiones de los trabajadores y hasta las guarderías del Seguro Social.

Se redujo el salario mínimo como no sucedía desde el porfiriato.

Y se consagró como gobierno una democracia, se instauró como gobierno una democracia simulada. operada y controlada por políticos y tecnócratas, afines y dependientes, empleados de los grandes poderes económicos.

En fin, es raro encontrar, y los convoco a que lo investiguen, es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, todo, absolutamente todo se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera.

Por eso, frente a este vergonzoso retroceso, podemos con orgullo y con la frente en alto sostener que millones de mexicanos hemos logrado la aprobación de algunas reformas en el Congreso con el distintivo de la honestidad y el humanismo.

Ahora es delito grave la corrupción, que no lo era, porque habían modificado el Código Penal durante el sexenio de 1988-1994.

Existe ahora, como lo mencionó el senador representante de esa cámara, la Ley de Austeridad Republicana. Porque la austeridad no es un asunto de principios, no es un asunto, digo, de administración, sino de principios, y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

Se aprobó, y le agradezco mucho a los legisladores, la Ley de Extinción de Dominio, para recuperar y devolver al pueblo lo robado.

Se logró la reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la devolución de impuestos. Esto nos ha significado ingresos para la hacienda pública del orden de 200 mil millones de pesos al año.

La clasificación del robo de combustibles, la evasión fiscal y el fraude electoral como delitos graves.

La eliminación del fuero al presidente para que pueda ser juzgado en funciones como cualquier otro ciudadano y por cualquier delito.

La revocación del mandato.

La consulta popular.

La nueva ley laboral, que garantiza el voto libre, secreto, directo en los sindicatos.

La ley de salud, para otorgar a todos los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos.

Agréguese a lo anterior la cancelación de la mal llamada reforma educativa, así como la reforma constitucional que permite a elementos del Ejército y la Marina participar en tareas de seguridad pública e instituye la Guardia Nacional.

Además, y esto lo considero fundamental, muy importante, se elevó a rango constitucional el derecho a las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad y las becas a estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad.

Permítanme leerles el texto del artículo 4º transitorio de la Constitución, que trata sobre este importante asunto, dice así: 

‘El monto de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores y de becas para estudiantes que se encuentren en condiciones de pobreza no podrá ser disminuido en términos reales respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior’. Esto significa que no sólo es un enunciado, un texto, una letra muerta en la Constitución, sino que por primera vez se establece que estos derechos son de aplicación obligatoria para el gobierno de la República.

Amigas y amigos:

Debemos seguir luchando por los ideales de la Revolución mexicana consagrados en la Constitución de 1917. No dejar de insistir en abolir, por la vía legal y democrática, las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal.

Continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original.

La política es hacer historia, es transformar, y ello implica pugnar siempre por lo que es justo y parece imposible de alcanzar. Si no se lucha en forma sostenida por convertir los sueños en realidad, no hay práctica política que valga la pena ni transformación posible, ni diferencia sustancial entre la vida y la nada.

La Constitución de 1917 no ha muerto, vive en la transformación del México libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días.

¡Viva la Constitución de 1917!

¡Viva Querétaro!

¡Viva la República!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México! 

MODERADOR: Finaliza esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se les invita entonar nuestro Himno Nacional.

(HIMNO NACIONAL)