IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS, SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: Muchas gracias. Quisiéramos agradecerles que nos ayuden con sus peticiones de información porque eso nos obliga a estar en interacción con ustedes, la opinión pública a través de ustedes.
Y estamos esta mañana con mucho gusto para informar de las acciones que tomamos en relación con la Conade y en relación con el tema de Sader, dos de las dependencias más importantes de nuestro gobierno.
Vengo acompañada, y les agradezco mucho, con mi equipo, el subsecretario Roberto Salcedo, a cargo de todas las auditorías desde la Función Pública; el maestro Daniel García Cortés, que es el coordinador general de los órganos internos de control de la administración pública federal; y el maestro Edgar Moreno, también a cargo de la Secretaría Técnica de la Secretaría de la Función Pública.
Entonces, me van a ayudar a clarificar, si es que quedan algunas dudas pendientes de este ejercicio de rendición de cuentas que estamos dando sobre casos muy concretos que han preguntado ustedes en los días pasados.
La semana pasada… No sé si está presente la presentación, aprovecho para anunciar que presentamos un primer informe de fiscalización de la Función Pública donde damos cuenta de todo el trabajo que hemos hecho en este primer año que trabajamos para transformar la visión de fiscalización en nuestro gobierno desde una fiscalización punitiva a una fiscalización preventiva, a una fiscalización que responda de inmediato y ajuste las cuestiones en el gobierno y sobre todo que nos ayude a generar los cambios que necesitamos.
Entonces, presentamos ese informe que les invito a consultar en la página web de nuestra Función Pública y además que se los entregaré, están a su disposición de forma física en la oficina, si es que ustedes tienen interés en tener este primer informe de fiscalización.
En este informe vemos cómo en el sector educación y cultura donde queda inserta el tema de la Conade, realizamos un total de 371 auditorías a 55 instituciones. A partir de esto, la Función Pública emitió más de mil observaciones, mil 396 observaciones, y en el caso en concreto de la Conade se realizaron un total de siete auditorías de las que se desprendieron, como ustedes saben, varias observaciones, 22 observaciones de las cuales solamente seis quedan pendientes.
Entonces, en lo que se refiere en particular a Conade solamente hay seis observaciones pendientes que vamos a ir explicando poco a poco esta mañana y asimismo en lo que se refiere más concretamente a un fondo muy importante, que es el Fodepar, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.
Realizamos una auditoría que arrojó estas seis observaciones también de las cuales cinco permanecen pendientes.
Vamos a explicar el tema. Un poco también está la línea del tiempo para explicarles a ustedes que nosotros desde mucho antes de que surgiera en el debate público a través del reportaje en concreto de una revista nacional, nosotros ya habíamos tomado cartas en el asunto en la Función Pública, porque desde abril de 2019 oímos, escuchamos una denuncias que se hicieron referente a la integración del comité deportivo del fideicomiso, de la aplicación de los recursos de este fideicomiso y por supuesto de la llegada de los recursos a los propios beneficiarios.
Entonces, desde abril de 19 se radicó la primera investigación en la Función Pública relacionado con estos temas y evidentemente también precisamente porque en este diálogo continuo que ustedes tienen con el presidente de la República se profundizó más en la exigencia de estudiar a profundidad; y precisamente el 17 de junio fue cuando el propio presidente nos da la instrucción de iniciar formalmente una auditoría, lo cual hicimos y a partir de ese momento hemos estado en una interacción clara para verificar desde el ejercicio de la auditoría los recursos ejercidos.
Todo mundo sabe también que concluimos esta auditoría, estos ejercicios de auditoría, el 27 de septiembre del 2019, como queda ahí, y ahí hemos notificado las autoridades de la Conade de las observaciones que surgieron.
El 2 de diciembre, como queda claro también en la línea de tiempo, concluyó la recepción de la información que los funcionarios de Conade nos ofrecieron para tratar de… bueno, para solventar las observaciones y a partir de diciembre estamos ahora trabajando intensamente en el análisis de la información que se nos proporcionó, que se nos presentó para poder cerrar como corresponde esta auditoría y evidentemente si hay lugar a la asignación de las responsabilidades proceder de inmediato.
Entonces, me gustaría explicarles concretamente de estas seis observaciones que son muy relevantes qué está pasando en cada una.
La observación primera tiene que ver con que se identificó que ocho de los 12 miembros de la Comisión Deportiva, que es la comisión que toma las decisiones sobre qué atletas nos van a representar en las competencias internacionales a México, en qué condiciones participan nuestros atletas.
Esta comisión, de gran importancia por las determinaciones que toman, ellos no cumplían con los requisitos establecidos por la propia normatividad de la Conade y por ello es que nosotros lo señalamos como una de las observaciones más urgentes a solventar.
En este caso vimos una actitud positiva de la Conade, ya que tomó medidas y separó de su cargo a los ocho miembros que no cumplían con ese perfil tan específico que se necesita para estar en el comité.
Hoy ya hay una comisión nueva que cumple a cabalidad con lo señalado por ley y, sin embargo, el hecho de que lo señalamos y que, por supuesto hubo esta corrección, no exime a los funcionarios públicos que permitieron esta acción, es decir, de que participaran de inicio personajes, personas que no cumplían con el perfil, no los exime de la responsabilidad administrativa que pudiera configurarse.
Entonces, en su caso, se determinará también la sanción administrativa correspondiente, pero es la primera observación en la cual ya estamos caminando para integrar el informe de irregularidades que proceda y, en su caso, aplicar la responsabilidad.
En la segunda observación sí hay daño patrimonial, en contraposición a la primera que estoy describiendo. En la primera no había propiamente un daño patrimonial porque los miembros de esta comisión participan de manera honorífica, pero, de todos modos, a pesar de que no existía el daño patrimonial sí debe de señalarse la observación.
En la segunda hay un daño patrimonial probable, importante porque se trata de una situación delicada, como ustedes pueden ver, en el que identificamos 21 entrenadores de alto rendimiento que tampoco cumplían con el perfil e incluso, más grave aún, no tenían experiencia en cada uno de los campos en donde los entrenadores tenían que tener reconocimiento público y por supuesto experiencia concreta de alto rendimiento.
Por ejemplo, tenemos el caso de un administrador de empresas que no tenía ninguna experiencia previa en la enseñanza de un deporte específico de alto rendimiento y que fue dado de alta para coordinar e integrar un grupo interdisciplinario de deportistas; es decir, que quienes tenían la obligación de formar nuestros cuadros de alto nivel en materia de deporte, de impulsar a nuestros deportistas y atletas mexicanos no estaban a altura de su cargo. Y esto no es un caso, sino lamentablemente se repitió en 21 entrenadores, según lo que se desprende de la auditoría que presentamos.
Esta cuestión que surge de nuestras auditorías, está práctica que identificamos a través de nuestros ejercicios de fiscalización, las auditorías en concreto, valió una observación que estima un posible daño patrimonial por casi siete millones, seis millones… bueno, seis millones 389 mil 905 pesos.
Y en ese caso concreto, la Conade lamentablemente no ha presentado los documentos para solventar las observaciones. Por lo tanto, estamos ya en la Función Pública en el proceso de elaborar el informe de las posibles responsabilidades, y en el caso que se pueda configurar, también determinar las sanciones administrativas que correspondan.
La observación tercera tiene que ver con cuatro entrenadores beneficiarios y siete prestadores de servicios profesionales que hicieron un uso indebido de instalaciones, de infraestructura, que era exclusiva para deportistas de alto rendimiento y que lo utilizaron en beneficio propio. Entonces, ahí también hay un posible daño patrimonial de más de 133 mil pesos.
En este caso la Conade reconoció el uso indebido de las instalaciones en beneficio de estos entrenadores y los prestadores de servicios profesionales y lo que hizo fue reintegrar el 90 por ciento de los montos observados en esta tercera observación.
Sin embargo, también subrayo que eso no los eximirá de la responsabilidad administrativa correspondiente en el caso de que se demuestre que hubo una práctica indebida; es decir, que vamos a documentar que se haya ocurrido la irregularidad y por supuesto, a pesar de que hubo el reintegro del monto, aplicar la sanción correspondiente.
La cuarta observación tiene que ver con irregularidades diversas en tres ámbitos: el otorgamiento, la aplicación y la comprobación de recursos para apoyos a los deportistas que acudían a competencias internacionales.
Un ejemplo concreto es el caso de algunos viajes que se contrataron por intermediarios y que lamentablemente esta contratación o esta tercerización para la organización de estos viajes elevaba el precio para asistir a las competencias nacionales, algunas veces internacionales; y lamentablemente también se descubrió a través de este ejercicio de fiscalización que muchas veces para justificar estos elevados gastos, estos elevados costos que en algunos casos hasta triplicaban el valor real de estos viajes se presentaron facturas falsas.
En este caso es grave por la inmoralidad que también supone y posiblemente, bueno, el posible daño patrimonial que está inserto es de casi 31 millones de pesos.
Seguimos actualmente revisando lo que se nos entregó para deslindar las responsabilidades, estamos valorando toda la información entregada para la solventación de este caso y en cuando tengamos más claridad en estos temas de lo que se nos entregó por parte de la Conade lo daremos a conocer a la opinión pública.
Lo más importante que aquí me gustaría subrayar es que gracias a la actuación de nuestros fiscalizadores, a través del Órgano Interno de Control, de la Conade ya se han tomado medidas para que esto cambie y para que esta mala comprobación o, digamos, estas irregularidades en otorgamiento, aplicación y comprobación de recursos que viene de dinámicas del pasado y que lamentablemente se volvió a presentar en esta ocasión, ya no vuelva a existir porque se están tomando medidas correctivas para tener sistemas de control en línea y que incluso haya una posibilidad de monitorear en tiempo real estos gastos y evitar que se vuelvan a suscitar estas situaciones en el futuro.
También está el tema de las irregularidades que se dieron en la documentación para comprobar gastos en términos de la organización de eventos y esa es la observación quinta que tienen ustedes ahí enfrente y que tiene que ver con el rol de las llamadas federaciones.
Hay más de… bueno hay varias federaciones o asociaciones deportivas nacionales que tienen que ver con esta quinta observación, porque hay irregularidades pues muy fuertes en términos de que generaron daños potenciales al patrimonio por casi 14 millones de pesos.
Lamentablemente en esta observación en contraposición a la observación cuarta, donde sí se trató de acercar alguna documentación que en estos momentos estamos analizando, en la observación quinta Conade no presentó documentación alguna que nos pudiera ayudar a analizar o a solventar el caso en concreto.
Sin embargo, estamos investigando el caso y vamos a ver si hay o no responsabilidad en específico de servidores públicos, que es lo que nos interesa y en donde tenemos claridad desde la Función Pública para actuar de inmediato, y si estos servidores públicos que podamos identificar en esta quinta observación abdicaron o no de la responsabilidad que tienen para controlar la documentación que debieron exigirles a las federaciones.
Finalmente, hay una sexta observación que tiene que ver con pagos indebidos a entrenadores. Ahí es un poco más de 71 mil pesos que son, digamos, contraprestaciones o lo que podrían ser honorarios concretos para entrenadores.
Fueron asignados o pagados de forma indebida y también la Conade tácitamente, abiertamente acepta que fueron pagos indebidos, porque ya han sido reintegrados en su totalidad; pero, una vez más, eso no quita que se observaron en nuestra auditoría que por lo tanto merezcan una valoración para la asignación de la responsabilidad.
Todas estas irregularidades, más allá de los montos que como ustedes pueden comparar en relación con otros rubros del desarrollo nacional podrían ser muy modestos, de todos modos, reflejan una actitud que desde la Función Pública ya no estamos dispuestos a tolerar, que es una actitud de abuso de los recursos y por lo tanto también de incumplimiento de las reglas.
Entonces, estamos contentos, estamos reconociendo el trabajo que nuestro órgano interno al control de la Conade está haciendo y sobre todo estamos con la voluntad de auspiciar a la nueva administración, al nuevo gobierno, al presidente de la República para de verdad formar una nueva dinámica para las políticas desarrollo en el tema del deporte, queremos formar nuevos cuadros que tengan políticas deportivas verdaderamente para toda la población y no nada más para las élites o, digamos, para ciertos cuadros o deportistas llamados de alto rendimiento y que más bien se masifique el acceso al deporte para trabajar con todos los interesados en la sociedad.
Entonces, nosotros en la Función Pública lo que estamos haciendo es poner de nuestra parte, trabajando de forma transversal con las instituciones gubernamentales, desde luego la Conade en primer lugar, pero con otras más que tengan que ver con el control y la fiscalización de estos recursos para el desarrollo deportivo y educativo en general.
Es importante también mencionar que estamos orgullosos en la Función Pública de que esta es la primera vez en que se fiscaliza con tanto detalle y con tanto detenimiento el deporte de alto rendimiento.
Y, bueno, además de estas acciones de fiscalización concreta, de auditoría específica, seguiremos combatiendo la impunidad en general. Estamos claros de que habrá posibilidad de determinar más adelante si se hace o no una denuncia formal, digamos, ante la Fiscalía General de la República, actualmente no nos es posible presentar esta denuncia a la fiscalía porque no estamos en el momento procesal oportuno, como lo estamos explicando y refiriendo con la línea de tiempo, y con los pasos a seguir y los pasos que ya están en curso en este tema del caso de Conade.
Entonces, esta es la exposición para este caso en general. Si quieren, se los haré llegar a través de nuestro comunicador oficial de la Presidencia, Jesús, para que tengan la presentación.
Y quedo abierta a algunas preguntas de este caso antes de pasar a la segunda exposición.
PREGUNTA: Buenos días, secretaria; buenos días, funcionarios.
Dice que tiene que esperar el proceso para que se pueda castigar a los responsables. ¿Aquí qué tanto tiene responsabilidad Ana Gabriela Guevara?, porque Ana Gabriela Guevara tiene también sus antecedentes en otras dependencias donde había desfilado, como por ejemplo la compra de una casa que no había sido pagada a la dueña de esta misma y otras cosas que tiene por ahí que habría que investigar, que son obviamente actividades de ustedes.
¿Cuál es el castigo que recibirá Ana Gabriela Guevara? Porque ella es cómplice, porque finalmente ella aceptó documentos, contrató personal, contrató entrenadores, y la 4T va en contra de la corrupción y parece siguen en el ADN de algunos integrantes de la misma.
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Sí, lo que puntualicé es que no estamos en el momento del procedimiento que nos permita abrir la probable o posible denuncia ante la fiscalía, es decir, el momento de la judicialización de lo que se desprenda del caso; estamos en el momento todavía de nuestro análisis de información dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador y ahí es donde vamos con buen paso.
Me parece, en la configuración de la sanción administrativa, más bien las sanciones administrativas a diversos funcionarios que están involucrados en estos temas que estamos explicando.
Evidentemente sí hay una lógica con el presidente de la República. Dice él siempre: ‘barrer las escaleras de arriba hacia abajo’, y evidentemente sí, analizaremos en su caso lo que conduzca, pero no tenemos ahora elementos para anunciar ninguna cuestión de judicialización en este momento, por el momento de nuestro avance.
INTERLOCUTOR: Y si me permite una pregunta, no es del tema, pero el lunes pasado le plantee al presidente un tema específico sobre Víctor Alí Cadena, subdelegado del Issste del estado de Querétaro.
Ahí hay desvíos de fondos, contrato de personal como aviadores, maltrato de personal enfermeras y médicos, falta de compra de utensilios médicos y demás. Sé que ya está en investigación ese caso.
¿Cuál va a ser el castigo para este funcionario?, que obviamente ya dejó el cargo, ¿pero es que nada más lo van a sustituir del cargo y el dinero y la gente que padeció o sigue padeciendo la falta de medicamentos, la falta de utensilios para una operación? Todo ese dinero que se fue y que además hizo mal uso de los recursos durante siete años.
El diario digital Bajo Palabra tiene una carpeta de más de 300 fojas donde podemos demostrar de todas las actividades ilícitas que cometió.
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL: Sí, como usted bien refiere y reconoce, el caso está en investigación y como también expusimos con este tema de la Conade, el hecho de que reintegren o reconozcan el error y traten de resolverlo no exime de la asignación de la responsabilidad.
Entonces, tenga usted la certeza y la tranquilidad de que se si demuestra y se documenta el hallazgo de la denuncia que hubiera dado origen a esta investigación se va a actuar en el ámbito de nuestras facultades, que es el ámbito de la sanción administrativa y desde luego proceder para la coadyuvancia en las denuncias que tienen que ver en términos de la fiscalía.
PREGUNTA: Gracias, secretaria.
Disculpe, si me permite sobre otro tema. Van 145 días que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó al presidente López Obrador que tiene que sancionar a su vocero presidencial porque violó la veda electoral 1 y 2 de junio con publicaciones.
Ayer hubo…
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Sí.
INTERLOCUTOR: Si me permite terminar la pregunta.
Ayer, entiendo, nos dijo Jesús Ramírez que ayer hubo una audiencia. Preguntarle: ¿cómo va el caso?
Y si la sanción que se le aplique va a ser acorde a que la 4T convirtió en delitos graves los delitos electorales. Esa sería la pregunta concreta.
Gracias, secretaria.
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Muchas gracias.
Sí, es un caso muy sonoro, muy debatido en medios. Yo lo único que podría refrendar es que efectivamente en la 4T se está actuando, en este gobierno, en esta nueva administración se está actuando, decimos siempre, sin filias y blindajes a nadie.
Y aquí lo que sí quiero ser muy puntual es que el análisis que se ha hecho en el OIC correspondiente y obviamente desde la Función Pública es que se va a actuar como corresponde, pero que tampoco vamos a caer en que lo que se hizo fue un delito electoral, porque fue una falta administrativa.
Yo no estoy a cargo de castigar delitos electorales y de hecho la valoración es de una posible infracción, efectivamente administrativa, en particular vinculada a estos casos electorales.
Pero mi coordinador de los OIC, si me permiten ustedes, me va a recordar qué ha pasado con la reunión de ayer, qué derivó. Creo que se les notificó ayer mismo ¿verdad?
DANIEL GARCÍA CORTÉS, COORDINADOR GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL: Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos.
Únicamente para complementar la información relativa a este tema. Refrendar efectivamente que lo que se está analizando al interior de la Secretaría de la Función Pública, a través de Órgano Interno de Control competente es precisamente la probable o la posible existencia de una falta administrativa, no se trata de un delito electoral.
Y el día de ayer efectivamente, secretaria, se hizo la citación formal para que el servidor público, en este caso el vocero presidencial, Jesús Ramírez, acuda al Órgano Interno de Control a hacerse sabedor de la resolución que se le dará a conocer la siguiente semana y que se informara puntualmente en el momento oportuno.
INTERLOCUTOR: ¿Pero no está ya acreditada la falta administrativa en la sentencia definitiva inatacable del tribunal, secretaria?
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Sí, se está procediendo considerándolo como falta administrativa. Muchas gracias.
Pero volviendo. Sí, usted que ha tenido tanto interés.
PREGUNTA: Gracias, secretaria, buenos días.
Le voy a hacer varias preguntas, si me permite.
La primera sería: dice usted que están ahora en el proceso de análisis y todavía de solventación; sin embargo, en la gráfica que mostró decía que el 2 de diciembre concluyó ya el periodo de solventación.
¿Nos podría explicar un poquito en qué consiste ahora este periodo de análisis?, considerando que dice que se revisa la documentación, pero ya dijo que hay comprobación con facturas falsas y lo de la tercerización de los recursos con las empresas que llevó a que se triplicaran los costos de los viajes de los atletas. Esa sería una primera pregunta.
La segunda, también con base en lo que usted misma dice, estamos en el análisis de las sanciones administrativas.
¿Nos podría ofrecer los nombres de los servidores públicos que podrían estar sujetos de sanción debido a este tipo de faltas?
También le quisiera preguntar. Las observaciones de los auditores que llevaron a cabo esta investigación dicen puntualmente que el servidor público Israel Benítez al momento de conocer estos resultados tenía que dar vista a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade, justamente para que se llevaran a cabo las medidas correctivas y lo que usted bien apuntaba, la prevención para que esto no vuelva a ocurrir.
Entonces, preguntarle si Israel Benítez sí hizo las respectivas denuncias ante Asuntos Jurídicos de Conade para tratar de enmendar esto que ya nos explicó usted.
Preguntarle también. La fiscalización y los resultados al daño patrimonial 50.8 solamente corresponden al periodo enero-junio. Se está llevando actualmente a cabo la auditoría para fiscalizar los recursos julio-diciembre de 2019 y en todo caso lo que va del año 2020.
Preguntarle si estos servidores públicos que han tenido estas faltas siguen trabajando, siguen operando, siguen ejerciendo el recurso, ¿podríamos descartar que ellos ya no siguen trabajando con este mismo esquema o, por el contrario, si se han conducido de esta manera, ellos siguen operado el dinero del Fodepar? digamos, el daño patrimonial podría estar creciendo todos los días.
Y también preguntarle ¿nos podrían ofrecer la cifra de cuál fue el total del dinero ejercido por Fodepar en 2019?
Si me pudiera confirmar si en esta auditoría enero a junio los 50.8 millones corresponden a un total de 97 millones de pesos fiscalizados o ¿cuál sería el monto que se ejerció?, como para tratar de dimensionar en qué porcentaje es el daño, estos 50.8 millones.
Gracias por sus respuestas.
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: No, al contrario.
Bueno, usted ve que este es un ejercicio de transparencia, de transparencia proactiva y además más allá, democrática realmente, porque usted sabe también que no estamos, de acuerdo a la ley, obligados a dar este informe en este momento procesal de la investigación, pero lo estamos haciendo con mucho gusto, de hecho, porque están cambiando las dinámicas.
De verdad, clarificar que nuestra visión de auditoría y de fiscalización cambia de ser una visión coercitiva y cortacabezas, digamos, para decirlo en términos coloquiales a buscar mejora, a buscar prevención y mejora verdadera y cambio de las formas en las que se utilizan los recursos.
Entonces, ahí en perseguir la mejora continua de la gestión pública es que seguiremos combatiendo la impunidad, que seguiremos revisando lo que pasó o lo que caracterizó al pasado, a las gestiones del pasado en términos de, en este caso, la política deportiva.
Y desde luego una cosa que está en la ley y que no vamos a violentar de ninguna forma es la secrecía procesal. Usted, que además conoce perfectamente el tema, porque además ha sido recibida en la Función Pública para interactuar con la información que la prensa nos ha hecho llegar, sabe a qué funcionarios nos estamos refiriendo, funcionarios de alto nivel.
Y más bien el análisis es ver hasta qué niveles de jerarquía es que vamos a llegar para la determinación final.
Pero tenga, de veras, la certeza y la confianza de que esto ya está anunciado, las auditorías están, los resultados están y lo que queremos es incluso ir más allá en estas acciones de mejora para que quizás los recursos se entreguen, como es la lógica del presidente y como es la lógica de esta nueva administración, de forma directa y sin tener que tener intermediarios jurídicos del tipo de los fondos o los fideicomisos.
Entonces, de hecho, ya la Ley Federal de Austeridad Republicana obliga a que se vayan eliminando los fondos que tienen que ver con el desarrollo social, con la educación, con la salud y obviamente podríamos analizar que el recurso se asigne de forma directa.
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Las respuestas técnicas, si gusta le voy a pedir a Daniel que nos…
INTERLOCUTORA: Daniel ¿cuál es su apellido, disculpe, y su cargo?
DANIEL GARCÍA CORTÉS: Daniel García, para servirle. Buenos días.
Bueno, empezamos con una breve explicación del por qué todavía estamos en el periodo de análisis de la información, que fue la primera la pregunta que usted refirió. Esto tiene una explicación muy sencilla, tenemos un gran volumen de información proporcionado por la Conade, de diferente naturaleza, tiene que ver con facturas, comprobantes de pagos, de avión, de hospedajes, inscripciones a eventos deportivos, sobre equipajes, alimentos en el país, en el extranjero, gastos por hidratación de deportistas, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que hacemos nosotros con esta información?
La recibimos, la tenemos que analizar, la tenemos que corroborar, la tenemos que cruzar con las fuentes de información correspondientes para saber si efectivamente es información que sirva para solventar las informaciones, y ese ejercicio obviamente lleva un periodo de tiempo al particular.
Lo que sí les podemos adelantar al respecto es que estamos ya muy adelantados y en la etapa final respecto de esta valoración, lo cual nos va a permitir en su caso, como ya se los adelantó la propia secretaria, elaborar los informes de irregularidades para cada una de las observaciones que no fueron solventadas, para posteriormente proceder a la clasificación de las posibles faltas administrativas por conducto del área de quejas del Órgano Interno de Control competente; y una vez hecho lo anterior, en su caso, emitir el informe de presuntas responsabilidad administrativa para posteriormente pasar al proceso formalmente de asignación de responsabilidades que tiene, como todos ustedes saben, sus propias reglas.
En segundo lugar, el tema de los nombres, ya lo abordó la secretaria, somos muy cuidadosos respecto del debido proceso. En este caso es importante puntualizarles que la acción de fiscalización, es decir, la auditoría como tal, como ya se ha precisado, concluyó, pero lo que está actualmente en proceso todavía es el seguimiento de la auditoría; es decir, todavía está en ejecución la etapa del proceso de la auditoría y por lo tanto lo que tenemos a la fecha son avances en esta acción de fiscalización, no es todavía una acción terminada.
Respecto a si al interior de la Conade, en específico hablando del Fodepar, se siguen presentando dinámicas que hagan que el daño patrimonial esté aumentando, pues lo que les podemos reiterar es que justamente derivado del ejercicio fiscalizador de la realización de las auditorías, la Conade ha tomado algunas acciones tendentes a la solventación, y esas acciones tendientes a la solventación no nada más tienen el impacto respectivo en la auditoría, sino también tienen una incidencia en la vida institucional y en los procesos que se llevan al interior de la propia Conade, de lo que se sigue que derivado de la actividad fiscalizadora del órgano interno de control, precisamente la Secretaría de la Función Pública coadyuva para que la vida institucional se regularice y efectivamente se prevenga con posterioridad a lo que se ha observado en la auditoría que esto continúe pasando.
Muchas gracias.
INTERLOCUTORA: Pero no nos contestó si están fiscalizando el segundo semestre de 2019, o sea, si se está auditando ese dinero.
INTERVENCIÓN: El programa de auditorías del Órgano Interno de Control está establecido. Obviamente, como le comento, estamos todavía en la etapa del seguimiento a la auditoría; dentro de ese seguimiento se le da, obviamente el proceso correspondiente y para los recursos en este ejercicio tenemos planteado también darles seguimiento a los resultados. Primero necesitamos concluir esta auditoría y después podríamos proceder a la ejecución de una posterior.
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Vamos a, si me permiten, dar lugar a la segunda exposición y así culminamos.
Una última.
PREGUNTA: Gracias, secretaria. Su servidor Carlos Pozos, de Lord Molécula Oficial.
En este espacio el señor presidente Andrés Manuel López Obrador me había dicho que iba a ordenar un análisis al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud sobre sus 110 secciones, sobre los recursos económicos del gobierno federal que se les da a las comisiones generales de trabajo.
¿Hay avance en este análisis para saber cómo son utilizados esos recursos?
Gracias.
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Sí, no tengo información al respecto de eso.
¿Tú, Edgar?
EDGAR MORENO GÓMEZ, JEFE DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA SANDOVAL.: Sólo que hay una investigación abierta.
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Está abierta la investigación y cuando tengamos más avance lo venimos a presentar, si nos permite el presidente.
Gracias.
Bueno, pues le damos, por favor, el lugar a la presentación sobre Guerrero y sobre el proyecto piloto en ese bello estado mío y nuestro, que es Guerrero, con dos temas: fertilizantes y semillas.
Para poner también en contexto, en este sector, el sector bienestar y recursos renovables, esta Función Pública, la nueva Función Pública realizó un total de 266 auditorías en 33 instituciones distintas.
Se llevaron a cabo 27 actos de fiscalización en Sader, más concretamente, aterrizando ya en esta secretaría, Sader, que arrojaron 130 observaciones sobre el funcionamiento de los programas y los recursos que Sader tuvo a su cargo ejercer.
Derivado también de estos 27 actos de fiscalización y 130 observaciones se realizaron dos visitas de inspección enfocadas a estos programas de fertilizantes y semillas que se implementaron en 2019.
Y gracias a este nuevo trabajo en terreno, es decir, hacer auditoría de campo, en el campo y para el campo es que estamos descubriendo lamentablemente algunas deficiencias en la operación del programa.
Y también en su momento pertinente muy probablemente nos darán lugar al inicio de la asignación de responsabilidad administrativa, por lo que desde ahora ya vemos como presuntas irregularidades; por ejemplo, hubo servidores públicos de alto nivel que realizaron procesos deficientes en la adquisición de fertilizantes.
Precisamente con estas visitas de inspección que realizamos, observamos que una de las empresas a las que se les adjudicó uno de los contratos muy fuertes, muy concentrados, esta empresa tentativamente no habría cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos en las propias bases de licitación y ello evidentemente implica una responsabilidad administrativa, ya que esto tenía que apegarse a las bases propias de la licitación.
Segundo lugar, también hubo funcionarios o responsables del programa de fertilizantes que no establecieron a profundidad los mecanismos de control y por lo tanto de supervisión adecuados en particular.
También en esto de la adjudicación, bueno, de la cuestión de la asignación de los contratos hubo en concreto una deficiente investigación de mercado o los llamados estudios de mercado no fueron los mejores para identificar a los proveedores; en particular se descubrió en estas visitas de inspección que en dos contratos se excedieron los montos de compra previstos en la contratación por alrededor de 91 millones de pesos.
Y evidentemente otro caso, que es un área de mejora para el futuro en términos de estos programas tan importantes y que van a seguir acompañando el desarrollo social, es que hubo inconsistencias relevantes en los padrones de beneficiarios, lo que también implica que tengamos que hacer una examinación más a profundidad de lo que son los padrones de beneficiarios.
Precisamente de manera proactiva, nuestra Secretaría de la Función Pública a través de su OIC en Sader abrió una investigación específica sobre el programa de otorgamiento de semilla, para la cual realizamos diligencias muy importantes.
En primer lugar, verificar la autorización de este proyecto, verificar también el procedimiento para adquirir la semilla, en concreto de maíz, se hubiera apegado a la norma y también para falsear o para probar probables irregularidades sobre el estado y la calidad de la semilla, porque también se acusó mucho de que era semilla de baja calidad.
En esta investigación identificamos varias cuestiones, pero en esta ocasión me permitiré compartir con ustedes dos anomalías principales que seguimos analizando para ver si se constituyen en faltas administrativas o daño patrimonial.
En primer lugar, se observa digamos un monto de 275 mil 200 sacos de maíz que se compran, pero una entrega de una cantidad de 171 mil 200 sacos entregados. Entonces, hay un diferencial muy pronunciado de cuando menos el 35 por ciento del total de sacos comprados que debe obviamente aclararse; y si no se aclara dónde quedaron este diferencial de los sacos comprados y entregados, evidentemente estaríamos hablando de un daño al erario por más de 127 millones de pesos, lo cual obviamente, además del monto financiero específico, es una cuestión que implica una inmoralidad muy grande, porque son semillas que necesitaban los campesinos de nuestro país. Pero seguimos en el análisis de qué está pasando con ese diferencial.
En segundo lugar, también se detectó que se otorgó un contrato que no necesariamente refleja las mejores condiciones de compra para el Estado como nos exige la Constitución; y esta empresa a la cual se le asigna el contrato fue responsable de entregar el 70 por ciento de las semillas certificadas y el 30 por ciento de semillas declaradas.
Que también aquí me permito subrayar que la diferencia entre declaradas y certificadas no significa que unas son de buena calidad y otras de mala calidad, sino una diferente valoración o valuación del proceso de certificación, las semillas declaradas son aquellas semillas por las cuales responde el proveedor, es decir, están en camino a la certificación y quien responde por su calidad es el proveedor y las semillas certificadas son las semillas que evidentemente responde su calidad o por la calidad de estas semillas responde una institución dependiente de la Sader.
El OIC de esta dependencia, de esta secretaría, determinó realizar una visita de inspección. Este mismo año está en curso para ver estos dos hallazgos tan relevantes, el hallazgo de dónde están las semillas y el hallazgo de cómo se asignó el tema de los contratos y la calidad de las semillas.
Entonces, estamos realizando la visita de inspección en tierra, en la entidad de Guerrero, y ello nos va a ayudar o a confirmar líneas de investigación o a descartarlas también, porque estamos a buen tiempo de que los ciudadanos, y en particular los ciudadanos evidentemente de ese estado, se acerquen a nuestros visitadores, a nuestros funcionarios que están haciendo esta inspección y le alleguen información, den sus testimonios, den su información, den sus denuncias para que ahora que todavía estamos en proceso tengamos toda la visión de conjunto y evidentemente tomemos la mejor determinación de esta auditoría, de este ejercicio de fiscalización.
En estas visitas de campo que vamos a realizar desde la Función Pública vamos a entrevistar a los productores beneficiarios y vamos a interactuar, buscaremos interactuar de primera mano con los beneficiarios del programa para medir los impactos de forma real.
También queremos coordinarnos de forma directa tanto con el secretario de Agricultura, de Sader, el ingeniero Villalobos, como con su área jurídica de la Sader para en conjunto coadyuvar con ellos, para que ellos formulen las acciones legales correspondientes de lo que nosotros vayamos encontrando.
Y, por supuesto, queremos ponernos a la disposición de la Sader, desde luego de todas las dependencias e instancias involucradas para que podamos caminar en procesos de mejora y sobre todo de resarcir a las comunidades que fueron o se sienten o están siendo afectadas por una mala ejecución de estos programas para que en los siguientes pasos podamos ayudar a que impulsemos, entre todos, la mejora de la gestión en estos programas tan decisivos.
Unas preguntitas si gustan sobre el tema.
PREGUNTA: Antonio López, de La Razón.
Secretaria, en su momento estuvimos informando en La Razón sobre este tema, dimos a conocer la falta de transparencia en torno al padrón de los beneficiarios, también informamos que se resguardaron más de 900 toneladas de semilla sin saber cuál fue el motivo y compras a sobreprecios.
Ya nos había informado el presidente que existía esta investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública.
Nada más preguntarle cuáles son los alcances que tiene esta investigación, si ustedes ya tienen nombres de quienes podrían ser los presuntos responsables, saber si Jorge Gage, quien ya no está en el cargo, renunció o fue despedido derivado de esta investigación, saber también si esta responsabilidad puede ser del tipo penal toda vez que de tipo administrativa pues él ya no está en el cargo. Si me puede explicar eso, por favor.
Gracias.
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Sí, muchas gracias.
En efecto, tenemos identificados nombres, tenemos identificado evidentemente corporaciones o, digamos, proveedores tanto de semillas como de fertilizantes que podrían estar involucrados en estas dinámicas que estamos analizando.
Respecto del funcionario que usted señala también está en estudio su rol, pero evidentemente es competencia completamente de la Sader saber qué pasó, si renunció o fue cesado; y así de todos los otros funcionarios o gerentes y actores privados involucrados en estos programas tenemos que tener mucha responsabilidad porque no están concluidas las investigaciones.
Como les reporto, estamos ahora mismo en estas visitas de inspección que están a punto de culminar, bueno, no están a punto de culminar, estamos en muy bien tiempo para, a través de ustedes y a través de este medio quedar a la orden para cualquier información adicional que se nos quiera dar.
INTERLOCUTOR: Entiendo, secretaria, que si bien por el sigilo de la investigación, no pueden ofrecer nombres, si me pudiese adelantar cuántas personas están siendo investigadas, cuántos funcionarios y cuántas empresas o proveedores.
Gracias.
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Pues no sé, casi una docena de personas.
INTERLOCUTOR: (Inaudible) al monto de 127 o 123 millones, no recuerdo bien la cifra exacta sobre el faltante de maíz adquirido ¿sí?
¿Quién ahí si me interesaría saber qué personas o funcionarios del gobierno federal, estatal están involucrados en este presunto delito cometido en contra del programa?
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Sí. Mire, primero decir que no es presunto delito, en nuestro ámbito no vemos los delitos, son faltas administrativas para dejarlo muy claro. Por ello se exige a la Función Pública todo y la Función Pública tiene que concentrarse en su ámbito, el derecho administrativo.
Y, efectivamente, ahí es de los hallazgos más relevantes que nos están dirigiendo, que nos están orientando para profundizar la línea de investigación y para saber si podemos abrir un expediente mucho más robusto y más fuerte, aquí ahí sí nos dé lugar, incluso profundizar otras metas de investigación más claramente que rebasen lo administrativo; pero mientras estamos en esta investigación en la Función Pública es un asunto de falta administrativa donde muy bien se puede también aclarar qué es lo que está pasando.
Está, en términos de dependencias que es lo máximo que yo podría ahora mismo compartir con usted, involucrada la Sader y una dependencia que es Segalmex que apoyó al gobierno, apoyó a la Sader a dar la distribución de estas semillas.
Una más. Sí, señorita.
PREGUNTA: Buenos días, Maru Luján, Noticias al Punto, desde Yucatán.
Secretaria, mire vengo, precisamente, por varias cosas, sobre todo porque ahorita está el programa del mero, de la veda del mero en Yucatán, como en otros puntos de nuestro país.
Entonces muchos de nuestros pescadores están aludiendo de que el secretario de Pesca del gobierno del estado de Yucatán ‘rasuró’ de forma permanente y definitiva a muchos pescadores que desde hace muchos años atrás han estado consecutivamente en ese programa, han sido afianzados al programa de la veda del mero.
Inclusive en estos últimos días, muchos de estos pescadores que fueron ‘rasurados’ de forma definitiva de ese programa se han inconformado en contra del gobierno del estado de Yucatán, en contra de Mauricio Vila Dosal, precisamente por eso, y la Secretaría de Pesca y Acuacultura dice que esto es obra y gracia del gobierno federal.
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Bueno, pues eso tendríamos que -si nos acerca la información más concreta- analizarlo para ver en qué medida podemos coadyuvar desde la coordinación que debe de existir siempre entre la federación y las entidades; pero por lo que escucho de parte suya es más en relación con lo que tendría que estar analizando y supongo que investigando la entidad federativa a través de su contraloría estatal.
PREGUNTA: Gracias, secretaria.
Aprovechando su presencia, aunque no es del tema, pero me gustaría que nos aclarara esta situación.
Usted hace un mes, poquito menos, vino a darnos un informe sobre la cuestión de los delegados, mencionó 102 investigaciones abiertas en contra de los súper Delegados del Bienestar. Nosotros ya hicimos alguna corroboración por ahí, ya lo tenemos confirmado, pero me gustaría que usted lo reconfirmara. ¿En cuántas de estas investigaciones está involucrado Gabriel García Hernández, que es el coordinador de los Programas para el Bienestar?
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Bueno, tenemos el dato de que son… ¿cuántas las abiertas contra delegados?
INTERLOCUTOR: Son 102.
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Son 102 e incluye delegados y exdelegados o delegados del pasado gobierno.
Está evidentemente el funcionario que usted señala, no le podría decir con certeza en cuántas hoy.
INTERLOCUTOR: ¿Nadie sabe de ustedes en cuántas está?
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Pero está la investigación en curso.
INTERLOCUTOR: Está la investigación en curso.
Hay una situación que sí me gustaría que aclarara. Después de esto que nos mencionó, de este informe que usted brindó tuvimos la oportunidad de encontrarnos a él, al personaje, a Gabriel García Hernández y le preguntábamos sobre lo que usted había informado días antes. Él decía que hasta ahora o hasta ese día nunca había recibido algún informe, notificación o petición de información de la Función Pública sobre estos casos.
Mi pregunta es: ¿Qué está pasando en el caso de la Función Pública?, ¿hay un cuello de botella? ¿Se viene aquí a decir un informe sobre cifras y sobre lo que se está haciendo y no se le está informando a las instituciones involucradas o es mentira lo que este señor dijo?
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: No, no, no, nada de eso.
La Función Pública está haciendo su trabajo con responsabilidad, son momentos de proceso de diferentes y se van a dar las notificaciones formales cuando así corresponda.
Entonces todo se le informa a los investigados, a los involucrados ya en una asignación, en una responsabilidad administrativa a través de los procedimientos legales con los entes.
Entonces no se preocupe, se van a enterar.
INTERLOCUTOR: Pero ya se tuvo que haber hecho, porque ocho de estas 1102 investigaciones ya están en proceso de responsabilidades administrativas.
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL: A ver si nuestro coordinador nos aclara un poquito más.
DANIEL GARCÍA CORTÉS: Muchas gracias. De manera muy breve nada más puntualizar algunas cosas, explicar.
Cuando la Secretaría de la Función Pública conoce de algún asunto y que se está realizando alguna diligencia de investigación no solamente es verdad que no se notifica al servidor público, sino que es lo debido. Cuando se está realizando una investigación, la investigación tiene que correr su propia cuerda, su propia vida.
En su caso, se le hace la notificación al servidor público una vez que la investigación termina, se realiza un informe de presunta responsabilidad administrativa y se le notifica al servidor público cuáles son las probables faltas por las cuales se les está señalando.
En este sentido tendríamos más bien una coincidencia. Cuando estamos hablando de que se realizan investigaciones, se están realizando en el sigilo correspondiente y el sigilo también parte o también hace parte de no notificar de manera directa cuáles son estas diligencias que se están realizando a los servidores públicos, porque sería contraria a la propia naturaleza de la investigación.
Ahora, cuando ya hay asignaciones de responsabilidades se le notifica a la persona a la cual se les está, digamos, llamando a responder por cuanto hace a esas probables asignaciones de responsabilidades.
Y por el tema de la solicitud de información, eso sí, cuando estamos haciendo las investigaciones correspondientes se solicita la información, pero no se dice de manera particular o de manera específica: ‘Es para este asunto, con estos términos y con esta finalidad’, sino solamente se pide la información en un lenguaje neutral.
Muchas veces los servidores públicos no responden y no saben para qué les estamos pidiendo la información.
INTERLOCUTOR: Pero en este caso ocho, ocho como usted menciona ya se encuentran o ya concluyeron ocho de estas 102 investigaciones ya concluyeron, ya están en proceso de responsabilidad administrativa.
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL: No pudría decirlo, no podría decirlo así. Si gusta, vamos a…
INTERLOCUTOR: Usted lo informó el día que vino, nos dijo que ya.
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL: Ah, sí, claro de los delegados, sí.
INTERLOCUTOR: Que ya ocho habían concluido.
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL: Ellos ya están…
INTERLOCUTOR: Esos ya tuvieron que haber sido notificadas, al menos esas.
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL: Yo les… Sí, no a todos, sino a cada involucrado en donde sí se haya encontrado alguna cuestión a iniciar un proceso diferente.
Un proceso de investigación es diferente a un proceso de la asignación de la responsabilidad.
INTERLOCUTOR: Y, finalmente, ¿alguna de estas ocho cumple con los requisitos con el engranaje legal para presentarlo a otras autoridades e investigar presuntos delitos?
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Vamos a dar la información cuando corresponde. No se preocupen, aquí, de veras, hemos demostrado que hay voluntad de transparentar y lo vamos a transparentar, porque a nosotros nos exige mucho, o sea, estamos comprometidos con que los programas de bienestar sean los más transparentes de todo el gobierno.
Incluso quisiéramos también que los padrones se transparentaran, vamos caminando para hacer una plataforma como la que la Función Pública anunció muy a principios del portal Nómina Transparente con un portal de padrones transparentes para que todos ustedes chequen quién está en los padrones.
Y sí, me dicen de Presidencia que es necesario terminar porque es el Día del Ejército y todo el equipo tiene que irse a la transmisión del evento del Zócalo.
Les agradezco mucho.
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VE 775B.