Palabras de la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez Tiburcio, durante la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 


MARIANA BENÍTEZ TIBURCIO, SUBPROCURADORA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Muy buenas tardes a todos señoras y señores legisladores, señora presidenta de esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente, Diputada Aleida Alavez. Agradezco respetuosamente la invitación que nos han hecho así como la oportunidad de venir a exponerles e informarles sobre las acciones que ha venido realizando la Procuraduría General de la República, así como los avances y resultados lo cual tiene una gran relevancia para nuestro país. 

A poco más de dos años de que asumió el cargo el Procurador General de la República este es un momento oportuno para presentar a esta Soberanía las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos por el Ministerio Público de la Federación durante la presente administración. 

Para empezar, resulta fundamental recordar que desde el primer día en que llegamos a la Procuraduría, nos abocamos a realizar un diagnóstico profundo y exhaustivo para conocer el estado en que se encontraba la institución y poder tener la posibilidad de diseñar un programa de trabajo para la procuración de justicia federal. 

El diagnóstico elaborado fue hecho del conocimiento del Congreso de la Unión y a partir de esa primera radiografía comenzamos a trazar una ruta que nos permitiera superar los retos a los que nos enfrentábamos. Todo ello fue concentrado en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, del cual en este momento entregare un ejemplar a la presidencia de esta Comisión. 

A partir de este Programa Nacional definimos cuatro ejes esenciales que han dado marco a nuestra actuación en estos dos años: 

El primer eje que contempla el fortalecimiento de la confianza en las instituciones, se planteó a partir del análisis de diferentes estudios y datos que demostraban la existencia de una percepción desfavorable de la sociedad sobre las instituciones de seguridad y de procuración de justicia. En la PGR estamos convencidos que la confianza ciudadana es un pilar fundamental sin el cual resulta insostenible la actuación oportuna y eficaz de las autoridades. 

El segundo eje trazado fue lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. Para alcanzarlo había que mejorar las capacidades y herramientas institucionales en el combate al fenómeno delictivo. La revisión realizada a los métodos y mecanismos utilizados para la investigación de los delitos nos llevó a dos conclusiones; primero, era impostergable generar una coordinación plena entre las áreas de análisis de información, servicios periciales e investigación; y segundo, resultaba indispensable fortalecer el uso de la inteligencia y la investigación científica para mejorar la calidad del trabajo ministerial. 

El tercer eje consiste en lograr la implementación en tiempo y forma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. A menos de dos años de que venza el plazo constitucional para completar la transición al nuevo sistema, se requería establecer un plan de implementación integral que contemplara todos los ejes a ser trabajados a fin de lograr una implementación eficaz y efectiva. 

Finalmente, el cuarto eje hace eco de una demanda que por largo tiempo ha tenido la sociedad mexicana, misma que se concreta en la reducción de la impunidad. Ésta es una tarea que requiere de esfuerzos conjuntos y unívocos y pasa de manera fundamental por garantizar la consolidación de un cuerpo de servidores públicos comprometidos con su país y que entiendan la alta responsabilidad que tienen encomendada al ser parte de la institución que procura justicia a nivel federal. 

El Gobierno de la República, a través de la Procuraduría, ha llevado a cabo acciones con el propósito firme de dar cumplimiento a este Programa Nacional de Procuración de Justicia. 

En efecto, las siguientes acciones que se relatan a continuación constituyen esfuerzos consistentes tendientes a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, recuperar en consecuencia la confianza ciudadana, a reducir la impunidad y a lograr la transición en tiempo hacia el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 


Una de las primeras acciones fue la creación de la Agencia de Investigación Criminal. La agencia fue creada mediante Acuerdo del Procurador el 25 de septiembre de 2013 a la que le adscribieron a su estructura tres grandes unidades: la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia conocido como el CENAPI. 

Desde entonces, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR ha venido trabajando en la consolidación y articulación de las tareas de generación de información e inteligencia, investigación y servicios forenses con una lógica distinta que permita estar a la altura de los desafíos que la tecnología, la ciencia y las comunicaciones imponen a las instituciones de procuración de justicia. 

La operación de este nuevo órgano de inteligencia y de investigación ha empezado a generar resultados que se reflejan en una mejor integración de investigaciones de los delitos apoyadas en la ciencia y en métodos más modernos para aumentar la eficiencia de la autoridad ministerial en la persecución de delitos poniendo la ciencia al servicio de la justicia. 

Uno de los primeros trabajos llevados a cabo por la Agencia fue el rediseño de los procesos de análisis de información y generación de inteligencia, lo que ha permitido aumentar la efectividad en la atención del fenómeno delictivo, así como ampliar y diversificar la persecución de los delitos, principalmente, de aquellos de alto impacto. El aumento en la eficacia en el uso de la información y la inteligencia ha consolidado las investigaciones de carácter científico y ha permitido la desarticulación de importantes estructuras delictivas. 

Como resultado de la colaboración de la AIC con las instancias de seguridad federal, se han llevado a cabo una serie de acciones u operativos que han logrado la detención exitosa como ya dijo mi compañero el Comisionado Nacional de Seguridad, detención exitosa de líderes de grupos de la delincuencia organizada relacionados con delitos contra la salud, falsificación o alteración de moneda, posesión o portación de arma de uso exclusivo del Ejército, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo de hidrocarburos y secuestro, primordialmente. 

Asimismo, ha venido trabajando planes estratégicos para conformar bases nacionales de información, entre los que destacan, armas de fuego, base nacional genética, de análisis de voz, perfil de drogas y monitoreo de cultivos ilícitos, un sistema de intercambio de información internacional, entre otros. 

Otro aspecto que quisiera subrayar en cuanto al fortalecimiento de las capacidades institucionales es el proceso de modernización tecnológica que lleva a cabo la PGR. En efecto, se puso en operación el proyecto para la "Modernización y Equipamiento del Laboratorio Central y Laboratorios Estatales". 

Con esta acción de adquirió equipo automatizado con tecnología de punta para el Laboratorio de Genética y Balística Forense y se modernizaron los laboratorios de las especialidades del área central, fortaleciendo y actualizando el equipamiento con tecnología de vanguardia que asegure la calidad del trabajo y responda a las exigencias que, en materia de prueba, exige el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

Asimismo, se llevó a cabo la distribución de 95 Laboratorios Móviles en las 32 entidades federativas para las especialidades de criminalística de campo, delitos ambientales, fosas clandestinas y laboratorios clandestinos. Estos laboratorios apoyan igualmente las tareas forenses de algunos de los estados de la República. 

Desde el inicio de la presente administración, se trabaja en el fortalecimiento de la colaboración con las instituciones de seguridad y procuración de justicia en México y del extranjero, así como con otras autoridades de los estados, del Distrito Federal y de los municipios. 

Para ello, se estableció un sistema de coordinación y cooperación permanente del que forma parte la Procuraduría General de la República. A través de este sistema se llevan a cabo reuniones mensuales del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República con los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

En el ámbito interno, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia ha consolidado su carácter de mecanismo e instrumento por excelencia para articular esfuerzos, políticas y coordinar acciones para la efectiva investigación y persecución de delitos en el país. 

Como resultado de los diversos encuentros y reuniones sostenidas entre la Procuraduría General de la República y los procuradores y fiscales del país se lograron concretar esfuerzos muy importantes que permitirán eficientar la labor de las instituciones de procuración de justicia, lo que redundará en una mayor eficacia del combate e investigación de los delitos que más lastiman a la sociedad. 

Entre los acuerdos que es importante subrayar menciono los siguientes: 
� Se acordó en crear en cada procuraduría o fiscalía unidades de análisis de información, lo que permitirá ampliar, facilitar y dinamizar el intercambio de información relevante entre dichas instituciones. 
� La integración de un Protocolo de Identificación Forense, en el que participan los servicios forenses de todo el país y la Procuraduría General de la República en apoyo de otras instituciones forenses y periciales. 
� Se lleva a cabo un diagnóstico nacional de los Servicios Médicos Forenses y se trabaja en la creación de la Base Nacional de Información Genética que dará sustento al Sistema Nacional de Información Genética, anunciado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el 27 de noviembre de 2014. 
� Se adoptó por parte de todas las procuradurías el acuerdo de aplicar el Protocolo de Estambul en las investigaciones relativas al delito de tortura; 
� Se creó una red de fiscales para la búsqueda de personas. 
� Se adoptó un Plan Nacional de Capacitación que homologará la capacitación de todos los Ministerios Públicos, investigadores y peritos de todo el país. 
� Se elaboraron protocolos únicos de actuación que el personal de las procuradurías aplicará para homologar las investigaciones por primera vez y en particular se trabaja en aquellas relativas a casos de tortura, desaparición forzada y búsqueda de personas. 
� Se impulsó la creación de la Base de Datos ante mortem y post mortem con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja a fin de que la PGR así como las Procuradurías y Fiscalías la implementen a la brevedad; 

En materia internacional dentro de la Procuraduría General de la República, se ha hecho un esfuerzo muy grande por articular una política internacional vinculada más a los intereses y prioridades que hoy tiene el Estado mexicano en materia de procuración de justicia, y en particular la Procuraduría. 

Ello se refleja en las nuevas sinergias construidas con autoridades de procuración de justicia de diversos países entre los que destaca Estados Unidos, Alemania, España, Guatemala, entre otros, así como con los convenios e instrumentos internacionales suscritos durante la presente administración que suman ya quince con países como Turquía, España, Sudáfrica, Perú, Portugal, Cuba, Chile y El Salvador. Con la firma de estos instrumentos pretendemos generar mejores sinergias con otros países con quienes nos interesa tener una fluida y estrecha colaboración para mejor enfrentar, particularmente narcotráfico, ciberdelitos, delitos financieros, entre otros. 

En lo relativo a la generación de mejores capacidades en nuestro personal, la PGR ha venido trabajando en las tareas de reclutamiento selección, formación de cuadros, desarrollo de habilidades, capacitación del personal, así como difusión del nuevo sistema de justicia penal al interior de la institución. 

Dentro de este nuevo sistema de profesionalización y desarrollo humano diseñado en esta administración, la PGR ha puesto especial énfasis la reivindicación del aspecto humano y profesional de sus funcionarios, con el fin de crear una nueva vocación de servicio y fortalecer el sentido de pertenencia e identidad institucional. 

En la PGR estamos decididos a captar el talento humano. Por ello, diseñamos un modelo de reclutamiento focalizado a fin de captar a los mejores perfiles egresados de las mejores universidades, se han graduado hasta el momento dos generaciones de investigadores quienes se encuentran ya trabajando como investigadores de la Procuraduría General de la República. 

Por otro lado debe señalarse que como parte de la estrategia trazada por la Procuraduría General de la República en el sentido de hacer de la capacitación y desarrollo de conocimientos y habilidades una prioridad, se construyó en el estado de Querétaro dentro de una extensión de 13 hectáreas el nuevo Instituto de Formación Profesional que es un centro de profesionalización de vanguardia, con equipamiento e instalaciones modernas que permite capacitar simultáneamente a cerca de 1,500 funcionarios. 

Este Instituto permitirá fortalecer la profesionalización de ministerios públicos, agentes investigadores, peritos, así de la Procuraduría, así como contribuir en la formación de policías y fiscales de todo el país. 

Sólo por dar algunas cifras, se realizaron 527 actividades académicas de actualización, especialización, capacitación, formación y desarrollo humano, en las que participaron 17,774 servidores públicos; de los cuales 5,767 fueron agentes del Ministerio Público de la Federación (aMPF), 2,020 agentes de la Policía Federal Ministerial (aPFM), 1,153 peritos, 7,672 personas de áreas administrativas y 1,162 de otras instituciones. 


La PGR está llevando a cabo una reorganización funcional y de diseño estructural en las delegaciones estatales con el fin de mejorar las capacidades para la atención y persecución de los delitos federales en las entidades federativas. 

Como punto nodal de la reorganización institucional iniciamos la ejecución de un Modelo Delegacional de Transición que es un esquema que permite crear las condiciones óptimas en los ámbitos de gestión de procesos, personal, equipamiento e infraestructura en cada una de las delegaciones estatales para implementar el modelo acusatorio. 

Este Modelo empezó a operar en abril de 2014 en las delegaciones de Puebla y Durango, a partir del 1 de julio del año pasado en Yucatán y Nayarit y del 1 de octubre de 2014 en Querétaro y Zacatecas. Durante 2015 y el primer semestre de 2016 se continuará gradualmente en la implementación de este modelo hasta cubrir la totalidad de las delegaciones de la PGR desplegadas en territorio nacional. 

La operación del Modelo Delegacional de Transición nos permitió establecer controles para mejorar la eficiencia en el trabajo y prevenir la corrupción, al mismo tiempo que nos ha permitido acumular experiencia para hacer más eficaz y eficiente el funcionamiento institucional a partir de la entrada en vigor del nuevo código nacional. 

Por último quisiera señalar que dentro de este modelo de reorganización, se ha puesto un mayor énfasis en mejorar los espacios de atención al público en nuestras delegaciones. Se ha creado una nueva área denominada Unidad de Atención Temprana, la cual es la encargada de dar información y atención a todo ciudadano que solicite la actuación de la procuraduría, a fin de brindarle un servicio oportuno y útil, canalizar los casos susceptibles de ser resueltos a través de mecanismos alternativos de solución de controversias, así como de agilizar la determinación de las averiguaciones previas iniciadas. 

Acciones tan simples como estas, reflejan el interés de la institución de generar confianza y de hacer que la ciudadanía se vuelva a acercar a la institución. 

En materia de combate a la corrupción quisiera mencionar que dentro de la institución, la Visitaduría General, perfilada ahora como el área de asuntos internos de la institución, la cual se ha duplicado en tamaño y en recursos, ha venido desarrollando una estrategia que pretende reducir la impunidad y combatir la corrupción a través primero, del fortalecimiento de los mecanismos de evaluación técnico-jurídica, inspección, supervisión, fiscalización y control de la actuación de los ministerios públicos, policías y peritos; segundo, a través del fortalecimiento de los mecanismos para la recepción, atención y seguimiento de la denuncia de los ciudadanos y tercero, del combate a la corrupción y transparencia de la actuación del personal sustantivo de la PGR ante la ciudadanía, a fin de garantizar la oportuna prevención y sanción de conductas irregulares del personal sustantivo de la PGR. 

Tan sólo en estos dos años, tenemos cerca de 360 servidores públicos de la PGR consignados penalmente, 149 procedimientos de remoción, y practicadas cerca de 4200 evaluaciones técnica-jurídicas. 

Se libraron 202 órdenes de aprehensión, en contra de 37 agentes del Ministerio Público de la Federación, 86 agentes de la Policía Federal Ministerial, 1 perito, 13 mandos medios o superiores, 47 servidores públicos con funciones administrativas, 3 policías municipales, 11 particulares y 4 servidores públicos de otra Institución. 

Se emitieron 79 sentencias condenatorias en contra de 15 agentes del Ministerio Público de la Federación, 23 agentes de la Policía Federal Ministerial, 12 mandos medios, 26 servidores públicos con funciones administrativas y 3 particulares. 

En lo que concierne a la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a fin de cumplir con el mandato constitucional para concluir la transición al nuevo sistema, recordemos que la fecha límite es el 18 de junio de 2016, en la Procuraduría General de la República hemos llevado a cabo acciones sistematizadas a través de un Plan Maestro de Implementación diseñado durante 2013 que funge como eje rector para coordinar el conjunto de acciones necesarias para lograr una transición eficaz dentro de la Procuraduría General de la República. 

Debemos señalar que finalmente en el mes de noviembre del año pasado, la implementación gradual del nuevo sistema de justicia penal se hizo realidad, al haber entrado en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales en dos entidades federativas: Durango y puebla. La implementación continuará en los estados de Zacatecas y Yucatán en el mes de marzo del presente año, y trabaja junto con el Poder Judicial de la Federación y otras autoridades federales en la posible entrada en vigor en noviembre de 2015 a nivel federal en los estados de Baja California Sur, Oaxaca, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Nuevo León, Aguascalientes, Campeche, Hidalgo, Nayarit, Colima Chiapas, Tlaxcala, Quintana Roo y Veracruz. Los estados restantes se incorporarán gradualmente hasta concluir la transición dentro del plazo constitucional. 

Como ya hemos referido, la capacitación y la generación de habilidades entre nuestro personal, principalmente entre nuestros MPs, peritos e investigadores es una prioridad. Por esa razón a partir de un plan nacional de capacitación diseñado por la PGR, hemos capacitado a un total de 4495 servidores públicos de la institución y 847 personas de otras procuradurías y fiscalías del país. 

Por último quisiera señalar que se ha trabajado al interior de la PGR en la adecuación de manuales de operación, emisión y adecuación de 86 protocolos de actuación, normatividad interna y con el grupo federal para la implementación, en la expedición y reformas de más de 24 proyectos legislativos a fin de armonizar las leyes secundarias al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. 

En materia de derechos humanos, la actual administración de la PGR ha centrado una parte importante de los esfuerzos institucionales en dar cumplimiento cabal a la reforma en materia de derechos humanos de 2011. Con esa premisa se han desarrollado trabajos encaminados fundamentalmente en dar atención prioritaria a las víctimas de los delitos, con ello el Ministerio Público de la Federación cumple con la obligación de ser un auténtico representante social. 

En materia de búsqueda de personas no localizadas, el Estado mexicano trabaja en el diseño de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que tenga carácter permanente y en la elaboración de un Plan Nacional de Búsqueda para lo cual se estableció un Grupo de Trabajo conformado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la actual Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Se impartieron 136 actividades de capacitación en materia de derechos humanos, con la asistencia de 7,909 personas. De ellas 772 corresponden a agentes del Ministerio Público de la Federación, 483 a agentes de la Policía Federal Ministerial, 529 a peritos, 781 a administrativos, 364 a aspirantes a agentes de la Policía Federal Ministerial y 4,980 externos. 

Por último quisiera agregar que en materia de combate a la delincuencia organizada, desde el inicio de este Gobierno definimos una estrategia puntual para desarticular a las organizaciones del crimen organizado que son las generadoras de la violencia en ciertas zonas del país. 

En consecuencia, al día de hoy, a través de un trabajo coordinado en el que se ha privilegiado el uso de la inteligencia, las instituciones del Estado mexicano han logrado neutralizar a 88 de los 122 objetivos relevantes definidos por el Gobierno Federal. 

Asimismo, debe destacarse que desde el inicio de la presente administración al 31 de diciembre de 2014, el Ministerio Público de la Federación especializado en materia de delincuencia organizada ha logrado que se dicte auto de formal prisión para 3 mil 701 personas, así como la resolución de 396 sentencias condenatorias para 820 personas, principalmente por los delitos de delincuencia organizada; contra la salud; portación; posesión y acopio de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, homicidio y privación ilegal de la libertad. 

Además, con la plena colaboración de las áreas de inteligencia y en seguimiento a los trabajos tendentes a debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales, solamente en la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) durante 2013 y 2014 se ha logrado asegurar en total la cantidad de 2465 millones de pesos y cerca de 33 millones de dólares americanos. Estamos convencidos de que combatir eficazmente a las estructuras financieras de la delincuencia, permitirá debilitamiento y posterior desarticulación sin provocar una espiral de violencia que afecte a los ciudadanos. 

Ahora bien, por lo que respecta a las estrategias y operativos diseñados por el Gobierno Federal en los estados de México, Guerrero y Michoacán, en los que participa la Procuraduría General de la República se informa lo siguiente: 


En el estado de Guerrero se puso en marcha la "Estrategia de Seguridad Guerrero" y se interviene en los operativos "Acapulco Seguro" y "Chilpancingo Seguro", mismos que iniciaron en enero y marzo de 2014. Asimismo, a partir del 3 de diciembre del mismo año comenzó a ejecutarse el "Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente". 

En cuanto a las acciones en materia de procuración de justicia, dentro el operativo de Tierra Caliente, se ha logrado la detención de 129 probables responsables. Se han iniciado 85 averiguaciones previas de las cuales se han consignado 26 indagatorias. Se han obtenido 10 autos de formal prisión contra 20 personas y se han asegurado 339 armas, 10 vehículos y 120 cuentas bancarias. 

Aquí vale la pena destacar la detención en mayo del 2014 de Leonor Nava Romero alias "la Garra" quien era líder de organización criminal "los Rojos". 

Asimismo se detuvo en marzo de 2014 a su hermana Carmen Nava Romero quien fungía como operadora financiera de dicha banda criminal. 

En el Estado de Michoacán se participó hasta el 13 de enero de 2014 en el operativo "Corredor Franco" y a partir del 14 de enero inició la ejecución del operativo "Nuevo Michoacán", mismo que contempló 27 municipios, el intercambio de información técnica y el reforzamiento con más efectivos de las instancias de seguridad federal. 

En materia de procuración de justicia, se han iniciado 3638 averiguaciones previas, de las cuales se han consignado 1515. Hemos logrado la consignación de 1787 personas y se han dictado 1148 autos de formal prisión, obteniéndose hasta el momento 179 sentencias de las cuales 171 han sido condenatorias. 

En el Estado de México se participó desde el 24 de enero de 2013 hasta el 28 de marzo de 2014 en la denominada "Operación Blindaje" y desde el 29 de marzo de 2014 se puso en marcha el "Operativo Estratégico Coordinado Seguridad Mexiquense". 

En materia de procuración de justicia se iniciaron 337 averiguaciones previas, obteniéndose 385 órdenes de aprehensión y se han obtenidos hasta el momento 7 sentencias condenatorias. Se aseguraron 11,150 armas, 10,946 cartuchos y 24,521 kilogramos de cocaína. 

Aquí cabe destacar la detención (marina) de José María Chávez Magaña alias "El Pony" quien era uno de los líderes fundadores de la familia Michoacana, a quien se le cumplimentó una orden de aprehensión obtenida por la PGR por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. 

Otra detención destacada derivada de un esfuerzo conjunto de las autoridades federales (policía federal) es la de Juan León Jaimes, alias "El pavorreal" quien fuera líder de un grupo de secuestradores en Valle de Bravo. 

Tan sólo en 2014 se detuvieron a 261 presuntos secuestradores y se desarticularon 92 bandas dedicadas al secuestro. 

Cabe precisar que de todo el país, se detuvieron a 679 presuntos secuestradores. En lo que va del año 2015 tenemos contabilizados 20 detenidos por el delito de secuestro. 

Para concluir quisiera refrendarles señores legisladores que en la Procuraduría General de la República se está trabajando día con día para recuperar la confianza en nuestra institución, se han encaminado todos los esfuerzos por generar mayores capacidades humanas, tecnológicas y científicas para lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente que permita disminuir la impunidad, que favorezca el cumplimiento de la ley y más importante aún, que le brinde justicia y repare el daño a las víctimas de los delitos. 

Si bien se han hecho grandes esfuerzos, estamos conscientes que faltan aún muchos retos por superar y problemas por resolver, sin embargo, tenemos claro que para transitar adecuadamente hacia un nuevo sistema de justicia penal y hacia una nueva Fiscalía General, tenemos que sentar bases sólidas para que eso ocurra adecuadamente, y estas bases se lograrán a partir de consolidar al Ministerio Público como auténtico representante de la sociedad y a partir de la construcción de capacidades humanas y técnicas que permitan desarrollar de manera eficaz nuestro trabajo para así poder recuperar la confianza y credibilidad en la institución del Ministerio Público. 

El reto es muy grande sin embargo puedo asegurarles en estos dos años se han emprendido las acciones necesarias que permitirán en el mediano y largo plazo obtener resultados favorables para los fines antes mencionados. 

Muchas gracias.