Distinguidos Senadores de la República, Colegas de la Procuraduría.

Amigos y amigas todos:

Tengan ustedes muy buenos días.

Hace prácticamente un año, gracias al nombramiento del Presidente de la República y a la ratificación del Senado, me convertí en el 43º Procurador General de la República.

Servir a la República en esta capacidad ha sido el honor más grande que se me ha conferido.

Mucho se ha hecho y mucho falta por hacer.

Una parte central del debate político y mediático, incluso con posiciones muy encontradas, se ha dado en torno a la Fiscalía General de la Nación.

La idea de esta Fiscalía General viene del Constituyente Permanente: el Congreso de la Unión y las Legislaturas estatales.

Ésta fue pensada como una Fiscalía autónoma que se dedique con eficacia e imparcialidad a la persecución de delitos y que, a la par, deje de ser la representante legal del Ejecutivo Federal.

Estos cambios son parte de un nuevo esquema institucional que se ha venido construyendo y que incluye:

  • La puesta en marcha del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio;
  • La Reforma y avances correspondientes a los Derechos Humanos, y
  • La aparición del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Todo ello nos pone en antesala y en la necesidad de diseñar e implementar un nuevo modelo de arquitectura institucional en materia de procuración de justicia que resulte funcional y útil para satisfacer las necesidades del México actual.

A partir de estas últimas reformas, las instituciones tienen que dar tres grandes resultados:

  1. Ser más eficientes en la procuración de justicia, pero siempre respetando el principio de inocencia de todas las personas y la independencia del Poder Judicial Federal;
  2. Tener un compromiso indeclinable para combatir los delitos electorales y los actos de corrupción. Para el primero, ya está en operación una Fiscalía autónoma, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y para el segundo, el andamiaje institucional y administrativo se encuentra listo para que la Fiscalía del Sistema Nacional Anticorrupción entre en operación una vez que el Senado haga el nombramiento correspondiente. 
  3. Para inhibir, frenar y sancionar los delitos que se cometen hoy en México, se requiere de un nuevo servicio profesional de carrera para el personal de la Procuraduría, los Ministerios Públicos y los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, uno que les brinde incentivos y seguridades.

Hoy se trabaja con herramientas - y, necesario decirlo, a veces también con una mentalidad- del siglo pasado, cuando  enfrentamos elaboradas tramas de corrupción de talla internacional al amparo de recovecos del sistema financiero mundial; terrorismo y contrabando internacional de armas; Cárteles cuya presencia se extiende panregionalmente; delitos ambientales que atentan contra el futuro sustentable de nuestro país; agresiones a periodistas que, en muchos casos, buscan silenciar sus investigaciones para que su información no llegue al público; ciberataques para robar información sensible a empresas y gobiernos; y, delitos electorales en los que se usan indebidamente recursos públicos.

También hemos sido testigos de una serie de delitos cuya crueldad y violencia evidencian que, además de contar con instituciones fuertes y eficientes, es necesario invertir en el capital humano y moral del país.

Del mismo modo, hemos observado que hay algunos delitos que, aunque requieren ser sancionados, no deberían llegar a un juez en la búsqueda de la pena corporal. Debemos avanzar en mecanismos alternativos de solución de controversias para que haya más justicia y menos impunidad. Sin estas formas de proceder -internacionalmente reconocidas-, es imposible avanzar en la resolución de las miles de carpetas de investigación que se abren cada año y es imposible resolver el rezago acumulado.

Para procesar este nuevo diseño institucional, en 10 días se presentará a la Suprema Corte, al Gabinete de Seguridad, a la Conferencia Nacional de Procuradores, a la Academia y a la opinión pública las Conclusiones de la Consulta Nacional: “Construyamos Justicia”.

En este documento se abordan a detalle los retos y requerimientos necesarios para hacer avanzar la justicia en nuestro país.

Este estudio permitirá mejorar nuestra legislación federal, pero también homologar los códigos penales de los estados, para, con todo ello, armar el andamiaje de las nuevas instituciones encargadas de la procuración de justicia.

Para ello, nos hemos auxiliando de tres de las instituciones más prestigiadas del país en materia de estudios jurídicos y penales:

  • El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM;
  • El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y
  • El Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Muchas gracias a estas instituciones y a sus académicos, quienes han concluido un esfuerzo monumental y de la mayor relevancia para el futuro de la procuración de justicia en México.

El Constituyente NO se equivocó cuando decidió, hace tres años, crear una Fiscalía autónoma. Dados el contexto nacional y la experiencia internacional, la Fiscalía General de la Nación es una decisión correcta para que, con completa autonomía, los fiscales o Ministerios Públicos puedan decidir sí procede o no el ejercicio de la acción penal. Y que los titulares sean los que impulsen las políticas públicas en materia de criminalidad.

Sólo así se podrá brindar en nuestro país justicia a una sociedad agraviada por denuncias que en muchos casos no avanzan.

En estos 12 meses no sólo hemos elaborado el nuevo diseño institucional para mejorar nuestra procuración de justicia. También hemos armado varias investigaciones y vinculado a proceso a funcionarios que se sentían intocables.

Ahí están los casos de varios ex-gobernadores que, sin distingo partidista, ahora enfrentan a la justicia mexicana por los abusos y excesos que cometieron con recursos públicos. Alcaldes que pactaron con la delincuencia, también han sido procesados.

Asimismo, hoy quiero señalar que la Procuraduría ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto. El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones.

Sólo se pudo avanzar gracias a la confianza que se ha forjado con varios de nuestros pares en el extranjero, por lo que desde aquí les agradezco.

Ya con ello, en los siguientes días, se harán las imputaciones correspondientes ante el Poder Judicial Federal.

Pero estos logros no son suficientes. Y no podemos ir más rápido, ni ser más eficientes si no hacemos YA la transición a un nuevo esquema institucional que asegure, día a día, mejores resultados en el combate a la delincuencia y en dejar atrás la impunidad.

NO se trata de personasSe trata de construir mejores instituciones.

Algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para ellos NO avanzar en la aprobación de las leyes que permitirían mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México.

Yo NO tengo ninguna aspiración, fuera de servir con honorabilidad, en cualquier capacidad, pública o privada, a mi país.

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