El Puerto de Veracruz fue sede, el 6 de enero de 1915, del acto oficial mediante el cual el Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, promulgó el Decreto que ha pasado a la historia como la primera Ley Agraria del país.

Este precepto retomó las demandas fundamentales contenidas en el Plan de Ayala, firmado en el marco de la Revolución Mexicana por el “Caudillo del Sur” Emiliano Zapata Salazar, para que se procediera, en justicia, a la restitución de tierras despojadas a los pueblos y comunidades, así como a la dotación a los campesinos sin tierras.

“Ya es clásico decir que un pueblo sin tierra y sin libertad hizo la Revolución Mexicana. Su carácter campesino la sitúa, política y socialmente, como paradigma de la revolución agraria del siglo XX, a nivel mundial”, ha señalado en distintos foros académicos nacionales e internacionales así como ante representantes del poder legislativo y de organismos del sector privado, el Titular de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios Mirón.

En este marco, al conmemorarse hoy el 108 aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria, las instituciones agrarias del Gobierno de México, sectorizadas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), celebran el “Día del Servidor Agrario”,

Para el Gobierno de la Cuarta Transformación, este ordenamiento constituye un punto de reflexión que integra los balances alcanzados a lo largo de estos años y, a la vez, permite formular un análisis sobre la actual situación y perspectivas del sector social del campo mexicano.

Por ello, pugnan por reformar la Ley Agraria vigente a fin de garantizar la protección del territorio de los núcleos agrarios y su disposición de los bienes contenidos en su propiedad, desde una perspectiva de desarrollo social y sustentable en beneficio de los sujetos de derecho agrario.

En este contexto, el Procurador Agrario extiende una amplia felicitación a todo el personal de la Institución, así como a los compañeros de la Sedatu, del Registro Agrario Nacional (RAN), del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), así como del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), y Tribunales Agrarios.