Una de las quejas más recurrentes del nuevo Sistema de Justicia Penal es que la Ley prioriza el derecho de los imputados sobre, incluso, la víctima. Esto es falso. La igualdad jurídica de ambas partes está asegurada en todo momento.
Es necesario entender que quien cometa un acto en contra del orden social no deja de tener las garantías individuales con las que contamos todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos.
Sin embargo, como se ha visto en el pasado, una persona que ha sido señalada como culpable de cometer un delito no siempre lo es. La presunción de inocencia es uno de los derechos más importantes de vigilar en un proceso legal. Y también es uno de los más difíciles de entender.
La autoridad debe ser imparcial en todo momento. Y la justicia debe buscar la verdad. Es por eso que una persona que ha sido señalada como el causante de un daño a otra debe ser tratada como inocente hasta que, mediante pruebas fundamentadas científicamente, pueda comprobarse que no lo es.
Es por eso que es importante que conozcamos los derechos a los que estamos sujetos al momento de ser detenidos. La autoridad está obligada a leer la “Cartilla de derechos que asisten a las personas en detención”, que enlista las garantías que tiene el detenido:
- Usted se encuentra detenido por los siguientes motivos.
- Usted es considerado inocente, hasta que se le demuestre lo contrario.
- Tiene derecho a declarar o guardar silencio.
- En caso de decidir declarar, tiene derecho a no inculparse.
- Tiene derecho a un defensor de su elección; en caso de no contar con uno, el Estado se lo proporcionará de manera gratuita.
- Tiene derecho a un traductor o intérprete.
- Tiene derecho a que se le ponga en conocimiento de un familiar o persona que desee, el hecho de su detención y el lugar de custodia en el que se halle en cada momento.
- Tiene derecho a ser puesto(a), sin demora, a disposición de la autoridad competente.
- En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención.
Las resoluciones que adoptan, tanto las autoridades judiciales como administrativas, se dan en el marco de los derechos humanos, de acuerdo a la reforma constitucional del 2011.
