Existen avances, como las reformas constitucionales de 2011 en materia de amparo y de derechos humanos, que pretenden consolidar al juicio de amparo como un instrumento accesible a todas las personas y eficaz en la protección de sus derechos. Sin embargo, aún existen algunos problemas en su diseño y operación. Las fuentes que dan origen a esta problemática son diversas (ley, actuación de juzgadores y otras autoridades, práctica de abogados) y los costos son altos, por lo que resulta urgente atenderla.

En particular, la mesa encontró que:

El juicio de amparo ha dejado de servir primordialmente como juicio extraordinario de control de constitucionalidad (para asegurar el cumplimiento a la Constitución) y se usa cada vez más como una tercera instancia, es decir, como juicio de casación (en contra de resoluciones judiciales). Esto puede deberse a una mala percepción sobre las autoridades judiciales locales, a la falta de controles para que los abogados se abstengan de abusar de esta figura (por ejemplo, no se imponen sanciones por tramitar amparos que, aunque evidentemente frívolos, les permiten seguir cobrando honorarios a sus clientes). Este abuso genera una sobrecarga en el sistema de justicia.

Algunos aspectos de la ley y la cultura jurídica procesalista de nuestro país generan que en una parte importante de asuntos se resuelvan cuestiones formales o procesales y se deje de lado el verdadero problema que dio origen al juicio. Esto es incompatible con la impartición de una justicia completa y eficaz.

Existen diversas barreras para obtener protección a través de un amparo. Muchas personas no conocen el juicio de amparo o no saben para qué sirve. No es factible tramitar un juicio de amparo sin asesoría jurídica pues se trata de un procedimiento excesivamente técnico y complejo, sin embargo, los servicios jurídicos generalmente son costosos, lo que limita el acceso a la justicia a muchas personas.

Hay deficiencias en el procedimiento. Además de que la tramitación del amparo es compleja, hay cuestiones procedimentales que, como se dijo, impiden que se resuelva el asunto de fondo. El lenguaje utilizado en la ley y en los documentos es sumamente técnico y de difícil comprensión para la mayoría de la población. Por otro lado, por su propio diseño, el amparo no necesariamente resulta en una reparación integral para quien lo tramita, lo que puede generar insatisfacción y una percepción de injusticia. Por último, también hay deficiencias en las sentencias (en ocasiones no coinciden con el sentido de la petición o los efectos para los que se otorga el amparo dificultan su ejecución) y dificultades de diversa índole para su cumplimiento (técnicas, falta de voluntad de las autoridades para cumplir, etc.).

En el marco del proyecto de lo Diálogos por la Justicia Cotidiana, se encomendó a la mesa de trabajo titulada “Resolución del fondo del conflicto y amparo” la tarea de analizar de qué modo se debe fortalecer el amparo como medio extraordinario de control constitucional y desarrollar capacidades para privilegiar la resolución del fondo de los conflictos por encima de requisitos procesales. El objetivo es lograr que el amparo sea un recurso judicial rápido, sencillo y efectivo para la defensa y reparación de las violaciones de derechos humanos.

El presente diagnóstico es el resultado de los hallazgos, experiencias y opiniones de quienes participamos en este ejercicio, y que tras sesiones de discusión pudimos identificar la problemática que se describe en este documento.

Te invitamos a consultar el diagnóstico completo: Diagnóstico Resolución del fondo del conflicto y amparo