Comunicación Social
INPI COMUNICADO 33- 2020
Ciudad de México, a 29 de mayo de 2020
- Se han aprobado mil 661 acciones de vivienda con una inversión de 288.75 millones de pesos, en beneficio de 70 mil 601 personas.
El Gobierno de México implementa una atención integral a los pueblos indígenas del estado de Sonora y responde a las legítimas reivindicaciones del pueblo yaqui, mediante el diálogo sobre los temas de la tierra, territorio, agua y desarrollo integral, tal como lo acordó el Presidente de la República con las autoridades tradicionales durante su gira de trabajo el pasado 26 de octubre de 2019 en la comunidad de Pótam.
El director general del INPI, Adelfo Regino Montes, indicó que para hacer realidad el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui se instalaron dos mesas de trabajo con las autoridades tradicionales yaquis, a fin de revisar, atender y resolver los temas acordados con el Presidente de la República, que son: 1) Tierra, territorio, agua y medio ambiente; y 2) Desarrollo integral.
“Este plan tiene como finalidad reparar la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con el pueblo yaqui”, aseguró el titular del INPI, en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, en compañía de la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González; y el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández.
En lo respectivo al tema de la tierra y el territorio, tras varias reuniones y recorridos en coordinación con las autoridades tradicionales, se llevó a cabo un diagnóstico para dar atención a las demandas del pueblo yaqui.
El director general precisó que, del 16 al 22 de febrero de 2020, se realizó un recorrido sobre los linderos originales para identificar la integralidad del territorio yaqui. A partir de esto, se ha determinado una superficie reclamada de 576 mil 471 hectáreas, además del derecho de usufructo sobre el mar con respeto al decreto de exclusividad pesquera de 1973.
En materia de derecho al agua, Regino Montes señaló que se realizan dos procesos de consulta previa, libre e informada para respetar el decreto expedido por el General Lázaro Cárdenas del Río, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esto para restituir el derecho al agua de las comunidades yaquis y garantizar su uso y disfrute desde la presa “La Angostura” y su trasvase en el acueducto “Independencia”.
La mesa de desarrollo integral y cultural se instaló formalmente en la ramada tradicional de Vícam el 21 de enero del presente año, de la cual surgieron acuerdos consensuados con los ocho pueblos yaquis (Vícam, Pótam, Cócorit, Bácum, Tórim, Huírivis, Ráhum y Belem) para atender las raíces más profundas de sus problemáticas, como lo son: el respetar sus formas tradicionales de decisión, que la relación con las autoridades indígenas sea directa, sin intermediarios y que la propuesta de desarrollo tenga fundamento en su cultura y visión integral del bienestar.
Como parte de los resultados de este trabajo conjunto, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) destinará mil 661 acciones de construcción de vivienda con una inversión de 288.75 millones de pesos, en beneficio de 70 mil 601 personas de los ocho pueblos de la nación yaqui.
Lo anterior, derivado de 135 visitas al territorio yaqui en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para identificar espacios públicos, de salud, educativos, deportivos, sociales y productivos; así como cinco reuniones y recorridos territoriales para alcanzar acuerdos con las autoridades tradicionales.
“Éste es el trabajo integral que está haciendo el Gobierno de México con relación a los pueblos indígenas del estado de Sonora y en particular con la nación yaqui, para hacer realidad este planteamiento y este acuerdo que se estará firmando en 2021, relacionado con el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui”, recalcó Adelfo Regino.
Con estas acciones, el Gobierno de México continúa firme a su compromiso de hacer realidad los sueños y aspiraciones más profundas de los pueblos indígenas y garantizar el ejercicio de sus derechos con la implementación de políticas públicas que partan del diálogo, además de la entrega directa y la distribución equitativa de programas sociales.