Las más amenazadas son cakchiquel, chichimeca jonaz, chocho, chuj, cochimí, cucapá, guarijío, ixcateco, ixil, jacalteco, kekchí, kicapú, kiliwa, kumiai, lacandón, matlatzinca, mocho, pa ipai, pápago, pima, quiché, seri y tlahuica.
Esta situación de riesgo se refleja en su reducido número de hablantes —menos de 2 mil—; en la dispersión geográfica de sus asentamientos, en el predominio de hablantes adultos y en la tendencia al abandono de mecanismos propios para su transmisión a las nuevas generaciones.
Existen además condiciones de carácter estructural que limitan la reproducción del conjunto de lenguas indígenas, entre las que se encuentran su exclusión en la mayor parte de los dominios públicos e institucionales que no les son propios, la disminución de su uso en los ámbitos comunitario y familiar, su ausencia en los medios de comunicación —radio y televisión—, con contadas excepciones, y su menor prestigio con respecto al español, con excepciones como el caso del uso del zapoteco en el Istmo de Tehuantepec. Cabe aclarar que el rango de lenguas indígenas en riesgo no se ha hecho por hogares; si así fuera, el análisis arrojaría un aumento considerable de lenguas indígenas en riesgo, pues se agregarían otras con mayor número de hablantes, como la maya, la otomí e incluso el náhuatl.
Con las modificaciones al Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1992, nuestro país se reconoció de manera oficial como culturalmente diverso, diversidad basada en la coexistencia de múltiples pueblos indígenas que se distinguen por sus diferentes formas de pensar, de actuar y de representar el mundo que les rodea. En 2001, con la reforma al Artículo 2º Constitucional, además de reconocer la composición pluricultural de la nación se garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas.
