La iniciativa de Reforma Indígena se ha construido con amplio consenso de pueblos y comunidades; se sustenta en sus ancestrales demandas y reivindica sus principales luchas con apego al postulado de este gobierno de que, por el bien de todos, primero los pobres, en especial los pueblos indígenas de México.
Con un llamado a la reconciliación y la paz, y con el objetivo de construir una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas y afromexicano, del 19 de junio al 25 de julio se llevaron a cabo 61 asambleas de seguimiento del proceso de consulta libre, previa e informada sobre la reforma constitucional en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Así culmina esta fase de seguimiento que se sustenta en los resolutivos de 54 foros de consulta en 27 entidades y uno con migrantes indígenas radicados en Estados Unidos, del 21 de junio al 4 de agosto de 2019.
Con las aportaciones retomadas en las 61 asambleas, el Comité Técnico de Expertos podrá integrar un documento consolidado de la iniciativa, que será entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Más de 20 mil autoridades municipales, agrarias y comunitarias de los pueblos indígenas y afromexicanos participaron en este proceso sin precedente, cuyo propósito es construir una iniciativa que garantice sus derechos colectivos, que los reconozca como sujetos de derecho público y que haga valer su autonomía y libre determinación.
Esta reforma busca modificar 15 artículos de la Constitución, a partir de la historia, raíces y cultura ancestral, como un acto de elemental justicia y humanidad, que responda a largas luchas de resistencia contra la persecución, hostigamiento, exclusión, discriminación, racismo y despojos que han sufrido los pueblos indígenas de México.
La propuesta, presentada en la etapa de seguimiento, reivindica los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, así como el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, entre otros acuerdos y tratados que se sustentan en las luchas históricas de los 68 pueblos indígenas y del afromexicano.
Este ejercicio se basa en el compromiso del Gobierno de México de escuchar al pueblo y de que las leyes sean resultado de un proceso de reflexión, análisis y construcción colectiva, para transitar de una larga etapa de represión, abandono, exclusión, discriminación y racismo, a un escenario en el que se reconozcan los derechos inalienables de pueblos y comunidades.
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